San José, 13 ago (elmundo.cr) – El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica emitió un pronunciamiento contundente en defensa del ejercicio profesional y las garantías fundamentales del Estado Democrático de Derecho, rechazando cualquier intento de vincular de manera generalizada a los juristas con actividades ilícitas o crimen organizado.
El gremio subrayó que el derecho de defensa, la libertad de expresión y el acceso a la información pública son pilares esenciales de la democracia costarricense. En este sentido, la organización enfatizó que “no resulta aceptable proyectar sospechas generalizadas sobre el gremio jurídico ni utilizar tales generalizaciones como fundamento para justificar restricciones al acceso a la información pública mediante declaratorias de secreto de Estado”.
Para el Colegio, los límites y la proporcionalidad de las medidas que restringen el acceso a datos públicos deben ser siempre objeto de “análisis, cuestionamiento e impugnación” dentro de una democracia sólida.
“Lo que no resulta admisible en un Estado Democrático de Derecho es sustituir la prueba individual por la sospecha colectiva, ni convertir el legítimo ejercicio profesional en motivo de descalificación generalizada”, señala el documento oficial.
Respaldo al gremio periodístico
El pronunciamiento también incluyó un mensaje de solidaridad hacia el Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) y los profesionales de la comunicación. El ente gremial de los abogados condenó las generalizaciones que afectan el ejercicio de la labor periodística, la cual calificó como una función vital para la sociedad democrática.
Finalmente, el Colegio de Abogados reafirmó su apoyo a sus agremiados cuando estos, en cumplimiento de sus responsabilidades, fiscalizan actuaciones públicas, defienden derechos o cuestionan decisiones estatales.
La institución aclaró que, en caso de existir elementos de prueba sobre conductas ilícitas de algún profesional en particular, estos deben ser trasladados a las autoridades competentes para su debido proceso, evitando así que se empañe la reputación de todo un gremio que, según destacan, es fundamental para el acceso a la justicia y la protección de las garantías ciudadanas.
San José, 11 ago (elmundo.cr) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su profunda preocupación ante el reciente decreto emitido por el Gobierno de Costa Rica, el cual declara “secreto de Estado” una amplia gama de información vinculada a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el grupo de trabajo Fuerza Élite.
La organización advirtió que la disposición, firmada el 10 de agosto por la presidenta de la República, Laura Fernández, posee una amplitud que podría restringir gravemente el acceso a información de interés público, afectando directamente la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a la rendición de cuentas.
El decreto, publicado en el diario oficial La Gaceta, blinda información sobre operaciones de inteligencia, estructuras de mando, recursos tecnológicos, planes de seguridad, así como presupuestos, gastos y contrataciones públicas de dichos organismos.
Pierre Manigault, presidente de la SIP, reconoció la necesidad de proteger información sensible para la seguridad nacional, pero enfatizó que este tipo de medidas “debe ser excepcional, estar claramente delimitada y sujeta a controles independientes”.
“Observamos con especial preocupación que el decreto incluya presupuestos, gastos y la totalidad de los procedimientos de contratación pública, ámbitos que son esenciales para la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos”, subrayó Manigault.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, calificó como “preocupante” la imposición de un deber de confidencialidad indefinido para funcionarios, asesores y contratistas, bajo amenaza de sanciones.
“Estas disposiciones no deberían convertirse en mecanismos para impedir el trabajo periodístico ni para restringir la investigación de asuntos de evidente interés público”, advirtió.
Cuestionamientos legales
La medida ha generado una ola de críticas entre expertos y juristas costarricenses, quienes cuestionan su constitucionalidad. Según los especialistas, una declaratoria de esta magnitud debería estar respaldada por una ley aprobada en la Asamblea Legislativa y no únicamente por un decreto ejecutivo. Ante la falta de una legislación específica que regule el secreto de Estado en el país, se ha recomendado recurrir a la Sala Constitucional para determinar la legalidad de la normativa.
El Gobierno, por su parte, ha justificado la medida argumentando que el aumento del narcotráfico y la violencia exige mayor reserva para proteger operaciones y funcionarios. Esta decisión se da en un contexto de alta tensión política, marcada por disputas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y tras la reciente filtración de un informe que vinculaba a 122 oficiales de policía con organizaciones criminales.
La SIP instó al Gobierno a garantizar que cualquier restricción cumpla con los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad, exhortando a las autoridades a diferenciar entre información operativa sensible y aquella administrativa que, por su naturaleza, debe permanecer bajo el escrutinio público.
San José, 12 jun (elmundo.cr) – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una disposición del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que limitaba el acceso público a los nombres y montos adeudados por contribuyentes morosos.
La resolución, comunicada el pasado lunes 9 de junio bajo el voto número 2025-17051, fue aprobada por mayoría de cuatro magistrados contra tres, evidenciando un criterio dividido dentro del máximo tribunal constitucional del país.
La norma anulada establecía que “En el caso de los sujetos morosos, los nombres y montos podrán ser suministrados por el Ministerio de Hacienda, siempre que las deudas se encuentren firmes en sede administrativa y que estos no hayan acudido a la jurisdicción contencioso-administrativa”.
Aunque aún no se ha publicado el texto completo del voto, se conoce que la Sala concluyó que la disposición imponía una restricción ilegítima al derecho de acceso a la información pública, al condicionar la publicación de los datos a situaciones procesales específicas.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y contó con el respaldo de la Procuraduría General de la República, que recomendó declarar con lugar la acción.
Según la Procuraduría, la información sobre deudas determinadas por la Administración Tributaria no está amparada por el secreto tributario, ya que no proviene de datos aportados por los contribuyentes, sino de actos administrativos de interés público.
Raymundo Volio, abogado tributarista de Actualidad Tributaria, señaló que “con esta resolución, el Ministerio de Hacienda no podrá negar el acceso a los nombres y montos de las deudas tributarias alegando que están pendientes de resolución administrativa o judicial, de modo que cualquier persona podrá solicitar y acceder a esa información”.
Volio advirtió que esta decisión implica “un claro menoscabo del secreto tributario, que si bien subsiste, hoy lo hace de manera disminuida”. Además, interpreta que “al haberse anulado la disposición impugnada, debe entenderse que ahora incluso los datos de quienes tienen procesos pendientes en sede administrativa o contenciosa pueden ser divulgados públicamente”.
“Este fallo marca un cambio importante en la protección de la información tributaria y el equilibrio entre el derecho a la privacidad del contribuyente y el interés público por la transparencia en materia fiscal. Resta esperar la publicación completa del voto para conocer los fundamentos jurídicos en detalle y evaluar sus implicaciones prácticas para la Administración Tributaria y los contribuyentes”, concluyó Volio.
San José, 03 abr (elmundo.cr) – El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) detener la implementación de cambios en el modelo y asignación de frecuencias de radiodifusión.
La orden, emitida mediante la resolución n° 2267-E8-2025 del 2 de abril, se mantendrá vigente hasta que se declaren las elecciones de febrero de 2026.
El TSE argumenta que la modificación podría afectar el funcionamiento de varias radioemisoras, perjudicando el acceso de la ciudadanía a la información político-electoral.
“El ejercicio del voto (como derecho) requiere del acceso a la información (también derecho), para cuya efectividad es fundamental el pluralismo informativo”, señala la resolución.
Esta no es la primera vez que el TSE toma medidas similares. En 2017, durante la transición a la televisión digital, el Tribunal advirtió al Micitt sobre la importancia de garantizar el acceso a la señal gratuita de televisión para los electores.
Además del acceso a la información, el TSE considera que los cambios en las frecuencias podrían afectar la equidad en la contienda electoral, el sistema de financiamiento público de los partidos y la capacidad del propio TSE para comunicarse con la ciudadanía a través de la media hora gratuita en radioemisoras.
El TSE aclaró que su decisión se limita a los efectos que los cambios en las frecuencias podrían tener en las elecciones de 2026. El proceso iniciado por el Micitt puede continuar, pero su implementación deberá esperar hasta después de las elecciones.
El IMN deberá procurar, levantar las trabas de acceso informático a la información contenidas en las páginas de Excel, para garantizarle el derecho constitucional de acceso a la información pública al recurrente
San José, 26 set (elmundo.cr)- La Sala Constitucional por sentencia N°2018-15104 declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo por violación al derecho al acceso a la información ya que reclama el recurrente que no le han brindado la información solicitada por parte del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
Los magistrados ordenaron al director general del Instituto Meteorológico Nacional que en el plazo de 10 días contados a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a eliminar las restricciones de acceso a la información de naturaleza pública de las páginas electrónicas de la IMN y en su lugar implementar un formato abierto que permita el ingreso, la visualización, almacenamiento, descarga, impresión y conversión de los textos, mediante la utilización de los software que permitan su transformación. En lo demás se declaró sin lugar el recurso.
La Sala consideró que es deber de las administraciones públicas facilitar en general, los contenidos de información en formatos no protegidos. Por ello, debe el IMN procurar levantar las trabas de acceso informático a la información contenidas en las páginas de Excel, para garantizarle el derecho constitucional de acceso a la información pública al recurrente.
Por otro lado, el recurrente solicitó una información que no es pública ya que fue dada por personas de derecho privado, y es susceptible de valor comercial, cuyo procesamiento está regido por un convenio de privacidad y por las directrices que emite la Secretaría del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés). En este sentido, el Tribunal consideró que sí es legítimo limitar el acceso a la información, por no ser pública, en aras de proteger datos sensibles y de acceso restringido protegidos por el artículo 24 de la Constitución Política.
La Sala estuvo integrada por los magistrados Castillo Víquez, quien preside, Hernández López, Salazar Alvarado, Hernández Gutiérrez, Esquivel Rodríguez, Delgado Faith y Fernández Argüello.
Jorge Arguedas, diputado del Frente Amplio, durante una intervención en el Plenario legislativo. Foto: Luis Madrigal / El Mundo CR
San José, 16 ene (elmundo.cr) – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia –conocida popularmente como la Sala IV– condenó al Estado luego de que el diputado del Frente Amplio, Jorge Arguedas Mora, incumpliera con una entrega de información pública que le solicitó el alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona Cortés.
Así consta en la sentencia 2017-19716 emitida por el Tribunal Constitucional, a raíz de un recurso de amparo interpuesto por Barahona contra el legislador de izquierda en noviembre del 2017.
De acuerdo con el fallo, el alcalde solicitó al diputado, desde el 20 de setiembre del 2017, un informe de su gestión con datos sobre proyectos presentados directamente por su él, sus ventajas, los criterios técnicos de esas iniciativas y especificar cuáles van dirigidas, específicamente, a la atención de las necesidades del cantón de Escazú.
Asimismo, pidió un listado de proyectos que, siendo iniciativas de otros legisladores, Arguedas avaló con su firma y cómo contribuyen con el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Escazú; el estado de los proyectos (en Comisión o Plenario), la cantidad de giras realizadas desde el 1° de mayo de 2014 con el detalle de cada una, así como los datos del combustible utilizado y si el combustible fue aportado por la Asamblea Legislativa o por el diputado.
Finalmente, pidió el detalle de cada uno de los funcionarios que laboran en el despacho del legislador, sus atestados, el monto de los salarios de cada uno, un registro de asistencia del diputado a sus obligaciones, así como un informe de viajes al exterior con el detalle de si este fue pagado con recursos de la Asamblea Legislativa, propios o por otra institución u organización.
Arguedas respondió a las solicitudes el 9 de octubre, sin embargo, el alcalde acusó que el legislador diluyó, eludió y tergiversó aspectos puntuales de la información que le fueron solicitados, ya que indicó que la misma podía obtenerse en el portal de la Asamblea Legislativa y otra debía solicitarla en otro departamento del Congreso, por lo que pedía a la Sala Constitucional declarar con lugar el recurso.
Tras estudiar el caso, el Tribunal Constitucional constató que hubo una trasgresión al acceso de información pública, ya que el diputado dijo que la información sobre gasto de combustible, personal de confianza que se desempeña en su despacho, y demás datos administrativos, debía solicitarla ante la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa.
“Al recurrente no se le brindó la información requerida, sino que fue remitido a un enlace que lo direcciona a la página web de la Asamblea Legislativa, página en la cual deberá ubicar la información solicitada. De otra parte en cuanto a la información relacionada con el gasto de combustible y el personal de confianza que se desempeña en el despacho del diputado recurrido tampoco ha sido entregada esa información pues alega que la información se encuentra en la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa. Ante ese panorama el amparo deviene procedente”, dice el fallo.
La Sala explicó que, uno de los principios rectores de la organización administrativa, lo constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado.
“La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos. La coordinación administrativa tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada”, agregaron.
Según los Magistrados, si bien es cierto la información requerida por el alcalde se encuentra en la Dirección Ejecutiva de la Asamblea, lo cierto es que el diputado debió remitir la solicitud que recibió a la Dirección Ejecutiva, en virtud del principio de Coordinación Interinstitucional, y no obligar al solicitante el gestionar esa solicitud.
“En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso”, dice el fallo que ordena al legislador remitir la solicitud a la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa para que allí gestionen la información sobre combustible y sus asesores.
Adicionalmente, la Sala le dio 15 días al diputado para que entregue la información que el alcalde le solicitó sobre proyectos de Ley e informe de labores, con la advertencia de que, conforme con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá pena de prisión de 3 meses a 2 años o de 20 a 60 día multa a quien reciba una orden de esta Sala que deba cumplir o hacer cumplir y la incumpla, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Finalmente, la Sala condenó al Estado al pago de las costas, los daños y perjuicios ocasionados con las acciones del diputado, las cuales el alcalde podrá cobrar mediante el proceso de ejecución de sentencia en la vía contencioso administrativa.
El Poder Ejecutivo ha puesto en conocimiento y análisis de la Asamblea Legislativa dos iniciativas de ley que pretenden normar el acceso a la información pública y por otra parte, la libertad de expresión y prensa en nuestro país.
Si bien, apenas inician su trámite parlamentario, presentan aspectos que llaman la atención por su falta de precisión jurídica en temas tan delicados para la gobernabilidad democrática de una nación defensora de las libertades fundamentales como es Costa Rica.
En primer término, el Expediente 20.361 “Ley de Acceso a la Información Pública”, en su artículo 13, establece un régimen de excepciones donde las instituciones no estarían obligadas a suministrar información de carácter público.
Dicho artículo, establece explícitamente esta falta de obligatoriedad cuando la información haya sido declarada secreto de Estado, por afectar la seguridad pública, la defensa nacional o las relaciones exteriores; cuando se trate de procesos en curso relativos a las relaciones internacionales; cuando se trate de políticas monetarias y fiscales en etapa previa a su ejecución, cuya divulgación represente un riesgo para el orden público económico o conceda ventaja indebida en tales regímenes y, finalmente por disposición contenida en ley especial.
De tal manera, de acuerdo a la redacción del artículo 13, esta disposición abre varias interrogantes, especialmente en cuanto al “secreto de Estado”, pues hace referencia al mismo con categorías amplias y jurídicamente indeterminadas dado que dicho término solo se encuentra en la Constitución Política sin alguna otra norma legal que lo regule en nuestro ordenamiento jurídico. Dicho término ha sido interpretado por la Procuraduría General de la República y la Sala Constitucional, pero así como no existe una ley que lo defina; en esta propuesta del Ejecutivo no solo queda sin definición clara, sino que tampoco se especifica quién o cuál institución realiza la declaratoria de una información como secreto de Estado.
Además, se pudiera alegar que los “procesos en curso relativos a las relaciones internacionales”, sean cualquier cosa para no dar justificaciones sobre temas de interés de la Cancillería como nombramientos, actuaciones en foros internacionales, o cualquier otra cosa sin mayores límites. También, queda abierto a interpretaciones lo que pueda considerarse como “políticas monetarias y fiscales en etapa previa a su ejecución”; al tiempo que las disposiciones en “ley especial” abren el portillo a restricciones que deberían quedar contempladas en esta ley y no en otras que pudieran restringir sin límites el acceso a la información pública.
Por otra parte, el Expediente 20.362 “Ley de Libertad de Expresión y Prensa” reforma en su artículo 4 el artículo 206 del Código Procesal Penal, dejando conceptos jurídicamente indeterminados sobre lo que pueda considerarse “hechos secretos”, así como nuevamente la referencia a “secretos de Estado”, al tiempo que se exime a quienes ejerzan el periodismo de la obligación de revelar la fuente de una información obtenida en el ejercicio de sus funciones, lo cual, podría prestarse a conflictos en caso de procesos judiciales. Así como otras reformas y adiciones en leyes que no quedan suficientemente claras en su redacción.
Es por estos aspectos que he presentado a la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, donde se discuten ambos proyectos, mociones para que se convoque en audiencia a los directores de los medios de comunicación de mayor audiencia en el país (de prensa escrita, televisión, radio y diarios digitales), así como para consultar a la Procuraduría General de la República y el Colegio de Periodistas, pues estos delicados temas requieren que se tome en consideración la opinión quienes informan a la ciudadanía sobre temas de interés nacional y la opinión jurídica del abogado del Estado.
Valga considerar que el derecho de acceso a la información pública y las libertades de expresión y de prensa, han sido reconocidos a nivel nacional e internacional como un derecho fundamental, con un amplio desarrollo jurisprudencial y un gran impulso desde la perspectiva de los derechos humanos.
Nuestra Constitución Política en su artículo 27 garantiza la libertad de petición ante cualquier funcionario público o entidad oficial y el derecho a obtener pronta resolución, mientras que el artículo 30 garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. En este sentido, la Sala Constitucional ha asentado una amplia jurisprudencia en cuanto los alcances y limitaciones del derecho fundamental de acceso a información pública como mecanismo de control ciudadano sobre los asuntos públicos, que han encontrado asidero en la resolución 59 de la Asamblea General de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De tal manera, promover el respeto al derecho humano y constitucional de acceso a la información, reforzar la imagen del país como nación democrática y promover el mejoramiento continuo de la Administración Pública en el ámbito de la transparencia y acceso a la información de las instituciones y organismos públicos, debe convertirse en el norte en procura de una ciudadanía activa, responsable y cada día mejor informada sobre el quehacer de los temas nacionales y locales.
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Redacción, 21 jul(elmundo.cr)- El documento “Estándares para una Internet libre, abierta e incluyente”, como parte del Informe Anual 2016 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), constituye un análisis sobre los retos que enfrenta la región latinoamericana en cuanto al mencionado derecho humano.
Dicho documento toma como punto de partida el Informe Libertad de Expresión e Internet de 2013,pero profundiza además en temas como el acceso a Internet, gobernanza multisectorial, neutralidad de red, responsabilidad de intermediarios, derecho al olvido, derechos de autor, discurso de odio en Internet, privacidad y protección de datos, big data, Internet de las Cosas (IoT), entre otros.
Tiene como finalidad asistir a los países miembros y actores relevantes en sus esfuerzos para incluir un enfoque basado en los derechos humanos, particularmente en el derecho a la libertad de expresión, en el diseño, desarrollo e implementación de las políticas que afectan internet.
Uno de los principios rectores consiste en que el uso de internet no esté condicionad0 o restringido por medio de bloqueo, filtración o interferencia, por lo que los Estados deben garantizar la vigencia de este principio mediante legislaciones adecuadas; por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile y México ya adoptaron leyes donde aplican el principio de neutralidad de la red.
El informe señala que “El derecho de acceso a la información, al igual que la libertad de expresión, tiene un carácter dual, en tanto protege a quienes lo ejercen en forma activa y a quienes reciben dicha información a través de los medios de comunicación y/o de fuentes oficiales”.
Cuesta de Moras, 20 oct (elmundo.cr) – El Directorio Legislativo anunció la aplicación de un plan de acciones prioritarias que pretende poner a disposición de la ciudadanía la posibilidad de seguir de cerca el trabajo que se realiza en la Asamblea Legislativa.
Rafael Ortiz, presidente del Directorio señaló la importancia del desarrollo de políticas que permita una rendición de cuentas transparente y cercana a la ciudadanía.
“Asamblea abierta es una iniciativa enfocada en la apertura al publico del trabajo que realiza el parlamento por medio del uso de nuevas tecnologías de comunicación” Juan Marín, Secretario Directorio Legislativo.
Dentro de las medidas más importantes de este proyecto destaca que el voto electrónico no se implementará hasta la construcción del nuevo edificio, sino que la curul de cada legislador estará pronto habilitada para esta practica.
La iniciativa pretende mejorar el posicionamiento del país en el índice latinoamericano de transparencia legislativa donde destacan países como Chile y México.
