San José, 19 ene (elmundo.cr) –Los procesos legales que enfrenta el ICE por supuestos incumplimientos contractuales con las empresas PH Capulín y PH Chucás, en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, ha despertado el interés de algunos diputados, quienes piden una investigación de la Contraloría General de la República (CGR).
La noticia de las demandas millonarias, a las que hoy se ve expuesta la institución por ambos casos, llegó hasta los pasillos de la Asamblea Legislativa; a tal punto de que cinco congresistas presentaron cuatro peticiones al ente contralor.
Por medio del oficio JAM-FFA-002-2018, del 8 de enero anterior, los legisladores firmantes, Mario Redondo, José Ramírez, Gerardo Vargas V., Jorge Arguedas y Carmen Quesada, le solicitaron a la CGR realizar una investigación especial de lo actuado por el ICE en la contratación para el desarrollo de los dos proyectos hidroeléctricos.
En el documento dirigido a la contralora general de la República, Marta Acosta, los congresistas piden, como primer punto, que se indague el actuar del instituto en el recurso interpuesto contra el laudo arbitral, que resultó del conflicto con PH Chucás.
Lo anterior, en el marco de que se determine si ha existido impericia, dolor, omisión y faltas al debido cuidado, así como en el deber de vigilancia, por parte de los funcionarios públicos que debían tutelar los intereses de la entidad.
En caso de que existiera incumplimiento de deberes por parte de los funcionarios o exfuncionarios del instituto, los diputados piden que se valore aplicar su inhabilitación para ejercer cargos en la función pública.
Además, le solicitaron a la Contraloría ponerlos en autos de si efectivamente el reajuste de precios y la cláusula penal, al ser leyes supletorias del Título” de la Ley No. 8660 tienen carácter imperativo e irrenunciable, y por lo tanto no son objeto de arbitraje.
Asimismo, los firmantes del documento le pidieron a la Contraloría que fiscalice lo actuado por el ICE en el caso descrito sobre el conflicto con Hidrotárcoles S.A., en aras de prevenir daños a la Hacienda Pública, provenientes de actuaciones administrativas que hayan dejado espacio para demandas arbitrales o en tribunales comunes.
Los casos
En noviembre pasado, el instituto perdió un arbitraje con PH Chucás por un monto aproximado a los $150 millones, en el centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Norteamericana de Comercio (AmCham). LEA TAMBIÉN: ICE pierde nueva batalla legal que le obliga a pagar más de $150 millones a PH Chucás
El proceso que le costaría millones a la entidad, se suscitó luego de que no le reconociera sobrecostos que se dieron durante la construcción de la hidroeléctrica, en Atenas de Alajuela.
PH Chucás alegó un aparente comportamiento geológico de la zona geográfica y otros factores como el nivel de precipitación y el deslizamiento de terrenos, que provocaron cambios en el proyecto.
Incluso, la institución presentó una adición y aclaración del laudo, sin embargo, el Tribunal de Arbitraje lo rechazó por cuanto consideró que las explicaciones y demás fundamentaciones solicitadas eran “totalmente improcedentes e incompatibles”.
La planta, que en un principio fue valorada en $107 millones, se encareció en aproximadamente $280 millones.
Además de este caso, el ICE también enfrenta un proceso judicial en el Juzgado Contencioso Administrativo, donde la compañía Hidrotárcoles presentó un reclamo por $110 millones. LEA TAMBIÉN: ICE en puertas de otro arbitraje millonario, ahora por Hidrotárcoles
Según consta en documentos en manos de EL MUNDO, la entidad aprobó “por una única vez” cambiar la fecha de entrada de operación de la planta hidroeléctrica Capulín, pero ahora se contradice y desconoce su propia documentación, alegando que es “falso” que haya autorizado una ampliación del plazo.
El ente estatal corre el riesgo de verse en un nuevo arbitraje internacional, debido a que abrió un proceso administrativo para eliminar el contrato con Hidrotárcoles. La demanda en este caso sería por no menos de $300 millones. LEA TAMBIÉN: Eliminar contrato con Hidrotárcoles podría costarle al ICE $300 millones
La empresa desarrolladora de la hidroeléctrica no descarta presentar una demanda contra el el presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, y la directora jurídica, Julieta Bejarano, por el cambio “arbitrario” de la fecha de entrada en operación de la planta hidroeléctrica. LEA TAMBIÉN: Hidrotárcoles no descarta demanda contra presidente y directora jurídica del ICE
EL MUNDO está a la espera de una posición del ICE, en cuanto a su actuación en ambos casos.
