Por Eumar Esaá
La colocación de la primera piedra para una megacárcel, al estilo del cuestionado CECOT y con Nayib Bukele como invitado especial, es la última gran exhibición del presidente costarricense Rodrigo Chaves para promover la lucha de su gobierno contra el crimen organizado.
La seguridad es el tema transversal de la campaña para todos los candidatos, incluso para el propio presidente en funciones, luego de que sus servicios de inteligencia denunciaran un complot para atentar contra su vida.
Una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica realizada en septiembre pasado reveló que 45 % de los votantes consideran que la inseguridad y la delincuencia son los problemas que más les preocupan de la situación del país, una proporción que triplica el siguiente punto, la corrupción (15,5%).
El mismo estudio indica que el 67 % de los mayores de 18 años considera que la situación ha empeorado en los últimos 12 meses. Sin embargo, también señala que un 58 % apoya la continuidad del actual gobierno en el poder, un dato que fortalece las opciones de Laura Fernández, candidata respaldada por el presidente Rodrigo Chaves, quien no puede optar a la reelección.
El narcotráfico, en el centro de la crisis
El Departamento de Estado de Estados Unidos considera a Costa Rica como un “punto clave de transbordo global de cocaína” y un “punto de paso cada vez más importante para organizaciones criminales que trafican cocaína a Estados Unidos”.
El tráfico de drogas ha estado en el centro del repunte de la violencia que está arrojando cifras récord de homicidios en el país centroamericano, históricamente conocido como un paraíso tropical y un destino obligado para actividades al aire libre y contacto con la vida silvestre.
Costa Rica se ha convertido no solo en una ruta estratégica para el traslado de drogas por vía marítima, por su salida tanto al Pacífico como al Caribe, sino que en su territorio operan redes con capacidad para almacenar cientos de toneladas, convirtiendo al país en uno de los 23 con más actividad asociada al narcotráfico en el mundo.
La lucha por el control de las rutas ha disparado los índices de criminalidad. La tasa de homicidios ha pasado de 11,2 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 17 por cada 100.000 habitantes en 2025. Siete de cada 10 asesinatos están relacionados con el narcotráfico.
En la ciudad caribeña de Limón, que mueve el 80% del comercio portuario del país, la tasa de homicidios es más del doble del promedio nacional, con 37 por cada 100.000 habitantes, impulsada por el emporio criminal de los hermanos Picado Grijalba, cabecillas del llamado cartel del Caribe Sur.
Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial, le dijo a la agencia AFP que Costa Rica ha pasado de ser un puente a ser un centro logístico para poderosos carteles de Colombia y México.
Sin embargo, mientras que la coerción es el punto en común de la mayor parte de los candidatos como oferta de campaña para enfrentar la inseguridad, Soto considera que la respuesta pasa por la generación de bienestar para comunidades empobrecidas.
Este país de América Latina, de 5,2 millones de habitantes, tiene niveles elevados de desigualdad, con “anillos de miseria” que han permitido que el “crimen organizado se arraigue”, como explica Soto.
“Estamos pasando líneas muy delicadas que nos activan un estado de alerta y de acción muy fuerte y rápida si no queremos llegar a la situación de la Colombia de los años 90 con sus carteles y su Pablo Escobar”, reconoció Fernando Ramírez, juez penal que fue director del Instituto Costarricense sobre Drogas.
Chaves está en el ojo del huracán
Costa Rica enfrenta un avance significativo del crimen organizado y del narcotráfico, con indicios de infiltración en cuerpos policiales y presiones sobre el sistema político, una situación que ha sido utilizada por sectores de la oposición en el debate electoral.
El Partido Pueblo Soberano, al que pertenecen Rodrigo Chaves y Laura Fernández, fue seriamente cuestionado durante el debate del 27 de enero, entre otras cosas por el apoyo que brinda a la candidatura al Congreso del abogado José Miguel Villalobos, al que Fabricio Alvarado, postulado por Nueva República, calificó de “defensor de narcos”.
El camino a las elecciones presidenciales ha colocado el presidente en el centro del debate, no solo por las acusaciones de no haber hecho suficiente para frenar el avance del narcotráfico, sino por el intercambio de señalamientos sobre su participación en una contienda en la que por ley está vetado.
Chaves ha denunciado un intento de golpe de Estado, que según él estaría instigado tanto por la oposición como por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por el intento fallido de desaforarlo, que no prosperó en el Congreso.
El TSE prohibió la propaganda gubernamental tanto en medios tradicionales como en redes sociales durante los últimos cuatro meses de la campaña, para evitar que la candidata oficialista pudiera sacar ventaja de la promoción de la gestión de Chaves.
“Me duele que lo que hasta ahora había sido un Tribunal Supremo de Elecciones inmaculado, porque ya tiene mácula con esta ley mordaza, le esté quitando la posibilidad a un presidente de comunicarse directamente con el pueblo”, se quejó Chaves.
Sin embargo, eso no impidió que Fernández, que fue su ministra de Planificación y de la Presidencia antes de lanzarse a la contienda electoral, fuera directamente beneficiada por el acto oficial en el que Nayib Bukele acompañó a Chaves a colocar la primera piedra del futuro Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), promovido como el CECOT costarricense.
En octubre, el TSE pidió a la Asamblea Legislativa que levantara la inmunidad del presidente, con el fin de iniciar un proceso sancionatorio contra él por su intervención en la campaña electoral. La iniciativa no prosperó y Chaves agradeció a los “40 diputados patriotas” que votaron para impedirla.
A poco más de dos semanas de las elecciones, el jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Jorge Torres, denunció un plan para asesinar a Chaves, que habría sido filtrado por una “fuente confidencial”. La centrista Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana calificó los señalamientos de “show mediático”.
El fiscal general Carlo Díaz agregó que no le extrañaría que miembros del poder ejecutivo estuvieran recibiendo el mismo tipo de amenazas que han enfrentado los fiscales que enfrentan al crimen organizado.
No fueron las únicas denuncias inesperadas en la recta final de la campaña, porque en pleno debate de cierre, Fernández acusó al candidato del partido evangélico Fabricio Alvarado, de haberla sometido a acoso sexual cuando ella fue su asesora en 2018, revelando “comentarios pasados, fotografías, y lo que es más grave, usando el nombre de Dios”.
Mano dura: la fórmula universal
Mientras expertos, analistas y voces opositoras coinciden en la necesidad de un enfoque integral para enfrentar el auge de la criminalidad, la principal favorita para imponerse en la primera vuelta, Laura Fernández, sigue alineada con la fórmula de la “mano dura” que hereda del populista Chaves.
“No me va a temblar el pulso para tomar las decisiones que tengamos que tomar para retomar la paz en los hogares de Costa Rica que están llenos de gente buena. En mi plan de gobierno hemos planteado el levantamiento de garantías”, defendió en el último debate.
La perspectiva de un estado de excepción ya estaba en el aire mucho antes de que Fernández la planteara. El TSE, la Corte Suprema y algunas voces del Congreso se habían quejado de supuestas actitudes autoritarias de Chaves, que tendrían como propósito desmantelar el estado de derecho, faltando al respeto a la independencia de los poderes.
La progresista Claudia Dobles apuntó durante el debate que “se requieren oportunidades y un enfoque en la educación para que nuestros jóvenes no estén en manos del crimen organizado”, mientras que el socialdemócrata Álvaro Ramos agregó que “la seguridad se recupera, no quitando las libertades a los ciudadanos decentes, sino volviendo a invertir”.
Ni la educación ni la generación de empleo ni el impulso económico son prioridad en la agenda favorita para imponerse el 1 de febrero.
Tiziano Breda, analista senior para América Latina y el Caribe del grupo de análisis de conflictos ACLED, le dijo a la agencia AP que el enfoque de mano dura ha ganado fuerza impulsado por el éxito del modelo Bukele, por una parte, y por el endurecimiento de la posición de Estados Unidos hacia los gobiernos latinoamericanos bajo la gestión de Donald Trump.
“La mezcla de la creciente presión estadounidense y la referencia a la derecha de Bukele que da respuesta a los problemas de seguridad obligó a los gobiernos a equilibrar pragmáticamente sus propios principios con las crecientes solicitudes de represión”, explicó Breda.
Chaves ya había hecho guiños a Trump al aceptar a unos 200 migrantes deportados de Estados Unidos, que permanecieron dos meses recluidos en un refugio hasta que una orden judicial hizo posible su liberación.
También bloqueó la posibilidad de que empresas chinas operaran como proveedoras en la ampliación de la red 5G, alertado por Washington de los supuestos riesgos de espionaje que entrañaban.
Tanto Chaves como Fernández han confesado públicamente su admiración por Bukele y eso los convierte en herederos de la popularidad del líder salvadoreño, una posición que deplora el candidato presidencial de izquierda Ariel Robles.
“¿En qué momento pasamos de soñar con ser la Suiza de Centroamérica a soñar con ser El Salvador?”, lamentó Robles durante la campaña, mientras que el centroderechista Ramos apuntó: “Las dictaduras modernas no siempre llegan con tanques”.
Esto sucede en el país que llegó a tener la segunda democracia más estable y funcional de América Latina, según el Índice de Democracia 2024 de The Economist, solo superado por Uruguay.
Analistas como el historiador de la Universidad de Costa Rica, Víctor Hugo Acuana, advierten de que Costa Rica está en las etapas iniciales de una “transición autoritaria”, al mismo tiempo que el estado de bienestar que imperó por décadas comienza a desvanecerse, con 15,2% de los hogares en situación de pobreza, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Costa Rica ha perdido su posición estratégica como polo de convergencia de grandes corporaciones, que se establecían en el país atraídas por una mano de obra altamente educada y competitiva, y ahora prefieren hacer vida en El Salvador o República Dominicana, considerados más seguros.
En cuanto al turismo, la fuente de ingreso principal de los ‘ticos’, enfrenta una creciente preocupación por el impacto potencial del auge de la violencia y la criminalidad en la imagen del país, con el agravante de que el viraje a la derecha ha sacado progresivamente de la agenda el tema ambiental, clave para la sustentabilidad de la industria turística.
“Tras casi 30 años en los que Costa Rica fue referente internacional en conservación, hoy el imaginario de ‘excepcionalismo verde’ ya ni siquiera forma parte del discurso del continuismo político ni del proceso electoral”, advirtió en diciembre el Informe Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores de educación superior.
El desempeño económico, sin embargo, sigue jugando a favor del gobierno de Fernández, con un crecimiento de 4,2% en 2025, una inflación contenida, que se mantiene por debajo de las estimaciones del Banco Central, y una deuda pública que no supera el 60% del PIB.
Pese a ese panorama, la principal favorita no se ha sentido obligada a preguntarse cómo poner esos indicadores al servicio de sus votantes, y, en medio de las preocupaciones por la inseguridad, pocos están dispuestos a exigírselo.
