En la corriente legislativa se tramita el proyecto de ley con número de expediente 23.736 denominado “Ley de Transporte Remunerado no colectivo de personas mediante empresas de interconexión a través de medios tecnológicos.” Si bien en la Asociación Pro-Defensa de Consumidores Financieros y Afines, conocida como APRODECO, reconocemos los esfuerzos del gobierno por regular un servicio que ya lleva funcionando bien más de 10 años, consideramos que ninguna regulación debería atentar contra el bolsillo de los usuarios.
Levantando la voz por los derechos de los usuarios y consumidores, participamos en una sesión de trabajo en Casa Presidencial el pasado 7 de agosto, donde tuvimos oportunidad de señalar los siguientes aspectos:
● Restricción de uso de plataformas en aeropuertos, puertos, muelles y terminales
El artículo 5 señala que se excluye la captación, abordaje, recogida o descarga de pasajeros en aeropuertos, puertos, muelles, terminales marítimas internacionales.
Los consumidores no podemos estar de acuerdo con dicha propuesta, toda vez que limita la libertad de elección, tutelada como derecho fundamental en la Constitución Política, en su artículo 46. Adicionalmente, se pone en riesgo la seguridad de los consumidores, quienes prefieren caminar un poco hasta lograr encontrarse con el vehículo que le va a brindar el servicio de transporte.
Desde APRODECO celebramos que en esa sesión de trabajo el gobierno se comprometió a eliminar dicha restricción y nos mantendremos vigilantes de que esta disposición se ajuste en el proyecto de ley.
● La preocupación principal es que el exceso de regulaciones vaya a significar un aumento en el precio del servicio en las plataformas de transporte de personas
Actualmente esos precios están definidos por el mercado, sea, por oferta y demanda, de manera que la empresa, los conductores y los pasajeros han tenido por más de una década la posibilidad de encontrar precios favorables para sus intereses, sin la intervención de factores externos a la plataforma que generen distorsiones en el precio.
Controles de precios, como lo señala el proyecto de ley al establecer una fórmula de ganancias mínimas por kilómetro, podrían terminar incrementando los precios lo que derivaría en una reducción de la demanda y menos viajes con sus respectivas ganancias para los conductores. A la postre, los consumidores se verían obligados a optar por opciones menos convenientes y seguras y se regrese a la informalidad de lo que conocimos en el pasado como “taxi pirata”.
El Estado tiene muchas funciones que cumplir, el involucramiento directo del COSEVI en el cálculo de tarifas de rentabilidad y fijarlas no debería ser una de ellas. Las empresas de plataformas llevan muchos años desarrollando sus sistemas tarifarios, con experiencia en muchos países distintos. No corresponde al Estado “innovar” en plantear tarifas arbitrarias, sin experiencia real en el mercado, y que más bien pueden llegar a distorsionar los precios, afectando a las plataformas y/o a los usuarios finales.
Una gran ventaja de las plataformas de movilidad es que el precio que determinan es asequible, por lo que se abren más posibilidades de uso por parte de los consumidores.
● Para muchas personas, el ser conductor que usa alguna plataforma tecnológica para identificar posibles clientes no constituye un empleo realmente, sino una forma de ingreso residual
Eso les permite pagar deudas, pagar el crédito del mismo vehículo que manejan, o solamente utilizar su tiempo libre para generar dinero extra.
Existen muchas personas mayores, incluso pensionadas, que logran aumentar los ingresos de sus hogares gracias a las plataformas, pues no deben cumplir horarios fijos, pueden trabajar a su ritmo y con la seguridad de que se les pagará. Lo mismo ocurre con personas en condición de subempleo, con estudiantes que aún no cuentan con títulos para trabajar, etc.
● El tema de las cargas sociales ante la Caja Costarricense del Seguro Social podría generar un problema
Si no se expresa de forma directa que hay una amnistía por el periodo que los conductores han utilizado esas plataformas en el pasado, estos quedarían expuestos a cobros multimillonarios por parte de la CCSS. Eso podría tener como consecuencia que menos personas provean servicio de trasporte para los consumidores deteriorándose el servicio y muy probablemente encareciéndose este.
Valga mencionar que nos satisface mucho que en esa sesión de trabajo en la Presidencia, el gobierno aseguró que si una persona conductora ya es asegurada por un trabajo formal, por una pensión por vejez o por un seguro voluntario, se le permitirá continuar en las mismas condiciones en que se encuentra, sin necesidad de realizar cambios relacionados a las cargas sociales. Sobre este punto, también urge estar vigilante para asegurar que ese compromiso quede establecido en la propuesta de ley ya que para la CCSS quien recibe ingresos mensuales como trabajador independiente debe cotizar por aparte.
