San José, 22 oct (elmundo.cr) – La magistrada y presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, protagonizó un tenso intercambio con el diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Antonio Barzuna, durante su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.
El legislador oficialista cuestionó a la magistrada por una serie de videos y denuncias ciudadanas recibidas en su despacho, en las que se le señala por un presunto uso de recursos del Poder Judicial, como vehículos y teléfonos celulares, para asuntos de carácter personal.
Ante la consulta directa de Barzuna, Solano negó categóricamente las acusaciones sobre el equipo de comunicación. “Nunca he tenido celular institucional, he utilizado solo mi teléfono personal y nunca he utilizado un celular del Poder Judicial”, afirmó la magistrada.
Respecto a las imágenes de un vehículo institucional que el diputado presentó como parte de las denuncias, la magistrada evitó confirmar si se trataba del automóvil asignado a su cargo. En su lugar, Solano hizo referencia a una figura que aparecía en las tomas, identificándolo como Marco Tulio Bonilla, un deportista de alto rendimiento.
“Pensé que era más importante los resultados de mi gestión que mi vida amorosa”, declaró Solano durante la sesión, intentando desviar el enfoque de la consulta. Ante la insistencia de Barzuna sobre si el vehículo era el institucional, la magistrada reiteró que, a partir de la imagen mostrada, no podía determinar que fuera el asignado a su persona.
El diputado Barzuna enfatizó que su interés no radicaba en la vida privada de la funcionaria, sino en la correcta administración de los bienes públicos. “Yo no estoy interesado en su vida amorosa. Lo que quiero saber es si está utilizando recursos del Poder Judicial para temas personales”, replicó el legislador.
Este cuestionamiento se da en el marco de la evaluación de la continuidad de Solano en su cargo. Recientemente, la fracción de Pueblo Soberano votó en contra de recomendar su reelección como magistrada de la Sala Tercera, citando preocupaciones sobre la gestión judicial y la inseguridad en el país.
La decisión final sobre su permanencia, que requiere de 38 votos en el plenario para ser rechazada, será tomada por el Congreso en los próximos días.
