San José, 12 ago (elmundo.cr) – El Consejo de Transporte Público (CTP) ya tiene oficialmente en sus manos el informe técnico por su Departamento de Inspecciones y Fiscalización, en el cual se confirmarían y documentan las denuncias sobre graves irregularidades operativas, físicas y tarifarias atribuidas a Transportes La Pampa en la prestación del servicio en la Ruta 550.
El documento, elaborado tras las inspecciones de campo realizadas entre el 20 y el 24 de julio pasados, convalida y da sustento técnico a las denuncias presentadas por Usuarios de las comunidades de Liberia, Nicoya, Carrillo y Santa Cruz.
Actualmente, el CTP espera solo la juramentación e integración de uno más de sus miembros de Junta Directiva para proceder al análisis de este y otros informes.
Los hallazgos del Departamento de Inspecciones confirmarían una reducción arbitraria e ilegal de la flota autorizada. Aunque los parámetros vigentes establecen una flotilla mínima de 24 autobuses para cubrir la demanda de la zona, los inspectores verificaron que únicamente 17 unidades se encuentran operando activamente.
Esta diferencia del 30% en la flota no solo reduce la capacidad de transporte, sino que el estudio ratificaría que parte de las unidades faltantes permanecen varadas en predios en Liberia, donde estarían siendo desmanteladas para la extracción de repuestos, tal como lo habían visibilizado previamente los usuarios mediante pruebas fotográficas y de video.
Recorte del 60% de los viajes en ruta clave
La escasez de flota provocó un desplome en las frecuencias de viaje. El informe técnico consigna que, en el trayecto de alto flujo Liberia – Nicoya, la empresa ejecuta únicamente 17 de las 41 carreras diarias exigidas, lo que representa un incumplimiento del 60% en los recorridos.
Esto claramente estaría afectando la continuidad y el cumplimiento pactado con las condiciones del servicio.
A esta falta de viajes se suman las comprobadas deficiencias en el estado físico de los autobuses.
El CTP había informado ya sobre las inspecciones, que obedecieron a incumplimientos en horarios, múltiples quejas por filtraciones de agua por los techos —que obligan a los pasajeros a usar sombrillas dentro de las unidades en días de lluvia—, ventanas trabadas, suciedad generalizada y un recurrente trato discriminatorio hacia las personas adultas mayores y con discapacidad.
Impacto en el bolsillo de los usuarios y presión por medidas cautelares
El informe del CTP evidencia también una distorsión en la tarifa cobrada a las comunidades. La estructura tarifaria aprobada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) está calculada sobre los costos fijos de una operación con 24 autobuses.
Al prestar el servicio con solo 17 unidades, la empresa estaría cobrando un monto sobredimensionado frente a la cantidad y calidad real del servicio prestado.
Con el informe técnico del Departamento de Inspecciones ya incorporado al expediente, la fiscalización pasa del análisis de campo al plano jurídico-administrativo, por lo que debe ser conocido por la Junta Directiva del CTP.
El documento constituiría la base requerida para que el CTP dicte medidas cautelares de urgencia, ordene la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio o inicie el proceso para la cancelación de la concesión de la Ruta 550.
