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El modelo de desarrollo que queremos para Costa Rica

Posted on by Redacción

Un modelo de desarrollo es una estrategia de planificación política y económica destinada a mejorar la calidad de vida de una sociedad, basándose en la producción, la inversión y la sostenibilidad. Estas estrategias buscan equilibrar el crecimiento económico con el bienestar social y la protección ambiental, a menudo con un enfoque en el desarrollo local, integral y sostenible.

Objetivo Principal: El fin último es el desarrollo humano y la calidad de vida, priorizando la equidad sobre el simple aumento del PIB.

Componentes Clave:

    • Desarrollo Endógeno: Basado en las capacidades propias de la comunidad.
    • Sostenibilidad: Asegurar recursos para generaciones futuras.
    • Integralidad: Abarcar aspectos económicos, sociales y ambientales.

Contexto Actual: Existe un debate sobre la necesidad de transformar el modelo actual de desarrollo en América Latina para hacerlo más productivo, inclusivo y ecológico. [Comisión Económica para America Latina).

El modelo de desarrollo de Costa Rica combina una apertura comercial basada en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) y exportaciones de alto valor agregado (dispositivos médicos, servicios), con una marca país enfocada en la sostenibilidad ambiental y la descarbonización. Históricamente, se ha fundamentado en la estabilidad democrática y la inversión.  De acuerdo con algunas economistas se distinguen varios tipos de modelo de desarrollo:

Modelo de Desarrollo Sostenible (Actual): Busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras, equilibrando tres pilares: económico, social y ambiental.

Modelo Desarrollarista: Enfocado en la explotación de recursos y el crecimiento constante para impulsar la industrialización y tecnología, a menudo con baja consideración por el impacto ambiental.

Modelo de Desarrollo Endógeno: Se basa en potenciar las capacidades internas, recursos y cultura de una comunidad o nación para generar desarrollo desde dentro del país.

Modelo de Desarrollo Integral: Busca un equilibrio entre el crecimiento económico, la justicia social y el bienestar político y cultural. [

Modelo Socialista: Prioriza la planificación estatal y la distribución equitativa de los recursos sobre la propiedad privada y el mercado.

Actualmente en nuestro país se discuten varios proyectos de ley como: El proyecto de Ley Marco de las Asociaciones Público-Privadas (Expediente 24.009) en Costa Rica busca regular la colaboración entre el Estado y el sector privado para desarrollar infraestructura y servicios y El Proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (Expediente 23.414) busca transformar el modelo eléctrico costarricense actual. Ejes Principales del Proyecto (Expediente. 23.414):

  • Creación del ECOSEN: Se crea el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), una nueva entidad autónoma que asumirá la operación del sistema en tiempo real y el despacho económico, funciones que hoy realiza principalmente el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a través del CENCE.
  • Apertura a Competencia: Se establece un mercado mayorista donde empresas privadas y cooperativas podrán participar más activamente en la generación y venta de energía, no solo el ICE.
  • Cambio en el Despacho: Se busca un “despacho económico” donde se decide qué plantas generan energía según el menor costo, no necesariamente basadas en el orden de propiedad actual.
  • Reforma Institucional: El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) asumiría un rol de rectoría más fuerte, con plazos definidos para la reestructuración.

Estos proyectos de ley y otros que se van a proponer van a tener gran incidencia en el modelo de Desarrollo que se quiere para Costa Rica.

Un modelo de desarrollo constituye un conjunto de lineamientos surgidos a partir de consensos y acuerdos que buscan lograr el desarrollo de una unidad territorial determinada, y que involucra no solo el ámbito económico, sino también los ámbitos social, político y cultural. El modelo de desarrollo que se ha aplicado en nuestro país se debe mejorar, lo cual lo determinan situaciones como las que actualmente Costa Rica presenta, con una de las desigualdades más altas de América Latina. De acuerdo con el XIX Informe Estado de la Nación, en los últimos 20 años la desigualdad se disparó y hoy el ingreso del quintil más rico de la población es 24,8 veces mayor que el ingreso del quintil más pobre. El modelo ha fallado debido a que se basa en aspectos macroeconómicos como el criterio de que el desarrollo basado en el crecimiento económico solucionaría los problemas sociales. Lo cual determinaba que los esfuerzos por centrarse en el crecimiento como medio para lograr el desarrollo económico, reducir el nivel de endeudamiento y mantener las tasas de interés bajas y controlada la inflación, es decir, las variables macroeconómicas, eran por lo tanto medio y fin del desarrollo. En la realidad no funcionó y se demostró que no había una relación automática entre el crecimiento económico y el aumento del bienestar de la gente y la reducción de la pobreza. El modelo de desarrollo no solo debe ser con base en lo propuesto por el partido en el gobierno, sino que deben participar los otros partidos políticos, empresarios, trabajadores y sociedad civil para que se dé una visión compartida de país y del rumbo que debe llevarse y plasmarse en el Plan Nacional de Desarrollo con una visión de largo plazo, por lo que se debe proponer un plan de desarrollo país. Se debe propiciar un modelo de desarrollo que aspire a la prosperidad espiritual y material de todos los costarricenses y que tenga presente la interdependencia creciente de Costa Rica con otros países. La educación debe ser un elemento esencial de ese modelo, pues es un instrumento fundamental para eliminar la pobreza. Las acciones para promover el desarrollo del país estarán orientadas a lograr que los avances en los procesos de innovación y las oportunidades de acceso a la educación, vivienda, crédito, tecnología, conocimiento técnico y dominio de las mejores prácticas estén disponibles para todos los costarricenses. Las causas del limitado crecimiento económico y social son muchas: un manejo ineficiente de los recursos por parte del sector social, compuesto por más de 20 entidades públicas y varias entidades privadas que colaboran; la corrupción; y los modelos económicos que se han aplicado, que se centran en aspectos macroeconómicos como déficit fiscal, nivel de inflación y crecimiento del PIB, en detrimento de las personas. En el Informe Estado de la Nación del 2020 se señala: “En la inmediatez no se están abordando los ‘puntos ciegos’, o cuellos de botella estructurales del estilo de desarrollo que el país enfrentaba, según lo indicado en el ESTADO DE LA NACIÓN SINOPSIS | CAPÍTULO 1 ➜ Valoración general 2020.En síntesis, dado que los fundamentos del desarrollo humano en Costa Rica están comprometidos, la crisis actual podría agravarse aún más y tornarse en una crisis estructural del sistema económico, social, político e institucional que conduzca a la nación a un largo y complejo período de turbulencias y retrocesos”. La pobreza y la desigualdad son la consecuencia de un modelo que no hace una distribución equitativa de la riqueza. La tarea prioritaria debe ser construir un nuevo orden social que se sustente en una justa distribución de la riqueza. Se continúe con disminución de la pobreza y enfrente adecuadamente la desigualdad. Es un deber ineludible e impostergable para propiciar el bienestar general de las mayorías. No hay duda de que el modelo de desarrollo ha incidido en el nivel de pobreza y desigualdad, crecimiento de los asentamientos, el deterioro de la educación y el abandono del sector agrícola.

Seguridad que trasciende la obra: un desafío pendiente para Costa Rica

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Costa Rica enfrenta una transformación silenciosa en la forma en que entiende la seguridad y la salud en el trabajo. No se trata de un cambio visible en un único proyecto ni de una medida aislada. Se trata de una evolución más profunda, impulsada por una sociedad más consciente, por estándares internacionales más exigentes y por una realidad que evidencia la vulnerabilidad de las comunidades ante distintos riesgos.

Durante años, el sector construcción avanzó de manera significativa en la protección de sus trabajadores. La incorporación de normativa, protocolos y cultura preventiva marcó un antes y un después en el país. Sin embargo, esa evolución hoy resulta insuficiente frente a un entorno más complejo, donde las obras que ejecutamos conviven directamente con comunidades que también enfrentan riesgos derivados de la actividad constructiva.

Cada obra introduce nuevas condiciones en su entorno. Una intervención en el terreno modifica el comportamiento del agua durante una lluvia intensa. El tránsito de maquinaria pesada altera la dinámica cotidiana de quienes viven en la zona. Incluso fenómenos naturales como un sismo pueden adquirir otra dimensión cuando coinciden con actividades constructivas en ejecución.

Este cambio de realidad responde, en gran medida, a transformaciones sociales y a nuevas exigencias en los modelos de financiamiento y desarrollo. Organismos internacionales y entidades financieras han incorporado estándares que obligan a las empresas a considerar variables sociales, ambientales y humanas con mayor profundidad. Al mismo tiempo, la sociedad costarricense demanda mayor transparencia, participación y responsabilidad por parte de quienes ejecutan proyectos en sus territorios.

En este contexto surge el concepto de seguridad comunitaria, entendido como un enfoque que integra a las personas que viven alrededor de las obras dentro de los sistemas de prevención, gestión de riesgos y respuesta ante emergencias. Este enfoque no sustituye la seguridad ocupacional; la complementa y la expande hacia un ámbito más amplio y más humano.

El reto es significativo

El sector construcción ha operado durante décadas bajo esquemas centrados en la ejecución técnica de proyectos. Incorporar variables sociales implica transformar procesos, ajustar culturas organizacionales y asumir responsabilidades que históricamente no formaban parte del núcleo del negocio. La transición no es inmediata ni sencilla. Requiere aprendizaje, adaptación y, sobre todo, voluntad.

En países como Costa Rica, Nicaragua y Panamá, este proceso apenas comienza a tomar forma. Las empresas avanzan en etapas iniciales, con planes en desarrollo, protocolos en construcción y experiencias que aún generan más preguntas que respuestas. No existe una fórmula única, pero sí una dirección clara: la seguridad debe evolucionar hacia una visión más integral.

Ya no basta con informar sobre un proyecto al inicio de su ejecución. La comunicación debe ser constante. La participación debe ser real. Las preocupaciones de los vecinos deben formar parte del proceso de toma de decisiones. Este cambio redefine el vínculo entre empresa y comunidad, y plantea una nueva forma de construir legitimidad social.

Una gestión adecuada puede evitar afectaciones en viviendas cercanas, proteger fuentes de agua, reducir conflictos sociales e incluso generar espacios de colaboración con actores locales. Más allá de la obra, se fortalece el tejido social y se promueve una cultura de corresponsabilidad.

El mayor desafío sigue siendo cultural

Romper paradigmas dentro de las organizaciones y generar conciencia en las comunidades exige tiempo y consistencia, al menos así lo hemos hecho en Constructora Meco. La historia demuestra que los cambios en seguridad siempre enfrentan resistencia inicial. Sin embargo, también demuestra que, una vez incorporados, se convierten en estándares incuestionables.

En el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, esta reflexión adquiere un sentido particular. La seguridad y la salud no representan una oportunidad coyuntural ni una tendencia pasajera. La seguridad y la salud constituyen un valor. Un valor no se negocia. Un valor no se adapta a conveniencia. Un valor se sostiene en el tiempo y orienta las decisiones.

La construcción tiene la capacidad de influir más allá de sus proyectos. Cada obra se desarrolla en comunidades donde crecen niños, adolescentes y jóvenes que observan, aprenden y replican comportamientos. Promover la seguridad y la salud en estos entornos contribuye a formar ciudadanos más conscientes y futuros trabajadores con una cultura preventiva más sólida.

Costa Rica tiene la oportunidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo donde la infraestructura no solo responda a necesidades económicas, sino también a criterios sociales y humanos. Lograrlo exige reconocer que la seguridad no termina en la obra. La seguridad empieza en las personas y se extiende a la comunidad.

Ese es el desafío.

Hacia un Desarrollo Regenerativo: Fortaleciendo las Alianzas Público-Privadas en Costa Rica

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Un llamado a la colaboración estratégica

En un mundo que enfrenta desafíos socioambientales sin precedentes, la necesidad de un cambio de paradigma en nuestro modelo de desarrollo es más urgente que nunca. La crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas nos obligan a repensar fundamentalmente cómo construimos nuestra infraestructura, cómo gestionamos nuestros recursos y cómo colaboramos entre sectores. Ya no basta con minimizar el impacto; es imperativo regenerar los sistemas vivos y sociales, creando valor positivo neto para las organizaciones, las personas y el planeta .

En este contexto transformador, Aquí Costa Rica Manda reconoce que el cierre de la brecha de infraestructura y la aceleración del desarrollo regenerativo requieren mecanismos ágiles y eficientes de colaboración entre el Estado y el sector privado. Proponemos una modernización integral del marco jurídico que fortalezca las Alianzas Público-Privadas (APP) y regule con claridad las Sociedades Públicas de Economía Mixta (SPEM), combinando la eficiencia del sector privado con el interés público y la transparencia estatal.

Más allá de la sostenibilidad: El imperativo regenerativo

El desarrollo regenerativo va más allá de la sostenibilidad tradicional. Mientras que la sostenibilidad busca mantener el status quo y reducir el daño, la regeneración aspira a restaurar, renovar y revitalizar los sistemas naturales y sociales. Se trata de un enfoque proactivo que busca sanar y mejorar, creando un impacto positivo que se propaga a través de ecosistemas y comunidades .

Esta visión integral reconoce que los problemas actuales no pueden resolverse con los mismos enfoques que los crearon. Propone una transición de un modelo lineal de “extraer-producir-consumir-desechar” a uno circular y regenerativo, donde la naturaleza es vista como un modelo a seguir y no solo como un recurso a explotar .

En Costa Rica, este principio se materializa en la necesidad de repensar nuestro enfoque de desarrollo de infraestructura, en el que los proyectos no solo eviten daños ambientales, sino que también regeneren activamente nuestros ecosistemas, fortalezcan nuestro capital social y generen valor económico de manera interdependiente.

Diagnóstico de la situación actual: Limitaciones y oportunidades

Costa Rica enfrenta importantes desafíos en materia de infraestructura y servicios públicos que requieren soluciones innovadoras y eficaces. Los actuales marcos de acción para Alianzas Público-Privadas presentan limitaciones significativas en agilidad, transparencia y tipos de proyectos admisibles. Esta rigidez impide aprovechar completamente el potencial de colaboración con el sector privado para proyectos estratégicos que podrían acelerar nuestro camino hacia el desarrollo regenerativo.

Sumado a esto, existe un vacío legal preocupante en cuanto a las Sociedades Públicas de Economía Mixta, sin una regulación específica que permita la creación de sociedades mercantiles con participación estatal y privada para el desarrollo de proyectos de interés público. Esta ausencia normativa limita severamente el abanico de instrumentos de colaboración disponible para el Estado costarricense, dejando fuera opciones valiosas para proyectos que requieren una asociación más estrecha y prolongada entre sectores.

Visión de futuro: Un ecosistema robusto de colaboración

Nuestra visión es establecer un ecosistema robusto, transparente y diversificado para la ejecución de proyectos de interés nacional, mediante la potenciación de las APP y la creación de SPEM como instrumentos complementarios. Esta visión se sustenta en principios fundamentales de eficiencia, transparencia radical y sostenibilidad fiscal, alineados con nuestro pensamiento ideológico.

Creemos en un Pragmatismo Soberano que utilice los instrumentos más eficientes para el desarrollo nacional, combinando las ventajas del sector privado con la rectoría estatal. Desde una posición Anti-Establecimiento, combatiremos la burocracia paralizante y la opacidad en la obra pública mediante procesos competitivos y transparentes. Todo esto, bajo un firme compromiso con la Responsabilidad Fiscal, garantizando que todos los proyectos se evalúen según criterios de sostenibilidad financiera y de una gestión adecuada del riesgo fiscal, y que estén guiados por un Nacionalismo Inclusivo que oriente todas las herramientas al desarrollo equilibrado del territorio y al fortalecimiento de la economía nacional.

Propuesta concreta: Transformando la colaboración público-privada

Fortalecimiento del Sistema de Alianzas Público-Privadas

Proponemos la creación de la Unidad Nacional de APP (UNAPP), una entidad técnica especializada con autonomía funcional y presupuestaria, adscrita al Ministerio de Planificación. Esta unidad sería responsable de la identificación, estructuración, supervisión y evaluación de todos los proyectos APP, concentrando la expertise técnica y garantizando estándares uniformes de calidad en todo el ciclo de los proyectos.

Complementariamente, implementaremos el Banco Nacional de Proyectos APP, una cartera pública y priorizada de proyectos estratégicos en infraestructura regenerativa, movilidad sostenible, conectividad digital y servicios públicos. Todos los proyectos serán evaluados según criterios de triple utilidad: social, ambiental y económica, lo que proporcionará transparencia y previsibilidad al sector privado.

Para garantizar agilidad y transparencia, establecemos mecanismos de licitación simplificados, fomentamos propuestas no solicitadas con salvaguardas de transparencia y utilizamos plataformas de blockchain para la publicación de pliegos, ofertas y contratos, convirtiendo la tecnología en una aliada fundamental de la transparencia.

Marco Jurídico para las Sociedades Públicas de Economía Mixta

Crearemos el marco legal específico para la regulación de las SPEM, estableciendo las normas para la creación, organización y funcionamiento de estas sociedades mercantiles con participación accionaria estatal y privada. Esta ley delimitará claramente los ámbitos de acción, los requisitos de constitución y los mecanismos de control, proporcionando seguridad jurídica a todos los participantes.

Implementaremos protocolos estrictos de gobierno corporativo y transparencia, definiendo requisitos específicos para la composición de juntas directivas, tratamiento de conflictos de interés y publicación obligatoria de estados financieros auditados. Estas salvaguardas garantizarán que las SPEM operen con los más altos estándares de integridad y rendición de cuentas.

Estableceremos procedimientos robustos para la valoración de aportes estatales, la evaluación de desempeño y el control posterior por parte de la Contraloría General de la República, asegurando que se mantengan los estándares a lo largo del ciclo de vida completo de los proyectos.

Sistema Nacional Integrado de Colaboración

La verdadera potencia de estos instrumentos se libera cuando operan de manera coordinada y sinérgica. Para ello, crearemos el Consejo Nacional de Colaboración Público-Privada, un órgano interinstitucional de alto nivel, responsable de definir la política nacional, priorizar proyectos y supervisar el sistema integrado APP-SPEM, garantizando la coherencia estratégica y el alineamiento con los objetivos nacionales de desarrollo.

Desarrollaremos guías y manuales técnicos que establezcan criterios claros para seleccionar el instrumento más adecuado a las características de cada proyecto, evitando la aplicación indiscriminada de instrumentos y optimizando los resultados en función de las particularidades de cada iniciativa.

Finalmente, implementaremos una Plataforma Digital Unificada de Gestión, un sistema digital integral para la gestión transparente de todo el ciclo de vida de los proyectos de colaboración público-privada, proporcionando a la ciudadanía acceso en tiempo real al estado de los proyectos y fortaleciendo la rendición de cuentas.

Conclusión: Construyendo el futuro regenerativo de Costa Rica

Esta herramienta legislativa representa la evolución necesaria en la gestión del desarrollo nacional. Al crear un marco jurídico moderno y completo para las APP y las SPEM, dotamos al país de instrumentos ágiles, transparentes y eficientes para cerrar la brecha de infraestructura y acelerar nuestro camino hacia el desarrollo regenerativo.

La propuesta trasciende lo técnico para convertirse en una declaración de principios: creemos en un Estado eficaz que sabe colaborar con el sector privado para el beneficio de todos los costarricenses, reafirmando que “Aquí Costa Rica Manda” su destino de desarrollo, con visión estratégica y responsabilidad fiscal.

El momento de actuar es ahora. Tenemos la oportunidad de sentar las bases para un futuro próspero, resiliente y regenerativo, donde la colaboración inteligente entre sectores se convierta en el motor de un desarrollo auténticamente costarricense, que honre nuestro legado natural mientras construye prosperidad compartida para las generaciones presentes y futuras.