La sociedad costarricense una vez más, ha visto con asombro como se viene vulnerando nuestro régimen institucional y la seguridad jurídica del país, un día sí y otro también, por parte del Poder Ejecutivo en diversas actividades económicas y de servicios, que lejos de incentivar la inversión necesaria para dinamizar la economía, la desestimula, lo que se ha notado claramente, en los índices y estadísticas macroeconómicas respectivas, especialmente en el último semestre.
Hemos sido testigos nuevamente, de la imposición del señor presidente de la República, al mejor estilo de los sistemas políticos despóticos y dictatoriales, que lamentablemente, observamos en países vecinos, la exigencia de anular un proceso de licitación pública internacional para adjudicar la inspección vehicular, servicio neurálgico para garantizar, el bienestar de la ciudadanía costarricense en materia de salud pública, a partir de la reducción de la siniestralidad de accidentes de tránsito y la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, principios elementales de arraigo constitucional.
El pasado 02 de julio del 2025, el señor presidente, de manera reiterada arremete, en contra del proceso licitatorio internacional, ordenando como lo acoté, que el mismo sea anulado, bajo una serie de argumentos espurios e improcedentes, violentando de manera flagrante, los más básicos principios del bloque de legalidad, sin importarle en absoluto, aspectos fundamentales de legalidad y transparencia que rigen el proceso administrativo, desconociendo así, abiertamente, que existe un órgano colegiado, responsable, de regular dicha actividad de servicio público trascendental para el país y ente que precisamente, promovió este concurso público internacional, es el caso del Consejo de Seguridad Vial, que por ley, está llamado a resolver este sensible asunto.
El señor presidente, en una actitud dictatorial y tiránica, conmina a sus subalternos, para que anulen el proceso licitatorio encaminado, sin importar, la existencia de empresas oferentes, extranjeras y nacionales ya precalificadas que acudieron al llamado de la propia administración para presentar ofertas bajo el principio de buena fe y transparencia que debe primar en un tema tan sensible y delicado, olvidando además, que con su actuación e investidura, está ejerciendo una influencia ilegal e indebida que constituye un posible delito de tráfico de influencias, arrogándose potestades que la ley ni la constitución le confieren.
Insiste el señor presidente, desbordando sus competencias, bajo un argumento falaz, relacionado con el tema de la tarifa hacia la baja, sin embargo, se sabe, que este servicio público, en materia de precios, es regulado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, lo que deviene en improcedente su alegato, por lo que la única explicación a la sazón que subyace de fondo, es la intención de mantener operando contra viento y marea la empresa Dekra, que no calificó en el proceso, por no demostrar la solvencia financiera respectiva.
A contrapelo de la Ley, y de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, respecto a la inviabilidad del permiso en precario, pretende, que un órgano desconcentrado, como es el Consejo de Seguridad Vial, tire por la borda, un esfuerzo de más de dos años, que cuenta con el respaldo de informes técnicos y jurídicos y de la validación de la Contraloría General de la República.
Amén de lo expuesto, la empresa chineada, Dekra ha demostrado total ineficiencia, además, no ha realizado en 03 años de prestación del servicio público en precario, ningún tipo de inversión, es decir ha explotado sin costo alguno, los bienes del Estado que son de todos los costarricenses, instalaciones y equipos de mayor cuantía, que, por cierto, se encuentran deteriorados, sin recibir mantenimiento alguno y que por su falta de capacidad (Dekra), quedó excluida del proceso de licitación invocado.
Es momento de frenar tanto abuso y atropello a nuestro régimen institucional y de derecho, existen criterios técnicos y legales que deben respetarse, no hacerlo, motivará que los responsables, tengan más tarde que enfrentar la justicia en concordancia con sus actuaciones, por otra parte, es innegable, que el país está frente a una valiosa posibilidad de contar con un servicio de excelencia en materia de inspección vehicular, con una apertura del mercado razonable de acuerdo a la técnica, en dónde los ofertantes deberán invertir en nuevos equipos y una mayor cantidad de líneas.
Señores del COSEVI, se les exhorta vehemente, para que su actuar garantice respeto institucional y la legalidad, es necesario que prime, el sentido común y la transparencia fundamental que debe asociar un proceso de licitación internacional, que prohíje la estabilidad jurídica, para una adecuada inversión en este y en cualquier otro campo de la actividad económica del país.