San José, 11 ago (elmundo.cr) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su profunda preocupación ante el reciente decreto emitido por el Gobierno de Costa Rica, el cual declara “secreto de Estado” una amplia gama de información vinculada a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el grupo de trabajo Fuerza Élite.
La organización advirtió que la disposición, firmada el 10 de agosto por la presidenta de la República, Laura Fernández, posee una amplitud que podría restringir gravemente el acceso a información de interés público, afectando directamente la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a la rendición de cuentas.
El decreto, publicado en el diario oficial La Gaceta, blinda información sobre operaciones de inteligencia, estructuras de mando, recursos tecnológicos, planes de seguridad, así como presupuestos, gastos y contrataciones públicas de dichos organismos.
Pierre Manigault, presidente de la SIP, reconoció la necesidad de proteger información sensible para la seguridad nacional, pero enfatizó que este tipo de medidas “debe ser excepcional, estar claramente delimitada y sujeta a controles independientes”.
“Observamos con especial preocupación que el decreto incluya presupuestos, gastos y la totalidad de los procedimientos de contratación pública, ámbitos que son esenciales para la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos”, subrayó Manigault.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, calificó como “preocupante” la imposición de un deber de confidencialidad indefinido para funcionarios, asesores y contratistas, bajo amenaza de sanciones.
“Estas disposiciones no deberían convertirse en mecanismos para impedir el trabajo periodístico ni para restringir la investigación de asuntos de evidente interés público”, advirtió.
Cuestionamientos legales
La medida ha generado una ola de críticas entre expertos y juristas costarricenses, quienes cuestionan su constitucionalidad. Según los especialistas, una declaratoria de esta magnitud debería estar respaldada por una ley aprobada en la Asamblea Legislativa y no únicamente por un decreto ejecutivo. Ante la falta de una legislación específica que regule el secreto de Estado en el país, se ha recomendado recurrir a la Sala Constitucional para determinar la legalidad de la normativa.
El Gobierno, por su parte, ha justificado la medida argumentando que el aumento del narcotráfico y la violencia exige mayor reserva para proteger operaciones y funcionarios. Esta decisión se da en un contexto de alta tensión política, marcada por disputas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y tras la reciente filtración de un informe que vinculaba a 122 oficiales de policía con organizaciones criminales.
La SIP instó al Gobierno a garantizar que cualquier restricción cumpla con los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad, exhortando a las autoridades a diferenciar entre información operativa sensible y aquella administrativa que, por su naturaleza, debe permanecer bajo el escrutinio público.
