San José, 26 ago (elmundo.cr) – EL MUNDO contactó a 13 oferentes de dictámenes médicos. En 12 casos, el proceso fue el mismo: formulario por WhatsApp, pago, y el documento llega al teléfono. Sin sala de espera. Sin estetoscopio. Sin médico. Una médica sí exigió cita presencial y examen físico. El resto no.
La conversación dura menos de tres minutos.
Uno escribe a un número de WhatsApp. Pregunta el precio. Le responden con un formulario por WhatsApp. Llena sus datos -nombre, cédula, tipo de licencia- y responde preguntas sobre si padece alguna enfermedad, si utiliza lentes, si es derecho o zurdo y si es donador. Todo se realiza en línea. Transfiere ₡16.000 a una cuenta. Y espera.
Al rato, el dictamen médico llega al celular en formato PDF.
No hubo sala de espera. No hubo lectura de carta óptica. No hubo medición de presión arterial. Tampoco hubo un médico al otro lado de un escritorio preguntando si padece epilepsia, diabetes, o algún problema cardíaco.
El documento dice que esa persona está apta para conducir. Y alguien lo firmó. EL MUNDO documentó este proceso en 12 de 13 contactos consultados. La decimotercera oferta fue distinta: la Dra. Lidia Pérez cobra ₡20.000, pero exige cita presencial y realiza el examen antes de emitir el dictamen.
La diferencia no es el precio. Es lo que ocurre -o no ocurre- antes de que un médico certifique que alguien puede ponerse al volante.
El trámite que se resuelve sin salir de casa
Nadie quiere pasar una mañana en una clínica si puede evitarlo. La renovación de la licencia ya implica tiempo, filas y trámites. Que el dictamen médico se convierta en otro obstáculo es algo que muchos conductores prefieren sortear rápido.
Los 12 contactos encontrados ofrecen exactamente eso: velocidad.
El mecanismo es parecido en todos los casos. Se escribe por WhatsApp. Se recibe por esa misma vía un formulario o cuestionario que el usuario debe completar en línea. Se llena con datos personales y se responden preguntas relacionadas con la salud, entre ellas si padece alguna enfermedad, si utiliza lentes, si es derecho o zurdo y si es donador. Se hace el pago -las tarifas arrancan en ₡16.000, aunque varían-. Y después, sin más trámite, llega el documento.
Algunos oferentes prometen entrega en “menos de una hora”. Otros hablan de “dos horas máximo”. En todos los casos, lo que no se menciona es la consulta médica. Porque no la hay.
No es que estos servicios digan “le haremos el examen por videollamada” o “le haremos unas preguntas de rutina”. No. El proceso documentado consiste en responder un cuestionario enviado por WhatsApp, hacer el pago y recibir el documento. Punto.
Eso es lo que la investigación documentó. No una sospecha ni un rumor. Un proceso que se ofrece abiertamente, que se ejecuta con normalidad y que termina con un documento firmado por un profesional que nunca vio al paciente.
Lo que la ley exige y lo que realmente ocurre
En Costa Rica, el Reglamento para el Control de la Calidad del Examen Médico para Conductores establece que todo solicitante de licencia debe ser valorado por un médico autorizado. El examen incluye revisión de agudeza visual, capacidad auditiva, sistema cardiovascular, sistema nervioso y condiciones mentales que pudieran comprometer la conducción.
El dictamen no es un formulario decorativo. Es la barrera que separa a una persona con una condición médica que podría ser peligrosa al volante del resto de los conductores, peatones y pasajeros que comparten la via.
Pero el reglamento describe cómo debería ser el examen. No describe con el mismo detalle cómo se supervisa que ese examen realmente se lleve a cabo. Ahí está el hueco.
La tecnología facilitó la digitalización del documento final. El PDF reemplazó al papel membretado. Y eso, por sí mismo, no es el problema. Un dictamen digital emitido tras una consulta real es tan válido como uno impreso.
El cuestionamiento es otro: ¿qué respalda el PDF cuando no hubo consulta?
La médica que sí examina
Entre los 13 contactos, uno se comportó de manera diferente.
La Dra. Lidia Pérez atendió la consulta de esta investigación con una condición: el paciente debe agendar una cita, presentarse en su consultorio y someterse al examen médico antes de recibir el dictamen.
Cobra ₡20.000 -₡4.000 más que la oferta más baja encontrada- y su proceso es, por definición, más lento que el de los otros contactos. No hay formulario de Google. No hay WhatsApp que reemplace la consulta. Hay un paciente en un consultorio y un médico que lo examina.
Su caso permite ver la brecha con claridad. Del lado de los 12 contactos restantes, el servicio funciona como una transacción comercial: datos, pago, producto. Del lado de la Dra. Pérez, funciona como un acto médico: examen, evaluación, certificación.
Que una sola oferta entre 13 exija examen presencial no demuestra que las otras doce sean irregulares por sí solas. Pero sí plantea una pregunta directa: si un médico considera imprescindible examinar antes de firmar, ¿por qué otros no?
¿Quién firma esos dictámenes?
Esta investigación se detiene aquí. No identifica a los 12 oferentes ni a los médicos cuyos nombres aparecen en los documentos emitidos sin examen. Hacerlo sin haber verificado si esos médicos conocen la forma en que se gestionaron sus firmas sería irresponsable.
Porque las preguntas son más de las que parecen:
¿Firmó ese médico el dictamen sabiendo que no examinó al paciente? ¿O alguien más usó su nombre y su colegiado sin su conocimiento? ¿El sistema del Colegio de Médicos y Cirujanos permite rastrear quién emitió cada dictamen y cuándo? ¿El Consejo de Seguridad Vial o el MOPT tienen un mecanismo para detectar patrones anómalos por ejemplo, que un mismo médico emita cientos de dictámenes por semana?
La investigación no puede responder esas preguntas aún. Pero las necesita formular.
Lo que está en juego no es un papel
Un dictamen sin examen no es solo un trámite acelerado. Es una persona que circula por una carretera sin que nadie haya verificado si ve bien, si escucha bien, si no padece una condición que podría causar un accidente. Las cifras de accidentes de tránsito en Costa Rica no se explican únicamente por la velocidad o el alcohol. También hay factores médicos: conductores con problemas cardiovasculares que sufren un evento al volante, personas con epilepsia no diagnosticada, problemas visuales que no se detectaron a tiempo. El examen médico existe precisamente para reducir ese riesgo.
Cuando el examen no ocurre, el riesgo no desaparece. Solo queda fuera de registro.
Y hay algo más. Cada dictamen emitido sin examen es un documento firmado por un profesional colegiado. Eso implica una responsabilidad legal y ética. Si algo sale mal si una persona con una condición médica no detectada causa un accidente-, la pregunta sobre quién firmó y bajo qué circunstancias dejará de ser periodística para convertirse en judicial.
El negocio detrás del formulario
Los precios oscilan entre ₡16.000 y ₡20.000. A simple vista, la diferencia no es dramática. Pero la economía de escala lo cambia todo.
Si un oferente procesa 50 dictámenes por día sin examen -solo rellenando formularios y enviando PDFs-, el ingreso diario supera los ₡800.000. En un mes, puede facturar más de ₡20 millones sin necesidad de un consultorio, una recepcionista o un equipo médico.
Esa es la tentación. Y esa es la razón por la que el mercado existe: hay demanda-gente que quiere resolver rápido y hay oferta -alguien dispuesto a emitir el documento sin preguntas-
Pero un mercado no es legítimo solo porque exista. Y la facilidad no es lo mismo que la legalidad.
Lo que falta investigar
Los 13 contactos documentados no son una condena. Son un punto de partida. Lo que esta investigación encontró es un patrón: 12 de 13 oferentes ofrecen un dictamen sin examen médico previo. Eso no prueba por sí solo que cada documento sea falso ni que cada médico involucrado esté cometiendo un delito. Pero sí exige una respuesta institucional.
EL MUNDO consultará al Colegio de Médicos y Cirujanos, al Consejo de Seguridad Vial con preguntas específicas.
Las respuestas determinarán si lo documentado son casos aislados, un vacío regulatorio o algo sistémico.
Lo que esta investigación sí puede decir
Mientras algunas profesionales exigen cita y examen antes de firmar un dictamen, EL MUNDO encontró 12 ofertas donde el usuario avanza con un formulario, hace un pago y recibe el documento sin haber sido examinado. No es una suposición. Es lo que se documentó.
La pregunta que queda es la que ningún PDF sin examen puede responder: ¿Quién garantiza que esa persona está en condiciones de conducir? Porque si la respuesta es “nadie”, entonces el problema no es un trámite acelerado. Es una barrera de seguridad que dejó de existir.
Esta investigación continúa.
