CTP rechaza monto del canon de regulación propuesto por Aresep para el transporte público

San José, 10 nov (elmundo.cr) – El Consejo de Transporte Público (CTP) manifestó su desacuerdo con el monto del canon de regulación propuesto por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para el sector de transporte público.

Mediante un pronunciamiento, la institución indicó que no cuestiona las potestades legales de la Aresep, pero sí el impacto económico que tendría la decisión sobre el sector.

Por esa razón, solicitó una revisión seria y exhaustiva de los montos propuestos, al considerar que los operadores del transporte público ya enfrentan dificultades económicas.

“No podemos seguir imponiendo cargas económicas a un sector que ya enfrenta enormes dificultades”, señaló el CTP.

La entidad también advirtió sobre la necesidad de tomar decisiones que permitan garantizar la sostenibilidad del servicio.

“Es momento de tomar decisiones responsables que permitan garantizar la sostenibilidad del transporte público y no seguir debilitándolo”, agregó el Consejo.

El pronunciamiento se produce en medio de la discusión sobre el canon de regulación que Aresep propone cobrar al sector.

Directiva del CTP retoma su trabajo con pendientes en fiscalización de buses

San José, 27 ago (elmundo.cr) – Con la ratificación de la totalidad de sus miembros y la designación de su nueva Dirección Ejecutiva, la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) retomó de forma plena sus sesiones y el ejercicio de sus facultades administrativas.

La Junta Directiva del CTP acordó el pasado 13 de agosto el nombramiento del arquitecto José Fabio Ureña Gómez como director ejecutivo interino de la institución.

Este paso formaliza el quorum legal necesario para reactivar la toma de decisiones sobre expedientes que se mantenían pausados por la falta de integración del órgano colegiado.

Empresas bajo investigación o intervención reciente

  • Autotransportes La Pampa: Intervenida por el CTP a mediados de 2026 debido a graves irregularidades en su flota y un servicio deficiente que generó numerosas quejas.
  • Lumaca S.A. (Línea de Autobuses Meco y Cartago): Enfrenta procedimientos administrativos y llamados de atención recomendados por la Defensoría de los Habitantes por fallas mecánicas e incumplimiento de horarios en la ruta San José-Cartago.
  • Consorcio del Este: Varias de sus empresas operadoras en rutas de Curridabat, Tres Ríos y Zapote han enfrentado procesos del CTP sobre la no renovación o revisión de permisos de concesión.

La estructuración del órgano rector del transporte público no solo restablece el funcionamiento institucional, sino que destraba la atención de diferendos regulatorios de alto impacto social y territorial.

Con la conformación completa del cuerpo directivo, el CTP queda legalmente habilitado para conocer recursos de reconsideración, evaluar la continuidad de permisos contractuales, fiscalizar el cumplimiento de flotas y horarios, y definir resoluciones firmes en las rutas del país.

Confirmación del CTP:

  • Sofía Fallas Barquero: Viceministra de Transportes y Seguridad Vial.
  • Mónica Diana Navarro del Valle: Representante del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
  • José López Chaves: Representante del sector empresarial en la modalidad de autobuses, microbuses y busetas.
  • Gilbert Ureña Fonseca: Representante del sector de taxistas.
  • José Miguel Jiménez Araya: Presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
  • Juan Diego Gómez González: Representante de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).
  • Rosa Elena Sánchez Zumbado: Representante del sector de los usuarios del transporte público.

Transportes La Pampa enfrenta avalancha de quejas tras cuestionado nombramiento en directiva del CTP

San José, 18 ago (elmundo.cr) – Un intento por proyectar una imagen impecable de Transportes La Pampa en plataformas digitales afines desató una severa ola de reclamos ciudadanos justo cuando el CTP investiga a la empresa.

Esta crisis de credibilidad entre los usuarios coincide con un delicado escenario institucional.

El nombramiento de un exgerente de Transportes La Pampa como integrante de la junta directiva del CTP encendió las alarmas de diversos sectores, los cuales cuestionan la objetividad del ente rector.

La presencia de un exdirectivo de la compañía fiscalizada en la mesa que toma las decisiones regulatorias —justo cuando el CTP mantiene indagaciones administrativas por quejas e irregularidades contra la autobusera— genera severos cuestionamientos sobre un eventual conflicto de intereses y sobre la capacidad de la entidad para garantizar la fiscalización del servicio en Guanacaste.

Molestia evidenciada

Decenas y decenas de usuarios convirtieron una publicación de encomio en una tribuna para denunciar constantes fallas y deficiencias en el servicio, un malestar que escala en medio de las investigaciones que afronta la autobusera ante el Consejo de Transporte Público (CTP) y tras la controversial designación de un exgerente de la compañía en la junta directiva del propio órgano regulador.

La polémica en redes sociales estalló luego de que la página TRANSPORTES LA PAMPA LTDA publicara un mensaje asegurando que la concesionaria cuenta con una de las mejores flotas de la zona y que recibe “siempre comentarios buenos”.

La reacción de los pasajeros fue inmediata. Decenas de usuarios se sumaron a la ola de críticas que recibe la empresa en diferentes plataformas, sin embargo, llama la atención de que en este caso, se suponía que era una publicación favorable a La Pampa.

La usuaria Arcelia Viales denunció que en el trayecto de 80 kilómetros entre Liberia y Nicoya los trabajadores viajan hacinados e incluso colgados en las puertas pagando tarifa completa.

A esto se sumó el reclamo del usuario Joshua Espinoza, quien criticó la utilización de autobuses diseñados para rutas urbanas en recorridos extensos, lo que acelera el desgaste de los vehículos.

Las denuncias sobre la operatividad en la provincia evidencian un problema generalizado.

Pasajeros y usuarios de redes como Quency Baltodano Ortega señalaron que las unidades hacia Flamingo sufren averías mecánicas a diario, mientras que Alex Zúñiga cuestionó el diseño interno de los buses por la incomodidad de sus asientos.

Por su parte, el usuario identificado como Gerardo Enrique Segura Naranjo resumió la insatisfacción colectiva al calificar la atención como “una vulgaridad de servicio”, en medio de comentarios de otros usuarios que ironizaron sobre si la publicación original buscaba encubrir la realidad operativa de la empresa.

Nombran a exgerente de cuestionada empresa La Pampa en directiva del CTP

San José, 14 ago (elmundo.cr) – La reciente incorporación de Roberto Javier Muñoz Estrada a la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP), en representación del gremio de servicios especiales, ha levantado alertas en el sector ante lo que habría un eventual conflicto de intereses, debido a su relación legal con la empresa Transportes La Pampa Limitada.

Dicha compañía enfrenta cuestionamientos e investigaciones por presuntas irregularidades en la prestación del servicio en Guanacaste.

La situación genera dudas sobre la neutralidad en la fiscalización, ya que Muñoz pasó de figurar como apoderado de la concesionaria a integrar el órgano colegiado que debe evaluar y resolver los expedientes de la misma.

El vínculo documental

Documentos notariales en poder de este medio detallan el alcance de la representación ejercida por el hoy directivo.

Según un instrumento público otorgado por la gerencia de Transportes La Pampa Ltda., se concedió un Poder Especial a favor de Muñoz Estrada para actuar como representante ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Dicho documento facultaba a Muñoz para tramitar ajustes tarifarios, firmar recursos administrativos y representar a la empresa en audiencias públicas sobre la Ruta 550 (Liberia – Aeropuerto – Filadelfia – Tamarindo – Nicoya y viceversa), defendiendo la postura de la autobusera en la región.

Posible incompatibilidad de funciones

El punto crítico radica en que los informes técnicos sobre presuntas anomalías en el servicio de Transportes La Pampa deben ser conocidos y resueltos por la cúpula del CTP.

La presencia de Muñoz en la mesa de decisiones plantea interrogantes sobre su imparcialidad a la hora de fiscalizar a una firma con la que ha mantenido nexos de representación.

Expertos en derecho administrativo señalan que, de no manejarse de forma rigurosa, habría un eventual conflicto de intereses que podría comprometer los principios de probidad establecidos en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley N° 8422).

Por ello, estiman indispensable que el directivo aplique un estricto deber de inhibición y se abstenga formalmente de cualquier discusión o votación ligada a esta empresa, evitando viciar de nulidad los acuerdos del Consejo y blindando la transparencia institucional.

CTP a la espera de conformarse por completo para revisar informe sobre irregularidades de Transportes La Pampa

San José, 12 ago (elmundo.cr) – El Consejo de Transporte Público (CTP) ya tiene oficialmente en sus manos el informe técnico por su Departamento de Inspecciones y Fiscalización, en el cual se confirmarían y documentan las denuncias sobre graves irregularidades operativas, físicas y tarifarias atribuidas a Transportes La Pampa en la prestación del servicio en la Ruta 550.

El documento, elaborado tras las inspecciones de campo realizadas entre el 20 y el 24 de julio pasados, convalida y da sustento técnico a las denuncias presentadas por Usuarios de las comunidades de Liberia, Nicoya, Carrillo y Santa Cruz.

Actualmente, el CTP espera solo la juramentación e integración de uno más de sus miembros de Junta Directiva para proceder al análisis de este y otros informes.

Los hallazgos del Departamento de Inspecciones confirmarían una reducción arbitraria e ilegal de la flota autorizada. Aunque los parámetros vigentes establecen una flotilla mínima de 24 autobuses para cubrir la demanda de la zona, los inspectores verificaron que únicamente 17 unidades se encuentran operando activamente.

Esta diferencia del 30% en la flota no solo reduce la capacidad de transporte, sino que el estudio ratificaría que parte de las unidades faltantes permanecen varadas en predios en Liberia, donde estarían siendo desmanteladas para la extracción de repuestos, tal como lo habían visibilizado previamente los usuarios mediante pruebas fotográficas y de video.

Recorte del 60% de los viajes en ruta clave

La escasez de flota provocó un desplome en las frecuencias de viaje. El informe técnico consigna que, en el trayecto de alto flujo Liberia – Nicoya, la empresa ejecuta únicamente 17 de las 41 carreras diarias exigidas, lo que representa un incumplimiento del 60% en los recorridos.

Esto claramente estaría afectando la continuidad y el cumplimiento pactado con las condiciones del servicio.

A esta falta de viajes se suman las comprobadas deficiencias en el estado físico de los autobuses.

El CTP había informado ya sobre las inspecciones, que obedecieron a incumplimientos en horarios, múltiples quejas por filtraciones de agua por los techos —que obligan a los pasajeros a usar sombrillas dentro de las unidades en días de lluvia—, ventanas trabadas, suciedad generalizada y un recurrente trato discriminatorio hacia las personas adultas mayores y con discapacidad.

Impacto en el bolsillo de los usuarios y presión por medidas cautelares

El informe del CTP evidencia también una distorsión en la tarifa cobrada a las comunidades. La estructura tarifaria aprobada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) está calculada sobre los costos fijos de una operación con 24 autobuses.

Al prestar el servicio con solo 17 unidades, la empresa estaría cobrando un monto sobredimensionado frente a la cantidad y calidad real del servicio prestado.

Con el informe técnico del Departamento de Inspecciones ya incorporado al expediente, la fiscalización pasa del análisis de campo al plano jurídico-administrativo, por lo que debe ser conocido por la Junta Directiva del CTP.

El documento constituiría la base requerida para que el CTP dicte medidas cautelares de urgencia, ordene la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio o inicie el proceso para la cancelación de la concesión de la Ruta 550.

CTP interviene Autotransportes La Pampa por irregularidades en la flota y servicio deficiente

San José, 04 ago (elmundo.cr) – El Consejo de Transporte Público (CTP) confirmó la realización de una intervención de campo a la empresa Transportes La Pampa Ltda., tras constatar severas anomalías operativas que afectan directamente la prestación del servicio en la Ruta 550 (Liberia – Nicoya, Playa Panamá, Flamingo y Tamarindo).

Los operativos de fiscalización se llevaron a cabo entre el 20 y el 24 de julio de 2026, motivados por la denuncia formal interpuesta por el usuario Carlos Arturo Retana Sanabria y respaldada colectivamente por vecinos de Cartagena, Carrillo, Nicoya y Liberia bajo el expediente 383404, presentado formalmente ante el CTP, el MOPT y la Aresep.

Flota mutilada y desmantelamiento en predios

Entre las anomalías más gravosas documentadas destaca el recorte no autorizado en las unidades de servicio. Aunque el CTP autorizó una flota reducida de 24 autobuses para la operación posterior a la pandemia, las denuncias y las inspecciones constataron que únicamente 17 unidades circulan activamente, lo que representa un faltante del 30% en la flota autorizada.

Esta deficiencia provocó una cancelación drástica de recorridos diarios, alcanzando un 60% de incumplimiento en el trayecto Liberia – Nicoya, donde la empresa ejecuta únicamente 17 de los 41 servicios programados. Además, los usuarios alertaron que las unidades faltantes habrían sido vistas desmanteladas en un predio en Liberia para extraerles repuestos.

Pasajeros usan sombrillas dentro del bus y denuncian discriminación

A la falta de frecuencias se suma el preocupante estado mecánico y físico de la flota activa.

Denuncias con evidencia fotográfica comprueban filtraciones severas de agua por los techos durante la época lluviosa, lo que obliga a los pasajeros a usar sombrillas dentro del autobús para no empaparse.

Estudiantes y trabajadores reportaron que las ventanas no cierran, los espacios permanecen sucios y los retrasos son constantes.

Asimismo, los adultos mayores señalaron ser víctimas de trato discriminatorio por parte de algunos choferes, quienes se niegan a hacerles la parada al percatarse de su condición o los apresuran desmedidamente al abordar.

“Las unidades están completamente malas y los choferes no le paran a uno cuando les hace la parada. Si alguno lo recoge, es ‘¡ya, ya, siéntese atrás!’, porque como uno es adulto mayor y ven la cédula, no paran”, dijo
María Baltodano, usuaria y ama de casa en Nicoya a elmundocr.com

“Para ser una ruta tan larga y que pasa por tantos lugares, esos buses no son cómodos. En mi caso, que me desplazo como deportista, me afecta en el rendimiento al no poder viajar cómodo ni llegar a tiempo. Viajar en este mal estado nos perjudica a todos”, opinó Elías Farrier, futbolista y vecino de la zona.

Perjuicio tarifario y parálisis en la Junta del CTP

Los afectados argumentaron un impacto económico directo en sus bolsillos. Debido a que el modelo tarifario vigente de la Aresep fue calculado sobre la base operativa de una flota mayor de 24 autobuses, prestar el servicio con un número sensiblemente menor de unidades implica un cobro sobredimensionado frente a la calidad y cantidad de servicio realmente recibidas.

Pese a la gravedad del informe técnico y el clamor social de las comunidades guanacastecas, cualquier medida correctiva de fondo —como la aplicación de medidas cautelares o la apertura de un concurso público para asignar la concesión a un nuevo operador— permanece paralizada. La traba radica en que la Junta Directiva del CTP continúa desintegrada, lo que frena los acuerdos jurídicos requeridos para sancionar a la empresa o rescindir la concesión.

Usuarios de Nicoya, Santa Cruz, Carrillo y Liberia claman por acciones del CTP y la Aresep ante disminución de buses en su ruta

Guanacaste, 30 jul (elmundo.cr) – Vecinos y usuarios de las comunidades de Cartagena, Carrillo, Nicoya y Liberia acudieron formalmente ante el Consejo de Transporte Público (CTP) y la Aresep para denunciar un deterioro “sistemático y severo” en la prestación del servicio de la Ruta 550 (Liberia – Nicoya, Playa Panamá, Flamingo y Tamarindo), operada por la empresa Transporte La Pampa.

El reclamo principal radica en una “severa reducción no autorizada de la flota”.

Según los datos presentados en el escrito, el CTP avaló una flota reducida de 24 unidades para la operatividad posterior a la pandemia. Sin embargo, los propios usuarios señalan que únicamente 17 autobuses se encuentran circulando. Esto representa un faltante del 30% en la flota autorizada.

Esta carencia de unidades ha derivado en la cancelación drástica de recorridos diarios, afectando con un 60% de incumplimiento el trayecto Liberia – Nicoya, donde solo prestan 17 de los 41 servicios, según la denuncia.

A los problemas de frecuencia se suma el mal trato que reciben los adultos mayores al solicitar el servicio.

Para verificar las quejas formales, un equipo de EL MUNDO CR se apersonó a la terminal de la ruta 550 y entrevistó a usuarios al azar.

María Baltodano, ama de casa y usuaria de la ruta, denunció las secuelas de este problema en su vida cotidiana:

“Las unidades están completamente malas y los choferes no le paran a uno cuando les hace la parada. Si alguno lo recoge, es ‘¡ya, ya, siéntese atrás!’, porque como uno es adulto mayor y ven la cédula, no paran”, dijo Baltodano, quien fue entrevistada por EL MUNDO CR en la terminal de Nicoya.

Ella no estaba al tanto de la denuncia formal, pero su opinión respalda las quejas.

La gestión fue recibida formalmente en las plataformas de atención del MOPT y el CTP el pasado 5 de noviembre. En ella se expone una situación crítica que castiga a trabajadores, estudiantes, adultos mayores “y personas de escasos recursos que dependen exclusivamente del transporte público para sus trayectos cotidianos”.

Elías Farrier, futbolista y vecino de la zona, comentó a este medio que las irregularidades del servicio impactan directamente su rutina deportiva y el traslado de los trabajadores:ñ, por lo que se dió por satisfecho de que se estén tomando medidas y confirmó como usuario lo señalado en las denuncias enviadas por otros usuarios al CTP.

“Para ser una ruta tan larga y que pasa por tantos lugares, esos buses no son cómodos. En mi caso, que me desplazo como deportista, me afecta en el rendimiento al no poder viajar cómodo ni llegar a tiempo. Viajar en este mal estado nos perjudica a todos y es una falta de respeto para la población”.

 

¿Desmantelados?

Asimismo, los denunciantes aseguran que las unidades faltantes han sido vistas desmanteladas en un predio en Liberia para extraerles repuestos.

A la falta de frecuencias se suma el preocupante estado mecánico y físico de la flota activa.

La denuncia incluye evidencia fotográfica de filtraciones severas de agua por los techos durante la época lluviosa, lo que obliga a los pasajeros a usar sombrillas dentro del bus para no terminar empapados.

Sobre el mal estado de los buses, Fiorella M., estudiante de la zona, detalló las incomodidades del viaje:

“El servicio es pésimo porque a veces las ventanas ni se cierran. Cuando llueve la gente se moja, se pasa el agua y todo está sucio. Además, la gente se retrasa para llegar a sus trabajos”.

Perjuicio económico directo

Otro efecto de la desaparición de las unidades implicaría un “cobro sobredimensionado en la tarifa autorizada por la Aresep”.

El modelo tarifario fue calculado con base en una flota mayor de 24 autobuses tras la pandemia. Prestar el servicio con solo 17 unidades constituye, a criterio de los afectados, un perjuicio económico directo al bolsillo de los usuarios.

Al respecto, la estudiante enfatizó el desbalance entre el costo y la calidad recibida:

“Si uno paga el pasaje completo, se supone que tienen que haber 34 buses, pero hay menos unidades de las que cobran”.

Exigen intervención inmediata del MOPT y cancelación de concesión a Transportes La Pampa por severas irregularidades

Guanacaste, 22 jul (elmundo.cr) – Una denuncia formal interpuesta ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Transporte Público (CTP) solicita la intervención urgente de la Ruta 550 y la eventual caducidad de la concesión otorgada a la empresa Transportes La Pampa.

El reclamo, respaldado por habitantes de los cantones de Nicoya, Santa Cruz, Carrillo y Liberia, fundamenta el pedido en un incumplimiento grave y sistemático de los esquemas operáticos autorizados.

El expediente detalla cómo la prestataria redujo unilateralmente el servicio. Antes de la pandemia la ruta operaba con 34 autobuses; posteriormente el CTP ajustó el parámetro operativo a 24 unidades.

No obstante, la verificación en ruta demuestra que la empresa únicamente saca a circulación 17 unidades, incurriendo en un faltante del 30% de la flota autorizada. Como resultado, la prestataria ha dejado de cubrir más de la mitad de los viajes diarios fijados por la normativa oficial, alcanzando un faltante del 60% de los servicios en la ruta Liberia-Nicoya.

El documento probatorio aportado a los despachos del ministro Efraín Zeledón Leiva y del director del CTP, Rafael Herrera, demuestra que los autobuses fuera de circulación se encuentran botados y canibalizados en un predio de Liberia, imposibilitados para retomar el servicio.

Ante este panorama, los denunciantes emplazan al MOPT para que realice el estudio técnico de rigor a la brevedad y determine la cancelación del contrato o el nombramiento de un nuevo prestatario que garantice la continuidad y calidad de este servicio público primordial.

Defensoría exige al MOPT explicar retrasos en conformación de la Junta Directiva del CTP

San José, 18 jun (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes solicitó al ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, información sobre el estado del proceso de selección y designación de las personas que integrarán la nueva Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP).

La institución requirió el cronograma o la fecha estimada para la publicación de los acuerdos de nombramiento y la posterior juramentación de las nuevas autoridades.

La Defensoría enfatizó que las personas designadas deben contar no solo con competencias técnicas, sino también con idoneidad ética y moral, así como con una probidad intachable para asumir la conducción del órgano rector del transporte público.

Según señaló, debido al impacto que tiene el transporte público en la calidad de vida de la población y en el desarrollo socioeconómico del país, resulta fundamental que el proceso de integración de la Junta Directiva del CTP se realice con transparencia y rigurosidad.

“Es fundamental que para la toma de decisiones estratégicas que requiere el sector, este órgano directivo realice una gestión pública objetiva y de alto nivel, bajo los principios de transparencia, probidad, eficacia y rendición de cuentas”, recordó la Defensoría en el oficio remitido al jerarca del MOPT.

Asimismo, advirtió que la actual desintegración del órgano colegiado y la ausencia de una persona titular en la Dirección Ejecutiva del CTP podrían estar provocando atrasos y afectaciones en la gestión administrativa y técnica de la institución.

Defensoría: Solo uno de 98 buses inspeccionados de Lumaca no presentó defectos

San José, 06 jun (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes realizó una investigación de oficio sobre la calidad del servicio brindado por la empresa Autotransportes Lumaca S.A. en la Ruta 300 San José–Cartago y sus ramales, donde se evidenció, con datos oficiales, la persistencia de importantes deficiencias en la prestación del servicio.

En su informe, la Defensoría advirtió que la ausencia de una fiscalización oportuna, efectiva y verificable por parte del Consejo de Transporte Público (CTP) frente a unidades con defectos mecánicos constituye una vulneración directa a la integridad física y a los derechos humanos de las personas usuarias.

Además, señaló que la pasividad del Estado no solo normaliza la inseguridad vial, sino que perpetúa prácticas discriminatorias que limitan la autonomía de las personas más vulnerables, contraviniendo estándares nacionales e internacionales de acceso universal.

Hallazgos en las inspecciones

Según la relación cronológica de los hechos elaborada por la Defensoría, durante el año 2025 el CTP realizó diversas inspecciones y verificaciones técnicas a la flotilla de Lumaca. De las 98 unidades inspeccionadas, únicamente una no presentó defectos al momento de la revisión. En contraste, 62 unidades mostraron distintos tipos de fallas y 35 se encontraban en talleres.

Entre los principales defectos detectados figuran llantas en mal estado, ausencia de extintores, martillos de emergencia, cinturones de seguridad y anclajes para sillas de ruedas, así como problemas en puertas, parabrisas, timbres y gradas de acceso.

Calidad del servicio y percepción de usuarios

En la evaluación de calidad del servicio correspondiente a 2024, Lumaca obtuvo una calificación de 71 puntos y una valoración de 71,59 por parte de las personas usuarias. Para 2025, la empresa alcanzó una calificación técnica de 84 puntos; sin embargo, la evaluación de los usuarios descendió a 69 puntos, lo que evidencia un aumento en la insatisfacción de quienes utilizan el servicio.

La Defensoría también comprobó que la calificación general de Lumaca se encuentra por debajo de la obtenida por otras empresas evaluadas durante los años 2024 y 2025, lo que podría confirmar la existencia de deficiencias estructurales en la operación del servicio.

Menos buses y más pasajeros

Tanto el CTP como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) han documentado que el servicio se presta con menos unidades de las exigidas y fuera de los horarios oficiales, situación que genera, entre otras consecuencias, buses sobrecargados e incumplimientos en las condiciones de operación.

Durante una verificación de campo realizada por el CTP a partir de denuncias de personas usuarias, se determinó que Lumaca cumplía apenas con un 69,32% de los horarios establecidos y con un 52,26% de la flota autorizada según el esquema operativo aprobado. Ante estos resultados, el Consejo ordenó a la empresa corregir las deficiencias en un plazo de un mes y recomendó la apertura de un procedimiento administrativo.

Posteriormente, en una revisión del estudio técnico para la modificación del esquema operativo realizada en setiembre de 2025, el CTP detectó reportes de unidades transportando entre 105 y 150 pasajeros, pese a que el esquema operativo establece un máximo de 66 pasajeros por unidad. Asimismo, se determinó que la ruta operaba con 56 autobuses, pese a que la empresa había solicitado una flotilla de 77 unidades.

La Defensoría concluyó que esta situación vulnera el derecho de las personas usuarias a recibir un servicio de transporte de calidad, obligándolas a viajar en condiciones de hacinamiento que comprometen su seguridad y dignidad.

Contradicciones dentro del CTP

Otro aspecto señalado por la Defensoría es una aparente contradicción técnica en la gestión del CTP durante abril de 2026. Mientras el Departamento de Ingeniería del Consejo indicó que no tenía conocimiento de que Lumaca hubiera presentado el estudio de variables operativas solicitado —requisito indispensable para conocer la demanda real y justificar la aprobación del esquema 70/30—, de forma paralela se informó que la Junta Directiva autorizó a la empresa acogerse a dicho esquema operativo.

Recomendaciones

La Defensoría recomendó a la Junta Directiva del CTP concluir a la mayor brevedad posible el procedimiento administrativo abierto contra Lumaca y remitir el acto final con las conclusiones y consecuencias derivadas del proceso.

Asimismo, instó al Consejo a planificar y ejecutar los estudios técnicos necesarios para actualizar el diseño de la Ruta 300, de manera que responda a las necesidades reales de las comunidades atendidas y permita avanzar hacia una futura licitación bajo estándares adecuados de calidad.

También recomendó establecer una estrategia de seguimiento para verificar que las fallas detectadas por DEKRA durante las revisiones técnicas vehiculares sean corregidas oportunamente y, en caso contrario, aplicar las medidas administrativas correspondientes.

Finalmente, la Defensoría enfatizó la necesidad de que el CTP mantenga informadas a las personas usuarias sobre las acciones adoptadas para mejorar la prestación del servicio en la Ruta 300 San José–Cartago.