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Colegio de Abogados rechaza estigmatización de la profesión y defiende acceso a información pública

San José, 13 ago (elmundo.cr) – El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica emitió un pronunciamiento contundente en defensa del ejercicio profesional y las garantías fundamentales del Estado Democrático de Derecho, rechazando cualquier intento de vincular de manera generalizada a los juristas con actividades ilícitas o crimen organizado.

El gremio subrayó que el derecho de defensa, la libertad de expresión y el acceso a la información pública son pilares esenciales de la democracia costarricense. En este sentido, la organización enfatizó que “no resulta aceptable proyectar sospechas generalizadas sobre el gremio jurídico ni utilizar tales generalizaciones como fundamento para justificar restricciones al acceso a la información pública mediante declaratorias de secreto de Estado”.

Para el Colegio, los límites y la proporcionalidad de las medidas que restringen el acceso a datos públicos deben ser siempre objeto de “análisis, cuestionamiento e impugnación” dentro de una democracia sólida.

“Lo que no resulta admisible en un Estado Democrático de Derecho es sustituir la prueba individual por la sospecha colectiva, ni convertir el legítimo ejercicio profesional en motivo de descalificación generalizada”, señala el documento oficial.

Respaldo al gremio periodístico

El pronunciamiento también incluyó un mensaje de solidaridad hacia el Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) y los profesionales de la comunicación. El ente gremial de los abogados condenó las generalizaciones que afectan el ejercicio de la labor periodística, la cual calificó como una función vital para la sociedad democrática.

Finalmente, el Colegio de Abogados reafirmó su apoyo a sus agremiados cuando estos, en cumplimiento de sus responsabilidades, fiscalizan actuaciones públicas, defienden derechos o cuestionan decisiones estatales.

La institución aclaró que, en caso de existir elementos de prueba sobre conductas ilícitas de algún profesional en particular, estos deben ser trasladados a las autoridades competentes para su debido proceso, evitando así que se empañe la reputación de todo un gremio que, según destacan, es fundamental para el acceso a la justicia y la protección de las garantías ciudadanas.

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