Albino Vargas tilda de “mentirosa” a Laura Fernández y advierte sobre una explosión social

San José, 11 nov (elmundo.cr) – El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, lanzó una dura crítica contra la presidenta de la República, Laura Fernández, a quien acusó de mentir a los trabajadores pensionados y de impulsar recortes sociales que, según advirtió, podrían desembocar en una explosión social.

“Tiene el rancho ardiendo”

Vargas inició su intervención con una advertencia directa a la mandataria: “Doña Laura, usted no se ha dado cuenta que tiene el rancho ardiendo, que esos recortes presupuestarios a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la política social, están abonando el terreno de la explosión social por venir”.

El dirigente sindical también cuestionó a la presidenta por no haber atendido las advertencias del Papa León XIV sobre los recortes sociales. “Usted no se reunió con el Papa León XIV y él no le explicó lo que significan los recortes sociales. O no le ha puesto cuidado a lo que él está diciendo en Argentina en estos momentos sobre los recortes sociales deshumanizados”, señaló.

“Usted mintió, usted es la mentirosa”

En uno de los momentos más fuertes de su intervención, Vargas acusó directamente a la presidenta de incumplir su palabra: “Y además, doña Laura, usted mintió, usted es la mentirosa. Usted le dijo a los señores trabajadores ya pensionados que iba a impulsar la ley del ROP a su favor para que les devolvieran la plata, se la devolvieran completa como les pertenece”.

El secretario general de la ANEP sostuvo además que la credibilidad de la mandataria está en caída: “Usted está perdiendo muchísima credibilidad. ¿Por qué? Porque la gente está viendo que en su gobierno ya la corrupción se está haciendo evidente. La que miente es usted”, concluyó.

Contexto de la confrontación

Las declaraciones de Vargas se producen en medio de un clima de tensión entre el gobierno y el movimiento sindical, marcado por las protestas del sector educativo, las críticas a los recortes presupuestarios y el conflicto por las pensiones del Poder Judicial y del régimen del ROP.

La ANEP ha sido una de las organizaciones más críticas con la administración Fernández, a la que acusa de afectar a los sectores más vulnerables con sus políticas fiscales.

Magistrada defiende entrega parcial del ROP: Es de las personas trabajadoras, adultas mayores

San José, 28 oct (elmundo.cr) – La magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Roxana Chacón Artavia, defendió la posibilidad de que las personas pensionadas accedan al menos a una parte de los recursos acumulados en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Chacón se refirió al tema este miércoles durante su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, donde busca su reelección por ocho años más. La diputada oficialista Yara Jiménez le consultó su posición sobre el ROP, ante lo cual la magistrada sostuvo que esos recursos pertenecen a las personas trabajadoras.

“Pero para mí el ROP es de las personas trabajadoras, adultas mayores y que necesitan ese porcentaje porque necesitan operaciones, necesitan pagar sus créditos, necesitan una serie de dinero que en estos momentos no tienen”, afirmó Chacón.

La magistrada señaló que algunos sectores de la población enfrentan altos niveles de endeudamiento y que, para esas personas, retirar parte de los fondos podría representar una alternativa para atender sus necesidades económicas.

“El país en general, algunos de los sectores tienen un grado de endeudamiento muy fuerte. Y eso hace que la única alternativa que puedan ellos tener es el retiro del ROP”, manifestó.

Propone entregar una parte y mantener una reserva

Chacón reconoció que existen cuestionamientos sobre las consecuencias de entregar los recursos del ROP en un solo tracto, particularmente ante la posibilidad de que las personas gasten el dinero sin garantizar ingresos suficientes durante su jubilación.

“Yo entiendo cómo se ha sostenido de que si el ROP se entrega efectivamente el ROP va a causar un problema porque la gente se lo va a gastar”, indicó.

Ante ese escenario, la magistrada planteó la posibilidad de establecer un mecanismo que permita atender las necesidades inmediatas de las personas pensionadas sin entregar la totalidad de sus ahorros.

“Podría haber una alternativa de establecer un porcentaje importante que cubre las necesidades de esas personas, adultos mayores y que dejen en reserva una parte”, expresó.

Chacón cuestionó que los recursos que permanezcan acumulados necesariamente vayan a beneficiar a la misma persona que los generó durante su vida laboral.

“Porque esa reserva no va a ser para ese trabajador ni para ese adulto mayor”, señaló.

Actualmente, el ROP está concebido como un complemento de la pensión que reciben las personas jubiladas del régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o de otros regímenes. Chacón recordó que su entrega está regulada mediante distintas modalidades de retiro.

Chacón busca continuar ocho años más en la Sala Segunda

Roxana Chacón Artavia ocupa una magistratura de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia desde noviembre de 2018.

Esta sala conoce asuntos laborales, de familia, pensiones, herencias y procesos concursales.

La magistrada aspira a ser reelegida por un periodo adicional de ocho años. La decisión corresponde a la Asamblea Legislativa.

Defensoría propone acceso parcial al ROP con una reserva protegida para la pensión futura

San José, 01 oct (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes planteó un punto de equilibrio entre el acceso de las personas pensionadas a los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y la protección de su ingreso complementario futuro.

La institución considera necesario replantear los proyectos de ley N.° 24.972 y N.° 24.984 y avanzar hacia una alternativa que permita a las personas pensionadas acceder de manera parcial, voluntaria e informada a sus recursos, manteniendo una reserva destinada a proteger parte de la pensión futura.

Según la Defensoría, su posición parte de un análisis sobre la protección de los derechos individuales y la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones complementarias, tomando en cuenta principios de justicia social, equidad intergeneracional y sostenibilidad previsional.

Antes de realizar el análisis técnico, la institución indicó que sostuvo reuniones con representantes del Movimiento “Devuélvanos el ROPC” y de la Superintendencia General de Pensiones (SUPEN) para conocer sus posiciones sobre el tema.

Defensoría cuestiona una entrega total del ROP

La Defensoría señaló que no es técnicamente correcto caracterizar el ROP como un régimen de capitalización colectiva, debido a que se trata de un régimen de capitalización individual destinado a complementar los beneficios del IVM u otros regímenes sustitutos.

De acuerdo con la institución, aunque las operadoras administran e invierten los activos de manera agregada, la cuenta y el saldo pertenecen individualmente a cada persona.

Sin embargo, la Defensoría advirtió que una entrega íntegra y generalizada de los recursos acumulados podría reducir o incluso extinguir el ingreso complementario futuro, lo que representaría un riesgo para las personas pensionadas.

También señaló que no existe suficiente información sobre posibles escenarios de demanda, composición y vencimientos de cartera, capacidad de liquidez y pruebas de estrés por operadora que podrían derivarse de una entrega generalizada, elementos que considera relevantes para valorar un eventual riesgo sistémico.

Propone acceso parcial

Al mismo tiempo, la institución reconoció que mantener intacto el ahorro previsional puede tener costos de oportunidad para personas que necesitan utilizar parte de esos recursos para atender situaciones concretas.

Entre ellas mencionó atención médica, cuidados especiales, apoyos por discapacidad, adecuaciones de vivienda, pago de hipotecas o prendas y cancelación de obligaciones de alto costo que afecten la liquidez personal o familiar.

Por esta razón, la Defensoría considera que la discusión no debería concentrarse únicamente en cuánto dinero está acumulado en el ROP, sino también en valorar el beneficio previsional que se sacrificaría frente al bienestar o el costo que podría evitarse mediante el uso de esos recursos.

Como alternativa, propone establecer una modalidad permanente de acceso parcial con una reserva pensionaria protegida para quienes hayan adquirido el derecho al beneficio del ROPC.

La propuesta contempla que la operadora determine primero cuánto capital debe conservarse para sostener una prestación complementaria durante un período y bajo condiciones que considere prudentes.

A partir de ese cálculo, se establecería el monto disponible para retiro, limitado por el excedente sobre dicha reserva y por un máximo que deberá definirse con respaldo técnico.

El acceso sería parcial e informado y estaría sujeto a parámetros técnicos establecidos por la SUPEN dentro del marco legal y reglamentario correspondiente.

Pide considerar las condiciones de cada persona

La Defensoría también considera necesario establecer diferencias según las características de cada grupo de población, debido a que una misma regla podría generar efectos distintos dependiendo de factores como edad, saldo acumulado, monto de la pensión básica, longevidad, estado de salud, discapacidad, dependencia, responsabilidades de cuido, endeudamiento y condiciones de vivienda.

Los casos de enfermedad grave o terminal, según la institución, deberían mantener un tratamiento especial.

Ante este escenario, la Defensoría propone replantear los proyectos de ley y desarrollar una propuesta que combine autonomía individual, protección social, suficiencia del ingreso actual y sostenibilidad económica futura.

Para ello, plantea un proceso de diálogo técnico y participativo con la SUPEN, el CONASSIF, las operadoras de pensiones, los regímenes básicos de pensiones, organizaciones especializadas y las propias personas pensionadas.

La institución sostiene que cualquier reforma debería respaldarse en estudios actuariales, información desagregada, pruebas de liquidez, evaluación de impactos diferenciados y mecanismos periódicos de revisión.

Con esta propuesta, la Defensoría busca mantener la finalidad pensionaria del ROP y, al mismo tiempo, ampliar las posibilidades de decisión de las personas pensionadas sobre sus recursos mediante un mecanismo de retiro parcial acompañado de una reserva pensionaria protegida.

TSE rechaza solicitud de referéndum sobre devolución del ahorro del ROP

San José, 30 sep (elmundo.cr) – El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó la solicitud para iniciar la recolección de firmas con el objetivo de convocar a un referéndum sobre el proyecto denominado “Ley para la devolución plena del ahorro laboral del ROP”.

La solicitud había sido presentada por el ciudadano Alex Solís Fallas y otras personas.

La decisión fue adoptada mediante la resolución N.° 8939-E9-2026, del 23 de setiembre de 2026, y comunicada este miércoles 30 de setiembre.

Según explicó el TSE, el rechazo responde a lo establecido expresamente en el artículo 105 de la Constitución Política, que señala que el referéndum no procederá cuando los proyectos sean relativos, entre otras materias, a las pensiones.

Por esta razón, la Magistratura Electoral determinó que no corresponde autorizar el proceso de recolección de firmas para someter a consulta popular una iniciativa relacionada con esta materia.

El TSE indicó además que la decisión sigue una línea jurisprudencial que ya ha sido aplicada anteriormente en casos similares.

Entre las resoluciones citadas por el Tribunal se encuentran las N.° 7682-E9-2019, 2897-E9-2021 y 3908-E9-2025, en las cuales se habría resuelto en el mismo sentido.

De esta manera, la solicitud relacionada con el proyecto para la devolución plena del ahorro laboral del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) no podrá avanzar mediante el mecanismo de referéndum.

Nogui Acosta cuestiona entrega del ROP y advierte por impacto en los jóvenes

San José, 20 ago (elmundo.cr) – El diputado jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, cuestionó en el Plenario Legislativo las propuestas relacionadas con la entrega del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y advirtió que utilizar estos recursos podría tener consecuencias para los trabajadores jóvenes y para la estabilidad del sistema previsional.

Durante su intervención, Acosta sostuvo que el ROP no debe ser tratado simplemente como un ahorro disponible, sino como un instrumento de pensión y patrimonio individual.

“La Sala Constitucional ha determinado en varios votos que esto es una pensión, no es un ahorro. Y bueno, tiene un carácter de patrimonio individual de cada una de las personas”, afirmó.

El legislador también retomó las advertencias planteadas por el excandidato presidencial Álvaro Ramos sobre las posibles consecuencias de utilizar masivamente los recursos acumulados en el ROP.

Según Acosta, el monto de los recursos involucrados ha crecido significativamente en los últimos años.

“En ese momento cuando don Álvaro estaba hablando de 2019 eran 450 mil millones de colones; hoy son 1.2 billones de colones los que van al mercado”, señaló.

A su criterio, una eventual salida importante de recursos podría tener efectos sobre el mercado financiero y las condiciones de crédito.

“¿Qué consecuencias van a tener? Me pregunto yo si todos estaremos dispuestos a pagar tasas de interés mucho más altas por los créditos que tenemos, ¿todos estaremos dispuestos a pagar con inflación la salida de estos recursos al mercado?”, cuestionó.

Acosta advierte por impacto en los jóvenes

Uno de los principales argumentos del diputado se concentró en el posible impacto que una utilización masiva del ROP tendría sobre las personas jóvenes que todavía están acumulando recursos para su futura pensión.

“¿Qué va a pasar con los jóvenes? Porque aquí el único que falta en esta ecuación son los jóvenes”, manifestó.

Acosta explicó que los títulos que conforman las inversiones de los fondos de pensiones incluyen recursos correspondientes a personas pensionadas, pero también a trabajadores jóvenes que todavía se encuentran acumulando capital para su jubilación.

“¿Y saben qué es lo que va a pasar? El valor del portafolio de cada uno de esos jóvenes va a caer”, advirtió.

Para el legislador, las decisiones sobre el ROP deben considerar el impacto que tendrán sobre distintas generaciones y no únicamente las necesidades inmediatas de quienes solicitan retirar los recursos.

“En este país y en el mundo tenemos que tener justicia intergeneracional. No podemos cargarle a quienes vienen, a las generaciones que hoy decimos que ayudamos, cargándoles los errores que estamos cometiendo”, afirmó.

“Estaremos hipotecando el futuro de estos jóvenes”

Acosta cuestionó que el debate sobre el ROP se plantee exclusivamente desde la perspectiva de quienes buscan acceder a los recursos en el corto plazo.

“Hablamos de ¿qué vamos a hacer en el futuro? No, hablemos de qué estamos haciendo hoy aquí”, sostuvo.

Y agregó una de sus principales advertencias:

“Hoy, si esto de proyecto pasa para entregar el ROP, estaremos hipotecando el futuro de estos jóvenes”.

El diputado también rechazó que la entrega del ROP pueda presentarse únicamente como una medida de justicia social.

“No se vale, señoras y señores, que nosotros planteemos esto como un tema de justicia. No es cierto. La justicia también tiene rostro”, manifestó.

Según Acosta, ese debate debe incluir a las generaciones que actualmente están ingresando al mercado laboral y que dependerán del sistema previsional en el futuro.

Acusa populismo y pide coherencia

El diputado también lanzó críticas contra quienes, según dijo, modifican sus posiciones dependiendo del contexto político.

“Porque es muy fácil ser populista. Y sobre todo es muy fácil dar brincos y saltos y cambiar de posición un día sí y otro también”, afirmó.

Acosta hizo además un llamado a mantener coherencia en la discusión sobre el ROP y recordó declaraciones anteriores de la presidenta de la República, Laura Fernández, sobre la posibilidad de entregar estos recursos.

“Hago un llamado a la coherencia porque cuando ustedes sacan aquí a doña Laura diciendo que va a entregar ella sí lo dijo, pero lo dijo con una salvedad importante: hay que hacer estudios para saber cuáles son las implicaciones que tiene para el país, para los jóvenes particularmente”, señaló.

A su criterio, antes de aprobar cualquier modificación al régimen deben analizarse sus consecuencias económicas y previsionales.

“No se vale venir aquí a aprobar un proyecto de ley que lo único que va a hacer es poner en aprietos a los jóvenes”, expresó.

Defensora cuestiona descalificaciones y llama a mantener un debate con respeto

San José, 20 ago (elmundo.cr) – La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, hizo un llamado a las personas que ejercen funciones públicas y participan en el debate nacional para que actúen con respeto, transparencia y responsabilidad, y eviten discursos de odio, amenazas o expresiones que puedan normalizar la violencia.

En un pronunciamiento, la jerarca recordó que ejercer un cargo público implica una responsabilidad que va más allá de trabajar para el Estado.

“Ser funcionaria pública es mucho más que trabajar para el Estado”, señaló, al recordar que la Constitución Política establece que quienes ejercen funciones públicas son “simples depositarios de la autoridad” y tienen el deber de cumplir las leyes, entregar resultados y rendir cuentas a la población.

La Defensoría destacó que las instituciones públicas tienen como finalidad atender las necesidades de las personas y garantizar sus derechos.

“El servicio público pierde su propósito cuando una institución impone una visión particular o privilegia intereses por encima del bien común”, advirtió.

Como ejemplos, mencionó preocupaciones relacionadas con el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), las listas de espera en los servicios de salud y la mora judicial.

“Hemos escuchado personas preocupadas por el destino y la disponibilidad de su ROP, hemos atendido solicitudes de habitantes que esperan durante años por una cita médica y habitantes cuyos procesos judiciales se prolongan sin una respuesta oportuna”, indicó.

Ante estas situaciones, sostuvo que las instituciones deben reconocer los problemas y actuar para corregirlos.

“Corregir el rumbo exige reconocer esos problemas, rendir cuentas y actuar: servir no es una declaración, sino responder a las necesidades de las personas”, afirmó.

Llamado contra discursos de odio

Uno de los principales puntos del pronunciamiento fue el llamado a mantener un debate político basado en el respeto, incluso cuando existan diferencias profundas.

La Defensora señaló que quienes ejercen funciones públicas deben representar a toda la población “sin distinción de partido político, religión, lugar de procedencia o condición socioeconómica”.

También defendió el derecho al desacuerdo como parte de la democracia, pero marcó una diferencia entre la crítica y las expresiones que buscan atacar o deshumanizar a otras personas.

“El desacuerdo es legítimo; la descalificación y convertir a quien piensa distinto en enemigo, no”, manifestó.

En esa línea, hizo un llamado directo a quienes ocupan cargos públicos:

“Cuidemos la palabra y la forma en que usamos nuestra voz”.

Según la jerarca, “los discursos de odio, las amenazas, la estigmatización o cualquier expresión que promueva o normalice la violencia, erosionan nuestro sistema de convivencia democrática y debilitan la confianza en las instituciones”.

La Defensora insistió en que la crítica forma parte de una democracia saludable, pero debe sustentarse en hechos y argumentos.

“La crítica, incluso la más firme, es legítima y necesaria en democracia, pero debe sostenerse en argumentos, hechos y respeto”, expresó.

Además, sostuvo que es posible mantener posiciones distintas sin recurrir a la humillación o intimidación.

“Podemos discrepar profundamente sin humillar, intimidar ni deshumanizar a quienes piensan diferente”, afirmó.

ROP, listas de espera y mora judicial

La Defensora también se refirió a la labor que desarrolla la institución en temas que afectan directamente los derechos de la población.

Sobre el ROP, aseguró que durante las últimas semanas ha mantenido comunicación con sectores que tienen posiciones diferentes, con el propósito de promover el diálogo y buscar acuerdos.

“Mi deber es escuchar a las distintas partes, comprender sus necesidades y valorar cada posición con objetividad e independencia”, manifestó.

Agregó que esta metodología también se aplica a la atención de las listas de espera y la mora judicial.

“En estos asuntos, la institución cumple su mandato de fiscalizar el quehacer de las instituciones públicas para garantizar los derechos fundamentales de toda la población”, señaló.

Reconoce a diputados por rectificar posiciones

En su pronunciamiento, la Defensora también reconoció públicamente a varios diputados por sus actuaciones recientes.

Mencionó al diputado Edgardo Araya, quien, según indicó, reconoció y corrigió manifestaciones realizadas ante el Plenario Legislativo en torno a la presidenta de la República, Laura Fernández.

“Es justo reconocer al diputado Edgardo Araya, quien habiendo errado en recientes manifestaciones ante el Plenario Legislativo en torno a la Presidente de la República, lo asumió y enmendó”, expresó.

También felicitó a los diputados José Miguel Villalobos, Antonio Barzuna y al jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, por sus posiciones frente a la violencia política contra las mujeres.

Para la defensora, reconocer errores también forma parte de la construcción democrática.

“No se trata de esconder las equivocaciones, se trata de tener el coraje de asumirlas y mejorar”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que quienes ejercen poder público tienen una responsabilidad adicional para reducir las tensiones y propiciar soluciones mediante las instituciones democráticas.

“El liderazgo democrático no consiste en imponer silencio, sino en crear condiciones para escuchar, responder, rendir cuentas y resolver las diferencias dentro del marco institucional”, concluyó.

Y cerró con una definición sobre el estándar que, a su criterio, debe guiar el ejercicio de la función pública:

“La democracia no exige unanimidad; exige respeto a las personas”.

Iztarú Alfaro: Hablar de un golpe de Estado por un fallo de la Sala IV es un insulto a la historia costarricense

San José, 03 ago (elmundo.cr) – La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Iztarú Alfaro, cuestionó las declaraciones del Poder Ejecutivo y de figuras oficialistas que han calificado como un “golpe de Estado” la resolución de la Sala Constitucional relacionada con el nombramiento de magistrados suplentes, y afirmó que utilizar ese término representa un agravio a la historia democrática del país.

“A nosotros, de Liberación Nacional, nos apena muchísimo que el Poder Ejecutivo, los diputados oficialistas y el gabinete repitan un término como es golpe de Estado”, manifestó la legisladora.

Alfaro recordó que Costa Rica vivió un golpe de Estado hace más de un siglo y consideró inapropiado comparar ese episodio histórico con una resolución judicial.

“Costa Rica vivió hace 109 años un golpe de Estado por los hermanos Tinoco, y decir que en este momento que la Sala Cuarta busca resolverle a la gente que tiene atorados sus trámites ahí, es un insulto a las personas y a la historia costarricense”, sostuvo.

La congresista defendió la actuación de la Sala Constitucional y señaló que el artículo 10 de la Constitución Política otorga facultades al tribunal para garantizar la tutela efectiva de los derechos de la ciudadanía.

“Casualmente el Poder Ejecutivo se salta uno muy importante, que es el artículo 10 de la Constitución Política, donde se le da la facultad a la Sala para priorizar a la ciudadanía costarricense”, indicó.

Según Alfaro, actualmente existen 123 expedientes paralizados debido a la falta de magistrados suplentes, situación que, afirmó, afecta directamente a los ciudadanos que esperan una resolución de sus casos.

“Estos magistrados que ustedes llaman golpistas son los magistrados que están procurando que se puedan sacar estos expedientes atorados”, enfatizó.

La diputada insistió en que la Sala IV no realizó nombramientos, sino que prorrogó designaciones existentes para garantizar la continuidad del servicio.

“Aquí la Sala Cuarta no ha hecho ningún nombramiento; prorrogó los nombramientos, que no es lo mismo, y lo hizo para poder atender las necesidades del pueblo costarricense”, explicó.

Alfaro mencionó que entre los expedientes pendientes existen casos relacionados con devolución del ROP, listas de espera en salud, operaciones urgentes, acceso a medicamentos y procesos vinculados con la justicia pronta y cumplida.

“Hay temas de salud, de listas de espera, de operaciones urgentes, de medicamentos urgentes. Hay temas de justicia pronta y cumplida que no se están viendo”, señaló.

Asimismo, cuestionó las críticas de sectores oficialistas contra la Sala IV mientras, según dijo, permanecen sin resolver numerosos casos vinculados precisamente a la justicia pronta y cumplida.

“¿Dónde está la coherencia de Pueblo Soberano cuando dice que está indignado porque no hay justicia pronta y cumplida, cuando están paralizados expedientes en ese tema en la Sala Cuarta?”, preguntó.

Finalmente, la legisladora calificó como “vergonzoso” que la presidenta de la República utilice el concepto de golpe de Estado para referirse a la actuación de la Sala Constitucional e hizo un llamado a centrar la discusión en los problemas que afectan a la población.

“El tema de que la presidenta declare un golpe de Estado internacionalmente es vergonzoso, vergonzoso”, afirmó.

La diputada concluyó instando a las autoridades a enfocarse en asuntos prioritarios para el país.

“Pongámonos de verdad a trabajar y dejemos ya esta polarización”, concluyó.

La discusión del ROP merece seriedad

El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, conocido como ROP, vuelve una y otra vez al debate político, más con posturas populistas que con propuestas serias y responsables.

En los últimos años, distintas fracciones legislativas han promovido reformas para flexibilizar o acelerar la entrega del ROP. Algunas han planteado utilizarlo para pagar deudas, financiar vivienda, cancelar obligaciones con entidades financieras o incluso adelantar condiciones relacionadas con la pensión del régimen del IVM.

La motivación puede resultar popular, pero el problema de fondo es que se ha querido convertir un ahorro de largo plazo, en una fuente de liquidez inmediata para resolver problemas muy diversos.

Ese enfoque es riesgoso. Si cada dificultad económica del presente se atiende recurriendo al ahorro para la pensión, el país terminará debilitando uno de los pocos mecanismos diseñados para enfrentar una dificultad mayor: la insuficiencia de ingresos en la vejez.

La discusión tampoco puede ignorar la dimensión financiera de largo plazo. Una reforma que obligue a entregar masivamente recursos en poco tiempo podría forzar ventas anticipadas de activos, cambiar políticas y estrategias de inversión, afectar rendimientos, generar pérdidas por valoración y alterar el funcionamiento del mercado local de deuda. Actuar de manera precipitada en este campo terminará impactando a la baja la pensión de los actuales trabajadores.

Por eso, no se trata de afirmar que cualquier reforma al ROP sea inconveniente. Al contrario, el sistema puede y debe revisarse. Es razonable valorar si los pensionados deberían recibir montos más altos durante un plazo menor, si deben existir tratamientos especiales ante enfermedades graves, situaciones de fuerza mayor o saldos relativamente bajos, y si las modalidades actuales de retiro responden adecuadamente a las necesidades reales de los afiliados.

Pero esas reformas deben hacerse con gradualidad, información actuarial, análisis financiero y responsabilidad intergeneracional. No basta con prometer que el ROP será “devuelto” a los trabajadores, como si hubiera sido arrebatado. Ese lenguaje puede funcionar en campaña, pero empobrece la discusión pública que se requiere en la Asamblea Legislativa.

El verdadero dilema no es si el ROP pertenece o no a los trabajadores. El dilema es cómo garantizar que ese ahorro les sirva mejor, no solo el día en que se pensionan, sino durante toda su vejez.

Una reforma sensata debería partir de varios principios.

Primero, reconocer que hay pensionados con necesidades urgentes y que el sistema debe ofrecer mayor flexibilidad.

Segundo, proteger el objetivo previsional del régimen, evitando que el ROP se convierta en una simple cuenta de retiro inmediato.

Tercero, permitir que las operadoras ajusten gradualmente sus portafolios de inversión para enfrentar mayores pagos sin liquidar activos de largo plazo en condiciones desfavorables.

Cuarto, evaluar los efectos sobre los rendimientos futuros de los trabajadores activos, quienes podrían terminar recibiendo pensiones menores si se obliga al sistema a mantener inversiones más líquidas y menos rentables.

La política debe tener la capacidad de escuchar el malestar de la gente sin convertirlo en una mala ley. Hay personas que necesitan alivio, sí. Pero también hay un país que necesita preservar su ahorro para la vejez, evitar decisiones improvisadas y no comprometer el bienestar futuro de los mismos trabajadores que se dice defender.

El ROP merece una discusión seria. No una disputa de consignas vacías de campaña electoral. No una competencia por ver quién promete entregar más dinero más rápido.

La verdadera responsabilidad consiste en equilibrar flexibilidad con sostenibilidad, alivio presente con protección futura, propiedad individual con responsabilidad a largo plazo.

Reformar el ROP puede ser necesario. Desnaturalizarlo sería un error. Y en materia de pensiones, los errores rara vez se pagan de inmediato: se pagan años después, cuando ya no hay campaña electoral, cuando los aplausos se apagaron y cuando los adultos mayores descubren que el alivio de ayer se convirtió en la insuficiencia de mañana.

Por eso, señoras y señores diputados, la discusión del ROP merece seriedad.

Álvaro Ramírez pide a Laura Fernández convocar proyecto para devolución del ROP y “cumplir su palabra”

San José, 13 may (elmundo.cr) – El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, solicitó a la presidenta de la República, Laura Fernández, convocar los proyectos relacionados con la devolución del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), al afirmar que fue una promesa realizada durante la campaña electoral.

Ramírez aseguró que la iniciativa busca brindar un alivio económico directo a las familias costarricenses, en un contexto en el que, según indicó, muchas personas enfrentan dificultades económicas debido a la falta de aumentos salariales y de pensiones.

“El ROP es de los costarricenses. Nosotros en campaña ofrecimos apoyo para su devolución, porque tenemos cinco años sin aumentos salarios ni pensiones y necesitamos que las personas tengan alivio económico y esta es una manera muy directa de darle ese alivio económico que merecen los costarricenses”, manifestó el legislador.

El diputado señaló que la petición ya fue trasladada tanto a la Presidencia de la República como a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de que el expediente avance en discusión y votación dentro del Congreso.

“Por eso lo hemos incluido en la solicitud que hemos hecho a la presidenta de la República y a la presidenta de la Asamblea Legislativa, queremos que ese proyecto se discuta, queremos que ese proyecto se vote y que doña Laura, que se lo ofreció a los costarricenses en campaña, cumpla su palabra y podamos hacer de este proyecto una realidad”, agregó Ramírez.

La discusión sobre la devolución del ROP ha generado debate en distintos sectores políticos y económicos del país, debido a las implicaciones que podría tener tanto para las finanzas de los trabajadores como para el sistema de pensiones complementarias.

Rojas tacha de “populismo” iniciativas de devolución del ROP

San José, 16 mar (elmundo.cr) – La diputada de la Unidad Social Cristiana, Daniela Rojas, cuestionó las iniciativas que pretenden la devolución de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). 

Rojas señaló que “nos estamos enfrentando a populismo económico por quienes hoy buscan apoyo popular y que con tal de obtenerlo están dispuestos a debilitar la seguridad social”.

“Los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales pidieron criterios técnicos, pidieron estudios económicos, pidieron análisis especializados, las instituciones respondieron, los expertos comparecieron, los estudios llegaron, pero cuando estos argumentos tocaba analizarlos en la mesa de trabajo fueron descalificados por muchos de sus integrantes, por populismo puro”, aseguró.

La socialcristiana recalcó que “todos los organismos técnicos advierten riesgos sobre la entrega del ROP y aún así muchos insisten en avanzar en sentido contrario, llegando incluso a señalar que alguno de estos proyectos debe aprobarse antes de que termine esta legislatura, independientemente de estas advertencias”.

“El Banco Central de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, el Fondo Monetario Internacional, la Federación Internacional de Administradores de Fondos de Pensiones, la SUPEN, todos han hecho advertencias sobre el peligro y el despropósito de aprobar alguna de estas iniciativas, advirtiendo sobre los efectos sobre inflación, tasas de interés y tipo de cambio”, alertó.

Rojas insistió que “hablamos de un aumento inflacionario cercano al 4%, una respuesta a la tasa política monetaria de hasta un 2.5% y presiones cambiarias a la baja del dólar entre 10 y 15 colones. Para resolver problemas durante dos o tres años no podemos dejar a las personas sin una pensión complementaria que fue para lo que el ROP fue creado”.

“Los recursos del ROP pertenecen a los trabajadores, sí, pero no son un ahorro de libre disposición, sino un fondo previsional para financiar ingresos durante la jubilación. Permitir su retiro transformaría un instrumento de seguridad social en un mecanismo de consumo inmediato”, criticó.

La legisladora comentó que “también se le suma la posición de la UCCAEP, que ha planteado una pregunta de la que ni siquiera deberíamos de estar hablando. Si el ROP se va a entregar como si fuera un ahorro personal para gastarlo de una vez, ¿por qué los patronos deberían seguir aportando ese fondo si se cambió su fin? El aporte patronal al ROP se creó para ayudar a financiar una pensión en la vejez, no para tener dinero para consumo inmediato. Si se cambia la naturaleza del ROP, entonces también cambia la lógica del por qué existe ese aporte”.

“Es imperativo plantear soluciones concretas inmediatas al problema de sobreendeudamiento de los costarricenses, de vivienda social y el de salud. Pero estas son las verdaderas discusiones que debemos tener, discusiones serias para tener impacto real en la solución de los problemas. No es desmantelando nuestro sistema de pensiones. Que también es conocido por todos nosotros la difícil situación que enfrenta el IVM, es decir, el primer pilar se debilita y el segundo pilar lo estamos vaciando. Si ambas cosas ocurren, el resultado es evidente. Pensiones más bajas, más pobreza en la vejez y mayor presión fiscal para el Estado en el futuro”, lamentó.

Rojas indicó que “escuché aquí a varios de ustedes decir que es que hay que escuchar al pueblo. Por supuesto que hay que escuchar al pueblo, pero escuchar al pueblo no significa ignorar la evidencia técnica que advierte que una decisión puede perjudicar precisamente a ese mismo pueblo en el futuro. También escuché decir que el interés es defender a las operadoras. Por favor, seamos más serios. Quienes han advertido sobre los riesgos de estos proyectos no han sido solo las operadoras, han sido entes nacionales e internacionales especializados en pensiones”.

“Esta Asamblea no debe tomar decisiones para ganar un aplauso inmediato. Se trata de responsabilidad. Por eso, este no es un debate menor. Es una decisión que afecta al futuro de las pensiones del país. Cuando se trata de algo tan serio como el ingreso de miles de personas en su vejez, las consignas no pueden ser para sustituir la evidencia fáctica y técnica. Ignorar las advertencias técnicas no es escuchar al pueblo. Es tomar una decisión que puede comprometer el bienestar futuro de todos quienes hoy confían en que el sistema de pensiones les garantizará ingresos en la vejez. No cuenten conmigo para esa dialéctica populista y riesgosa para los costarricenses”, concluyó.