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Regular plataformas pero sin encarecer servicio a los usuarios

Posted on by Redacción

En la corriente legislativa se tramita el proyecto de ley con número de expediente 23.736 denominado “Ley de Transporte Remunerado no colectivo de personas mediante empresas de interconexión a través de medios tecnológicos.” Si bien en la Asociación Pro-Defensa de Consumidores Financieros y Afines, conocida como APRODECO, reconocemos los esfuerzos del gobierno por regular un servicio que ya lleva funcionando bien más de 10 años, consideramos que ninguna regulación debería atentar contra el bolsillo de los usuarios.

Levantando la voz por los derechos de los usuarios y consumidores, participamos en una sesión de trabajo en Casa Presidencial el pasado 7 de agosto, donde tuvimos oportunidad de señalar los siguientes aspectos:

●       Restricción de uso de plataformas en aeropuertos, puertos, muelles y terminales

El artículo 5 señala que se excluye la captación, abordaje, recogida o descarga de pasajeros en aeropuertos, puertos, muelles, terminales marítimas internacionales.

Los consumidores no podemos estar de acuerdo con dicha propuesta, toda vez que limita la libertad de elección, tutelada como derecho fundamental en la Constitución Política, en su artículo 46. Adicionalmente, se pone en riesgo la seguridad de los consumidores, quienes prefieren caminar un poco hasta lograr encontrarse con el vehículo que le va a brindar el servicio de transporte.

Desde APRODECO celebramos que en esa sesión de trabajo el gobierno se comprometió a eliminar dicha restricción y nos mantendremos vigilantes de que esta disposición se ajuste en el proyecto de ley.

●       La preocupación principal es que el exceso de regulaciones vaya a significar un aumento en el precio del servicio en las plataformas de transporte de personas

Actualmente esos precios están definidos por el mercado, sea, por oferta y demanda, de manera que la empresa, los conductores y los pasajeros han tenido por más de una década la posibilidad de encontrar precios favorables para sus intereses, sin la intervención de factores externos a la plataforma que generen distorsiones en el precio.

Controles de precios, como lo señala el proyecto de ley al establecer una fórmula de ganancias mínimas por kilómetro, podrían terminar incrementando los precios lo que derivaría en una reducción de la demanda y menos viajes con sus respectivas ganancias para los conductores. A la postre, los consumidores se verían obligados a optar por opciones menos convenientes y seguras y se regrese a la informalidad de lo que conocimos en el pasado como “taxi pirata”.

El Estado tiene muchas funciones que cumplir, el involucramiento directo del COSEVI en el cálculo de tarifas de rentabilidad y fijarlas no debería ser una de ellas. Las empresas de plataformas llevan muchos años desarrollando sus sistemas tarifarios, con experiencia en muchos países distintos. No corresponde al Estado “innovar” en plantear tarifas arbitrarias, sin experiencia real en el mercado, y que más bien pueden llegar a distorsionar los precios, afectando a las plataformas y/o a los usuarios finales.

Una gran ventaja de las plataformas de movilidad es que el precio que determinan es asequible, por lo que se abren más posibilidades de uso por parte de los consumidores.

●       Para muchas personas, el ser conductor que usa alguna plataforma tecnológica para identificar posibles clientes no constituye un empleo realmente, sino una forma de ingreso residual

Eso les permite pagar deudas, pagar el crédito del mismo vehículo que manejan, o solamente utilizar su tiempo libre para generar dinero extra.

Existen muchas personas mayores, incluso pensionadas, que logran aumentar los ingresos de sus hogares gracias a las plataformas, pues no deben cumplir horarios fijos, pueden trabajar a su ritmo y con la seguridad de que se les pagará. Lo mismo ocurre con personas en condición de subempleo, con estudiantes que aún no cuentan con títulos para trabajar, etc.

●       El tema de las cargas sociales ante la Caja Costarricense del Seguro Social podría generar un problema

Si no se expresa de forma directa que hay una amnistía por el periodo que los conductores han utilizado esas plataformas en el pasado, estos quedarían expuestos a cobros multimillonarios por parte de la CCSS. Eso podría tener como consecuencia que menos personas provean servicio de trasporte para los consumidores deteriorándose el servicio y muy probablemente encareciéndose este.

Valga mencionar que nos satisface mucho que en esa sesión de trabajo en la Presidencia, el gobierno aseguró que si una persona conductora ya es asegurada por un trabajo formal, por una pensión por vejez o por un seguro voluntario, se le permitirá continuar en las mismas condiciones en que se encuentra, sin necesidad de realizar cambios relacionados a las cargas sociales. Sobre este punto, también urge estar vigilante para asegurar que ese compromiso quede establecido en la propuesta de ley ya que para la CCSS quien recibe ingresos mensuales como trabajador independiente debe cotizar por aparte.

El dictamen que llega por WhatsApp: así funciona el mercado de certificados médicos sin examen para licencias de conducir

Posted on by Xavier Condega

San José, 26 ago (elmundo.cr) – EL MUNDO contactó a 13 oferentes de dictámenes médicos. En 12 casos, el proceso fue el mismo: formulario por WhatsApp, pago, y el documento llega al teléfono. Sin sala de espera. Sin estetoscopio. Sin médico. Una médica sí exigió cita presencial y examen físico. El resto no.

La conversación dura menos de tres minutos.

Uno escribe a un número de WhatsApp. Pregunta el precio. Le responden con un formulario por WhatsApp. Llena sus datos -nombre, cédula, tipo de licencia- y responde preguntas sobre si padece alguna enfermedad, si utiliza lentes, si es derecho o zurdo y si es donador. Todo se realiza en línea. Transfiere ₡16.000 a una cuenta. Y espera.

Al rato, el dictamen médico llega al celular en formato PDF.

No hubo sala de espera. No hubo lectura de carta óptica. No hubo medición de presión arterial. Tampoco hubo un médico al otro lado de un escritorio preguntando si padece epilepsia, diabetes, o algún problema cardíaco.

El documento dice que esa persona está apta para conducir. Y alguien lo firmó. EL MUNDO documentó este proceso en 12 de 13 contactos consultados. La decimotercera oferta fue distinta: la Dra. Lidia Pérez cobra ₡20.000, pero exige cita presencial y realiza el examen antes de emitir el dictamen.

La diferencia no es el precio. Es lo que ocurre -o no ocurre- antes de que un médico certifique que alguien puede ponerse al volante.

El trámite que se resuelve sin salir de casa

Nadie quiere pasar una mañana en una clínica si puede evitarlo. La renovación de la licencia ya implica tiempo, filas y trámites. Que el dictamen médico se convierta en otro obstáculo es algo que muchos conductores prefieren sortear rápido.

Los 12 contactos encontrados ofrecen exactamente eso: velocidad.

El mecanismo es parecido en todos los casos. Se escribe por WhatsApp. Se recibe por esa misma vía un formulario o cuestionario que el usuario debe completar en línea. Se llena con datos personales y se responden preguntas relacionadas con la salud, entre ellas si padece alguna enfermedad, si utiliza lentes, si es derecho o zurdo y si es donador. Se hace el pago -las tarifas arrancan en ₡16.000, aunque varían-. Y después, sin más trámite, llega el documento.

Algunos oferentes prometen entrega en “menos de una hora”. Otros hablan de “dos horas máximo”. En todos los casos, lo que no se menciona es la consulta médica. Porque no la hay.

No es que estos servicios digan “le haremos el examen por videollamada” o “le haremos unas preguntas de rutina”. No. El proceso documentado consiste en responder un cuestionario enviado por WhatsApp, hacer el pago y recibir el documento. Punto.

Eso es lo que la investigación documentó. No una sospecha ni un rumor. Un proceso que se ofrece abiertamente, que se ejecuta con normalidad y que termina con un documento firmado por un profesional que nunca vio al paciente.

Lo que la ley exige y lo que realmente ocurre

En Costa Rica, el Reglamento para el Control de la Calidad del Examen Médico para Conductores establece que todo solicitante de licencia debe ser valorado por un médico autorizado. El examen incluye revisión de agudeza visual, capacidad auditiva, sistema cardiovascular, sistema nervioso y condiciones mentales que pudieran comprometer la conducción.

El dictamen no es un formulario decorativo. Es la barrera que separa a una persona con una condición médica que podría ser peligrosa al volante del resto de los conductores, peatones y pasajeros que comparten la via.

Pero el reglamento describe cómo debería ser el examen. No describe con el mismo detalle cómo se supervisa que ese examen realmente se lleve a cabo. Ahí está el hueco.

La tecnología facilitó la digitalización del documento final. El PDF reemplazó al papel membretado. Y eso, por sí mismo, no es el problema. Un dictamen digital emitido tras una consulta real es tan válido como uno impreso.

El cuestionamiento es otro: ¿qué respalda el PDF cuando no hubo consulta?

La médica que sí examina

Entre los 13 contactos, uno se comportó de manera diferente.

La Dra. Lidia Pérez atendió la consulta de esta investigación con una condición: el paciente debe agendar una cita, presentarse en su consultorio y someterse al examen médico antes de recibir el dictamen.

Cobra ₡20.000 -₡4.000 más que la oferta más baja encontrada- y su proceso es, por definición, más lento que el de los otros contactos. No hay formulario de Google. No hay WhatsApp que reemplace la consulta. Hay un paciente en un consultorio y un médico que lo examina.

Su caso permite ver la brecha con claridad. Del lado de los 12 contactos restantes, el servicio funciona como una transacción comercial: datos, pago, producto. Del lado de la Dra. Pérez, funciona como un acto médico: examen, evaluación, certificación.

Que una sola oferta entre 13 exija examen presencial no demuestra que las otras doce sean irregulares por sí solas. Pero sí plantea una pregunta directa: si un médico considera imprescindible examinar antes de firmar, ¿por qué otros no?

¿Quién firma esos dictámenes?

Esta investigación se detiene aquí. No identifica a los 12 oferentes ni a los médicos cuyos nombres aparecen en los documentos emitidos sin examen. Hacerlo sin haber verificado si esos médicos conocen la forma en que se gestionaron sus firmas sería irresponsable.

Porque las preguntas son más de las que parecen:

¿Firmó ese médico el dictamen sabiendo que no examinó al paciente? ¿O alguien más usó su nombre y su colegiado sin su conocimiento? ¿El sistema del Colegio de Médicos y Cirujanos permite rastrear quién emitió cada dictamen y cuándo? ¿El Consejo de Seguridad Vial o el MOPT tienen un mecanismo para detectar patrones anómalos por ejemplo, que un mismo médico emita cientos de dictámenes por semana?

La investigación no puede responder esas preguntas aún. Pero las necesita formular.

Lo que está en juego no es un papel

Un dictamen sin examen no es solo un trámite acelerado. Es una persona que circula por una carretera sin que nadie haya verificado si ve bien, si escucha bien, si no padece una condición que podría causar un accidente. Las cifras de accidentes de tránsito en Costa Rica no se explican únicamente por la velocidad o el alcohol. También hay factores médicos: conductores con problemas cardiovasculares que sufren un evento al volante, personas con epilepsia no diagnosticada, problemas visuales que no se detectaron a tiempo. El examen médico existe precisamente para reducir ese riesgo.

Cuando el examen no ocurre, el riesgo no desaparece. Solo queda fuera de registro.

Y hay algo más. Cada dictamen emitido sin examen es un documento firmado por un profesional colegiado. Eso implica una responsabilidad legal y ética. Si algo sale mal si una persona con una condición médica no detectada causa un accidente-, la pregunta sobre quién firmó y bajo qué circunstancias dejará de ser periodística para convertirse en judicial.

El negocio detrás del formulario

Los precios oscilan entre ₡16.000 y ₡20.000. A simple vista, la diferencia no es dramática. Pero la economía de escala lo cambia todo.

Si un oferente procesa 50 dictámenes por día sin examen -solo rellenando formularios y enviando PDFs-, el ingreso diario supera los ₡800.000. En un mes, puede facturar más de ₡20 millones sin necesidad de un consultorio, una recepcionista o un equipo médico.

Esa es la tentación. Y esa es la razón por la que el mercado existe: hay demanda-gente que quiere resolver rápido y hay oferta -alguien dispuesto a emitir el documento sin preguntas-

Pero un mercado no es legítimo solo porque exista. Y la facilidad no es lo mismo que la legalidad.

Lo que falta investigar

Los 13 contactos documentados no son una condena. Son un punto de partida. Lo que esta investigación encontró es un patrón: 12 de 13 oferentes ofrecen un dictamen sin examen médico previo. Eso no prueba por sí solo que cada documento sea falso ni que cada médico involucrado esté cometiendo un delito. Pero sí exige una respuesta institucional.

EL MUNDO consultará al Colegio de Médicos y Cirujanos, al Consejo de Seguridad Vial con preguntas específicas.

Las respuestas determinarán si lo documentado son casos aislados, un vacío regulatorio o algo sistémico.

Lo que esta investigación sí puede decir

Mientras algunas profesionales exigen cita y examen antes de firmar un dictamen, EL MUNDO encontró 12 ofertas donde el usuario avanza con un formulario, hace un pago y recibe el documento sin haber sido examinado. No es una suposición. Es lo que se documentó.

La pregunta que queda es la que ningún PDF sin examen puede responder: ¿Quién garantiza que esa persona está en condiciones de conducir? Porque si la respuesta es “nadie”, entonces el problema no es un trámite acelerado. Es una barrera de seguridad que dejó de existir.

Esta investigación continúa.

Contraloría rechaza apelación de TÜV Rheinland y Cosevi deberá convocar nueva licitación para la inspección técnica vehicular

Posted on by Xavier Condega

San José, 08 ago (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República rechazó el recurso de apelación interpuesto por la empresa TÜV RHEINLAND CERTIO, S.L. en contra de la resolución adoptada por la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) para dejar sin efecto la licitación promovida para la precalificación de la futura contratación de servicios para la prestación de servicios de inspección técnica vehicular a nivel nacional.

¿Qué cuestionaba la empresa recurrente?

Esencialmente que debía procederse a la segunda etapa de la precalificación y que el acto dictado no era procedente, considerando que lo que correspondía era continuar con el concurso para así atender el interés público.

¿Qué resolvimos?

La Contraloría señaló que no cuenta con la competencia para conocer el acto impugnado conforme dispone la Ley General de Contratación Pública al no tratarse de un acto final derivado del procedimiento. Señala además la Contraloría que los problemas alegados por el Cosevi respecto de la elegibilidad de un oferente se refieren a un acto que está en firme, por lo que para su anulación, debe procederse conforme los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico.

¿Qué sigue?

Corresponde al Cosevi tomar las medidas necesarias para promover una nueva licitación que permita la prestación de los servicios de inspección técnica apegado al ordenamiento jurídico y conforme ha indicado la Sala Constitucional.

Régimen institucional y seguridad jurídica del país groseramente atropellados

Posted on by Redacción

La sociedad costarricense una vez más, ha visto con asombro como se viene vulnerando nuestro régimen institucional y la seguridad jurídica del país, un día sí y otro también, por parte del Poder Ejecutivo en diversas actividades económicas y de servicios, que lejos de incentivar la inversión necesaria para dinamizar la economía, la desestimula, lo que se ha notado claramente, en los índices y estadísticas macroeconómicas respectivas, especialmente en el último semestre.

Hemos sido testigos nuevamente, de la imposición del señor presidente de la República, al mejor estilo de los sistemas políticos despóticos y dictatoriales, que lamentablemente, observamos en países vecinos, la exigencia de anular un proceso de licitación pública internacional para adjudicar la inspección vehicular, servicio neurálgico para garantizar, el bienestar de la ciudadanía costarricense en materia de salud pública, a partir de la reducción de la siniestralidad de accidentes de tránsito y la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, principios elementales de arraigo constitucional.

El pasado 02 de julio del 2025, el señor presidente, de manera reiterada arremete, en contra del proceso licitatorio internacional, ordenando como lo acoté, que el mismo sea anulado, bajo una serie de argumentos espurios e improcedentes, violentando de manera flagrante, los más básicos principios del bloque de legalidad, sin importarle en absoluto, aspectos fundamentales de legalidad y transparencia que rigen el proceso administrativo, desconociendo así, abiertamente, que existe un órgano colegiado, responsable, de regular dicha actividad de servicio público trascendental para el país y ente que precisamente, promovió este concurso público internacional, es el caso del Consejo de Seguridad Vial, que por ley, está llamado a resolver este sensible asunto.

El señor presidente, en una actitud dictatorial y tiránica, conmina a sus subalternos, para que anulen el proceso licitatorio encaminado, sin importar, la existencia de empresas oferentes, extranjeras y nacionales ya precalificadas que acudieron al llamado de la propia administración para presentar ofertas bajo el principio de buena fe y transparencia que debe primar en un tema tan sensible y delicado, olvidando además, que con su actuación e investidura, está ejerciendo una influencia ilegal e indebida que constituye un posible delito de tráfico de influencias, arrogándose potestades que la ley ni la constitución le confieren.

Insiste el señor presidente, desbordando sus competencias, bajo un argumento falaz, relacionado con el tema de la tarifa hacia la baja, sin embargo, se sabe, que este servicio público, en materia de precios, es regulado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, lo que deviene en improcedente su alegato, por lo que la única explicación a la sazón que subyace de fondo, es la intención de mantener operando contra viento y marea la empresa Dekra, que no calificó en el proceso, por no demostrar la solvencia financiera respectiva.

A contrapelo de la Ley, y de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, respecto a la inviabilidad del permiso en precario, pretende, que un órgano desconcentrado, como es el Consejo de Seguridad Vial, tire por la borda, un esfuerzo de más de dos años, que cuenta con el respaldo de informes técnicos y jurídicos y de la validación de la Contraloría General de la República.

Amén de lo expuesto, la empresa chineada, Dekra ha demostrado total ineficiencia, además, no ha realizado en 03 años de prestación del servicio público en precario, ningún tipo de inversión, es decir ha explotado sin costo alguno, los bienes del Estado que son de todos los costarricenses, instalaciones y equipos de mayor cuantía, que, por cierto, se encuentran deteriorados, sin recibir mantenimiento alguno y que por su falta de capacidad (Dekra), quedó excluida del proceso de licitación invocado.

Es momento de frenar tanto abuso y atropello a nuestro régimen institucional y de derecho, existen criterios técnicos y legales que deben respetarse, no hacerlo, motivará que los responsables, tengan más tarde que enfrentar la justicia en concordancia con sus actuaciones, por otra parte, es innegable, que el país está frente a una valiosa posibilidad de contar con un servicio de excelencia en materia de inspección vehicular, con una apertura del mercado razonable de acuerdo a la técnica, en dónde los ofertantes deberán invertir en nuevos equipos y una mayor cantidad de líneas.

Señores del COSEVI, se les exhorta vehemente, para que su actuar garantice respeto institucional y la legalidad, es necesario que prime, el sentido común y la transparencia fundamental que debe asociar un proceso de licitación internacional, que prohíje la estabilidad jurídica, para una adecuada inversión en este y en cualquier otro campo de la actividad económica del país.

Leslye Bojorges impulsa proyecto para hacer obligatorio el seguro de daños a terceros

Posted on by Xavier Condega

San José, 19 may (elmundo.cr) – ¿Alguna vez le chocaron su carro y, aunque no fue su culpa, terminó pagando los daños porque la otra persona no tenía seguro, propiedades ni salario embargable? Esta es una situación más común de lo que parece y es precisamente lo que busca cambiar el diputado Leslye Bojorges con un nuevo proyecto de ley.

El legislador plantea establecer como obligatorio el seguro de daños a terceros para todos los vehículos que circulen por las calles de Costa Rica, tal como ya lo es el marchamo o el RTV. Según explicó Bojorges, el objetivo es evitar que ciudadanos inocentes terminen asumiendo el costo de reparar sus vehículos tras un accidente donde no fueron responsables.

“Esta es la historia de muchos costarricenses. Por eso estoy presentando un proyecto de ley para que sea obligatorio tener un seguro de daños a terceros”, afirmó.

El proyecto destaca que, con menos de 5.000 colones al mes, las personas pueden adquirir un seguro que cubra hasta 20 millones de colones en daños ocasionados a terceros. Además, si el propietario del vehículo ya cuenta con un seguro de este tipo, no tendrá que contratar uno nuevo.

“El proyecto es muy sencillo. Así como es obligatorio tener marchamo o revisión técnica, también será obligatorio tener este seguro”, explicó Bojorges, quien añadió que las aseguradoras serán responsables de emitir un certificado válido y que el pago podrá hacerse de forma mensual.

En Costa Rica, los accidentes de tránsito son frecuentes: según datos del COSEVI, ocurre al menos un choque cada hora. En muchos casos, las víctimas terminan atrapadas en procesos judiciales largos, costosos y, al final, infructuosos, si el responsable no tiene bienes a su nombre ni seguro vigente.

La diputada Bojorges invitó a las personas afectadas por este tipo de situaciones a compartir sus testimonios para que los demás diputados comprendan la urgencia del proyecto.

“Cuénteme su experiencia para poder ir a entrevistarlo. Es importante que quienes van a votar esta ley entiendan por qué todos los dueños de un vehículo deben tener un seguro de daños a terceros”, concluyó.

Dekra queda fuera de inspección vehicular, tras rechazo de recurso por Contraloría

Posted on by Redacción

San José, 3 abr (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República resolvió declarar sin lugar un recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Dekra.

Además, confirmó el acto final de precalificación en la Licitación Mayor 2023LY-000002-0058700001, promovida por el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), para la prestación del servicio de inspección técnica vehicular a nivel nacional.

La Contraloría explicó que desde rondas anteriores de apelación, había confirmado un incumplimiento financiero, señalado por el Cosevi, el cual incide directamente en la posibilidad de que DEKRA resultara precalificada.

De este modo, se resolvió confirmar el acto final que declaró precalificadas las ofertas de la empresa TÜV Rheinland Certio, S.L., y al Consorcio Applus CR.

En el caso de TÜV Rheinland Certio, S.L. se revisó que el Cosevi acreditara el cumplimiento de experiencia en 25 millones de revisiones integrales que pidió el pliego.

Ahora le corresponde al Cosevi continuar con las siguientes etapas del procedimiento de precalifcación, todo conforme los parámetros fijados en el pliego y el objeto del concurso, lo que queda bajo su entera responsabilidad.

Sala IV señala que revisión técnica vehicular debe adjudicarse mediante licitación pública

Posted on by Redacción

San José, 16 oct (elmundo.cr) – La Sala Constitucional declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad contenida en el expediente 21021385-0007-CO y que se presentó contra el artículo 25 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, número 9078, de 4 de octubre de 2012, y, por conexidad, contra los artículos 26, 27 y 28 de la misma ley.

En la sentencia 2024-030616, por mayoría, los magistrados consideraron que la habilitación de un sistema de autorizaciones en esta materia, no sólo resulta contrario a la previsión del artículo 182 de la Constitución Política, sino que, también, vulnera la protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues supone una regresión hacia un sistema que impide la plena verificación de actos esenciales de este servicio público, como lo es el control de emisiones contaminantes.

Consecuentemente, el sistema de autorizaciones en cuestión, sería igualmente contrario a la previsión de los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, por contravenir la protección del derecho a un ambiente sano y, con ello, el derecho a la salud.

En consecuencia, se anulan por inconstitucionales los vocablos «autorización», «autorizaciones», «autorizada» y «autorizadas» contenidos en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres y Seguridad Vial, ley número 9078 y, en su lugar, léase «adjudicación», «adjudicaciones», «adjudicada» y «adjudicadas», respectivamente.

La Sala Constitucional también ordenó al Consejo de Seguridad Vial, adoptar las medidas que legítimamente resulten pertinentes para garantizar la continuidad del servicio público de revisión o inspección técnica vehicular.

La inconstitucionalidad señalada por la Sala no afecta la continuidad de la prestación del servicio de revisión técnica vehicular que actualmente se brinda, toda vez que desde el año 2023, Cosevi tramitó el proceso licitatorio número 2023LY-000002-0058700001, el cual tampoco se ve afectado por esta sentencia.

La magistrada Garro Vargas salvó el voto y declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad por razones de admisibilidad. En su criterio, la legitimación invocada por la parte accionante -basada en la tutela del derecho a un ambiente sano- no cubre los motivos de fondo invocados, como lo sería la protección de la Hacienda Pública.

DEKRA presenta recurso de amparo para proteger calidad de inspecciones vehiculares

Posted on by Edmundo

San José, 6 ago (elmundo.cr) – DEKRA presentó un recurso de amparo y una queja para asegurar la experiencia técnica de las empresas que realizan inspecciones vehiculares en Costa Rica.

Esta acción surge tras la confirmación de Cosevi sobre la falta de experiencia técnica de TÜV Rheinland, tal como lo había señalado la Contraloría.

Según la Contraloría, “cualquier oferta para realizar inspecciones vehiculares debe contar con una empresa del grupo con al menos 25.000.000 de inspecciones realizadas”.

La Comisión Evaluadora de Cosevi reveló el 1 de agosto que la oferta de SECTA, empresa del grupo de TÜV Rheinland, “no cumple con lo requerido (…) en la cláusula 3.1.2 ‘Experiencia técnica'”.

Pese a lo anterior, la Comisión Evaluadora recomendó preseleccionar a TÜV Rheinland para inspecciones vehiculares en Costa Rica. DEKRA presentó las denuncias “para garantizar que las empresas que prestan servicios a los ciudadanos de Costa Rica tengan la experiencia necesaria para proporcionar inspecciones de vehículos de calidad”, afirmó.

La Contraloría también ordenó revisar las inspecciones realizadas por SECTA, pues era la única entidad de TÜV Rheinland que podía cumplir el requisito de las 25.000.000 de inspecciones.

Intervención de radiales por ¢12.839 millones inicia el 5 de agosto con calle vieja a Tres Ríos

Posted on by Redacción

San José, 31 jul (elmundo.cr) – Como parte de una serie de intervenciones en radiales, este 5 de agosto comenzarán los trabajos en la radial sobre la ruta nacional 251, en Tres Ríos de La Unión.

La inversión en las 8 rutas será por ¢12.839 millones, provenientes de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, del Consejo Nacional de Vialidad,

Según detallaron en el Consejo, las labores de mantenimiento preventivo, para evitar daños con costos más elevados, permitieron definir 8 vías que requieren de trabajos que garanticen su buen estado, dada su relevancia en cuanto a que conectan zonas altamente pobladas y comerciales con sitios similares, especialmente en el centro de la capital.

De igual forma, estas rutas también tienen relevancia en el traslado de muchas personas a sus centros de estudio o trabajo, mediante el transporte público, modalidad autobús, en sus diferentes ramales.

Así, las labores que se ejecutarán en tres etapa, comenzarán el lunes 5 de agosto, con la ruta mencionada, también conocida como “calle vieja”, entre el cruce de La Galera y el entronque con la ruta nacional 2, en San Rafael de Tres Ríos, a lo largo de 6.2 km.

Este primer mejoramiento, que incluirá trabajos en la regularidad superficial, es decir sobre la calzada de ruedo, tendrán una inversión de ¢1.200 millones.

Serán 65 días de labores, por lo que se estima para mediados de octubre, si el clima lo permite, tener listos los trabajos.

Esta obra se hará tanto de día como de noche, y estará a cargo de Constructora Santa Fe, que es la empresa asignada a la zona, por parte de la Gerencia. De día, las intervenciones se harán de 6 am a 4 pm y, por las noches, se trabajará desde las 9 pm hasta las 5 am.

Los trabajos incluyen perfilado (retiro de la vieja superficie de ruedo), recarpeteo con mezcla asfáltica en caliente, así como mejoramiento de los espaldones y de las bahías de autobús. Los trabajos también implican demarcación horizontal con pintura.

Mientras se realicen los pasos regulados, los usuarios pueden valorar el uso de vías alternas, como lo son la ruta nacional 202, buscando la ruta 221, y la propia ruta 221 (Parque de Tres Ríos al cruce de Los Figueres, sea que se toma por Concepción hasta bajar a Curridabat o del parque de Tres Ríos hacia Cipreses, por calle Santiago).

De igual manera, se puede viajar por la carretera Florencio del Castillo.

Otras radiales

El paquete de ocho intervenciones se divide en tres etapas, la primera incluye la ruta 251, ya citada, así como la ruta 202, entre el paso a desnivel en La Bandera, en Montes de Oca, y San Ramón de La Unión, a lo largo de 9.6 km.

La tercera ruta es la 218, que va desde el sector de La California hasta Ipís, en un tramo de 4.2 km, detallaron en el Consejo.

En estos casos, la inversión en la ruta 202 será de ¢2.431 millones y en la ruta 218 se destinarán recursos por el orden de ¢1.162 millones. En ambos casos, se debe definir la fecha de inicio, pero son obras que se ejecutarán entre este 2024 y el 2025.

Rutas como San José hacia y desde La Galera, Desamparados, la Y Griega, La Colina en San Francisco de Dos Ríos y Alajuelita son otros ejemplos (Ver cuadro adjunto). En total, se intervendrán 51.8 km.

No podemos permitir que nuestras carreteras sigan siendo una trampa de muerte, aseguró Chaves

Posted on by Ixchel Muñoz

San José, 18 jul (elmundo.cr) – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, fue parte del lanzamiento de una campaña publicitaria, que busca concientizar a la población de las consecuencias que se tienen cuando se abusa de la velocidad al volante.

En la actividad también participaron el ministro del MOPT, Mauricio Batalla, las autoridades de la Policía de Tránsito, Cosevi y la Fundación Geovanny Vásquez, que es parte de una alianza público-privada que busca la reducción de muertes en carretera.

Chaves recalcó que “no podemos permitir que nuestras carreteras sigan siendo una trampa de muerte, en lugar de vías de movilización de personas y productos para generar prosperidad”.

El mandatario hizo un llamado a los “vivazos” que andan en las carreteras a pensar que sus acciones los afectan no solo a ellos, sino que pueden terminar con la vida de otras personas.

“No queremos que más vida se pierdan de manera absurda, vidas que se pudieron haber economizado con decir te agradezco, no quiero tomar, vidas que se pudieron haber salvado quitando el chistecito aquel de las tres mentiras del tico y que este es el zarpe, necesitamos un cambio”, aseguró.

Chaves insistió en que “necesitamos tomar iniciativas diferentes, disruptivas, este es un llamado a la acción, de trabajar juntos, sector privado, gobierno, ciudadanía, instituciones descentralizadas, porque lo único que queda es tomar las decisiones correctas, debemos involucrarnos todos, cada uno con la responsabilidad que le corresponde”.

“Ustedes colegas de Tránsito, Fuerza Pública, Bomberos y Cruz Roja, ustedes han venido haciendo lo que tienen que hacer, de manera honorable y valiente, pero ustedes vienen a recoger los pedazos muchas veces, vienen a tratar de evitar, en tránsito, con recursos limitados, que haya imprudencias, pero no podemos tener un oficial de Tránsito en cada moto, en cada carro y en cada esquina, no se puede”, sostuvo.

Chaves insistió en que “nosotros en el gobierno y del sector privado, hacemos un llamado para que nuestras carreteras dejen de convertirse en cementerios, o lugares de envío a los cementerios, piensen compatriotas con responsabilidad, pónganse la mano en el corazón, usted puede acelerar de manera temeraria y a lo único que lo va a llevar más rápido es al cementerio, a la cárcel y a enfrentar la familia de una víctima”.

“Salvemos vidas, muchas gracias a la Fundación Giovanni Vázquez, muchas gracias a mis colegas de gobierno, que Dios bendiga a cada pasajero, a cada chofer, a cada motociclista y a cada costarricense en este hermosísima patria que Dios nos dio”, concluyó.