Proyecto PH Capulín desarrollado por Hidrotárcoles.
San Pedro, 5 mar (elmundo.cr)- El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, dejó al descubierto un trato diferenciado del ICE para con los contratos de entrega de energía eléctrica con empresas privada.
Mientras que en los casos de las hidroeléctricas Chucás y La Joya el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), permitió un cambio en la entrada de operación, en el caso de Hidrotárcoles, la entidad estatal busca eliminar el contrato en función, precisamente, de un supuesto incumplimiento de plazos.
Tanto en el arbitraje por el caso de Chucás, que conlleva un contrato similar al de Hidrotároles, como en el litigio por el proceso de La Joya, queda en evidencia que el ICE permitió la entrega del proyecto fuera de plazo, sin que mediara una adenda o cambio en el contrato, situación que quedó al descubierto luego de que el diputado Solís Fallas encarara al gerente de Electricidad del ICE, Liuis Pacheco Morgan en el Congreso.
Pacheco Morgan asistió la mañana de este viernes a la Comisión Especial que investiga créditos de la banca pública para exponer la posición de ICE en torno al caso de Hidrotárcoles, y el por qué de la insistencia de la entidad en eliminar un contrato financiado con un crédito del Banco Nacional con un crédito superior a los $107 millones.
Pacheco debió aceptar a Solís que en el caso de Chucás, no medió ninguna adenda al contrato, y pese a eso, el ICE aceptó el proyecto, con 24 meses de atraso, pese a eso, Chucás terminó demandando al ICE el Centro de Internacional de Conciliación y Arbitraje, por el cobro de multas, que al final, le costaron a la entidad estatal una demanda por cerca de $158 millones.
“En el plan eléctrico ya aceptaban (en el ICE) que iba a ser en el 2017 y otros documentos de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz no son documentos que validen una aceptación de ustedes de que el inicio de operaciones iba a postergarse”, dijo Solís.
“Pero en el caso de Chucas, sí se aceptó, dice usted, el inicio de operaciones postergado por 24 meses. Cuando le pregunto por la adenda, dice usted que no hay adenda. En un caso se requería adenda y en otro caso no se requería adenda”, señaló el diputado del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC).
Ante esta afirmación, Pacheco quedó sin repuesta, y pidió ayuda a su asesor legal, que tampoco pudo dar razones técnicas coherentes con el discurso de supuesto incumplimiento de plazos señalado por el ICE.
San José, 26 feb (elmundo.cr)-El diputado del Frente Amplio, Jorge Arguedas, denunció un supuesto espionaje de investigadores del ICE el día que, junto a otros legisladores, acusó a los jerarcas de la institución de llevar a cabo un acto para “perpetuarse” en cargos dentro de la institución.
Los hechos se habrían dado el pasado martes 13 de febrero, cuando los diputados Mario Redondo, Patricia Mora y el propio Arguedas, participaron en una conferencia de prensa en la cual el Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT)- con documentación en mano- hizo pública la denuncia.
Según los integrantes del FIT, Obregón y otros funcionarios de la entidad, como la directora jurídica, Julieta Bejarano, habrían intentado empoderarse en cargos dentro de la entidad, por medio de un “Convenio de Gobernabilidad”. LEA TAMBIÉN: Denuncian a jerarcas del ICE de querer perpetuarse en sus cargos
Ese día en la bitácora y en las cámaras de seguridad del Congreso habría quedado registrada la asistencia a dicha actividad de David Corrales Molina y Mario Fabián Calderón, ambos funcionarios del área de investigación del ICE y además criminólogos, según dijo el frenteamplista.
Arguedas recordó que dicho evento fue transmitido en vivo por medio del canal de YouTube de la Asamblea Legislativa, por lo que era de acceso para cualquier interesado en el tema, sin necesidad de haber enviado a los personeros de la institución a cometer el presunto espionaje.
“Estamos ante un hecho gravísimo, donde se están destinando recursos públicos, que se cargan a las tarifas de telecomunicaciones y electricidad de todos los costarricenses, para realizar actividades presuntamente contrarias a la facultad legal del ICE.” expresó Jorge Arguedas.
Agregó que “¿cuál sería el interés de la Administración del ICE de enviar espías a la Asamblea Legislativa, en un recinto donde Diputados de la República y representantes de los Trabajadores del ICE, estaban realizando una denuncia acerca de presunta corrupción en la cúpula de dicha institución?”.
“¿Cómo está dejando el PAC al ICE, una institución patrimonio de los costarricenses, como para tratar de perpetuar a Carlos Manuel Obregón Quesada y sus personas de confianza, en la cúpula del ICE, precisamente quienes están recurriendo a actividades presuntamente ilegítimas?”, preguntó el congresista del FA.
Los legisladores y representantes del FIT promoverían acciones legales en la jurisdicción que corresponda, para llegar hasta las “últimas consecuencias” y que no continúe esta “impunidad”. “Este gravísimo hecho no va quedar así”, advirtió el diputado del Frente Amplio.
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“Desobediencia” a orden de la Sala IV
El diputado Arguedas cuestionó a los jerarcas de la institución de “desobedecer” la orden de la Sala Constitucional, que en el pasado se giró en contra de Juan de la Cruz Brenes Solera, Javier Escribano Montoya y al presidente ejecutivo de aquel entonces.
Hacia finales del año 2009, Arguedas habría sido víctima de persecución por parte de algunos funcionarios de la institución, donde al parecer figura el nombre de David Corrales Molina. En aquel entonces alegó que se trataba de una acción “política y sindical”.
A los personeros de ese entonces se les exigió abstenerse de incurrir en el futuro en una actividad ilegítima, supuestamente tras arrogarse facultades que el ordenamiento jurídico concedió a las autoridades judiciales y a la policía, no así al ICE; incluso con el riesgo de que dicho desacato se castigue con 3 meses a 2 años de prisión.
La Sala IV, mediante el voto 2011006571 del 20 de mayo de 2011, manifestó que:
“[…] el Instituto accionado quebrantó el orden constitucional con esa actuación, pues conforme lo dispone la Constitución Política, el Estado, ni sus instituciones, pueden perseguir a nadie por acto alguno que no infrinja la ley (ver su artículo 28). También debe indicarse que la Constitución garantiza el derecho a la intimidad, que infringieron cuando siguieron al recurrente, […]”.
Los magistrados señalaron en la conclusión que “[…] quebrantó el artículo 11 de la Ley Fundamental, porque se arrogó facultades (debidamente autorizadas, previstas y reguladas por el ordenamiento jurídico, pero, para las autoridades judiciales y de policía) que no le han sido concedidas por la ley […]”.
“En mi calidad de diputado de la República, participé en la Comisión Keylor Navas, y tal como está registrado en el acta No. 9 del 19 de febrero de 2015, una ex funcionaria del área de espionaje, dio testimonio sobre los nombres de varios funcionarios con puesto de “Investigadores” que trabajan en esa unidad, entre ellos David Corrales Molina”, sostuvo el frenteamplista.
Carta dirigida a la institución
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El 19 de febrero anterior, Arguedas envió una carta al director de la División Servicios Compartidos del ICE, donde expuso los hechos ocurridos durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa.
Una vez concluida su exposición escrita, el legislador solicitó que se le informe sobre las decisiones y acciones que se tomen en materia administrativa y penal contra Brenes Solera y Escribano Montoya, quienes ya habían sido advertidos por la Sala Constitucional.
Desde el pasado 19 de febrero, EL MUNDO envió una serie de consultas al área de prensa del ICE, para que se refiriera a esta situación, sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta alguna.
Las preguntas sin contestar que se le formularon a la entidad son las siguientes:
¿Por qué dos miembros de la Dirección de Protección y Seguridad Institucional, específicamente en el área de Investigaciones del ICE asistieron a la Asamblea Legislativa con motivo a la actividad del diputado Jorge Arguedas?
El martes 13 de febrero, a las 3:30 p.m. con los diputados Mario Redondo, Patricia Mora y Jorge Arguedas, llegaron a la Asamblea dos miembros de la Dirección de Protección y Seguridad Institucional, específicamente David Corrales Molina, quien se ha identificado como uno de los investigadores que perseguía a Arguedas.
Recordemos que el ICE recibió una advertencia de la Sala IV contra los funcionarios Juan Manuel de la Cruz, Javier Escribano y al presidente ejecutivo del ICE que esté en el cargo, en este caso Carlos Obregón.
¿Hay una directriz especial para que estos funcionarios asistan, en horas laborales a la Asamblea Legislativa, pese a que sobre esta unidad pesaba una orden de restricción para que no se acercaran al hoy diputado Jorge Arguedas?
Carlos Obregón, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad y Julieta Bejarano, directora jurídica del ICE, durante su interrogatorio ante la Comisión Especial de Créditos Bancarios de la Asamblea Legislativa, el 23 de enero del 2018. Foto: Luis Madrigal / El Mundo CR
San José, 13 feb (elmundo.cr)-Trabajadores del ICE y el diputado de Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo, emprenderían acciones legales contra el convenio que buscaría perpetuar a jerarcas en puestos dentro de la institución, una vez que finalice la actual Administración Solís Rivera.
Se trata del Convenio de Análisis y Diseño del Modelo de Gobierno Corporativo del Grupo ICE, que sería firmado por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y el presidente ejecutivo de la entidad, Carlos Obregón.
Con ello, según los denunciantes, jerarcas como Obregón o la misma directora jurídica del ICE, Julieta Bejarano, amarrarían un puesto más allá de cualquier Administración.
La denuncia fue presentada esta tarde en el salón de expresidentes de la Asamblea Legislativa, donde participaron los diputados Patricia Mora y Mario Redondo, además de Juan de Dios Cordero, coordinador del Frente Interno de Trabajadores del ICE.
El convenio, supuestamente listo para su firma, se establecería con carácter vinculante para los próximos gobiernos y tendría una “vigencia indefinida”.
Para modificar dicho acuerdo, solo se podría con la voluntad de las partes y plasmada por escrito. Es decir, que si Obregón no quiere dejar su cargo, tampoco habría forma de cambiar el convenio.
Los legisladores y el representante sindical consideran que este tipo de acciones son “nocivas” y llamaron la atención sobre un mecanismo “amañado” para tratar de mantener el poder de una institución emblemática como el ICE.
En dicho documento, se comprometería al Poder Ejecutivo, cualquiera que sea el gobierno de turno, a considerar la reelección del presidente ejecutivo que haya “demostrado éxitos en la consecución de los resultados”.
Los denunciantes consideran que la situación de la institución se maneja con “mucho hermetismo”, por lo que les resulta difícil saber si los parámetros empleados para valorar esa condición son los correctos.
El diputado Mario Redondo consideró “lamentable que se empleen este tipo de maniobras para mantenerse en el poder. Estos actos lo único que hacen es alimentar las dudas y por supuesto que nos opondremos hasta sus últimas consecuencias. El ICE requiere ser fortalecido y, para ello, se necesita un cambio en la Presidencia Ejecutiva”.
Por su parte, la legisladora Patricia Mora manifestó que “la situación en el ICE es preocupante, debemos encender las alarmas y exhortar a don Luis Guillermo Solis para que detenga la firma de este Convenio con el ICE hasta tanto el contenido del mismo no sea debidamente analizado por la sociedad civil y nosotros diputados y diputados podamos ejercer el control político necesario para asegurar que no se está orquestando ningún plan para debilitar la Institución”.
Juan de Dios Calderón, del Frente Interno de Trabajadores del ICE, advirtió que “como si fuera una obra macabra, a pesar de las alertas denunciadas por el FIT y sin que pareciera importar los llamados realizados por diputados (as) de la República, de distintas fracciones legislativas, la Presidencia Ejecutiva y el Consejo Directivo del ICE parecen obsesionados en consolidar cambios arbitrarios en la cúpula del ICE.
Asimismo, Calderón agregó que “dejando acomodados, en puesto nunca antes vistos en la institución o colaboradores cercanos del equipo de Carlos Obregón, como lo son funcionarios que han sido cuestionados por el impacto negativo de sus decisiones, entre ellos Julieta Bejarano y Randall Retana”.
“Por si esto fuera poco, además, se intenta amarrar con total hermetismo, convenios impropios entre el ICE y el Estado costarricense, que podrían perpetuar a la Presidencia Ejecutiva en su puesto, sin importar que el país está a pocos días de una elección presidencial, mostrando con ello un profundo irrespeto del momento político que vive el país”, concluyó.
Integrantes del Comité de Crédito del Banco Nacional comparece ante diputados que investigan los créditos bancarios.
San José, 12 feb (elmundo.cr) –El presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, no supo explicar por qué continuaron con el proyecto hidroeléctrico Capulín, incluso llevando a que el Banco Nacional realizara desembolsos para el desarrollo de la obra, si dos años después iniciaría un proceso en aras de resolver el contrato con Hidrotárcoles. LEA TAMBIÉN: ICE ocultó al Banco Nacional diferendo con Hidrotárcoles, según subgerente de Riesgo y Finanzas
Durante un careo organizado por los diputados de la Comisión Especial que investiga los créditos bancarios, el Banco Nacional emplazó a Obregón para que explicara las razones por las cuales el ICE desconoce una serie de comunicaciones con el contratista, donde se fijaba una nueva fecha de entrada de operación de la planta.
Sin embargo, Obregón lejos de reconocer los documentos, incluso varios firmados por el administrador del contrato por parte del ICE, Eduardo Mora Bermúdez, ahora alega que es imposible modificar la fecha al no existir un refrendo otorgado por la Contraloría General de la República.
Tal y como lo ha venido informado EL MUNDO, el comité de crédito de la entidad bancaria sacó una serie de legajos donde se pone en entredicho la razón que motivó al ICE a finiquitar el contrato con la empresa.
El inicio de operación comercial de la hidroeléctrica estaba pactado dentro del contrato para agosto de 2015, pero tanto el ICE como Hidrotárcoles habrían acordado que el nuevo plazo sería para el 1 de junio de 2017, lo cual también estaría establecido dentro del plan de trabajo. LEA TAMBIÉN:Banco Nacional: ICE aprobó plan de trabajo de Hidrotárcoles
Lo anterior fue un elemento “importante” de valoración para que el Banco Nacional iniciara el proceso de desembolsos a Hidrotárcoles, aunado a que, aparentemente, el 29 de abril de 2014 el ICE le habría avisado a la empresa que se daba por “satisfecho” con el cierre financiero.
Contrario al argumento del banco, los funcionarios del ICE ahora indican que el cierre financiero es competencia de la compañía, y que el mismo no habría sido aprobado en su momento.
En contra respuesta, el banco cuestionó que porque si el ICE tenía conocimiento de estos supuestos incumplimientos, entonces envió una misiva el 9 de julio de 2014 a la empresa, donde hacía ver que tenía derecho a cambiar la fecha de entrada de operación por una única vez.
Aunado a ello, el 29 de julio de 2014, Hidrotárcoles le contestó a la institución que, en atención a la nota, la nueva fecha de inicio de operación comercial sería el 1 de junio de 2017, por lo que la entidad bancaria quedó satisfecha al haber tiempo suficiente para abarcar el periodo constructivo de 36 meses establecidos en el contrato.
Los funcionarios del banco preguntaron que por qué si el ICE sabía del problema para entregar la obra a tiempo, todavía en octubre de 2014 envió a su equipo de ingenieros al proyecto, así como un comunicado el 19 de enero de 2015, donde reiteraba que el inicio de operación de la planta era el 1 de junio de 2017.
En esa línea, también reprocharon que por qué en abril de 2015, el ICE e Hidrotárcoles firmaron un acuerdo para que la institución llevase a cabo el procedimiento de expropiación de fincas, y el 30 de junio de ese año, le envió a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz la nueva matriz energética 2015-2035, que incluye el proyecto Capulín con una fecha de inicio de operación comercial para el segundo trimestre de 2017.
Según el Banco Nacional, esa seguidilla de acontecimientos reflejaba que el proyecto caminaba dentro del marco de la normalidad, y al no darse por enterado de un supuesto incumplimiento por parte del contratista, se continuó con el desembolso del crédito para el desarrollo de la planta.
En su defensa, Obregón señaló que el ICE sí dio aviso al banco sobre la apertura del procedimiento de la resolución del contrato, por medio de notas enviadas en julio y diciembre de 2015, es decir ya cuando la entidad había girado $20 millones al proyecto.
Días atrás, el ICE hizo pública su decisión de romper el contrato con Hidrotárcoles, debido, según una comunicación oficial, al supuesto incumplimiento en los plazos de la entrada de operación de la hidroeléctrica Capulín.
La entidad, a raíz de esa situación, ahora enfrenta un proceso judicial en el juzgado contencioso administrativo, donde el desarrollador del proyecto reclama un monto de $110 millones.
Aunado a ello, la empresa manifestó días atrás, en una entrevista con este medio de comunicación, que de disolverse el contrato la institución podría enfrentar un nuevo arbitraje internacional por no menos de $300 millones. LEA TAMBIÉN: Eliminar contrato con Hidrotárcoles podría costarle al ICE $300 millones
San José, 26 ene (elmundo.cr) –El Comité de Crédito del Banco Nacional aseguró que el ICE no habría informado a tiempo de algún incumplimiento del consorcio Hidrotárcoles, por lo que continuó haciendo desembolsos para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Capulín.
Hace escasos días, el lunes por la tarde, el instituto informó que, a raíz de un supuesto incumplimiento del desarrollador del proyecto en cuanto a los plazos de entrada de operación de la planta, se tomó la decisión de resolver el contrato, pese a los giros bancarios y que la obra tiene un avance de un 50%.
Los integrantes del banco afirmaron en la Comisión Especial que investiga los créditos bancarios, que el ICE aprobó un plan de trabajo junto con Hidrotárcoles, donde se habría incluido un cambio en la fecha de inicio de operación de la hidroeléctrica Capulín-San Pablo.
El inicio de operación comercial de la planta estaba pactado dentro del contrato para agosto de 2015, pero una serie de comunicaciones entre el ICE y el contratista dejan en evidencia que el nuevo plazo se fijó para el 1 de junio de 2017.
Según el subgerente de Riesgo y Finanzas, Bernardo Alfaro, a pesar de que ya contaban con esos documentos, el 9 de julio de 2014, el ICE le señala a Hidrotárcoles que tendrá derecho a cambiar la fecha de entrada de operación por una única vez, un año antes del plazo garantizado en el contrato.
El 29 de julio de 2014, la compañía le contesta a la institución que, en atención a la nota, la nueva fecha de inicio de operación comercial sería el 1 de junio de 2017.
A partir de ese momento el comité quedó conforme con la nueva fecha de entrada de operación de la planta, ya que contaban con tiempo suficiente para abarcar el periodo constructivo de 36 meses establecidos en el contrato.
En octubre de 2014, ya ingresa todo el equipo de ingenieros del ICE. De ahí que el primer desembolso del banco se da en noviembre de ese año, tal y como relató el funcionario del ente financiero.
“El 19 de enero de 2015, el ICE emite otra nota donde dice que realizará la planificación y el seguimiento del proyecto hasta el periodo de pruebas que aseguren la fecha de inicio de operación comercial, confirmada por Hidrotárcoles para el 1 de junio de 2017, y agrega que considera el programa de trabajo presentado como cierto y actualizado”, explicó el subgerente.
El proyecto sigue su marcha, y en abril de 2015, el ICE e Hidrotárcoles firman un acuerdo para que la institución lleve a cabo el procedimiento de expropiación de fincas; un problema que al día de hoy continua.
El 30 de junio de ese año, el instituto le envía a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz la nueva matriz energética 2015-2035, que incluye el proyecto Capulín con una fecha de inicio de operación comercial para el segundo trimestre de 2017, relató Alfaro.
Un giro de 180 grados en lo pactado
Carlos Obregón, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad y Julieta Bejarano, directora jurídica del ICE, durante su interrogatorio ante la Comisión Especial de Créditos Bancarios de la Asamblea Legislativa, el 23 de enero del 2018. Foto: Luis Madrigal / El Mundo CR
Al comité le toma por sorpresa que en julio de 2015, el instituto le pide al ingeniero de ellos que se haga acompañar de los representantes bancarios, ya que suspenderían el contrato por un supuesto incumplimiento “grave” del contratista.
Es en ese momento cuando el Banco Nacional decide suspender los desembolsos a Hidrotárcoles, mientras que la empresa a su vez inicia una serie de procesos legales y solicita medidas cautelares para tratar de eliminar el efecto de la decisión del ICE.
Durante ese periodo, se dan una serie de reuniones entre la institución y el banco, e incluso una supuesta reunión en Casa Presidencial, afirmó el funcionario Alfaro, quien además confirmó que a lo largo de 11 meses tuvieron el proyecto paralizado al no desembolsarle dinero al desarrollador.
En ese ínterin, debido a la presunta inseguridad jurídica que se genera por la decisión del ICE, Hydrochina, que es la empresa subcontratada por Hidrotárcoles para el desarrollo de varias facetas del proyecto, toma la decisión de finiquitar el contrato, generado un atraso mayor en la obra.
Resolución de un juez
Proyecto PH Capulín desarrollado por Hidrotárcoles.
El 3 de marzo de 2016, el ingeniero del banco hace ver que con la llegada del invierno, si no se construye la ataguía, que es una mini represa, el banco podría perder lo invertido hasta el momento, es decir $22 millones.
“Estábamos valorando qué hacíamos para construir una obra que vale $5 millones, cuando nos llega una resolución de un juez que dice se ordena al ICE suspender los oficios que paralizaron el proyecto, los oficios que tenían la intención de paralizar la obra de interés público y se ordena continuar la ejecución normal del contrato. Eso fue el 19 de abril de 2016”, aseguró Alfaro.
Debido a esa resolución, la dirección jurídica del Banco Nacional dijo que había una instrucción judicial y tenían que seguir con el contrato. “Si no seguimos con el proyecto, más bien el contratista nos va a meter una demanda espantosa, porque la obra se va a descarrilar”, sostuvo el funcionario.
Por ello, la entidad bancaria reanudó los desembolsos a Hidrotárcoles; entre ellos, los $5 millones que costaba la ataguía, con lo cual se protegió la obra.
Al final, Hidrotárcoles contrató a una empresa china, “muy famosa, “muy fuerte”, que ha sido al parecer proveedora del propio ICE en ambos proyectos.
En abril de 2016, el banco siguió girando de acuerdo al plan establecido, mientras que el ICE habría mantenido a su equipo vigilante de la construcción de la planta.
“Nosotros seguimos los desembolsos y no tenemos ninguna evidencia de que haya ningún incumplimiento, porque resulta, y aquí sí quiero decir que aunque el contrato solo esté firmado por Hidrotárcoles y por el ICE, los financistas somos parte del contrato, aparecemos en una buena cantidad de cláusulas.
“Las cláusulas de recisión del contrato, las cláusulas de resolución del contrato, ahí parecen protecciones para los financistas, entonces aunque nosotros no seamos firmantes en el contrato, lo cierto es que somos parte muy activa y muy importante de él”, acotó el integrante del banco.
Por último, Alfaro recordó que hay una cláusula, la 3.5.7 del contrato, que supuestamente obliga al ICE a informarle al financista de cualquier incumplimiento del contratista, pero el Nacional al no recibir ninguna alerta de esa naturaleza, le siguió desembolsando el crédito a Hidrotárcoles.
Contrario a lo declarado por los funcionarios del comité de crédito, el ICE aseguró, por medio de una comunicación oficial, que el Banco Nacional sí conocía de la decisión que tomó de resolver el contrato por presuntos incumplimientos del contratista.
Desde enero de 2016, el instituto le informó al banco su intención de resolver el contrato, por lo que, según el ICE, la entidad financiera estaba obligada a suspender los desembolsos desde esa fecha, a pesar de que ya había girado montos al proyecto.
La resolución contractual por parte del ICE en etapa de “proyecto”, supuestamente no lo obliga a pago alguno, ya sea con el contratista o al financista, algo que ha sido desmentido por el Banco Nacional.
“Por último, el ICE sostiene que es su responsabilidad, como administrador de fondos públicos, no dejar pasar los incumplimientos contractuales en favor de una empresa privada; por eso tomó la decisión de resolver el contrato BOT establecido con la empresa Hidrotárcoles S.A.”
Integrantes del Comité de Crédito del Banco Nacional comparece ante diputados que investigan los créditos bancarios.
San José, 26 ene (elmundo.cr)- El Comité de Crédito del Banco Nacional de Costa Rica afirmó que el ICE aprobó un plan de trabajo junto con Hidrotárcoles, donde se habría incluido un cambio en la fecha de entrada de operación del proyecto hidroeléctrico Capulín-San Pablo.
El inicio de operación comercial de la planta estaba pactado dentro del contrato para agosto de 2015, pero una serie de comunicaciones entre el ICE y el contratista dejan en evidencia que el nuevo plazo se fijó para el 1 de junio de 2017.
La entidad, a raíz de esa situación, ahora enfrenta un proceso judicial en el juzgado contencioso administrativo, donde el desarrollador del proyecto reclama un monto de $110 millones.
Aunado a ello, la empresa manifestó días atrás, en una entrevista con este medio de comunicación, que de disolverse el contrato la institución podría enfrentar un nuevo arbitraje internacional por no menos de $300 millones. LEA TAMBIÉN: Eliminar contrato con Hidrotárcoles podría costarle al ICE $300 millones
Tal y como lo ha venido informado EL MUNDO, el comité de la entidad bancaria sacó una serie de legajos donde se pone en entredicho la razón que motivó al ICE a finiquitar el contrato con la empresa, ya que en ellos se suscribe que el cambio de entrada de operación de la planta era para el segundo trimestre de 2017.
Tres miembros del Banco Nacional comparecieron ayer en la Comisión Especial que investiga los créditos bancarios, donde explicaron las razones que motivaron a la institución al desembolso de dinero durante el proceso de construcción de la planta hidroeléctrica.
Siguiendo la cronología de los hechos relatados por el sugerente del banco, Bernardo Alfaro, en octubre de 2013, el banco le emitió una nota al consorcio Hidrotárcoles, donde le señalaba que tenían que cumplir con una serie de requisitos para la aprobación del crédito.
Posterior a ello, se le aprueba el crédito a la compañía con una serie de condicionamientos, y en diciembre de 2013, el ICE también le otorga un periodo de cuatro meses a Hidrotárcoles, en aras de que atienda una serie de requisitos pendientes.
En 2013, los cálculos arrojaron que la planta podría estar terminada y entrando en operación en mayo de 2017, porque el periodo constructivo era al parecer “extenso”, según la empresa especializada en estos proyectos y que fue contratada por la entidad bancaria.
“Nos dijeron que uno de los riesgos que teníamos que cubrir y asegurarnos es que se les conceda esa extensión del plazo a mediados del 2017, para que el contratista tenga el suficiente tiempo de operar el proyecto dentro del plazo máximo de 20 años y obtener una rentabilidad adecuada”, dijo Alfaro.
El 12 de marzo de 2014, es decir unos cuatro meses después de que se había aprobado el crédito, pero sin desembolsar ni un “centavo”, puesto que habían requisitos pendientes, el ICE le habría dicho al desarrollador que se daba por “satisfecho” con los datos garantizados, el plano general de propiedad, las especificaciones técnicas y el plan de trabajo.
“Eso para nosotros fue un elemento muy importante de valoración, porque el plan de trabajo es un documento muy voluminoso, muy extenso, que incluye todo el cronograma constructivo y de obra. Ahí claramente dijo que terminaría el proyecto en junio de 2017, que tenía pendiente el cierre financiero, porque el ICE solo lo da cuando el contratista le demuestra que va a tener el financiamiento que requiere”, manifestó el subgerente.
El Banco Nacional firmó el contrato de crédito en abril de 2014, y días después, el 29 de abril, el instituto supuestamente le avisó a Hidrotárcoles que se daba por “satisfecho” con el cierre financiero.
Al aprobar el cierre financiero, el integrante del comité indicó que con ello se validaba que ya el crédito que otorgarían no era el mismo del 2006, cuando se dio la licitación, puesto que “todo” había subido de precio. El proyecto dejó de costar $107 millones y pasó a tener un valor de $167 millones.
“Cuando el ICE aprueba el cierre financiero está validando el crédito también que nosotros vamos a dar y las fechas de trabajo de construcción de inicio de la obra y está validando el monto total que el proyecto tiene en ese momento”, sostuvo el funcionario bancario.
El presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, también fue interpelado por el foro legislativo sobre este caso, donde se contradijo en sus respuestas y terminó reconociendo que sí aceptaron un cambio en la fecha de entrada de operación del proyecto.
Apenas un día antes, el lunes por la tarde, el ICE hizo pública su decisión de romper el contrato con Hidrotárcoles, debido, según una comunicación oficial, al supuesto incumplimiento en los plazos de la entrada de operación de la hidroeléctrica Capulín.
Sin embargo, al aceptar que el cambio de fecha contaba con el visto bueno del propio ICE, las dudas de los diputados se ampliaron.
En un comunicado de prensa, la entidad bancaria señaló que “hará valer la cláusula contractual que obliga al ICE a hondar el 100% de la deuda del Banco Nacional”.
San José, 24 ene (elmundo.cr) –No deja de llover sobre mojado para el presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón y la directora jurídica, Julieta Bejarano, ya que el diputado del Frente Amplio, Jorge Arguedas, presentaría una denuncia contra ellos por lo actuado en dos proyectos hidroeléctricos
Se trata del desarrollo de las plantas hidroeléctricas Chucás y Capulín, que hoy tienen en el filo de la navaja a la institución, al tener que hacerle frente a procesos judiciales por demandas millonarias.
Según el legislador, ambos funcionarios habrían incurrido en un presunto falso testimonio en la Comisión Especial que investiga los créditos bancarios, así como una supuesta falta al deber de probidad por los casos señalados anteriormente.
“Nosotros lo estamos presentando en el Ministerio Público. Hay una actitud dolosa ahí completamente, también una omisión, no están protegiendo los bienes públicos que le dieron para el cuido de los mismos”, reprochó el congresista.
Para Arguedas, quien conversó con EL MUNDO una vez finalizada la sesión del foro legislativo, esta es una acción en aras de “desestabilizar” al ICE financieramente, y por esa razón señaló como supuestos responsables a Bejarano y Obregón.
“Para eso fueron llevados ahí. A Bejarano la llevó Eduardo Doryan, es una ficha de José María Figueres. Carlos Obregón se fue porque Pedro Pablo Quirós era competencia de él, eran enemigos.
Llevaremos a ambos al Ministerio Público, que ya los tenemos con un expediente de los fideicomisos, hay un expediente. Es presentar otra denuncia. Por incumplimiento de deberes y la probidad. Han venido a declarar bajo juramento falsedades”, añadió.
Si bien no está a favor de la cogeneración de energía, el frenteamplista reconoció que hay un trato “desigual” por parte del ICE en los casos de Chucás e Hidrotárcoles. Con este último, la institución disolvió el contrato días atrás, pese a que el proyecto tiene un 50% de avance.
Ayer, tanto Obregón como Bejarano fueron interpelados en la comisión, y lejos de reforzar el motivo por el cual tomaron la decisión de resolver el contrato con Hidrotárcoles, más bien generaron dudas en algunos diputados como Ronny Monge, Rafael Ortiz, Julio Rojas y el propio Arguedas. LEA TAMBIÉN: Presidente del ICE cae en grave contradicción sobre proyecto Hidrotárcoles
El presidente ejecutivo de la entidad se contradijo en algunas oportunidades. Por ejemplo, primero dijo que no era “correcta” la información sobre acordar una modificación de inicio de operaciones de la planta Capulín-San Pablo. Sin embargo, minutos después reconoció que sí aceptaron un cambio en la fecha.
¿Pero que motivó al ICE a romper el contrato con la empresa? El lunes por la tarde, el argumento fue un supuesto incumplimiento en los plazos de entrada de operación de la hidroeléctrica, pese a que ayer el mismo jerarca reconoció que sí aceptaron el cambio.
El acuerdo para modificar el inicio de operaciones de la planta, se registró en una serie de comunicados entre el instituto e Hidrotárcoles, donde se estipuló que la nueva fecha sería el 1 de julio de 2017, y no agosto de 2015, como ha insistido el ente estatal.
Según la entidad bancaria, ante este escenario hará valer la cláusula contractual que obliga al ICE a honrar el 100% de la deuda con el Banco Nacional.
Durante la comparecencia, Obregón contestó a una pregunta de la diputada Patricia Mora, que “contractualmente no se puede reemplazar la fecha”, empero, su declaración quedó en entredicho, ya que un oficio del 9 de julio de 2014, y firmado por el ingeniero a cargo del contrato, Eduardo Mora Bermúdez, hace ver que la propia entidad autorizó una modificación al plazo de entrada de operación de la planta.
Demandas y procesos judiciales
En el caso del proyecto hidroeléctrico Capulín, el ICE enfrenta un proceso judicial en el Juzgado Contencioso Administrativo, donde la empresa Hidrotárcoles reclama un monto de $110 millones.
Además, la empresa aseguró, durante una entrevista con este medio de comunicación, que al romperse el contrato la institución podría enfrentar un arbitraje internacional, por no menos de $300 millones. LEA TAMBIÉN: Eliminar contrato con Hidrotárcoles podría costarle al ICE $300 millones.
Hace pocos meses, en noviembre pasado, el ente estatal perdió un arbitraje millonario con PH Chucás, debido a que no le reconoció sobrecostos generados en la construcción de la hidroeléctrica.
Por ese motivo, los árbitros sentenciaron a la institución al pago de unos $150 millones a favor de la compañía.
Carlos Obregón, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, durante su interrogatorio ante la Comisión Especial de Créditos Bancarios de la Asamblea Legislativa, el 23 de enero del 2018. Foto: Luis Madrigal / El Mundo CR
San José, 23 ene (elmundo.cr)- Pese a que en su libreto pretendía justificar la resolución del contrato con Hidrotárcoles, el presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, se contradijo en sus respuestas y terminó reconociendo que si aceptaron un cambio en la fecha de entrada de operación del proyecto hidroeléctrico Capulín.
Bajo juramento, y ante la presión por las preguntas del legislador Ronny Monge, el alto jerarca de la institución señaló que si bien no fue un aval, sí aceptaron que se cambiara la fecha de inicio de operaciones de la hidroeléctrica, tal y como lo ha venido informando EL MUNDO.
“La pregunta es ¿si ustedes avalaron esa fecha (cambio de entrada en operación comercial)?”, preguntó Monge, a lo que el presidente del instituto contestó que: “no la avalamos, la aceptamos”. Así lo afirmó durante la Comisión Especial que investiga los créditos bancarios.
Minutos antes de esa intervención, el funcionario le contestó a la diputada Patricia Mora que no era “correcta” la información sobre acordar una modificación de inicio de operaciones de la planta Capulín-San Pablo.
Apenas un día antes, el lunes por la tarde, el ICE hizo pública su decisión de romper el contrato con Hidrotárcoles, debido, según una comunicación oficial, al supuesto incumplimiento en los plazos de la entrada de operación de la hidroeléctrica Capulín.
Sin embargo, al aceptar que el cambio de fecha contaba con el visto bueno del propio ICE, las dudas de los diputados se ampliaron.
Este visto bueno al cambio de fechas quedó registrado en una serie de comunicados entre el Instituto e Hidrotárcoles, donde se acordó que el nuevo plazo de inicio de operaciones de la planta sería el 1 de julio de 2017, y no agosto del 2015, como ha insistido la entidad. LEA TAMBIÉN: ICE se contradice sobre inicio de operación de Hidrotárcoles
El ICE, a raíz de esa situación, ahora enfrenta un proceso judicial en el juzgado contencioso administrativo, donde el desarrollador del proyecto reclama un monto de $110 millones.
Aunado a ello, la empresa manifestó días atrás, en una entrevista con este medio de comunicación, que de disolverse el contrato la institución podría enfrentar un nuevo arbitraje internacional por no menos de $300 millones. LEA TAMBIÉN: Eliminar contrato con Hidrotárcoles podría costarle al ICE $300 millones
A diferencia de Hidrotárcoles, en aquella ocasión el ICE aceptó ir a un arbitraje en el centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Norteamericana de Comercio (AmCham), donde fue sentenciada al pago de unos $150 millones a favor de PH Chucás.
Más contradicciones
Durante la comparecencia de Obregón surgieron otras contradicciones. La diputada Mora le consultó si la empresa estaba autorizada a modificar el plazo de inicio de operación, a lo que el jerarca de la institución contestó que “contractualmente no se puede reemplazar la fecha”.
Sin embargo, nuevamente su declaración quedó en entredicho, ya que un oficio del 9 de julio de 2014, y firmado por el ingeniero a cargo del contrato, Eduardo Mora Bermúdez, deja en evidencia que la propia entidad autorizó una modificación al plazo de entrada de operación de la planta.
Según la entidad bancaria, ante este escenario hará valer la cláusula contractual que obliga al ICE a honrar el 100% de la deuda con el Banco Nacional.
Posterior a ello, los diputados Rafael Ortiz y Julio Rojas calificaron de “ambiguo” un oficio del 19 de enero de 2015, donde el ICE de nuevo establece que la fecha de entrada de operación es el 1 de junio de 2017, pese a que meses después abrió un procedimiento administrativo para eliminar el contrato.
En el comunicado, la propia entidad indica que “el documento presentado según oficio PHCSP-ICE-0177-2014 incorpora la reprogramación de actividades con base en las cuales el ICE realizará la planificación y seguimiento del proyecto hasta la ejecución de las pruebas de aceptación, mismas que aseguren el cumplimiento de la fecha de inicio de la operación comercial del proyecto confirmada por su representada para el 1 de junio del 2017, según oficios PHCSP-ICE-0108-2014 y PHCSP61100-0127-2014 y contractualmente definida para el 1 de agosto del 2015”.
El contrato entre el ICE y el Consorcio Hidrotárcoles data de una adjudicación del 2012, con miras a que la empresa entregara en el 2015 la planta hidroeléctrica Capulín, sin embargo, una serie de atrasos administrativos, hicieron ver al Instituto que la obra no estaría a tiempo.
El ICE intenta frenar el pago de un millonario arbitraje a favor de PH Chucás
San José, 19 ene (elmundo.cr) –Los procesos legales que enfrenta el ICE por supuestos incumplimientos contractuales con las empresas PH Capulín y PH Chucás, en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, ha despertado el interés de algunos diputados, quienes piden una investigación de la Contraloría General de la República (CGR).
La noticia de las demandas millonarias, a las que hoy se ve expuesta la institución por ambos casos, llegó hasta los pasillos de la Asamblea Legislativa; a tal punto de que cinco congresistas presentaron cuatro peticiones al ente contralor.
Por medio del oficio JAM-FFA-002-2018, del 8 de enero anterior, los legisladores firmantes, Mario Redondo, José Ramírez, Gerardo Vargas V., Jorge Arguedas y Carmen Quesada, le solicitaron a la CGR realizar una investigación especial de lo actuado por el ICE en la contratación para el desarrollo de los dos proyectos hidroeléctricos.
En el documento dirigido a la contralora general de la República, Marta Acosta, los congresistas piden, como primer punto, que se indague el actuar del instituto en el recurso interpuesto contra el laudo arbitral, que resultó del conflicto con PH Chucás.
Lo anterior, en el marco de que se determine si ha existido impericia, dolor, omisión y faltas al debido cuidado, así como en el deber de vigilancia, por parte de los funcionarios públicos que debían tutelar los intereses de la entidad.
En caso de que existiera incumplimiento de deberes por parte de los funcionarios o exfuncionarios del instituto, los diputados piden que se valore aplicar su inhabilitación para ejercer cargos en la función pública.
Además, le solicitaron a la Contraloría ponerlos en autos de si efectivamente el reajuste de precios y la cláusula penal, al ser leyes supletorias del Título” de la Ley No. 8660 tienen carácter imperativo e irrenunciable, y por lo tanto no son objeto de arbitraje.
Asimismo, los firmantes del documento le pidieron a la Contraloría que fiscalice lo actuado por el ICE en el caso descrito sobre el conflicto con Hidrotárcoles S.A., en aras de prevenir daños a la Hacienda Pública, provenientes de actuaciones administrativas que hayan dejado espacio para demandas arbitrales o en tribunales comunes.
El proceso que le costaría millones a la entidad, se suscitó luego de que no le reconociera sobrecostos que se dieron durante la construcción de la hidroeléctrica, en Atenas de Alajuela.
PH Chucás alegó un aparente comportamiento geológico de la zona geográfica y otros factores como el nivel de precipitación y el deslizamiento de terrenos, que provocaron cambios en el proyecto.
Incluso, la institución presentó una adición y aclaración del laudo, sin embargo, el Tribunal de Arbitraje lo rechazó por cuanto consideró que las explicaciones y demás fundamentaciones solicitadas eran “totalmente improcedentes e incompatibles”.
La planta, que en un principio fue valorada en $107 millones, se encareció en aproximadamente $280 millones.
Según consta en documentos en manos de EL MUNDO, la entidad aprobó “por una única vez” cambiar la fecha de entrada de operación de la planta hidroeléctrica Capulín, pero ahora se contradice y desconoce su propia documentación, alegando que es “falso” que haya autorizado una ampliación del plazo.
El ente estatal corre el riesgo de verse en un nuevo arbitraje internacional, debido a que abrió un proceso administrativo para eliminar el contrato con Hidrotárcoles. La demanda en este caso sería por no menos de $300 millones. LEA TAMBIÉN: Eliminar contrato con Hidrotárcoles podría costarle al ICE $300 millones
La empresa desarrolladora de la hidroeléctrica no descarta presentar una demanda contra el el presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, y la directora jurídica, Julieta Bejarano, por el cambio “arbitrario” de la fecha de entrada en operación de la planta hidroeléctrica. LEA TAMBIÉN: Hidrotárcoles no descarta demanda contra presidente y directora jurídica del ICE
EL MUNDO está a la espera de una posición del ICE, en cuanto a su actuación en ambos casos.
San José, 19 ene (elmundo.cr) –El diputado y candidato presidencial de Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo, denunció una supuesta estrategia de la cúpula del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para “amarrar” nuevos puestos de jerarquías, antes que se dé el cambio de gobierno, el próximo 8 de mayo.
Según dijo, a tres meses del cambio de gobierno, la actual administración del Grupo ICE “apura” una reestructuración que generaría nuevos puestos de altos mandos, en donde estarían dejando nombrados a los actuales “amigos” del gobierno.
El congresista se refirió al oficio 0012-360-2017, que fue enviado por la secretaría adjunta del ICE el 28 de noviembre de 2017, donde se aborda un plan de trabajo para la puesta en marcha de las Direcciones Corporativas y el Área de Centros de Servicios Compartidos.
Redondo expuso que dentro de la mesa de trabajo que quedó designada, figuran nombres como el de la directora jurídica, Julieta Bejarano, quien junto con el presidente ejecutivo de la institución, Carlos Obregón, ha sido señalada de formar parte de una “red de cuido” del actual gobierno.
Como parte del plan de trabajo, también se designó al director Corporativo de Telecomunicaciones, Jaime Palermo; el director Corporativo de Electricidad, Luis Pacheco; el director de Estrategia y Políticas Corporativas, Harold Cordero y el director Corporativo de Finanzas y Gerencia de Administración y Servicios Compartidos, Francisco Garro.
“A 3 meses del cambio de gobierno, la actual administración del Grupo ICE apura una reestructuración que generaría nuevos puestos de jerarquía en dónde estarían dejando nombrados a los actuales amigos de gobierno”, reprochó el legislador.
Aunado a ello, el diputado dijo que “esto es un ejemplo más de las acciones de miembros del actual gobierno por mantener la red de cuido, dejando acomodados a sus cercanos colaboradores”.
Según expuso, la actual Administración habría procedido de igual forma con la exministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, en Ilanud, e incluso mencionó que el ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez, al parecer ya tendría un puesto asegurado en un organismo internacional.
“Nosotros estamos denunciando primero una acción de gobierno que nos parece censurable, que están actuando para dejar a la red de cuido, los amigos del gobierno ubicados en posiciones, irrespetando lo que pueda hacer el nuevo gobierno.
“En el caso del ICE, esta gente es responsable de un deterioro importante en la situación de la entidad, esta gente ha sido incapaz de frenar los aumentos en las tarifas de la luz, haciendo que empresas e industrias se vayan de Costa Rica”, criticó.
Además, Redondo cuestionó la labor de los altos jerarcas de la entidad, debido a que las familias costarricenses “hoy en día están más apretadas por tarifas en electricidad más caras” y proyectos que a su criterio tienen “graves” problemas, como es el caso del Reventazón.
“Lejos de llamarlos al orden, los están premiando, los están poniendo en una posición más elevada, lo cual tiene implicaciones de orden económico, es premiar a la jerarquía que ha venido afectando al ICE, pero además en una jugada que es muy descarada”, concluyó.
EL MUNDO está a la espera de una posición al respecto por parte de las autoridades del ICE, para conocer a detalle por cuánto tiempo se nombró la mesa de trabajo y cuáles serían sus funciones.
San José, 26 ene (elmundo.cr) –El Comité de Crédito del Banco Nacional aseguró que el ICE no habría informado a tiempo de algún incumplimiento del consorcio Hidrotárcoles, por lo que continuó haciendo desembolsos para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Capulín.
San José, 24 ene (elmundo.cr) –No deja de llover sobre mojado para el presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón y la directora jurídica, Julieta Bejarano, ya que el diputado del Frente Amplio, Jorge Arguedas, presentaría una denuncia contra ellos por lo actuado en dos proyectos hidroeléctricos
San José, 19 ene (elmundo.cr) –El diputado y candidato presidencial de Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo, denunció una supuesta estrategia de la cúpula del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para “amarrar” nuevos puestos de jerarquías, antes que se dé el cambio de gobierno, el próximo 8 de mayo.