San José, 12 oct (elmundo.cr) – La Sala de Casación Penal (Sala Tercera) presentó ante la Corte Plena una propuesta de reforma al Código Procesal Penal con el objetivo de incluir la pertenencia o vinculación con estructuras criminales organizadas como un criterio determinante al valorar la imposición de la prisión preventiva.
La iniciativa, expuesta este lunes durante la sesión de Corte Plena, busca que los juzgadores puedan considerar dicho vínculo cuando las características de la organización criminal proporcionen al imputado capacidades que incrementen el peligro de fuga o de obstaculización del proceso judicial.
El proyecto argumenta que “las transformaciones experimentadas por la criminalidad en los últimos años plantean nuevos desafíos para el sistema de justicia penal”. Según el texto, la capacidad de influencia, los recursos económicos y logísticos, así como la extensión territorial de estas estructuras, inciden directamente en los riesgos que el proceso penal debe cautelar.
La propuesta enfatiza que el objetivo es dotar a la jurisdicción penal de herramientas modernas, manteniendo siempre el carácter excepcional y cautelar de la prisión preventiva, la cual no debe entenderse como una pena anticipada.
Restricciones a la reinstalación de funcionarios
De manera complementaria, las Salas Primera y Segunda plantearon reformas para limitar la reinstalación de funcionarios públicos en sus puestos cuando enfrenten procesos judiciales por despido sin responsabilidad patronal, especialmente en casos vinculados a actos de corrupción o nexos con el crimen organizado.
La Sala Primera propone una modificación al Código Procesal Contencioso Administrativo para establecer que la reinstalación sea una medida excepcional. En caso de ser necesaria, el Tribunal deberá especificar los alcances de la medida, prohibiendo que el funcionario regrese al mismo despacho u oficina donde se desempeñaba.
Además, se establece que cualquier medida provisionalísima de reinstalación no podrá extenderse por más de quince días hábiles.
Por su parte, la Sala Segunda presentó una propuesta de reforma al Código de Trabajo con el mismo enfoque: hacer excepcional la reinstalación en las relaciones de empleo con el Estado, sus instituciones y órganos, cuando el despido se fundamente en conductas de corrupción o colaboración con organizaciones criminales.
Desde el Poder Judicial señalaron que estas iniciativas reflejan un compromiso con la actualización del marco normativo frente a la criminalidad actual. Las propuestas serán sometidas a consultas y observaciones antes de que puedan ser presentadas como proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa.
El Poder Judicial aclaró que estas reformas no implican una revisión de resoluciones judiciales ni una intervención en casos concretos, respetando en todo momento la independencia de los jueces y juezas.
