Patricia Solano denuncia ataques e intromisiones en su vida personal durante proceso de reelección como magistrada

San José, 02 nov (elmundo.cr) – La magistrada Patricia Solano cuestionó los señalamientos y las investigaciones sobre su vida personal y laboral, en medio del proceso para reelegirse en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Control y Gasto Público, Solano aseguró que ha enfrentado un nivel de escrutinio que considera inusual y que, según manifestó, ha llegado hasta aspectos de su intimidad.

“Creo que ningún juez o jueza de este país ha sido objeto de tantos ataques e investigaciones de mi vida personal y laboral e intromisión en la esfera de mi intimidad como he tenido que soportar en estos meses”, declaró.

La magistrada recordó que comunicó a la Asamblea Legislativa su decisión de buscar la reelección el pasado 21 de septiembre. Desde entonces, indicó, se sometió al proceso de revisión de la Comisión de Nombramientos y presentó los atestados solicitados.

Cuestiona exigencias durante el proceso

Solano afirmó que, durante el trámite, debió cumplir requisitos que, a su criterio, van más allá de los establecidos en el artículo 159 de la Constitución Política.

También recordó su comparecencia del 21 de octubre ante la Comisión de Nombramientos, donde, según relató, defendió su gestión y los resultados estadísticos de la Sala Tercera.

La magistrada señaló que en esa audiencia tuvo que responder preguntas sobre aspectos de su vida personal.

“Incluso debí dar explicaciones al diputado Antonio Barzuna hasta de mi vida personal y atender consultas de la señora presidenta sobre llamadas personales”, manifestó.

Candidata a magistrada propone eliminar audiencias preliminares para agilizar procesos penales

San José, 30 oct (elmundo.cr) – La aspirante a la magistratura de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Rosa María Acón, propuso la eliminación de la “audiencia preliminar” como una medida estratégica para reducir la mora judicial y aligerar los procesos penales en Costa Rica.

La especialista en Derecho Penal Económico, quien compareció ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa como parte del proceso para sustituir a la magistrada jubilada Sandra Zúñiga Morales, argumentó que esta etapa procesal suele convertirse en un cuello de botella que retrasa la justicia.

Como ejemplo de la ineficiencia del sistema actual, Acón citó el caso Aldesa, señalando que en dicho proceso la audiencia preliminar tardó siete años en concretarse. Según la postulante, prescindir de esta fase permitiría una mayor celeridad en casos de estafa mayor y otros delitos complejos.

La propuesta fue recibida en un contexto de creciente descontento legislativo respecto al funcionamiento del Poder Judicial. Durante la audiencia, el diputado Antonio Barzuna manifestó su malestar con el sistema actual, asegurando que “en Costa Rica no tenemos justicia ni pronta ni cumplida”.

La elección de la vacante en la Sala Tercera se tramita bajo el expediente 25.609. El proceso de selección, que inició el 10 de junio de 2026 tras la jubilación de Zúñiga Morales el 1 de junio del mismo año, se encuentra en su etapa de audiencias, con una fecha límite para dictaminar fijada para el próximo 26 de diciembre.

La Comisión de Nombramientos evalúa actualmente a 20 candidatos —ocho mujeres y doce hombres— bajo una metodología que otorga un 70% de peso a los atestados y un 30% a la entrevista.

Cuestionan crédito de ₡128 millones otorgado a magistrada Patricia Solano por Asociación Solidarista

San José, 24 oct (elmundo.cr) – La Asociación Solidarista de Servidores Judiciales se encuentra bajo la lupa tras aprobar un crédito de ₡128 millones a la magistrada de la Sala Tercera, Patricia Solano, una operación financiera que ha generado fuertes cuestionamientos por parte de la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel.

Según la información expuesta por la legisladora, el plazo del préstamo, fijado a 30 años, implicaría que la magistrada terminaría de cancelar la deuda cerca de los 96 años de edad. Esquivel enfatizó la necesidad de esclarecer los criterios técnicos y las garantías que respaldaron esta aprobación.

“Son ₡128 millones. No estamos hablando de cualquier préstamo. Voy a pedir que expliquen quién lo aprobó, con qué garantías y si a cualquier asociado en condiciones similares le ofrecen lo mismo. El cargo de magistrada no puede significar un trato especial”, afirmó Esquivel.

La diputada señaló además que la propiedad utilizada como respaldo registra una estimación de compra de US$45.000 en 2023, un monto que, a su juicio, no corresponde a un avalúo actualizado de 2025, por lo que se desconocen los detalles de la valoración técnica empleada para justificar el crédito.

Cesantía bajo la lupa

Más allá de las condiciones del préstamo, Esquivel ha puesto en duda la legalidad de los aportes de cesantía que se habrían realizado a nombre de Solano. La legisladora sostiene que, debido a su condición de magistrada y su eventual estatus como pensionada, es necesario determinar si dichos pagos correspondían legalmente.

“Con la cesantía el asunto es sencillo: hay que establecer si esa plata le correspondía. Si hubo aportes, deben mostrar la norma que los permitía, cuánto se depositó y quién lo autorizó. Si se entregó dinero indebidamente, deben determinarse las responsabilidades”, sentenció la diputada.

Esquivel adelantó que solicitará una investigación detallada para aclarar qué pagos se realizaron, qué periodos comprendían y cuál fue el respaldo legal para cualquier aporte posterior a la liquidación que Solano habría recibido anteriormente.

Este cuestionamiento se suma al escrutinio político que enfrenta la magistrada Solano, cuya reelección ha sido rechazada recientemente por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, instancia presidida por la propia Esquivel, citando preocupaciones sobre su gestión en la jurisdicción penal y la falta de avances en la carrera fiscal del Poder Judicial.

Barzuna a magistrada Patricia Solano: No me interesa su vida amorosa

San José, 22 oct (elmundo.cr) – La magistrada y presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, protagonizó un tenso intercambio con el diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Antonio Barzuna, durante su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.

El legislador oficialista cuestionó a la magistrada por una serie de videos y denuncias ciudadanas recibidas en su despacho, en las que se le señala por un presunto uso de recursos del Poder Judicial, como vehículos y teléfonos celulares, para asuntos de carácter personal.

Ante la consulta directa de Barzuna, Solano negó categóricamente las acusaciones sobre el equipo de comunicación. “Nunca he tenido celular institucional, he utilizado solo mi teléfono personal y nunca he utilizado un celular del Poder Judicial”, afirmó la magistrada.

Respecto a las imágenes de un vehículo institucional que el diputado presentó como parte de las denuncias, la magistrada evitó confirmar si se trataba del automóvil asignado a su cargo. En su lugar, Solano hizo referencia a una figura que aparecía en las tomas, identificándolo como Marco Tulio Bonilla, un deportista de alto rendimiento.

“Pensé que era más importante los resultados de mi gestión que mi vida amorosa”, declaró Solano durante la sesión, intentando desviar el enfoque de la consulta. Ante la insistencia de Barzuna sobre si el vehículo era el institucional, la magistrada reiteró que, a partir de la imagen mostrada, no podía determinar que fuera el asignado a su persona.

El diputado Barzuna enfatizó que su interés no radicaba en la vida privada de la funcionaria, sino en la correcta administración de los bienes públicos. “Yo no estoy interesado en su vida amorosa. Lo que quiero saber es si está utilizando recursos del Poder Judicial para temas personales”, replicó el legislador.

Este cuestionamiento se da en el marco de la evaluación de la continuidad de Solano en su cargo. Recientemente, la fracción de Pueblo Soberano votó en contra de recomendar su reelección como magistrada de la Sala Tercera, citando preocupaciones sobre la gestión judicial y la inseguridad en el país.

La decisión final sobre su permanencia, que requiere de 38 votos en el plenario para ser rechazada, será tomada por el Congreso en los próximos días.

Sala Tercera propone incluir vinculación con el crimen organizado como criterio para dictar prisión preventiva

San José, 12 oct (elmundo.cr) – La Sala de Casación Penal (Sala Tercera) presentó ante la Corte Plena una propuesta de reforma al Código Procesal Penal con el objetivo de incluir la pertenencia o vinculación con estructuras criminales organizadas como un criterio determinante al valorar la imposición de la prisión preventiva.

La iniciativa, expuesta este lunes durante la sesión de Corte Plena, busca que los juzgadores puedan considerar dicho vínculo cuando las características de la organización criminal proporcionen al imputado capacidades que incrementen el peligro de fuga o de obstaculización del proceso judicial.

El proyecto argumenta que “las transformaciones experimentadas por la criminalidad en los últimos años plantean nuevos desafíos para el sistema de justicia penal”. Según el texto, la capacidad de influencia, los recursos económicos y logísticos, así como la extensión territorial de estas estructuras, inciden directamente en los riesgos que el proceso penal debe cautelar.

La propuesta enfatiza que el objetivo es dotar a la jurisdicción penal de herramientas modernas, manteniendo siempre el carácter excepcional y cautelar de la prisión preventiva, la cual no debe entenderse como una pena anticipada.

Restricciones a la reinstalación de funcionarios

De manera complementaria, las Salas Primera y Segunda plantearon reformas para limitar la reinstalación de funcionarios públicos en sus puestos cuando enfrenten procesos judiciales por despido sin responsabilidad patronal, especialmente en casos vinculados a actos de corrupción o nexos con el crimen organizado.

La Sala Primera propone una modificación al Código Procesal Contencioso Administrativo para establecer que la reinstalación sea una medida excepcional. En caso de ser necesaria, el Tribunal deberá especificar los alcances de la medida, prohibiendo que el funcionario regrese al mismo despacho u oficina donde se desempeñaba.

Además, se establece que cualquier medida provisionalísima de reinstalación no podrá extenderse por más de quince días hábiles.

Por su parte, la Sala Segunda presentó una propuesta de reforma al Código de Trabajo con el mismo enfoque: hacer excepcional la reinstalación en las relaciones de empleo con el Estado, sus instituciones y órganos, cuando el despido se fundamente en conductas de corrupción o colaboración con organizaciones criminales.

Desde el Poder Judicial señalaron que estas iniciativas reflejan un compromiso con la actualización del marco normativo frente a la criminalidad actual. Las propuestas serán sometidas a consultas y observaciones antes de que puedan ser presentadas como proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa.

El Poder Judicial aclaró que estas reformas no implican una revisión de resoluciones judiciales ni una intervención en casos concretos, respetando en todo momento la independencia de los jueces y juezas.

Sala Tercera confirma inhabilitación por dos años a auditor del Infocoop por incumplimiento de deberes

San José, 16 ene (elmundo.cr) – La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia confirmó la inhabilitación por dos años de Guillermo Calderón Torres, auditor del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), por incumplimiento de deberes.

La decisión, que cierra definitivamente la vía judicial, fue tomada mediante la resolución n.º 2026-00052, emitida el 15 de enero de 2026.

El caso, registrado bajo el expediente 20-000034-1218-PE, se originó por hechos calificados como incumplimiento de deberes en perjuicio de los deberes de probidad, según consta en el fallo judicial.

La denuncia anónima presentada en 2017 al Infocoop señalaba faltas por parte de Calderón, incluyendo tráfico de influencias. A pesar de tener un aparente conflicto de interés, Calderón conoció el documento y recomendó a la Junta Directiva su archivo, emitiendo una resolución que desestimaba la denuncia.

En primera instancia, el Tribunal Penal de Goicoechea declaró culpable a Calderón Torres, imponiendo la inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años y una condena de dos años de prisión con beneficio condicional.

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José confirmó la condena, y la Sala Tercera rechazó el recurso de casación presentado por la defensa, cerrando definitivamente el caso.

Freddy González Rojas, presidente honorario del Movimiento Cooperativo, manifestó respeto por la sentencia. “Esta inhabilitación es por incumplimiento de deberes dado que, en una resolución, se favoreció, pero no es solo eso, tenía a una compañera sentimental trabajando en el Fondo Nacional de Autogestión (FNA) y cuando esta señora se fue de la institución, apareció haciendo cuestionamientos y auditorías y actuando en contra de este Fondo por mera revancha”, declaró.

Además de la inhabilitación, Calderón Torres enfrenta una investigación por presunta beligerancia política, debido a la divulgación de imágenes donde participa en actividades del PLN mientras se desempeñaba como auditor del Infocoop, cargo que exige neutralidad política.

Fiscal encabezará juicio contra diputado oficialista por “ofrecer embajada” a Sofía Guillén

San José, 12 ene (elmundo.cr) – El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, encabezará el juicio contra el diputado Alexander Barrantes Chacón, acusado por el presunto delito de cohecho impropio, relacionado con el caso Eurobonos.

El debate judicial está programado para iniciar el 13 de enero en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

La Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el fiscal general tiene la responsabilidad de investigar a los miembros de los Supremos Poderes y de solicitar lo necesario para la resolución de sus casos. Además, puede intervenir en los juicios de la Sala Tercera, pudiendo estar acompañado por un fiscal.

Los hechos que llevaron a la acusación contra Barrantes ocurrieron el 9 de noviembre de 2022. Según la investigación, el diputado solicitó a una legisladora una reunión para discutir el proyecto de ley conocido como “Eurobonos”.

Durante la conversación, Barrantes habría expresado su interés en obtener los votos favorables del partido de la legisladora. A cambio, presuntamente ofreció puestos en el gobierno o embajadas, que, según indicó, estaban vacantes.

La investigación determinó que la ventaja indebida se ofreció para beneficio de la funcionaria o de personas cercanas a su fracción política. Ese mismo día, la diputada denunció públicamente los hechos.

La Procuraduría General de la República se ha constituido como querellante y actor civil en este caso.

Gloria Navas insta a la Sala Tercera a resolver la contradicciones generadas por la Ley de Crimen Organizado

San José, 25 oct (elmundo.cr) – La diputada de Nueva República, Gloria Navas, instó a la Sala Tercera a resolver la contradicciones generadas por la Ley de Crimen Organizado.

Para Navas “la responsabilidad, con respecto a esta norma es sumamente delicada para la Asamblea Legislativa, porque en este momento también hay una discusión a niveles de los tribunales sobre la interpretación y aplicación de esa norma, entonces yo creo que el problema principal aquí en este momento es de los tribunales de justicia y que nosotros no debemos correr con esos proyectos porque nosotros planteamos otro también que tiene observaciones positivas y observaciones negativas”.

“Creo que no estamos listos, para apurarnos y pasar esta ley, en esa forma me parece que es sumamente peligroso y también ¿cuál es el problema en este momento y cómo se está resolviendo en la Asamblea Legislativa? La Sala Constitucional, dijo que era un tema de legalidad, por eso es que están dejando en libertad a personas que se están investigando en crimen organizado, porque han planteado habeas corpus, se planteó una consulta constitucional de parte de los jueces de Cartago, y la Sala dijo que era un tema de legalidad”, recordó.

La legisladora añadió que “se dijo, yo no tengo nada que ver, esto no es constitucional resuelvan entre ustedes, y los tribunales están resolviendo y no están en la misma posición, hay tribunales superiores que están de acuerdo y dicen que está derogado y que no tienen competencia para resolver, pero otros tribunales dicen que si está vigente, el Fiscal General ya manifestó públicamente y vino aquí a la Asamblea e indicó que no está derogado, porque hay otras disposiciones dentro de la misma Ley de Crimen Organizado, que pueden ser aplicables, para no invalidar las telecomunicaciones y no invalidar los allanamientos”.

“Es, decir el tema es muy delicado, se contradicen los proyectos por una parte y otra parte y tomar una decisión de que la Asamblea Legislativa dicte una ley en este momento, va a cambiar la aplicación de una norma que está en discusión en los tribunales de justicia”, apuntó.

Ante esto cuestionó: “¿Dónde se va a resolver el problema? El problema lo tiene que resolver la Sala Tercera. ¿Por qué? Porque la Sala Tercera, tiene la competencia de unificar jurisprudencia, tiene el poder como la Sala Constitucional en materia penal, como hay varios tribunales de apelación si hay contradicción entre los fallos de los tribunales de apelación de sentencia, entonces mediante el Recurso de Casación, la sala puede unificar la jurisprudencia”.

“Entonces quiere decir que la Sala, es la que puede decir está vigente o no está vigente, para hacerlo más sencillo”, concluyó.

Comisión de Nombramientos recibe a candidata a magistrada de la Sala III

San José, 7 sep (elmundo.cr) – La Comisión Permanente Especial de Nombramientos entrevistó este miércoles a Cynthia Dumani Stradtmann, candidata a magistrada de la Sala III en el marco del Expediente 23014.

Dumani explicó que tiene el conocimiento de la materia dado que cuenta con treinta años de laborar en la judicatura. Desde hace año y tres meses es Magistrada Suplente de la Sala III y le corresponde el procedimiento de revisión de la cosa juzgada.

La funcionaria informó que está finalizando el doctorado en derecho penal y se ha especializado en crimen organizado y se encuentra preparada para ejercer este cargo.

Expuso estar comprometida con la Institución y con la ciudadanía, que espera una justicia pronta y un estudio bien elaborado. La labor de los magistrados debe ser jurisdiccional. Se deben maximizar los insumos, los programas de justicia distributiva, para lograr una justicia pronta y cumplida y de calidad. Forma parte de la Comisión de Violencia doméstica, y ha apoyado a los juzgados en la materia. Estará comprometida con los valores judiciales y el fundamento del deber de probidad.

La diputada de Nueva República, Gloria Navas, preguntó sobre la experiencia en materia penal, a lo que Dumani indicó que en Guanacaste y Alajuela se ha desarrollada y a partir del 2009 es jueza suplente y tiene especialidad en derecho agrario, de la época en que la materia penal estaba incluida en ese espacio. Como suplente de la Sala Tercera destaca que el tema de la admisibilidad es de mucha discusión, además de los requisitos que deben cumplirse. Se debe ser más abiertos pese a la exigencia de no entremezclar los motivos. Hay temas que deberían tocarse de todas maneras y si tienen los requisitos básicos sí deben desarrollarse.

Consideró que en caso de la violencia doméstica es un tema muy difícil, los femicidios siguen muy altos. Las instituciones deben informar que pueden acompañar a abordar los temas a las mujeres aquejadas por la violencia. Es toda una estructura sociológica que debe cambiarse. Las instituciones podrían abordar el tema desde las escuelas y colegios.

La diputada de Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros, le consultó sobre la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial, ante lo que considera que continuaría algunas acciones que se han emprendido como en el caso de conflictos de interés. Destacó que visibilizaría los conflictos de interés, evaluación del desempeño, si los funcionarios continúan con la capacitación, se pueden dar visitas de la inspección judicial. Los magistrados son nombrados para ser jueces razón por la cual muchos de los temas podrían delegarse en el Consejo Superior. Si hay un plus salarial por la parte administrativa debe pagarse según la reducción en responsabilidades administrativas. Está de acuerdo que los votos sean públicos. Le corresponde a la Asamblea variar que los votos sean públicos. En respuesta al tema de la separación de la Sala Constitucional, sería conveniente. El Ministerio público daría un mejor servicio fuera de la Corte y el fiscal tendría más independencia.

Sobre su participación en una sociedad anónima en Panamá responde que estuvo momentáneamente en ella, es de su esposo, de sus empresas. Tramitó salir a principios de este año. Son asuntos que tienen que ver con asuntos en Costa Rica. El esposo es abogado y notario, trabaja en bienes raíces, en Guanacaste ha sido muy próspero.

El diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, preguntó sobre reformas legislativas para mejorar la justicia a lo cual respondió que se encuentra toda la jurisdicción del crimen organizado. Sobre la desestimación de un juicio contra ella y su esposo por lavado de dinero señala que los hechos nunca se pudieron comprobar, se les involucró en un acto imaginario. Ortega comentó que Hacienda comentó que no ha cumplido con las obligaciones tributarias. Responde que hace las declaraciones juradas como funcionaria pública.

Sánchez asegura que Asamblea debe “cuestionarse su machismo” ante rechazo de jueza Patricia Vargas

San José, 20 jul (elmundo.cr) – El diputado del Partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez, aseguró que “una Asamblea Legislativa que se permite rechazar 5 veces a una jurista con el currículum de Patricia Vargas, argumentando “cercanías” y no viendo sus atestados, no solo necesita una urgente revisión de su sistema de nombramientos, sino cuestionarse su machismo y su más básica visión de democracia”.

La jueza penal Patricia Vargas González, candidata mejor calificada en el concurso efectuado en la Asamblea Legislativa para elegir magistrados suplentes de Sala III, la cual obtuvo una nota de 93 renunció a este proceso lamentando las «especulaciones» dadas sobre su nombre.

Ante esto, resaltó que «me parece simplemente atroz que no sean mis atestados, mi formación académica o profesional, mi honradez o mi trabajo lo que determine si soy apta o no para el puesto que he concursado, sino el hecho de haber trabajado con alguien que no es del agrado de los y las diputadas por razones que no me atañen de ninguna manera».

De igual forma, apuntó que «una vez alcanzada la certeza de que carece de sentido mantener mi nombre para las próximas designaciones de magistrados y magistradas suplentes de la Sala Tercera, que tiene pendiente de realizar esta Asamblea Legislativa, y supone legitimar un trámite que es imperativo corregir, con todo respeto, le pido ser excluida del concurso que está en marcha».

«Entiendo perfectamente que la selección de magistraturas tiene un componente político, pues son los diputados quienes eligen y está bien que sea de esa manera. Sin embargo, es lamentable que, dada la opacidad del proceso, se permita la entrada de especulaciones que no tienen nada que ver con las condiciones de las personas candidatas para desempeñar el cargo y sobre las cuales estas ni son interrogadas, ni se les permite dar explicaciones, bastando lo anterior para ser descalificadas», destacó.

«En mi caso, han sido aspectos ajenos a mí los que han sido tomados en cuenta. De nuevo, no tener la confianza del parlamento por ‘la cercanía’ a un exmagistrado —como si yo no fuese una persona que se ha formado durante décadas para desempeñar un cargo; que ha dado muestras de independencia en lo personal y en lo laboral y que ha tenido (para aquellos diputados y diputadas a quienes les preocupa esto solamente) cercanía, como letrada, con otros magistrados y magistradas además del señor Arroyo Gutiérrez— es inaceptable desde todo punto de vista».

Para Sánchez, “la carta de la jueza Vargas es elocuente. Las calificaciones de la Comisión de Nombramientos ya no pueden ser un mero acto simbólico, que se ignoran bajo la opacidad un voto secreto. No puede ser que prevalezcan rumores o componendas políticas por sobre la formación y la trayectoria de las personas postulantes”.