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Municipalidades denuncian manejo inadecuado de datos de casos COVID-19 por parte del Gobierno

Posted on by Tania Santamaría

San José, 11 may (elmundo.cr) – La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) denunció el deficiente manejo de la información de casos COVID-19 por parte de las autoridades del Gobierno Central.

Asimismo, alegaron que esto ha limitado a las municipalidades en la toma de decisiones específicas para mitigar el avance del virus y ha desencadenado una mayor afectación económica a los ciudadanos.

Este lunes, se dio a conocer un informe de la Contraloría General de la República que confirma gran cantidad de inconsistencias en los registros de pruebas COVID-19, dependencia de procesos manuales, carencia de cifrados y de datos claves, entre otros.

Las Municipalidades comentaron que desde el inicio de la pandemia, solicitaron información más desagregada de los casos con la finalidad de tomar acciones de forma preventiva en áreas prioritarias, sin embargo, nunca se brindó.

Además, alegaron que a pesar de que los gobiernos locales ofrecieron personal y sistemas de información geográfica para generar data y así obtener mapas de calor interactivos de zonas donde se presentaban cluster, lo que permitía el análisis y disminuir la posibilidad de error humano gracias a la trazabilidad, no recibieron respuesta del Ejecutivo.

Marcel Soler, alcalde de Montes de Oca y directivo de ANAI, indicó que “nos decían que tenían los datos en bases de documentos de PDF en carpetas. Solicitamos los datos a la Mesa Municipal de la Comisión Operativa de Emergencias del Gobierno Central, pero nos pusieron más excusas.  Nosotros ya intuíamos que esto era un desastre, que cruzaban todo en hojas de Excel y por eso los datos nacionales nunca cuadraban con los locales. Lo único que logramos fue que firmáramos acuerdos de confidencialidad para la entrega de la información, pero al día de hoy no se ha recibido nada adicional a lo que muestra la página web del Ministerio de Salud”.

Asimismo, alegó que uno de los argumentos para no entregar la información era que se trataba de datos sensibles, sin embargo, las municipalidades gestionan datos en el Sinirube e incluso declaraciones tributarias, comentó

Según Soler, esta situación trajo consigo que los cierres comerciales se hicieran sin ningún criterio territorial, cuando pudieron ser en sectores específicos. Por ejemplo, San Ramón cerró por casos presentados en sectores alejados como Peñas Blancas. O cerraban Vara Blanca porque en Heredia centro había casos.

Por su parte, Roberto Zoch, alcalde de Moravia y directivo de ANAI, destacó que la metodología de recolección y almacenamiento de los datos ha sido rudimentaria.

“En algún momento se nos dijo que se había implementado un nuevo sistema y que con esos mejoraría el proceso, pero en la práctica los municipios nunca lo vimos, y las áreas rectoras de salud nos han manifestado muchos problemas para la inclusión de datos en este sistema”, indicó.

Asimismo,  que en la transmisión de los datos siempre caminó de forma desfasada entre las autoridades nacionales y las locales.

“Nosotros como autoridades locales y como el nivel de gobierno más cercano a las personas, necesitábamos contar con estos datos de una forma precisa para poder realizar planes de mitigación del contagio.  Si hubiéramos tenido localizados los casos activos por barrio o por casa, pudimos haber realizado acciones más específicas de mitigación del contagio y hubiéramos fiscalizado de mejor forma el cumplimiento de medidas”, destacó Zoch.

Para las municipalidades es de suma importancia saber dónde se localizan los positivos, para así analizar factores de riesgo y tomar medidas en parques, transporte público o paradas, según sea la dinámica social del barrio.

Finalmente, Zoch alegó que “fue imposible que nos suministraran esos datos y la Contraloría lo que confirma es que no se tiene claridad en los datos. Es decir, la información ha sido manejada de una forma inadecuada, dejándonos a los municipios sin las herramientas para hacer una mejor contención de contagios”.

Condenan al Estado por diputado que no entregó información pública

Posted on by Luis Manuel Madrigal
Jorge Arguedas, diputado del Frente Amplio, durante una intervención en el Plenario legislativo. Foto: Luis Madrigal / El Mundo CR

San José, 16 ene (elmundo.cr) – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia –conocida popularmente como la Sala IV– condenó al Estado luego de que el diputado del Frente Amplio, Jorge Arguedas Mora, incumpliera con una entrega de información pública que le solicitó el alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona Cortés.

Así consta en la sentencia 2017-19716 emitida por el Tribunal Constitucional, a raíz de un recurso de amparo interpuesto por Barahona contra el legislador de izquierda en noviembre del 2017.

De acuerdo con el fallo, el alcalde solicitó al diputado, desde el 20 de setiembre del 2017, un informe de su gestión con datos sobre proyectos presentados directamente por su él, sus ventajas, los criterios técnicos de esas iniciativas y especificar cuáles van dirigidas, específicamente, a la atención de las necesidades del cantón de Escazú.

Asimismo, pidió un listado de proyectos que, siendo iniciativas de otros legisladores, Arguedas avaló con su firma y cómo contribuyen con el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Escazú; el estado de los proyectos (en Comisión o Plenario), la cantidad de giras realizadas desde el 1° de mayo de 2014 con el detalle de cada una, así como los datos del combustible utilizado y si el combustible fue aportado por la Asamblea Legislativa o por el diputado.

Finalmente, pidió el detalle de cada uno de los funcionarios que laboran en el despacho del legislador, sus atestados, el monto de los salarios de cada uno, un registro de asistencia del diputado a sus obligaciones, así como un informe de viajes al exterior con el detalle de si este fue pagado con recursos de la Asamblea Legislativa, propios o por otra institución u organización.

Arguedas respondió a las solicitudes el 9 de octubre, sin embargo, el alcalde acusó que el legislador diluyó, eludió y tergiversó aspectos puntuales de la información que le fueron solicitados, ya que indicó que la misma podía obtenerse en el portal de la Asamblea Legislativa y otra debía solicitarla en otro departamento del Congreso, por lo que pedía a la Sala Constitucional declarar con lugar el recurso.

Tras estudiar el caso, el Tribunal Constitucional constató que hubo una trasgresión al acceso de información pública, ya que el diputado dijo que la información sobre gasto de combustible, personal de confianza que se desempeña en su despacho, y demás datos administrativos, debía solicitarla ante la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa.

“Al recurrente no se le brindó la información requerida, sino que fue remitido a un enlace que lo direcciona a la página web de la Asamblea Legislativa, página en la cual deberá ubicar la información solicitada. De otra parte en cuanto a la información relacionada con el gasto de combustible y el personal de confianza que se desempeña en el despacho del diputado recurrido tampoco ha sido entregada esa información pues alega que la información se encuentra en la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa. Ante ese panorama el amparo deviene procedente”, dice el fallo.

La Sala explicó que, uno de los principios rectores de la organización administrativa, lo constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado.

“La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos. La coordinación administrativa tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada”, agregaron.

Según los Magistrados, si bien es cierto la información requerida por el alcalde se encuentra en la Dirección Ejecutiva de la Asamblea, lo cierto es que el diputado debió remitir la solicitud que recibió a la Dirección Ejecutiva, en virtud del principio de Coordinación Interinstitucional, y no obligar al solicitante el gestionar esa solicitud.

“En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso”, dice el fallo que ordena al legislador remitir la solicitud a la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa para que allí gestionen la información sobre combustible y sus asesores.

Adicionalmente, la Sala le dio 15 días al diputado para que entregue la información que el alcalde le solicitó sobre proyectos de Ley e informe de labores, con la advertencia de que, conforme con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá pena de prisión de 3 meses a 2 años o de 20 a 60 día multa a quien reciba una orden de esta Sala que deba cumplir o hacer cumplir y la incumpla, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Finalmente, la Sala condenó al Estado al pago de las costas, los daños y perjuicios ocasionados con las acciones del diputado, las cuales el alcalde podrá cobrar mediante el proceso de ejecución de sentencia en la vía contencioso administrativa.

Sala IV declara el puntaje de régimen académico de los funcionarios como datos de acceso público

Posted on by Luis Manuel Madrigal

San José, 15 ene (elmundo.cr) – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia –conocida popularmente como la Sala IV– declaró que los datos sobre el puntaje de régimen académico asignado a los funcionarios son datos de acceso público, por lo que pueden ser solicitados por cualquier persona.

Así se desprende del fallo 20697-2017 emitido a finales del 2017 por la mayoría del Tribunal Constitucional, luego de que se presentara un recurso de amparo en contra de la directora del Centro de Evaluación Académica de la Universidad de Costa Rica (UCR),Marta Picado Mesén, durante el mes de octubre.

Según la Sala Constitucional, la denunciante solicitó que se le indicara si el puntaje de régimen académico asignado a sus colegas era información de acceso libre, a lo que la Universidad le indicó que no era posible, porque ese dato podía ser considerado sensible.

“La Sala ha afirmado que una persona no requiere, en principio, demostrar algún interés particular ni justificar las gestiones de información planteadas ante la Administración. Por otro lado, este Tribunal ha considerado que la información consultada por la accionante (incluso aquella referida al salario de funcionarios públicos) es de carácter público, pues permite ejercer un control sobre el uso de fondos públicos, los procesos de nombramiento de empleados y la adecuada fiscalización de la gestión pública”, dijo la mayoría de la Sala en su fallo, el cual coincide con la sentencia 2016-016998, donde se estudió un caso similar.

Para los Magistrados, si bien la Picado Mesén simplemente respondió si era posible entregar esa información, lo cierto es que, en caso de que se presentara una solicitud de la misma, ésta sería rechazada con base en el criterio expuesto por la Administración.

“Lo anterior es suficiente para que este Tribunal acoja este recurso de amparo, a fin de garantizar a la tutelada el goce de sus derechos. Se declara con lugar el recurso”, dice el fallo.

Los jueces constitucionales ordenaron a la Directora del Centro de Evaluación Académica (CEA) de la Universidad de Costa Rica, atender las gestiones planteadas por la denunciante de conformidad con el ordenamiento jurídico y los lineamientos de esta sentencia.

Asimismo, se advirtió que se impondrá prisión de seis meses a tres años, o de 60 a ciento 20 días multa, a quien sea responsable por la declaratoria “con lugar” de un nuevo recurso de amparo o de hábeas corpus, por repetir, las mismas personas, las acciones, omisiones o amenazas que fueron objeto de un amparo anterior declarado procedente por la Sala.

La UCR fue condenada al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que deberán liquidarse mediante proceso de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

La Magistrada Hernández López salvó su voto y declaró sin lugar el recurso.

Sala IV ordena garantizar completo acceso a la prensa en Comisión que investiga el cementazo

Posted on by Redacción
Durante la audiencia de Juan Carlos Bolaños y Guillermo Quesada en la comisión del Congreso que investiga un crédito otorgado a la empresa Sinocem, la prensa no tuvo libre acceso al recinto donde se sesionaba. Foto: Luis Madrigal / El Mundo CR

San José, 4 oct (elmundo.cr) – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -conocida popularmente como la Sala IV- declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto contra la Comisión Especial del Congreso que estudia el caso del cemento chino, por impedir el libre acceso a la prensa al recinto donde sesiona ese órgano parlamentario.

Así consta en la sentencia 2017-15740, emitida por la unanimidad del Máximo Tribunal de Costa Rica, a raíz de un recurso de amparo interpuesto por Luis Madrigal, jefe de redacción de El Mundo CR.

El caso se remonta al 25 de agosto anterior, cuando comparecieron ante la Comisión el empresario cementero Juan Carlos Bolaños, y el exsubgerente del Banco de Costa Rica, Guillermo Quesada.

Al iniciar la sesión, el presidente de la Comisión, Ronny Monge Salas anunció que, debido a cuestiones de espacio, los medios de prensa no podían ingresar todos al recinto, por lo que debían ponerse de acuerdo para ingresar por turnos o de lo contrario no podría ingresar nadie.

“Le voy a rogar a los medios de la prensa que por razones de espacio no van a poder estar todos adentro del recinto. Si se ponen de acuerdo para hacer un rol pueden estar entrando y saliendo. Si no se logra acuerdo se van a tener que quedar todos por fuera”, declaró Monge, según consta en las grabaciones y actas de ese día.

Debido a tal orden, varios periodistas de distintos medios de comunicación quedaron por fuera del salón de la Comisión, teniendo que escuchar la sesión a través de un parlante en el pasillo o desde la barra del público, que estaba abarrotada de asesores legislativos.

Madrigal interpuso el amparo, tomando como antecedente un caso similar que data del año 2014, cuando el periodista José Rodolfo Ibarra denunció al entonces presidente de la Comisión de Hacendarios, Ottón Solís, por sacar a periodistas que cubrían el trámite del Presupuesto Nacional para el 2015, alegando falta de espacio.

En esa ocasión, la Sala declaró con lugar el recurso y desde entonces, Hacendarios sesiona en un recinto más grande donde puede entrar toda la prensa.

El periodista solicitó a la Sala que se ordenara a la Comisión sesionar en un lugar más grande, donde se garantice el completo y libre acceso a los medios de prensa, dado el interés público que reviste el caso que estudia ese órgano legislativo.

Tras analizar el caso por un mes, los Magistrados por unanimidad declararon con lugar el recurso, por violación al derecho a la información.

Se le ordena al Presidente de la Comisión Especial Sobre Créditos Bancarios, Diputado Ronny Monge Salas, o a quien ocupe su cargo, que adopte las medidas necesarias para que cuando se sesione en dicha Comisión, se haga en un recinto que garantice el acceso de los periodistas y de todos los medios de comunicación colectiva, asimismo que se abstenga de incurrir en el futuro en las conductas que fueron objeto de impugnación. Lo anterior bajo el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios que se liquidarán en la fase de ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los Magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y la Magistrada Hernández López ponen nota. Notifíquese a la parte recurrida en forma personal.
-Sentencia 2017-15740, Sala Constitucional 

“Agradezco a los magistrados de la Sala Constitucional el haber garantizado, una vez más, el libre acceso de los medios de comunicación a asuntos de interés público. Si bien es cierto la Asamblea Legislativa tiene problemas de espacio, cuando se conocen temas de relevancia nacional como el que acá nos ocupa es indispensable que se haga en recintos donde la prensa pueda desempeñar su labor sin limitación alguna”, afirmó Madrigal.

Durante la sesión de la Comisión del martes por la noche, el presidente de ese órgano, Ronny Monge anunció que trasladaron el por tanto del fallo a la Dirección Ejecutiva, para que allí se tomen las medidas pertinentes.