El sector público costarricense cuenta con un aproximado de 303 entes públicos, y más de 410 000 microempresas conforme a la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares. El país cuenta con un Producto Interno Bruto de 69.24 mil millones, del cual un 40.6% corresponde a la exportación de bienes y servicios, un 5,1% se da por inversión extranjera directa (entrada neta de capital). Un 11,3% de la población económicamente activa se encuentra en condición de desempleo y unas 1,4 toneladas métricas per cápita corresponde a emisiones de Co2. Un 83% de la población usa internet.
La famosa frase que indica que las necesidades en Costa Rica son amplias pero los recursos escasos, es la realidad. Sin embargo, se cuenta con una herramienta fundamental, que es básicamente una utopía, las alianzas público-privadas para el desarrollo, mismas que se encuentran como el objetivo 17 de las Objetivos de Desarrollo Sostenible “fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible”, agrupados en la Agenda 2030.
La Agenda 2030 es “un plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, (…) y cuyos propósitos son fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad; erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones; asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo, lo cual es indispensable para el desarrollo sostenible; además de garantizar los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la equidad de género” (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de México, 2017. Párr. 3).
Es decir, con el cumplimiento de dichos objetivos se “impulsa lucha contra la pobreza y la desigualdad, promoción de la educación y la salud, protección del ambiente y fortalecimiento de la justicia, entre otros temas de desarrollo” (Presidencia de la República Costa Rica. 2016. Párr.1). Como se ha supra indicado existe esa necesidad a nivel país de que los entes públicos, el sector privado, en conjunto con la sociedad civil establezcan armonías fundamentales para propiciar un desarrollo humano sostenible y un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos y privados. Se requiere flexibilizar la gobernabilidad para partir en la creación de visiones compartidas como transformadores sociales dado que, por el exceso de burocracia existente, el sector empresarial del país no encuentra motivación para contribuir mediante esta herramienta a la gestión pública.
Las APPD “Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo se pueden definir como convenios de cooperación entre el sector público y privado para una maximización de los recursos y la creación de valor público, estas se constituyen como un “acuerdo de cooperación para la interacción corresponsable entre las instituciones públicas y las organizaciones privadas, en la cual, las partes comparten recursos, competencia y riesgos para el logro de objetivos comunes que contribuyan al desarrollo sostenible” (Aliarse para El Desarrollo).
En el marco jurídico costarricense existen dos decretos ejecutivos fundamentales que le brindan seguridad jurídica a la creación de dichas alianzas bajo el principio de legalidad. Primeramente, se encuentra el Decreto Ejecutivo N°40203-PLAN-RE-MINAE mediante el cual “se define la Gobernanza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de establecer un esquema institucional para organizar, articular, planificar, implementar, financiar y dar seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 en Costa Rica” (Mideplan. 2017. Pág. 9).
Asimismo se promulga el Reglamento para el desarrollo, fomento y gestión de las alianzas público-privadas para el desarrollo en el sector público promulgado mediante el Decreto Ejecutivo N° 40933 MEIC-MIDEPLAN el 30 de abril del 2018 en donde se regulan las APPD, aplicable a la administración pública y los interesados en formar parte de estas, teniendo por objeto: “el desarrollo, fomento, y gestión de Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (en adelante APPD), así como su adecuada formalización, para el logro de los objetivos de interés público basados: en los principios de solidaridad. transparencia, eficiencia, sostenibilidad, promoción de la participación ciudadana e impulso a la generación de oportunidades de colaboración entre los diferentes actores de la sociedad costarricense” (Artículo 1)
A raíz de lo anterior, existiendo un amplio abanico de institucionalidad pública, múltiples necesidades, escasos recursos y la intencionalidad del sector privado de contribuir al desarrollo del país, y contando con la cobertura legal, el uso de las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo se debe de volver un elemento fundamental de la gobernanza de los programas y proyectos para la creación de valor público. En la actualidad pocas instituciones cuentan con el debido protocolo para la implementación de estas, de lo cual se puede deducir que es una figura poco utilizada, aunque muy efectiva y necesaria en la actualidad nacional.
En conclusión, los jerarcas institucionales deben de buscar el camino para impulsar la formalización, pero sobre todo la ejecución de dicha figura para el logro de los objetivos, y la mejora de la calidad de vida de los costarricenses.
