Laura Fernández ante ausencia de jerarcas del Poder Judicial: Salados, si no quieren trabajar salados

Alajuela, 14 oct (elmundo.cr) – La presidenta de la República, Laura Fernández, cuestionó duramente este miércoles la ausencia de las autoridades judiciales en la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), clave para la estrategia de seguridad del país.

La mandataria calificó el hecho como un desaire a las necesidades urgentes de la población.

“Gracias a Dios tenemos una gran cantidad de aliados nacionales e internacionales. Y por eso me duele, me duele tanto ver que en un día tan importante para Costa Rica, en un día tan importante para la seguridad nacional, los grandes ausentes sean los representantes de las autoridades judiciales”, afirmó la mandataria.

Fernández enfatizó que esta falta de representación es un mensaje preocupante sobre el compromiso de dicho poder con la crisis de seguridad que atraviesa el país. “Los grandes ausentes del Poder Judicial dan una muestra más de que le dan la espalda al mayor problema nacional. Que le dan la espalda a lo que debería de ser la mayor cruzada nacional”, agregó.

La presidenta subrayó que la seguridad debería ser un eje de trabajo conjunto, ajeno a ideologías o colores políticos, al ser la principal preocupación de las familias costarricenses.

“El que quiera negar que el pueblo de Costa Rica clama por justicia, clama por paz y clama por tranquilidad, el que quiera negar esa realidad nacional, no me hace daño a mí o al Gobierno; le hace daño a las centenas de víctimas que han lamentablemente padecido la indolencia de algunos”, sentenció Fernández.

Finalmente, la presidenta aseguró que el Ejecutivo mantendrá su hoja de ruta a pesar de la falta de apoyo de ciertos sectores. “Por suerte son pocos y no nos vamos a detener porque estoy absolutamente segura y convencida de que continuaremos trabajando, se sume el que se sume. Esto no nos va a detener, pero sí deberán de rendirle cuentas al pueblo de Costa Rica”, concluyó.

Laura Fernández declara a carteles mexicanos y grupos colombianos como organizaciones narcoterroristas

Alajuela, 14 oct (elmundo.cr) – La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció este miércoles una medida contundente en la lucha contra la criminalidad al declarar oficialmente a diversos carteles mexicanos y grupos armados colombianos como organizaciones narcoterroristas.

“Marcamos un antes y un después de la lucha contra el crimen organizado en Costa Rica”, afirmó la mandataria, quien enfatizó que el país está utilizando “todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para frenar la avanzada del narcoterrorismo y para expulsarlos del territorio nacional”.

La declaratoria incluye a los carteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noroeste (antes conocidos como Los Zetas), del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Carteles Unidos.

Asimismo, la medida abarca a los grupos colombianos de las FARC, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Fernández destacó que esta decisión representa “otro paso valiente y necesario” en la política de seguridad nacional, dando continuidad a las acciones iniciadas en abril pasado, bajo la administración de Rodrigo Chaves, cuando el país declaró por primera vez como organizaciones terroristas a entidades como la Guardia Revolucionaria Islámica e Iraní, Hezbolá, Hamas y los hutíes en Yemen.

La presidenta subrayó la importancia de la cooperación internacional, agradeciendo al Gobierno de los Estados Unidos por su apoyo constante. “Agradezco a nuestro aliado confiable, el Gobierno de los Estados Unidos, quien en reiteradas ocasiones se ha referido a nuestro país como un socio y un aliado estratégico clave en la región para combatir el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional”, señaló.

Finalmente, la presidenta resaltó que el prestigio ganado por Costa Rica en materia de seguridad permitió la integración del país en la iniciativa “Escudo de las Américas”, catalogada por la mandataria como una de las estrategias de cooperación internacional más ambiciosas de los últimos años.

Documental revela los detalles detrás de la primera extradición de costarricenses a EE. UU.

San José, 13 oct (elmundo.cr) – El Ministerio Público anunció el lanzamiento de Extradición: la línea que cruzó la justicia, un documental en formato de videopodcast que detalla los acontecimientos históricos que permitieron a Costa Rica realizar, por primera vez, la extradición de dos ciudadanos nacionales hacia Estados Unidos.

La producción, que forma parte del espacio Radiografía del Crimen —galardonado con el Premio de Periodismo René Picado Esquivel 2025—, se dividirá en dos entregas. El primer episodio se estrenará este miércoles 14 de octubre a las 7:00 p. m., mientras que la conclusión estará disponible el 28 de octubre a la misma hora, a través del canal de YouTube del Ministerio Público y en plataformas de audio como Spotify y Apple Podcasts.

El documental aborda el camino desde la reforma al artículo 32 de la Constitución Política hasta la ejecución del operativo. El fiscal general, Carlo Díaz, quien dirigió la operación, destacó que el proceso representó “un desafío jurídico y operativo sin precedentes, que exigió coordinación y un trabajo riguroso de las instituciones involucradas”.

“Este proceso también evidencia la importancia de fortalecer la cooperación internacional y de contar con más herramientas jurídicas que permitan a los países trabajar de manera conjunta frente a estructuras criminales que trascienden las fronteras”, añadió Díaz.

La primera parte del material reconstruye el trabajo jurídico iniciado tras la primera solicitud de Estados Unidos, incluyendo la detención y el proceso judicial. Asimismo, incorpora análisis de especialistas en psicología y criminología sobre el impacto del narcotráfico en el país.

Por su parte, la segunda entrega se enfoca en la ejecución del operativo, reconstruyendo “minuto a minuto” la madrugada del 20 de marzo de 2026, fecha en la que se concretó la entrega de los extraditados. Esta producción incluirá imágenes inéditas del despliegue policial.

El documental cuenta con testimonios clave del fiscal general, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), jueces, magistrados de la Sala Constitucional, representantes de la DEA en Centroamérica y oficiales del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT).

“Con este documental queremos que la ciudadanía conozca cómo se desarrolló este proceso y comprenda el alcance de un cambio que marcó un antes y un después en la justicia costarricense”, concluyó el jerarca del Ministerio Público.

Gobierno inaugurará el CACCO este 14 de octubre

San José, 05 oct (elmundo.cr) – El Gobierno de la República anunció que el próximo miércoles 14 de octubre, a las 12:30 p.m., se llevará a cabo la inauguración oficial del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).

La presidenta de la República, Laura Fernández, destacó que esta obra responde a una promesa de campaña orientada a fortalecer la seguridad ciudadana.

“Por el dolor de las víctimas inocentes. Por las familias honestas que viven presas del miedo. Por un pueblo que está cansado de la impunidad y pide mano dura contra los delincuentes”, afirmó la mandataria.

Fernández enfatizó que la apertura de este centro representa un paso fundamental en la estrategia de seguridad del Poder Ejecutivo. “Por eso lo prometimos y hoy podemos decir con orgullo que el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado está listo”, señaló.

Finalmente, la presidenta reiteró la postura de su administración frente a la criminalidad: “Hoy más que nunca vamos a defender a nuestra patria con todas nuestras fuerzas”.

Defensoría participará en sesión de Fuerza Élite para evaluar seguridad nacional

San José, 05 oct (elmundo.cr) – La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, participará este lunes en una sesión de Fuerza Élite, el espacio de coordinación estratégica en seguridad del Gobierno, por invitación de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado.

El objetivo de la Defensoría es conocer de primera mano los análisis y hallazgos que las autoridades han generado sobre la situación de seguridad del país, especialmente en temas de seguridad ciudadana, prevención de la violencia, atención a víctimas y el sistema penitenciario.

“La Defensoría llega a este espacio a escuchar, a conocer la información y la evidencia que están generando las autoridades y también a aportar desde nuestra propia experiencia institucional. Queremos contribuir para que las respuestas frente a la criminalidad sean efectivas y, al mismo tiempo, garanticen los derechos de todas las personas”, afirmó Cruickshank.

La institución subrayó que su participación se realizará bajo un marco de independencia funcional, administrativa y de criterio. La Defensoría pretende utilizar este espacio para identificar oportunidades de mejora y emitir recomendaciones que fortalezcan las políticas públicas, siempre bajo un enfoque de legalidad y protección de los derechos humanos.

Para la Defensoría, la lucha contra la criminalidad y la garantía de los derechos humanos no son objetivos contrapuestos. En este sentido, la entidad enfatizó que una política de seguridad sostenible requiere de capacidad institucional, coordinación, persecución efectiva del delito y políticas penitenciarias adecuadas.

Esta intervención ocurre en un contexto donde, a pesar de una leve disminución respecto al año anterior, la violencia homicida sigue siendo un desafío crítico. Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al 24 de septiembre de 2026, Costa Rica contabilizaba 607 víctimas de homicidio doloso.

La Defensoría concluyó que su papel en este espacio será “escuchar, conocer la evidencia, aportar técnicamente, recomendar y dar seguimiento”, reafirmando que la seguridad y los derechos humanos deben avanzar conjuntamente.

Capturan a extranjero con vínculos con el Tren de Aragua tras seis años en fuga

San José, 10 sep (elmundo.cr) – Autoridades costarricenses lograron la captura de un hombre de nacionalidad extranjera, quien era buscado por las autoridades de Panamá y contaba con presuntos vínculos con la organización criminal conocida como Tren de Aragua.

El sujeto, cuya identidad no ha sido revelada, se mantenía en fuga desde hace seis años, evadiendo la justicia panameña. La operación fue coordinada por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), con el apoyo operativo de la Unidad Especial de Intervención (UEI) y la Fuerza Pública, logrando localizar al sospechoso en territorio nacional.

Pablo Martínez Bertozzi, director de la DIS, confirmó que la captura es el resultado de un trabajo de inteligencia prolongado y una estrecha colaboración entre los cuerpos policiales.

“Esta detención es un golpe significativo contra las estructuras criminales que intentan operar en nuestra región. Gracias a la coordinación con la UEI y la Fuerza Pública, logramos interceptar a este individuo que era requerido internacionalmente por su vinculación con el Tren de Aragua”, señaló Martínez Bertozzi.

El funcionario enfatizó que la presencia de miembros de organizaciones criminales transnacionales es un tema que el gobierno aborda con prioridad para garantizar la seguridad ciudadana y evitar que Costa Rica sea utilizada como refugio para delincuentes de alto perfil.

El detenido se encuentra ahora bajo custodia de las autoridades correspondientes, a la espera de los trámites legales para su proceso de extradición hacia Panamá, donde deberá responder por los delitos que se le imputan.

Las autoridades no descartan que el sujeto haya estado intentando establecer redes de apoyo para la organización criminal en el país, por lo que las investigaciones continúan abiertas.

Diana Murillo alerta que Laura Fernández podría estar esperando receso del Congreso para permitir ingreso de tropas militares de EE.UU.

San José, 07 sep (elmundo.cr) – La diputada de Liberación Nacional, Diana Murillo, criticó el manejo que ha hecho la presidenta de la República, Laura Fernández, en materia de seguridad y política exterior.

Murillo comentó que “la señora presidenta declaró ante una agencia internacional que la realización de operaciones terrestres militares por parte de Estados Unidos, abro comillas, le haría muy bien a la seguridad nacional, cierro comillas”.

“Sin embargo, casi al mismo tiempo sostiene que no existe ningún plan concreto con Washington para el ingreso de tropas militares a Costa Rica. Y luego se apresura a aclarar que no está valorando solicitarle a esta Asamblea Legislativa un estado de emergencia ni la suspensión de las garantías individuales para hacerle frente a la gran violencia por la que atraviesa este país”, sostuvo.

La liberacionista cuestionó que “aquí algo no está claro. No se puede jugar con la soberanía ni con la angustia de un país. No se puede afirmar con ligereza ante un medio internacional que operaciones terrestres extranjeras le harían un bien a este país para después escudarse en que no hay planes concretos. Entonces, ¿lo necesitamos o no lo necesitamos?”.

“La seguridad de la República no se gestiona mediante estas contradicciones públicas. Seamos francos. Ante la realidad que se pretende maquillar, el gobierno intenta vender triunfalismos con citas numéricas de homicidios. Es cierto que en el primer semestre del 2025 tuvimos cuatrocientas cuarenta víctimas por homicidios y que en este primer semestre veinte veintiséis eso se ha reducido en un catorce por ciento y hoy la cifra es de trescientos setenta y ocho homicidios. Pero por favor, esto no es para celebrar, es absolutamente insuficiente ante el drama que vivimos”, aseguró.

Murillo recordó que “trescientos setenta y ocho costarricenses asesinados en apenas seis meses sigue siendo una cifra realmente espeluznante. El sicariato está en cada barrio, en cada rincón del país y esa alarma nacional no se apaga con un discurso ni improvisando la llegada de tropas extranjeras sin un rumbo claro, sin una estrategia. Esto le corresponde al Ministerio de Seguridad Pública, quien es el responsable de la seguridad de este país. Y esa es nuestra postura”.

“Estamos plenamente de acuerdo con fortalecer la cooperación internacional. El narcotráfico, el crimen organizado y las amenazas transnacionales no se vencen en el aislamiento. Costa Rica necesita y merece esas alianzas estratégicas, inteligencia compartida, apoyo técnico, equipo especializado de primer nivel. No se puede hacer de forma aislada, pero que quede constancia histórica, cualquier eventual participación o presencia de fuerzas extranjeras en nuestro suelo debe darse con absoluto respeto a la soberanía nacional y dentro de los límites estrictos que dicta nuestra Constitución Política”, sostuvo.

Murillo enfatizó que “así lo estipula claramente el artículo 121 de la Constitución, inciso 5, establece con total claridad que corresponde exclusivamente a este Poder Legislativo dar la autorización para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional. Por lo tanto, una decisión de este calibre jamás podrá adoptarse de manera aislada por el Poder Ejecutivo”.

“No vaya a ser que la presidenta Laura Fernández espere a que esta Asamblea entre en receso para esquivar este control político y tomar esta trascendental decisión a solas, porque también lo permitiría la Constitución que sea tomada esta decisión solamente por ella en caso de que nos encontremos en receso”, indicó.

“Así que estaremos vigilantes para que esto no suceda. Así lo manda nuestra Constitución. Costa Rica tomó una decisión histórica y civilista hace décadas al abolir las fuerzas armadas. La lucha contra el crimen organizado exige firmeza real, estrategia seria e institucional, jamás ceder nuestra soberanía a este tipo de pretensiones”, concluyó.

DEA otorga reconocimiento al fiscal general por su lucha contra el narcotráfico

Buenos Aires, 20 ago (elmundo.cr) – El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, sostuvo esta semana reuniones de alto nivel con autoridades de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, con el objetivo de fortalecer la estrategia conjunta contra el narcotráfico y la corrupción.

Los encuentros se llevaron a cabo en el marco de la Reunión 40 de la IDEC XL, celebrada en Buenos Aires, Argentina, donde se definieron nuevos objetivos de trabajo entre Costa Rica y Estados Unidos para enfrentar las estructuras criminales transnacionales.

Previo al inicio de la actividad, Díaz se reunió con el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, con quien analizó las amenazas actuales del tráfico internacional de drogas. Durante la cita, la agencia estadounidense otorgó un reconocimiento al Fiscal General por la colaboración inquebrantable del Ministerio Público costarricense.

La distinción destaca: “En reconocimiento a nuestros socios costarricenses por su inquebrantable colaboración con la DEA en la lucha contra el narcotráfico. Su firme compromiso con la seguridad fortalece la profunda amistad entre nuestras naciones”.

Posteriormente, el jerarca del Ministerio Público se reunió con Jeff Randall, director de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, para coordinar acciones sobre seguridad y el procesamiento judicial de personas detenidas en altamar. Díaz explicó que estos casos están siendo tramitados mediante el procedimiento expedito de flagrancia para asegurar una respuesta judicial ágil.

“La lucha contra el narcotráfico no puede entender de fronteras. Costa Rica necesita fortalecer permanentemente sus capacidades investigativas, pero también requiere aliados estratégicos que permitan enfrentar a estas organizaciones donde quiera que operen”, afirmó Díaz.

Por su parte, las autoridades estadounidenses resaltaron que el trabajo del Ministerio Público de Costa Rica es utilizado actualmente como referencia para otras naciones, debido a la efectividad en la articulación de acciones de cooperación y respuesta judicial.

Según informó la Fiscalía, varios de los compromisos establecidos desde 2024 ya han sido cumplidos, por lo que el país inicia ahora una segunda etapa orientada a profundizar el intercambio de información y desarticular estructuras criminales y focos de corrupción que faciliten sus operaciones.

Además de los encuentros con funcionarios estadounidenses, el fiscal general mantuvo reuniones de cooperación con sus homólogos de Panamá, Honduras y Guatemala, reafirmando la estrategia regional del Ministerio Público contra el crimen organizado.

Presidencia reafirma que el crimen organizado ha permeado “hasta los tuétanos” del Poder Judicial

San José, 13 ago (elmundo.cr) – La Presidencia de la República reafirmó este miércoles su postura sobre la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en las estructuras del Poder Judicial, asegurando que el fenómeno ha llegado “hasta los tuétanos” de la institución.

Mediante el oficio N° PR-DP-OF-0448-2026, suscrito por el director del Despacho Presidencial, Alexander Astorga Monge, el Poder Ejecutivo respondió a una solicitud de información ciudadana, detallando una serie de casos judiciales que, a criterio del Gobierno, sirven como “prueba irrefutable” de la penetración delictiva en el aparato de justicia.

El documento sostiene que la situación es de “extrema gravedad” y cita como ejemplos emblemáticos los procesos contra funcionarios judiciales en casos como “Talamanca” (2021), “Corruptela en Limón” (2022-2023), “Paso Canoas”, “Sartra” y “La Unión” (2024), donde fiscales, jueces y técnicos judiciales fueron investigados por facilitar impunidad, filtrar información de operativos y vender acceso a sistemas confidenciales.

Asimismo, el Ejecutivo enfatizó en el caso del exmagistrado de la Sala Tercera y ex fiscal general adjunto, Celso Gamboa Sánchez, cuya situación escaló hasta su detención internacional por parte de Interpol y el OIJ, bajo acusaciones de conspiración para el tráfico de drogas y protección legal a estructuras criminales.

“Resulta importante destacar que, es desde la cúpula del Poder Judicial donde se cuenta con las potestades de fiscalización, control y acceso a la información (…) siendo imperativo un rol más activo en la depuración interna frente a este flagelo que amenaza al Estado costarricense”, señala el oficio.

El Despacho Presidencial instó a los integrantes de la Corte Plena a solicitar informes pormenorizados al Ministerio Público y a la Sala Tercera sobre el estado de estas investigaciones, subrayando la necesidad de una mayor transparencia en los procesos disciplinarios y penales contra funcionarios judiciales.

Finalmente, el Gobierno lamentó la ausencia de representantes del Poder Judicial en la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, espacio en el cual, según el Ejecutivo, se pretendía abordar este tema como un asunto prioritario de seguridad nacional.

Kattia Calvo: No hay nada peor en la vida que un comunista progre democrático

San José, 12 ago (elmundo.cr) – La diputada de Pueblo Soberano, Kattia Calvo, salió al paso de las críticas de la diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, contra el decreto para aplicar secreto de Estado sobre la información, archivos y presupuestos de órganos clave de seguridad nacional.

Calvo señaló que “no hay nada peor en la vida que un comunista, creía yo, pero resulta que sí, hay algo peor. Un comunista progre y un comunista progre democrático resulta peor. Ese afán de estar mintiendo y alimentando el miedo y tergiversando la información al respecto de la conspiranoia y la captura de la información”.

“Cosa que se ocurre en los países comunistas donde hay inclusive células en todo el país que mantiene alimentando esas células con información de todos los habitantes para mantenerlos controlados. Se van a las escuelas, se adoctrinan y ese tipo de cosas para mantener un régimen dictatorial. Entonces quieren venderle aquí a la gente en Costa Rica que eso ocurre aquí”, criticó.

Calvo explicó que “la Operación Pegasus no es eso, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Dejen de meterle miedo a la gente. Costa Rica está atravesando una situación de seguridad crítica, una situación realmente crítica y la información sensible en materia de seguridad se puede clasificar como secreto de Estado. Esa es una potestad que el Poder Ejecutivo tiene y la está ejerciendo”.

“Yo no sé por qué les molesta tanto. Cuando ustedes sean Poder Ejecutivo, lo pueden hacer. Ya Luis Guillermo Solís lo hizo con asuntos inclusive diplomáticos de poca monta. Determinó que eran asuntos de Estado, secretos de Estado y la Sala Constitucional le dio la razón y le pidieron informes al respecto y nadie lo pudo obligarlo porque él declaró que eran secretos de Estado, asuntos diplomáticos. Imagínense usted es un tema de seguridad nacional”, manifestó.

Calvo indicó que “el crimen organizado ahora no es cualquier cosa. Tiene recursos, tiene inteligencia, tiene tecnología. Las alianzas estratégicas que haga el Estado, que haga el gobierno, el Grupo Élite que lidera la presidente de la República y la información que ahí se maneje es información sensible que ella puede declarar secreto de Estado por un tema de seguridad. O cada uno de los que tiene un sistema de seguridad en su casa le da a los criminales la clave de la caja fuerte y le dice cuáles son los puntos ciegos de las cámaras. Y ahí le dice cuál es el rol de los oficiales de seguridad que tiene la empresa y cuál es la respuesta armada que tiene en su perímetro”.

“No, las estrategias de seguridad son información sensible. O todos ustedes van y divulgan cuál es su clave de acceso a sus tarjetas de débito, de crédito o dónde están ocultas sus cajas fuertes en la casa. Los temas de seguridad son confidenciales y son secreto de Estado. Y así lo maneja el Grupo Élite y es discreción del Poder Ejecutivo hacerlo. Aquí nos está capturando información. Información se pretendió capturar con las pruebas FARO, información sensible sobre vulnerabilidad de los niños, información sensible de los hogares. Se pretendió hacer con el nefasto UPAD que quería brindarle al Estado la potestad de obtener información de los hogares durante el gobierno de Carlos Alvarado para tener información realmente sensible de todas las personas”, indicó.

Calvo enfatizó que “por dicha no le funcionó ni la FARO ni el UPAD. Y ahora vienen aquí a hablar de asuntos delicados de seguridad nacional y información sensible y el tema de transparencia. Un asunto es la transparencia y otro asunto es que esa transparencia se convierta en un arma que pueda usar el crimen organizado en contra nuestra”.

“El Ejecutivo tiene toda la potestad de saber qué información es sensible y va a manejar de forma discreta y la información que es pública es pública y la gente tiene acceso a la información pública. Y lo que se declare como secreto de Estado es por un tema de seguridad, por un tema de seguridad de los costarricenses, de los ciudadanos hasta donde pretenden hacernos creer a nosotros los que viven del caos, los que viven de la desgracia, de la desesperación, los que viven del desorden, de que están preocupados por nuestros datos sensibles y nuestra seguridad”, concluyó.