Laura Fernández promete continuar proyectos de infraestructura y agua potable

San José, 20 nov (elmundo.cr) – La candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, se reunió con la Junta Directiva del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) para compartir sus propuestas en materia de infraestructura y otros temas clave.

Fernández destacó la continuidad de los proyectos del actual gobierno, incluyendo la modernización de carreteras y obras en puertos y aeropuertos. “Vamos a continuar el trabajo que ha hecho el gobierno de Rodrigo Chaves, con la modernización de nuestras carreteras y las obras en embarcaderos, puertos y aeropuertos”, afirmó la candidata.

Además de la infraestructura vial, la candidata abordó el tema del recurso hídrico, proponiendo soluciones para las comunidades que aún carecen de acceso a agua potable. Fernández planea impulsar una declaratoria de riesgo inminente por la falta de agua, con el objetivo de agilizar la atención de la problemática.

“Quiero impulsar una declaratoria de riesgo inminente a la faltante de agua en el país, en proyectos con financiamiento o que no lo tengan y esto nos permitiría atender la situación con más rapidez para beneficio de las comunidades que en tantos años no han tenido servicio de agua”, explicó Fernández.

Fernández también mencionó la importancia de las Alianzas Público – Privadas y la Seguridad Vial como parte integral de su plan de gobierno.

Hacia un Desarrollo Regenerativo: Fortaleciendo las Alianzas Público-Privadas en Costa Rica

Un llamado a la colaboración estratégica

En un mundo que enfrenta desafíos socioambientales sin precedentes, la necesidad de un cambio de paradigma en nuestro modelo de desarrollo es más urgente que nunca. La crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas nos obligan a repensar fundamentalmente cómo construimos nuestra infraestructura, cómo gestionamos nuestros recursos y cómo colaboramos entre sectores. Ya no basta con minimizar el impacto; es imperativo regenerar los sistemas vivos y sociales, creando valor positivo neto para las organizaciones, las personas y el planeta .

En este contexto transformador, Aquí Costa Rica Manda reconoce que el cierre de la brecha de infraestructura y la aceleración del desarrollo regenerativo requieren mecanismos ágiles y eficientes de colaboración entre el Estado y el sector privado. Proponemos una modernización integral del marco jurídico que fortalezca las Alianzas Público-Privadas (APP) y regule con claridad las Sociedades Públicas de Economía Mixta (SPEM), combinando la eficiencia del sector privado con el interés público y la transparencia estatal.

Más allá de la sostenibilidad: El imperativo regenerativo

El desarrollo regenerativo va más allá de la sostenibilidad tradicional. Mientras que la sostenibilidad busca mantener el status quo y reducir el daño, la regeneración aspira a restaurar, renovar y revitalizar los sistemas naturales y sociales. Se trata de un enfoque proactivo que busca sanar y mejorar, creando un impacto positivo que se propaga a través de ecosistemas y comunidades .

Esta visión integral reconoce que los problemas actuales no pueden resolverse con los mismos enfoques que los crearon. Propone una transición de un modelo lineal de “extraer-producir-consumir-desechar” a uno circular y regenerativo, donde la naturaleza es vista como un modelo a seguir y no solo como un recurso a explotar .

En Costa Rica, este principio se materializa en la necesidad de repensar nuestro enfoque de desarrollo de infraestructura, en el que los proyectos no solo eviten daños ambientales, sino que también regeneren activamente nuestros ecosistemas, fortalezcan nuestro capital social y generen valor económico de manera interdependiente.

Diagnóstico de la situación actual: Limitaciones y oportunidades

Costa Rica enfrenta importantes desafíos en materia de infraestructura y servicios públicos que requieren soluciones innovadoras y eficaces. Los actuales marcos de acción para Alianzas Público-Privadas presentan limitaciones significativas en agilidad, transparencia y tipos de proyectos admisibles. Esta rigidez impide aprovechar completamente el potencial de colaboración con el sector privado para proyectos estratégicos que podrían acelerar nuestro camino hacia el desarrollo regenerativo.

Sumado a esto, existe un vacío legal preocupante en cuanto a las Sociedades Públicas de Economía Mixta, sin una regulación específica que permita la creación de sociedades mercantiles con participación estatal y privada para el desarrollo de proyectos de interés público. Esta ausencia normativa limita severamente el abanico de instrumentos de colaboración disponible para el Estado costarricense, dejando fuera opciones valiosas para proyectos que requieren una asociación más estrecha y prolongada entre sectores.

Visión de futuro: Un ecosistema robusto de colaboración

Nuestra visión es establecer un ecosistema robusto, transparente y diversificado para la ejecución de proyectos de interés nacional, mediante la potenciación de las APP y la creación de SPEM como instrumentos complementarios. Esta visión se sustenta en principios fundamentales de eficiencia, transparencia radical y sostenibilidad fiscal, alineados con nuestro pensamiento ideológico.

Creemos en un Pragmatismo Soberano que utilice los instrumentos más eficientes para el desarrollo nacional, combinando las ventajas del sector privado con la rectoría estatal. Desde una posición Anti-Establecimiento, combatiremos la burocracia paralizante y la opacidad en la obra pública mediante procesos competitivos y transparentes. Todo esto, bajo un firme compromiso con la Responsabilidad Fiscal, garantizando que todos los proyectos se evalúen según criterios de sostenibilidad financiera y de una gestión adecuada del riesgo fiscal, y que estén guiados por un Nacionalismo Inclusivo que oriente todas las herramientas al desarrollo equilibrado del territorio y al fortalecimiento de la economía nacional.

Propuesta concreta: Transformando la colaboración público-privada

Fortalecimiento del Sistema de Alianzas Público-Privadas

Proponemos la creación de la Unidad Nacional de APP (UNAPP), una entidad técnica especializada con autonomía funcional y presupuestaria, adscrita al Ministerio de Planificación. Esta unidad sería responsable de la identificación, estructuración, supervisión y evaluación de todos los proyectos APP, concentrando la expertise técnica y garantizando estándares uniformes de calidad en todo el ciclo de los proyectos.

Complementariamente, implementaremos el Banco Nacional de Proyectos APP, una cartera pública y priorizada de proyectos estratégicos en infraestructura regenerativa, movilidad sostenible, conectividad digital y servicios públicos. Todos los proyectos serán evaluados según criterios de triple utilidad: social, ambiental y económica, lo que proporcionará transparencia y previsibilidad al sector privado.

Para garantizar agilidad y transparencia, establecemos mecanismos de licitación simplificados, fomentamos propuestas no solicitadas con salvaguardas de transparencia y utilizamos plataformas de blockchain para la publicación de pliegos, ofertas y contratos, convirtiendo la tecnología en una aliada fundamental de la transparencia.

Marco Jurídico para las Sociedades Públicas de Economía Mixta

Crearemos el marco legal específico para la regulación de las SPEM, estableciendo las normas para la creación, organización y funcionamiento de estas sociedades mercantiles con participación accionaria estatal y privada. Esta ley delimitará claramente los ámbitos de acción, los requisitos de constitución y los mecanismos de control, proporcionando seguridad jurídica a todos los participantes.

Implementaremos protocolos estrictos de gobierno corporativo y transparencia, definiendo requisitos específicos para la composición de juntas directivas, tratamiento de conflictos de interés y publicación obligatoria de estados financieros auditados. Estas salvaguardas garantizarán que las SPEM operen con los más altos estándares de integridad y rendición de cuentas.

Estableceremos procedimientos robustos para la valoración de aportes estatales, la evaluación de desempeño y el control posterior por parte de la Contraloría General de la República, asegurando que se mantengan los estándares a lo largo del ciclo de vida completo de los proyectos.

Sistema Nacional Integrado de Colaboración

La verdadera potencia de estos instrumentos se libera cuando operan de manera coordinada y sinérgica. Para ello, crearemos el Consejo Nacional de Colaboración Público-Privada, un órgano interinstitucional de alto nivel, responsable de definir la política nacional, priorizar proyectos y supervisar el sistema integrado APP-SPEM, garantizando la coherencia estratégica y el alineamiento con los objetivos nacionales de desarrollo.

Desarrollaremos guías y manuales técnicos que establezcan criterios claros para seleccionar el instrumento más adecuado a las características de cada proyecto, evitando la aplicación indiscriminada de instrumentos y optimizando los resultados en función de las particularidades de cada iniciativa.

Finalmente, implementaremos una Plataforma Digital Unificada de Gestión, un sistema digital integral para la gestión transparente de todo el ciclo de vida de los proyectos de colaboración público-privada, proporcionando a la ciudadanía acceso en tiempo real al estado de los proyectos y fortaleciendo la rendición de cuentas.

Conclusión: Construyendo el futuro regenerativo de Costa Rica

Esta herramienta legislativa representa la evolución necesaria en la gestión del desarrollo nacional. Al crear un marco jurídico moderno y completo para las APP y las SPEM, dotamos al país de instrumentos ágiles, transparentes y eficientes para cerrar la brecha de infraestructura y acelerar nuestro camino hacia el desarrollo regenerativo.

La propuesta trasciende lo técnico para convertirse en una declaración de principios: creemos en un Estado eficaz que sabe colaborar con el sector privado para el beneficio de todos los costarricenses, reafirmando que “Aquí Costa Rica Manda” su destino de desarrollo, con visión estratégica y responsabilidad fiscal.

El momento de actuar es ahora. Tenemos la oportunidad de sentar las bases para un futuro próspero, resiliente y regenerativo, donde la colaboración inteligente entre sectores se convierta en el motor de un desarrollo auténticamente costarricense, que honre nuestro legado natural mientras construye prosperidad compartida para las generaciones presentes y futuras.

Cámara de la Construcción alerta sobre rezago en inversión de obra pública

San José, 30 ene (elmundo.cr) – La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) advirtió sobre la persistente crisis en la obra pública del país, reflejada en la baja inversión gubernamental en infraestructura.

Según el Banco Central, la participación del sector construcción en el PIB es del 3.7%, inferior al promedio histórico (5.3%) entre 1991 y 2021.

“Sin duda, el bajo nivel de la obra pública afecta la competitividad del país y la calidad de vida de sus habitantes”, afirmó Randall Murillo, director ejecutivo de la CCC.

La CCC presentó el reporte “Sector Construcción 2024 y Retos de cara al 2025”, donde se destaca el contraste entre el dinamismo de la obra privada y la ralentización de la pública.

El peso de esta última en el total de la construcción ha caído del 20% (promedio 1991-2021) al 9.5% proyectado para 2024.

Murillo instó al Gobierno a ampliar el uso de las Alianzas Público-Privadas y a trabajar en una cartera de proyectos que priorice la infraestructura necesaria.

En cuanto a infraestructura vial, Murillo señaló problemas de gestión que afectan el desarrollo de proyectos, debido a deficiencias en las etapas de preingeniería.

El presidente de la CCC, Alfredo Volio, destacó la necesidad de una “hoja de ruta clara” para garantizar la ejecución de megaproyectos de agua potable, como el de Reducción de Agua No Contabilizada (RANC) y la Ampliación del Acueducto Metropolitano (PAAM).

Entre otros retos para 2025, la CCC mencionó: avanzar en planes reguladores, reducir tasas de interés, vigilar el tipo de cambio, atender la inseguridad ciudadana y mejorar la educación técnica.

También instó a la aprobación de leyes sobre jornadas laborales excepcionales y armonización del sistema eléctrico.

La construcción y las actividades inmobiliarias formales generan más de 478 mil empleos y aportan cerca del 11% del PIB.

Diego Vargas: No tenemos recursos infinitos para gastarlos en la Caja

San José, 14 ene (elmundo.cr) – El jefe de fracción del Liberal Progresista, Luis Diego Vargas, señaló que “yo creo que la Caja, no hay duda que hay que cuidarla, hay que ser solidario con la gente”.

Ante la Comisión Investigadora de la CCSS, Vargas recalcó que los funcionarios de la Caja deberían potenciar ese cuidado en beneficio de todos y de su propio empleo.

“A mí me preocupa, honestamente, y lo digo con todas las palabras, lo he dicho aquí varias veces, más allá de la institución, y más allá de las cooperativas, hay una gestión que se llama tercerización, y a mí me parece que bien hecha, bien analizada, es una necesidad”, aseguró.

Para Vargas parece que entre algunos funcionarios de la CCSS hay un fantasma con respecto a la tercerización de servicios.

“Yo les soy honesto, yo apelo y creo en las alianzas público-privadas, al final es que hacia eso vamos, no tenemos recursos infinitos para gastarlos en la Caja”, sostuvo.

El diputado también cuestionó que el área de estudios de costos de la CCSS no tenga como objetivo generar ahorros y que los estudios de mercado se realicen por zonas y con proveedores específicos.

“Yo vengo del mundo de las licitaciones, del mundo de las cotizaciones, y yo le diría que en las buenas prácticas, uno muchas veces hasta se asesora con cosas que no se han hecho en Costa Rica y en el exterior, y eso debería ser una buena práctica, para tener actualizado parámetros de mercado, porque me preocupa mucho que esto lo veamos con el filtro, con la lupa de la institucionalidad, o con el filtro del sector privado”, recalcó el legislador. 

Diagnóstico muestra el impacto positivo del sector privado en el sistema nacional de salud

San José, 20 sep (elmundo.cr) – La Cámara Costarricense de la Salud realizó un exhaustivo diagnóstico sobre el sector privado destacando su impacto vital en la cobertura sanitaria, la generación de empleo, y el acceso a la salud en el país.

Este análisis proporciona una visión integral de cómo el sector privado contribuye al sistema de salud nacional y su papel en la atención a la población y la economía. Además, revela el alto grado de representatividad de la Cámara dentro del sistema de salud.

El diagnóstico subraya el impacto social y económico del sector privado, que da empleo a más de 80,000 personas en diversas áreas, incluyendo servicios sociales y de salud, venta de productos farmacéuticos y médicos, y la fabricación de equipos y productos farmacéuticos.

En el estudio se evidencia como en Costa Rica existan 1.335 farmacias privadas, las cuales desempeñan un rol crucial en la atención primaria de salud. Estas farmacias no solo facilitan el acceso a medicamentos, sino que también participan en programas de vacunación y brindan atención en salud en horarios y comunidades del país donde no siempre hay servicios públicos disponibles.

El sector de la salud privada también ha demostrado ser un aliado esencial en la atención de pacientes a través de servicios tercerizados. Actualmente, 10 áreas de salud son atendidas por cooperativas y organizaciones privadas de salud, proporcionando atención a 502.224 personas en 137 EBAIS (Equipos Básicos de Atención Integral en Salud).

Los laboratorios clínicos privados tienen un papel destacado en el sistema de salud. El análisis muestra que hay 199 laboratorios privados activos, en un total de 563 laboratorios clínicos en el país. El aporte de los centros privados ha mostrado jugar un papel fundamental durante el COVID-19 realizando 2 millones de los 3 millones de pruebas totales realizadas en el país.

“Durante la pandemia, el sector privado de salud se destacó como un actor clave para la economía, generando alianzas público privadas exitosas, resaltando la importancia de su papel en el crecimiento y bienestar del país”, afirmó Massimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud.

Actualmente, el sector privado dispone de 380 camas y 61 quirófanos, una capacidad significativa que podría ser utilizada en colaboración con la seguridad social para mejorar la atención sanitaria en el país.

Además, el mapeo indica que 555,000 personas cuentan con planes de medicina prepagada, mientras que 599,852 tienen seguros de salud privados, evidenciando el alcance y la relevancia del sector en la cobertura de salud.

“Este análisis nos invita a reflexionar sobre la importancia del sector privado en la provisión de acceso a servicios médicos y la oportunidad de utilizar su capacidad para complementar y fortalecer la atención sanitaria pública”, concluyó Manzi.

En cuanto a la representatividad, este estudio demuestra, entre otros, que el 55.28% de los laboratorios clínicos y el 75% de la distribución de medicamentos están afiliados a la Cámara.

El fin último de las instituciones públicas no debe ser solo pagar salarios, asegura Vargas

San José, 18 jun (elmundo.cr) – El jefe de fracción del Liberal Progresista, Diego Vargas, fue tajante en que lo importante es que las instituciones públicas beneficien a todos los costarricenses.

Esto como parte de sus declaraciones en La Entrevista con Marielos Gutiérrez de este martes.

Entre las instituciones que criticó el diputado está la Agencia Aeroespacial, “los ticos vamos a ir a la luna pero no tenemos ni un cohete, eso es un gasto más que una realidad”.

“Hay que quitar esas cosas que estorban”, aseguró.

Vargas recalcó que “son muchos millones por mes y qué hemos escuchado que hayan hecho”.

“Lo importante es el individuo, no la institución, pero que no sea el fin último solo pagar salarios sino que nos devuelva algo al país”, sostuvo.

Para Vargas es importante el fortalecimiento de las alianza público privadas, además de crear portafolios de proyectos con una Agencia de Promoción de la Inversión.

Sobre el Consejo Nacional de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el legislador insistió en que “es una institución que duerme el sueño de los justos, y bastante dormida, no ha hecho nada en 20 años”.

“No se debe botar recursos, (…) el fin último es la persona y para eso hay que tener proyectos que realmente generen una apertura, un crecimiento, un desarrollo”, manifestó Vargas.

Puede ver aquí La Entrevista del jefe de fracción del PLP, Diego Vargas:

Sector público y privado se unen para fortalecer el Sistema de Salud

San José, 4 may (elmundo.cr) – Representantes de los sectores público y privado se reunieron para analizar los retos del sistema de salud de Costa Rica y proponer soluciones conjuntas.

El acceso a los servicios de salud, las largas listas de espera y la necesidad de tecnologías digitales para una mejor atención fueron identificados como desafíos prioritarios.

“Frente a esos grandes retos, tenemos que unirnos como un solo sistema de salud”, señaló Massimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud.

Los participantes destacaron la importancia de las alianzas público-privadas para brindar soluciones innovadoras. “Las alianzas público-privadas serán de gran apoyo para brindar soluciones más oportunas y eficientes”, afirmó Maricela González, directora ejecutiva de Nutricare.

La Dra. Monique Baudrit, directora médica de Pfizer Centro América y Caribe, enfatizó la gravedad de la resistencia antimicrobiana en Costa Rica. “Tenemos una tasa de resistencia bacteriana muy alta”, señaló.

Los expertos coincidieron en la necesidad de un enfoque colaborativo para abordar este problema.

La Clínica Bíblica presentó sus esfuerzos en materia de descarbonización y sostenibilidad ambiental, destacando su importancia para la salud pública.

El Foro Nacional OCDE y Salud contó con la participación de representantes de hospitales, clínicas, la industria farmacéutica, laboratorios clínicos, la Caja Costarricense de Seguridad Social, el Ministerio de Salud, organizaciones internacionales y ONGs dedicadas a la salud.

Centros privados atienden 52 pacientes en emergencia por falta de especialistas

San José, 12 abr (elmundo.cr) – Durante nueve días, centros de salud privados atendieron a 52 pacientes por la emergencia institucional generada por la protesta de médicos especialistas.

Mediante un Convenio de Cooperación entre la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la Cámara Costarricense de la Salud, se contrataron cinco centros privados para brindar atención médico quirúrgica y servicios de diagnóstico a un valor establecido por la CCSS.

Los centros que respondieron al llamado fueron el Hospital Clínica Bíblica, Hospital Metropolitano, Hospital UNIBE, Centro Quirúrgico Ambulatorio RQ y Clínica Montespino.

“Este Convenio nos demostró la importancia del establecimiento y ejecución de alianzas público-privadas que permitan un mejor aprovechamiento de todos los recursos disponibles en el Sistema Nacional de Salud (público y privado) con el fin de mejorar el acceso a la salud para la población y contribuir con la sostenibilidad del Sistema”, comentó Eduardo Jiliberto Fritis, presidente de la Cámara Costarricense de la Salud.

Una vez alcanzado un acuerdo entre la CCSS y los médicos especialistas, se suspendieron los contratos con los centros privados adjudicados.

La urgente necesidad de la promoción de las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo en el Sector Público Costarricense

El sector público costarricense cuenta con un aproximado de 303 entes públicos, y más de 410 000 microempresas conforme a la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares. El país cuenta con un Producto Interno Bruto de 69.24 mil millones, del cual un 40.6% corresponde a la exportación de bienes y servicios, un 5,1% se da por inversión extranjera directa (entrada neta de capital).  Un 11,3% de la población económicamente activa se encuentra en condición de desempleo y unas 1,4 toneladas métricas per cápita corresponde a emisiones de Co2.  Un 83% de la población usa internet.

La famosa frase que indica que las necesidades en Costa Rica son amplias pero los recursos escasos, es la realidad. Sin embargo, se cuenta con una herramienta fundamental, que es básicamente una utopía, las alianzas público-privadas para el desarrollo, mismas que se encuentran como el objetivo 17 de las Objetivos de Desarrollo Sostenible “fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible”, agrupados en la Agenda 2030.

La Agenda 2030 es “un plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, (…) y cuyos propósitos son fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad; erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones; asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo, lo cual es indispensable para el desarrollo sostenible; además de garantizar los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la equidad de género” (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de México, 2017. Párr. 3).

Es decir, con el cumplimiento de dichos objetivos se “impulsa lucha contra la pobreza y la desigualdad, promoción de la educación y la salud, protección del ambiente y fortalecimiento de la justicia, entre otros temas de desarrollo” (Presidencia de la República Costa Rica. 2016. Párr.1). Como se ha supra indicado existe esa necesidad a nivel país de que los entes públicos, el sector privado, en conjunto con la sociedad civil establezcan armonías fundamentales para propiciar un desarrollo humano sostenible y un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos y privados. Se requiere flexibilizar la gobernabilidad para partir en la creación de visiones compartidas como transformadores sociales dado que, por el exceso de burocracia existente, el sector empresarial del país no encuentra motivación para contribuir mediante esta herramienta a la gestión pública.

Las APPD “Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo se pueden definir como convenios de cooperación entre el sector público y privado para una maximización de los recursos y la creación de valor público, estas se constituyen como un “acuerdo de cooperación para la interacción corresponsable entre las instituciones públicas y las organizaciones privadas, en la cual, las partes comparten recursos, competencia y riesgos para el logro de objetivos comunes que contribuyan al desarrollo sostenible” (Aliarse para El Desarrollo).

En el marco jurídico costarricense existen dos decretos ejecutivos fundamentales que le brindan seguridad jurídica a la creación de dichas alianzas bajo el principio de legalidad. Primeramente, se encuentra el Decreto Ejecutivo N°40203-PLAN-RE-MINAE mediante el cual “se define la Gobernanza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de establecer un esquema institucional para organizar, articular, planificar, implementar, financiar y dar seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 en Costa Rica” (Mideplan. 2017. Pág. 9).

Asimismo se promulga el Reglamento para el desarrollo, fomento y gestión de las alianzas público-privadas para el desarrollo en el sector público promulgado mediante el Decreto Ejecutivo N° 40933 MEIC-MIDEPLAN el 30 de abril del 2018 en donde se regulan las APPD, aplicable a la administración pública y los interesados en formar parte de estas, teniendo por objeto: “el desarrollo, fomento, y gestión de Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (en adelante APPD), así como su adecuada formalización, para el logro de los objetivos de interés público basados: en los principios de solidaridad. transparencia, eficiencia, sostenibilidad, promoción de la participación ciudadana e impulso a la generación de oportunidades de colaboración entre los diferentes actores de la sociedad costarricense” (Artículo 1)

A raíz de lo anterior, existiendo un amplio abanico de institucionalidad pública, múltiples necesidades, escasos recursos y la intencionalidad del sector privado de contribuir al desarrollo del país, y contando con la cobertura legal, el uso de las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo se debe de volver un elemento fundamental de la gobernanza de los programas y proyectos para la creación de valor público. En la actualidad pocas instituciones cuentan con el debido protocolo para la implementación de estas, de lo cual se puede deducir que es una figura poco utilizada, aunque muy efectiva y necesaria en la actualidad nacional.

En conclusión, los jerarcas institucionales deben de buscar el camino para impulsar la formalización, pero sobre todo la ejecución de dicha figura para el logro de los objetivos, y la mejora de la calidad de vida de los costarricenses.

Un mercado de frutas y verduras en Brasil gana el premio a la mejor reconstrucción tras el COVID-19

Sao Paulo, 29 abr (elmundo.cr) – ¿Cómo podemos recuperar mejor las infraestructuras después de la pandemia del coronavirus? Esta es la pregunta que se formuló la Comisión Económica para Europa en la edición 2021 de su premio sobre infraestructuras. El organismo buscaba encontrar los mejores proyectos de Alianzas Público-Privadas orientados a las personas y que contribuyan a “reconstruir mejor” tras la Covid-19.

Los mejores proyectos se presentaron la semana pasada en la marco del Quinto Foro Internacional de Alianzas Público-Privadas de la Comisión que tuvo lugar entre el 22 y el 26 de abril en la ciudad suiza de Ginebra.

El primer premio correspondió a Nova Ceasa, un proyecto de mercado de frutas y verduras en el estado de Piauí, situado en el nordeste de Brasil. El centro distribuye 35 toneladas de frutas y verduras para abastecer la zona y garantiza el sustento de más de 700 comerciantes.

En Nova Ceasa se pueden encontrar frutas, verduras, especias, artesanía, mariscos, flores, plantas y personas que buscan mejorar su calidad de vida.

El segundo puesto recayó conjuntamente en un proyecto de tren ligero en la isla española de Tenerife y en un programa de desarrollo regional en Caraga, Filipinas.

El Tranvía de Tenerife se inauguró el año 2007 y su puesta en marcha no sólo ha unido los diferentes barrios del Área Metropolitana, sino que ha conectado a toda la sociedad.

Su existencia ha mejorado las comunicaciones entre las personas y ha acercado a las familias.

Los proyectos seleccionados debían cumplir con las siguientes características:

  • empoderamiento de las partes interesadas y de la comunidad
  • reducción de la pobreza y desigualdades
  • empoderamiento de la mujer
  • mejora de la sostenibilidad medioambiental
  • reducción del cambio climático y mejora de la resiliencia

El concurso, que utilizó la metodología de evaluación de la Comisión People-first (primero las personas) para calificar los proyectos, también sirvió para probar su eficacia y uso.

Los ganadores fueron seleccionados entre un total de 66 proyectos de 25 países y se emitieron 881 votos electrónicos.

Al anunciar los ganadores, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión, Olga Algayerova, envió un mensaje de esperanza para los años venideros.

“Debemos mirar hacia un futuro mejor y hacia la recuperación, aprendiendo de la experiencia de COVID-19 para identificar e implementar los proyectos, especialmente a nivel local, para que surjan sociedades resistentes y más sostenibles, sin dejar a nadie atrás. Necesitamos muchos más de estos proyectos”, destacó.

El jurado aplaude la diversidad de las propuestas

Todos los proyectos merecieron el reconocimiento del jurado por su contribución a la reducción de la pobreza, la creación de empleo local, la mejora de los servicios sanitarios y la seguridad alimentaria, la reducción de los residuos, el uso de energías renovables y la aspiración a la neutralidad en materia de emisiones de carbono.

Asimismo, el conjunto de iniciativas aporta soluciones reales sobre el terreno y, al combinar criterios sociales, medioambientales y económicos, mejoran significativamente la vida de las personas.

Los miembros del jurado encargados de conceder los galardones fueron: Tetiana Bessarab, Doris Chevalier, Anand Chiplunkar, Amanda Loeffen, Jean-Patrick Marquet, Melissa Peneycad, Joan Enric Ricart y James Stewart (presidente), Pedro Neves (secretario).