Costa Rica continúa midiendo la violencia principalmente mediante estadísticas fragmentadas relacionadas con homicidios, robos, agresiones y percepción de la inseguridad. Sin embargo, la experiencia comparada demuestra que la violencia moderna no puede entenderse únicamente como criminalidad tradicional. Actualmente, numerosos países y organismos internacionales han comenzado a analizarla como un fenómeno multidimensional que abarca no solo delitos visibles, sino también distintas manifestaciones de violencia interpersonal, intrafamiliar, institucional, comunitaria, estructural, política e incluso ideológica.
El país ya comprendió hace algunos años que la pobreza no podía reducirse únicamente al ingreso económico, razón por la cual adoptó el Índice de Pobreza Multidimensional para incorporar factores relacionados con educación, vivienda, empleo, salud y protección social. Bajo esa misma lógica, surge una pregunta cada vez más relevante: ¿debería Costa Rica desarrollar también un indicador multidimensional de violencia social?
La idea no resulta ajena a las tendencias contemporáneas del derecho comparado y las políticas públicas. Diversos estudios sostienen que la violencia no depende exclusivamente de la existencia de delitos, sino también de factores como exclusión educativa, desempleo juvenil, deterioro comunitario, pérdida de cohesión social, polarización ideológica, desconfianza institucional y debilitamiento de la presencia estatal en determinados territorios.
Países como Brasil, Chile y Colombia han desarrollado observatorios e instrumentos estadísticos que integran variables sociales, territoriales e institucionales para comprender mejor las distintas formas de violencia que afectan a sus sociedades. La tendencia moderna ya no consiste únicamente en medir la criminalidad, sino también la vulnerabilidad social y el riesgo de conflictividad.
Costa Rica sí produce abundante información mediante instituciones como el OIJ, el INEC, el Observatorio de la Violencia y el Programa Estado de la Nación. El problema no parece ser la falta de datos, sino la ausencia de integración entre ellos. Actualmente no existe un índice estatal consolidado que permita analizar conjuntamente fenómenos como criminalidad, violencia interpersonal, violencia doméstica, exclusión social, polarización ideológica, percepción de inseguridad, deterioro institucional o conflictividad comunitaria.
Un eventual Índice Multidimensional de Violencia podría convertirse en una herramienta preventiva y no únicamente reactiva. Permitirá identificar comunidades vulnerables antes de que los problemas escalen hacia formas más graves de violencia y facilitaría una mejor coordinación entre seguridad pública, educación, salud mental, desarrollo social y gobiernos locales.
Naturalmente, una herramienta de esta naturaleza también implicaría riesgos. Podría politizarse o terminar convertida en un instrumento burocrático sin efectos reales sobre la política pública. Además, ningún índice sustituye la necesidad de combatir eficazmente la criminalidad ni de garantizar seguridad ciudadana efectiva.
Aun así, el debate parece cada vez más necesario. Costa Rica ya comprendió que la pobreza tiene múltiples dimensiones. Tal vez el siguiente paso sea reconocer que la violencia también las tiene.