La problemática de los residuos en Costa Rica ha dejado de ser únicamente una cuestión de recolección y disposición final. La situación que enfrenta Turrúcares, en el cantón de Alajuela, evidencia las consecuencias de décadas de planificación insuficiente, decisiones institucionales postergadas y dificultades para desarrollar alternativas sostenibles. La controversia alrededor del proyecto del relleno sanitario refleja una discusión más amplia sobre el ordenamiento territorial, la protección ambiental y la responsabilidad de las autoridades frente a las comunidades.
Esta situación obliga a examinar la trayectoria de las fuerzas políticas que han mantenido una presencia prolongada en los gobiernos locales, particularmente en Alajuela. Más allá del ámbito municipal, es ineludible señalar la responsabilidad histórica del Partido Liberación Nacional. Durante décadas, el PLN ha ostentado numerosas bancadas en la Asamblea Legislativa, así como el control ininterrumpido de múltiples alcaldías. A pesar de haber tenido las herramientas institucionales, los resortes presupuestarios y el impulso legislativo, el partido ha demostrado una marcada miopía sobre la visión a largo plazo. La continuidad política no puede traducirse en letargo estructural; debe acompañarse de una contraloría social, especialmente cuando persisten problemas crónicos que comprometen la calidad de vida y el desarrollo nacional.
Lecciones globales y economía circular: lo que Costa Rica ignora
Mientras el país se empantana en debates polarizadores y megaproyectos de disposición tradicional, las economías avanzadas —respaldadas por directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial— han demostrado que la basura no es un pasivo que debe enterrarse indefinidamente, sino un recurso estratégico dentro de la economía verde y circular.
El modelo europeo y la jerarquía de residuos: Países de la Unión Europea como Alemania, Austria o Suecia han erradicado el modelo de vertederos mediante legislaciones estrictas basadas en el principio de “quien contamina paga” de la OCDE, combinando plantas de valorización energética, compostaje a gran escala y estrictas normativas de responsabilidad extendida del productor.
El costo del rezago nacional: Informes económicos internacionales ubican a Costa Rica entre las naciones latinoamericanas que aún dependen abrumadoramente del modelo de entierro en vertederos (donde más del 50% de los residuos sólidos terminan sin un tratamiento de valorización avanzado), desaprovechando los mercados globales de materiales secundarios y comercio de residuos valorizables.
La sostenibilidad debe recuperarse no como un eslogan publicitario, sino como una directriz ineludible. El comercio global de materias primas secundarias (como plásticos reciclados, metales y papel) demuestra que la transición hacia una economía circular genera empleos locales, reduciendo la presión fiscal sobre los municipios.
La dimensión constitucional y el derecho a un ambiente sano
La dimensión constitucional de esta controversia tampoco puede quedar al margen. El artículo 50 de la Constitución Política reconoce el derecho de toda persona a disfrutar de “un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, estableciendo la obligación al Estado de garantizar ese derecho. A su vez, el artículo 48 contempla el recurso de amparo como una herramienta para restablecer el ejercicio de los derechos constitucionales. Esto significa que las comunidades cuentan con mecanismos jurídicos para acudir a la jurisdicción constitucional cuando consideran que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados.
Estos instrumentos adquieren especial relevancia cuando se discuten proyectos de infraestructura que pueden tener consecuencias sobre la salud pública, la calidad de vida y las condiciones ambientales de una comunidad. El antecedente del relleno de Río Azul, mediante el voto 1154-1996, permite recordar que la falta de medidas oportunas frente a una problemática ambiental puede comprometer derechos fundamentales. Sin embargo, la presentación de un recurso de amparo no supone que cualquier proyecto de tratamiento de residuos deba detenerse automáticamente.
Hacia un modelo descentralizado y moderno
Costa Rica necesita superar la dependencia de grandes rellenos sanitarios y la falsa expectativa de que las municipalidades pueden resolver por sí solas todas las etapas de la gestión de residuos. La solución pasa por promover un mercado descentralizado, en donde tanto operadores especializados, cooperativas, como el sector privado compitan bajo regulaciones transparentes en plantas de valorización y tratamiento de pequeña y mediana escala.
Turrúcares representa mucho más que una controversia sobre la ubicación de un relleno sanitario: constituye una advertencia severa sobre el costo de postergar decisiones fundamentales. El futuro de la gestión de residuos en Costa Rica no puede seguir dependiendo de las alternativas del pasado ni de la inercia política de quienes han gobernado sin visión de futuro.
El pasado 30 de octubre, se anunció la integración de un tribunal arbitral en el marco del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista extranjero y Estado, más conocido por sus siglas en inglés – ICSID – y en francés – CIRDI) en el caso de la demanda interpuesta por la empresa EBI contra Costa Rica en julio del 2025: véase notade IA reporter y enlaceoficial del CIADI sobre el caso ARB. 25/33. En este otro enlacese detallan aspectos del procedimiento iniciado en julio del 2025
Como por extraña coincidencia, en la semana posterior al viernes 30 de octubre del 2026, se escuchó hablar mucho de Turrúcares y del relleno sanitario que pretende la empresa EBI instalar en esta comunidad, tal y como lo veremos a continuación. Con un inusitado esfuerzo de convencimiento por parte del Estado costarricense en el marco de un repentino “conversatorio” organizado con presencia de varios ministros en Turrúcares, pocos días después, el miércoles 4 de noviembre: cuatro ministros que suspenden en cuestiones de días su cargada agenda para coincidir en Turrúcares, ¿no resultará del todo algo insólito? A todas luces se trata de un interesante ejercicio de las actuales autoridades costarricenses que pareciera iniciar una secuencia, razón por la cual el título de este artículo finaliza con un: “Acto I“.
Amenazas de arbitraje internacional: algunos recuerdos a mencionar
La amenaza de un arbitraje internacional en Turrúcares escuchada que explicaremos más en detalle, recuerda unas desafortunadas declaraciones el 27 de julio del 2010 de un Vice Presidente en Costa Rica según el cual, de derogar un decreto de conveniencia nacional, Costa Rica debería desembolsar la coqueta suma de 1.700 millones a una empresa minera canadiense (véase notade La Nación).
La cifra mirobolante de aquel momento nos llevó a explicar cómo amenazas de arbitraje internacional son usadas a veces por decisores políticos: véase al respecto nuestro artículopublicado en el 2011 en la revista Ambientico (UNA), titulado “Minería y amenazas de arbitraje internacional: balance y perspectivas“.
Como se recordará, planteada finalmente la demanda contra Costa Rica en el 2014 por la misma empresa minera canadiense ante el CIADI, un laudo arbitral del 2021 no le ordenó pago alguno a ésta por parte del Estado costarricense.
Siempre en el 2011, fue esta vez con respecto al gas y al petroleo que algunos círculos políticos y corporativos agitaron la amenaza de un arbitraje internacional, al que también nos referimos en este artículo publicado en La Nación, titulado “Petroleo, gas y amenazas“.
En el 2013, una demanda contra Costa Rica por parte de una empresa a argo de la distribución de gas que un ministro adelantó ser “infundada” (véase nota de Teletica) terminó ordenando al inversionista pagarle a Costa Rica más de un millón de US$ (véase texto de la demanda de febrero del 2013 y decisiónde un tribunal del CIADI de marzo del 2017 en particular el párrafo operativo final 728).
Finalmente, en el 2017, con respecto a la desestimación de una demanda interpuesta contra Costa Rica por RITEVE ante el CIADI, nos permitimos recordar en esta notaque:
“Con relación a la demanda interpuesta en febrero del 2012 por RITEVE contra Costa Rica, cabe recordar que en junio del 2012, durante una conferencia de prensa (véase nota de Diario Extra, del 16/06/2012) el viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) de Costa Rica, Rodrigo Rivera, “explicó que para el Estado era más barato permitirle a Riteve quedarse operando 10 años más y de esta manera asegurarse no tener que pagar los $280 millones si perdía el arbitraje”.”
Este breve recuente de algunos recuerdos evidencia el uso que tradicionalmente se ha hecho del arbitraje internacional en Costa Rica para intentar malinformar y/o manipular a la opinión pública.
EL CIADI y la profunda desconfianza que genera
El hecho que hasta ahora Costa Rica haya salido bastante bien librada en el CIADI luego de varios años de procedimiento frente a las millonarias pretensiones de una empresa minera canadiense en el 2021, así como en otros casos como el de un megaproyecto en Playa Esterillos en el 2018 (caso David Aven et alii vs Costa Rica: véase nuestra nota al respecto) y los demás casos indicados, no debe ocultar la peligrosa deriva del CIADI que ha generado paulatinamente cierta desconfianza en otras partes de América Latina y del mundo.
Como se ha analizado en textos anteriores nuestros (véanse esta notaeditada por Bretton Wood Project del 2013, así como esta nota de CIARGlobal del 2017 entre otras más), el sistema de arbitrage de inversión del CIADI ha provocado una creciente desconfianza en América Latina y en el resto del mundo, a tal punto que son muchos los Estados que ya sea:
– han denunciado la Convención del Washington de 1965 que lo establece (Bolivia, Ecuador, Venezuela, Honduras), o ya sea;
– han renegociado las cláusulas sobre solución de diferencias incluidas en tratados bilaterales de protección y promoción de inversiones (denominados TBI en español o BIT en inglés: se trata de tratados bilaterales que habilitan a un inversionista a interponer demandas internacionales ante el CIADI) como es el cao de Bolivia, Ecuador, Indonesia, Sudáfrica, o bien:
– han mantenido una distancia prudente con este mecanismo como por ejemplo Brasil: se trata, paradojicamente, del principal Estado receptor de inversión extranjera en América Latina que tan siquiera ha firmado este tratado de 1965; así como Cuba, Nicaragua o el mismo México que ratificó la Convención de Washington de 1965 tan solo en el 2018. Con respecto a la denuncia de esta convención de 1965 por parte de Honduras, remitimos a nuestra notade marzo del 2024, titulada:
“CIADI: a propósito de la reciente denuncia por parte de Honduras de la Convención de Washington de 1965“.
Es de de notar que Brasil ha firmado varios TBIs sin nunca ratificarlos, lo cual denota el cuido extremo de sus autoridades de manera a no exponer a Brasil a demandas por parte de inversionistas extranjeros.
También es de señalar que en el 2023, fue desde el Congreso de Estados Unidos que 33 integrantes exigieron a sus autoridades extraer a Honduras, víctima de demandas abusivas por parte de empresas norteamericanas, del sistema arbitraje de inversión del CIADI (véase cable de Reuters). Luego de la denuncia del CIADI en marzo del 2024, las nuevas autoridades electas de Honduras decidieron en julio del 2026 reintegrar el CIADI, provocando una ola de repudio (véase documento titulado:” Statement in Defense of Sovereignty and Collective Rights in Honduras – Returning to ICSID is a sign of Nasry Asfura’s Subservience to Transnational Capital“.
Desde la perspectiva ambiental y de los derechos humanos, un informe poco difundido de Naciones Unidas del 2023 en América Latina (véase enlace) y cuya lectura completa se recomienda, elaborado por el “Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible”, se titula:
“Pagar a los contaminadores: las catastróficas consecuencias de la solución de controversias entre inversionistas y Estados para la acción climática y ambiental y los derechos humanos“.
En el 2021, tuvimos la ocasión de explicar en una nota publicada en CIARGlobal, a raíz de la decisión de un tribunal arbitral del CIADI relacionada a una demanda interpuesta por una empresa minera canadiense contra Costa Rica que:
“(…) no tiene mayor sentido el permitir a un inversionista extranjero de mala fe recurrir ante el CIADI contra decisiones de la justicia nacional que declaran ilegal su proyecto y mucho menos el tener que esperar siete largos años de costosos procedimientos ante el CIADI para escuchar a tres árbitros confortar las decisiones judiciales antes mencionadas. Ello sin hablar del riesgo, inherente a este tipo de demandas millonarias, de ver a dos (de los tres árbitros) acoger, por alguna razón, algunas de las pretensiones económicas del inversionista“.
En el caso de la Unión Europea (UE), sus Estados miembros acordaron un tratado regional en el 2020 para suspender todos los TBI existentes entre ellos, de manera a no permitir más demandas abusivas de inversionistas extranjeros europeos en contra de Estados miembros de la UE (véase enlaceal tratado y estado de firmas y ratificaciones). Se trata de una interesante protección legal que han establecido estos Estados, y que debiera de poder interpelar a muchos otros Estados en otras latitudes, en particular en las que persisten algunos decisores políticos que siguen negociando de manera entusiasta TBIs con cláusulas muy favorables para el inversionista extranjero.
Como ha ocurrido en el pasado, esta demandas ante el CIADI ejercen una presión muy fuerte sobre decisores políticos y algunos círculos corporativos y políticos, dispuestos a invocar la “flexibilización” de algunas reglas con tal de que la demanda sea retirada por parte del inversionista. En este artículopublicado en La Nación en el 2011, se indica a partir de los cables Wikileaks cómo el embajador de Estados Unidos en Costa Rica no logró inmutar en lo más mínimo al Presidente de Costa Rica de la época, Abel Pacheco (2002-2006), pese a la amenaza de una demanda de la empresa petrolera Harkken por un monto (algo astronómico…!) de 57.000 millones de US$ que al final nunca presentó. Dicho sea de paso, este cable confidencial dado a conocer por Wikileaks de agosto del 2005, detalla a los operadores a favor del TLC con Estados Unidos en Costa Rica identificados por la embajada de Estados Unidos en San José, y que han coincidido con agitar amenazas de arbitraje internacional. Este otrodel 2006 detalla el “estado de pánico” de algunos decisores en Costa Rica a cargo del comercio exterior al anunciar Estados Unidos sanciones si Costa Rica no aprobara un ABI (Acuerdo Bilateral de Inmunidad), que garantice impunidad a personas de nacionalidad norteamericana buscadas por la justicia penal internacional de La Haya.
Volviendo al CIADI y a los instrumentos que habilitan a un inversionista a demandar a Costa Rica, en la parte final de este enlace oficial de COMEX (Ministerio de Comercio Exterior) aparece en “Acuerdos de Inversión” la lista de los 15 TBIs que tiene vigentes, a los que hay que añadir varios de los tratados de libre comercio vigentes de la sección primera, que también contienen una cláusula permitiendo al inversionista extranjero acudir contra Costa Rica ante el CIADI.
Según la base de datos del ICSID, al 6 de noviembre del 2026 Costa Rica enfrenta además dos otras demandas, al tiempo que ha concluido procedimientos en el caso de 18 de ellas.
Los Estados con mayores demandas en su contra en estos momentos pendientes de resolución ante el CIADI de América Latina son Colombia y Perú (23 demandas pendientes cada uno), seguidos por México (19), Panamá (14), Honduras (13) y Venezuela (9).
La demanda contra Costa Rica como tal del 2025 interpuesta por la empresa EBI
La demanda de la empresa canadiense EBI contra Costa Rica fue planteada formalmente el 14 de julio del 2025 ante el CIADI, con base en el tratado bilateral de inversiones (TBI) entre Costa Rica y Canadá suscrito en 1998: véase notadel Semanario Universidad publicada una semanas antes del registro oficial de la demanda ante la Secretaría del CIADI.
A diferencia de otros casos, el texto de la demanda interpuesta como tal no está por el momento disponible (véase por ejemplo textode la demanda interpuesta contra Costa Rica de inversionistas para un megaproyecto en Playa Esterillos del 2014 y textode demanda de empresa suiza en representación de Gaz Z del 2013). Desde ya agradecemos el concurso de nuestros estimables lectores si alguno/a de ellos sabe donde podría estar disponible en línea el texto de la demanda como tal: el contenido del texto de esta demanda permitiría conocer con precisión sobre qué ha basado sus millonarias pretensiones la empresa EBI ante el CIADI, al estar aún pendientes decisiones de la justicia costarricense.
Cabe recordar que este mismo tratado bilateral entre Costa Rica y Canadá fue el que también había servido de base jurídica en el caso de la demanda interpuesta en febrero del 2014 contra Costa Rica por la empresa minera canadiense Infinito Gold relacionada a su polémico proyecto minero ubicado en Las Crucitas, en Cutris de San Carlos (véase textode la demanda con fecha del 6 de febrero del 2014, presentada pocos día después de celebrarse los comicios en Costa Rica).
Con respecto a los proyectos de rellenos sanitario de la empresa EBI en Costa Rica, en la precitada notadel Semanario Universidad se hace ver que la empresa cuestiona el hecho que no pueda construir rellenos sanitarios en las localidades de Turrúcares y Montes de Oro debido a la oposición de los vecinos y de los mismos municipios conerñidos.
Foto de manifestaciones contra el proyecto minero de Crucitas en Costa Rica, extraida de artículo titulado “Canadian groups tell gold company to ‘stop harassing’ Costa Ricans” (Bilaterals.org., edición del 17/04/2013)
Dos comunidades opuestas a la instalación de rellenos sanitarios
En el caso de la primera comunidad, en esta nota del 4 de noviembre del 2026, se hace ver la férrea oposición de vecinos al parecer muy organizados que se “plantaron” (expresión usada en el título de la nota) y obligó al Estado costarricense a desplazar a cuatro de sus ministros: su presencia al parecer no impresionó mayormente a los asistentes y vecinos, profundamente indignados y molestos por el apoyo a este proyecto de relleno sanitario de las máximas autoridades costarricenses (véase nota del Semanario Universidad).
Como pequeño detalle de interés, insistimos nuevamente en la cercanía de la fecha del anuncio de la integración de la terna arbitral del CIADI (30 de octubre) con esta reunión con los vecinos de Turrúcares realizada el 4 de noviembre por las máximas autoridades costarricenses.
En esta otra notade CRHoy, se señala la oposición de las mismas autoridades municipales a este polémico proyecto. Ya en el año 2024, se había observado a la máxima instancia costarricense en materia de salud cuestionar la posición de las autoridades municipales en defensa de la comunidad de Turrúcares (véase nota del Semanario Universidad).
La actitud de las máximas autoridades ministeriales fue tal durante la reunión del 4 de noviembre que hirió la susceptibilidad de las autoridades municipales (tal y como se señala en el título de esta notadel programa radial Nuestra Voz del 5 de noviembre) al tiempo que personas que votaron por el oficialismo en las elecciones de febrero del 2026 externaron su profunda decepción (véase nota del Semanario Universidad). Este videoinformativo realizado por el medio digital Delfino.cr explica de manera muy clara las razones por tanta indignación provocada en Turrúcares el pasado 4 de noviembre.
Con respecto a las alegaciones de los voceros de la empresa EBI, en esta otra nota del medio universitario Semanario Universidad, de julio del 2025, se lee que:
“EBI afirmó que “la demanda se basa, en parte, en el abuso de los procesos locales por parte de las municipalidades y en su falta de diligencia razonable para avanzar en los asuntos, tal y como exige la legislación costarricense y el principio procesal de impulso de oficio”.”
En otra notadel programa radial matutino de Nuestra Voz de junio del 2025, se señala que para los representantes de la empresa:
““Lo que ha impedido avanzar con el proyecto son dos procesos de lesividad que ha interpuesto la Municipalidad de Alajuela para anular los usos de suelo que ya habían sido otorgados a esas fincas por la misma administración. Además, en los últimos años, esa municipalidad emitió cuatro acuerdos indicando, sin fundamento alguno, que no permitiría la aprobación del permiso constructivo y a pesar de que esos acuerdos fueron impugnados por la empresa, desde el año 2023 se ha negado a resolver los recursos a pesar de existir una orden de un Tribunal”.
Si procesos de lesividad en contra de funcionarios municipales fueron iniciados por las autoridades municipales y están aún en proceso, resulta de cierto interés leer que para la empresa EBI, estos procesos “impiden avanzar“. Remitimos a nuestros estimables lectores a la definición del proceso de lesividad vigente en Costa Rica de manera a entender mejor la expresión de “impiden avanzar“, así como los plazos previstos en el ordenamiento jurídico costarricense, que recordó la Procuraduría General de la República (PGR) ante una consulta en el 2017 (véase enlace). En esta nota del 2024 de Diario Extra se precisa por parte de una autoridad municipal que:
“Esos usos de suelo se dieron en 2011 de manera muy rápida, no hago juicios de valor, solo cumplo con mi deber como alcalde de Alajuela y de los turrucareños, por eso iniciamos la lesividad, porque los usos de suelo se hicieron mal dados“.
Es de notar que se trata de un proyecto que lleva ya varios años discutiéndose: en el 2014, en una decisión de la Sala Constitucional (véase voto 16359-2014) relativa al proyecto de relleno sanitario en Turrúcares, fueron tres los magistrados (de siete) los que habían considerado que la Sala Constitucional no debía modificar el alcance del principio de la participación ciudadana en materia ambiental como derecho fundamental. Siempre en el 2014, fue esta vez un magistrado el que reiteró, siempre con respecto a este mismo proyecto en Turrúcares su posición anterior (véase voto19621-2014).
Con respecto a la otra comunidad (Montes de Oro) también sujeta a un proyecto de relleno sanitario de la misma empresa, en el 2023 tuvimos la ocasión de analizar el alcance de la discusión interna en la Sala Constitucional con respecto al principio de participación ciudadana en materia ambiental, a raíz del voto11236-2023: véase al respecto nuestra notade julio del 2023, titulada:
“Participación ciudadana en materia ambiental: breves apuntes relativos a una reciente sentencia”.
A modo de conclusión
Nuevamente aquí, o como ocurrió con el fallido proyecto minero de Infinito Gold en Crucitas, o como ocurrió en Colombia cuando el Estado decidió proteger los páramos, o cuando en Panamá la justicia constitucional suspendió una concesión minera, u otras situaciones en las que la protección del derecho a la salud o al ambiente, o la protección de derechos de pequeñas comunidades rurales o indígenas frenan un megaproyecto, se vuelve a verificar lo siguiente: decisiones de entidades estatales (o bien de tribunales de justicia) o procedimientos en trámite ante instancias jurisdiccionales nacionales que alteran el plan operativo de un megaproyecto de un inversionista extranjero, al parecer algo urgido, dan pié para una demanda internacional multimillonaria ante el CIADI.
En el caso de Infinito Gold, la demanda interpuesta en febrero del 2014 culminó con una decisión de junio del 2021, en la que si bien se condenó a Costa Rica por violar disposiciones del TBI con Canadá, no se le ordenó pago alguno por concepto de indemnización: véase al respecto nuestra notade junio del 2021 titulada:
” Infinito Gold contra Costa Rica: nuevo fracaso de minera canadiense al tiempo que persisten secretos en Costa Rica“.
La empresa solicitó posteriormente una anulación parcial de este laudo ante un órgano de apelación del CIADI y en el 2024, la empresa y Costa Rica acordaron solicitar el archivo del caso al CIADI. Un pequeño detalle que se omitió oficialmente en Costa Rica al anunciar la “victoria” ante el CIADI. En julio del 2024, COMEX precisó que no se había pactado nada con la empresa (véase nota del Semanario Universidad). Considerando que si ambas partes piden de común acuerdo archivar un procedimiento pendiente a un órgano de apelación del CIADI y una de las dos omite señalarlo, es que algo se pactó. En junio del 2025, elaboramos otra nota que se tituló de la siguiente manera:
“Crucitas: Infinito Gold c. Costa Rica ante el CIADI a 11 meses de un comunicado oficial omiso, en medio de un súbito entusiasmo por el oro”.
Con respecto a la comunidad de Turrúcares, en esta nota del Semanario Universidad de marzo del 2024 se lee por parte de un reconocido abogado costarricense en materia ambiental, una aseveración que debiera interesar a todo especialista en celeridad notoria de funcionarios municipales para otorgar permisos:
“Consultado al respecto, Sagot destacó que “a EBI no se le puede otorgar ningún permiso de construcción de ese relleno sanitario en Turrúcares porque el Plan Regulador lo prohíbe por los usos del suelo que existen actualmente”.
En segundo lugar, señaló que los usos del suelo “fueron otorgados de una manera totalmente irregular, al grado de que se otorgaron en cuatro horas”.”
En el 2018, en una decisión del CIADI con respecto a una demanda interpuesta contra Costa Rica por un grupo de inversionistas norteamericanos cuyo megaproyecto en Playa Esterillos fue frenado por el Estado costarricense, se pudo leer una situación muy similar de notable celeridad municipal, al consignarse que (véase textocompleto de la decisión):
“127. Fue por eso que la Sra. Vargas presentó una denuncia el 15 de junio de 2010 ante el Tribunal Ambiental Administrativo (“TAA”), una división del Ministerio de Ambiente, mediante la cual solicitaba una investigación del Proyecto Las Olas en vista de (i) las inquietudes acerca de si se estaban rellenando humedales; (ii) la construcción de calles pavimentadas y (iii) el hecho de que se había talado y quemado “vegetación. 128. Al día siguiente, el 16 de junio de 2010, la Sra. Vargas informó al SINAC acerca de sus hallazgos e informes anteriores emitidos con respecto al Proyecto Las Olas. 129. Curiosamente, el mismo día que la Sra. Vargas anunció públicamente sus inquietudes, la Municipalidad emitió siete permisos de construcción para el Sector de Servidumbres del Proyecto Las Olas. Pocos días después, el 22 de junio de 2010, DEPPAT—la Regente Ambiental contratada por el Sr. Aven—presentó un plan de movimientos de tierra y un programa de obras previstas con respecto al Sector de Servidumbres“.
Más allá de la extrema celeridad de algunos funcionarios municipales que siempre debería de interpelar, ¿a qué se debe esperar Costa Rica a partir de la constitución de la terna arbitral anunciada por el CIADI el pasado 30 de octubre? A un largo procedimiento ante el CIADI, como ello ha ocurrido en muchas ocasiones anteriores en las que un inversionista extranjero encuentra manera de intentar obtener afuera lo que el ordenamiento jurídico costarricense y sus tribunales no le han permitido obtener.
Si nuestros estimable electores llegaron al final de este texto, deben saber que a penas iniciamos con el Acto I. El Acto II debería intervenir dentro de unos meses, a penas el CIADI haga público una nueva etapa en el procedimiento interpuesto por la empresa EBI ante el CIADI contra Costa Rica.
El escenario político nacional e internacional proporcionó muchos temas (de ellos algunos inesperados) en esta semana que recién termina.
Vimos con mucho agradado la excelente participación de nuestra señora presidente de la República en la XXX Cumbre Iberoamericana realizada en Madrid, España. Doña Laura fue contundente en sus espacios discursivos e intervenciones, sino que lo digan todas las autoridades que asistieron a dicho Foro, a quienes aún les “resuena el eco” de su frase más llamativa: “El valor de los foros internacionales no se mide con discursos, se mide con resultados”.
Propios y extraños están señalando que nuestra Mandataria dejó una excelente impresión ante los ojos empresariales. Recordemos que, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano congregó a líderes del sector privado pertenecientes a las 22 nacionalidades que conforman la Comunidad Iberoamericana.
Además, durante este encuentro de jefes de Estado y de Gobierno, la señora presidente Laura Fernández Delgado expuso la ya muy reconocida y firme política de seguridad que implementa Costa Rica. Así es estimado lector, nuestro país sobresalió en este encuentro; guste o no a las “almas oscuras instrumentalizadas por los hábiles y detestables adoctrinadores de la izquierda comunista”. Sí, esos que parecen estar motivados por la vieja ilusión de “trotar persiguiendo una zanahoria”. O, como bien dijo el pastor protestante alemánDietrich Bonhoeffer en su famosa teoría de la “estupidez”: “es una renuncia voluntaria al pensamiento crítico y a la independencia interior”.
Es necesario hacer énfasis que, en la declaración final de dicha Cumbre, los países de Argentina, Colombia, Costa Rica y Paraguay se disociaron del 4to párrafo que textualmente se lee: “Rechazamos la coerción y la aplicación de medidas contrarias al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas que obstaculicen la capacidad de los Estados para hacer frente a sus necesidades y prioridades en materia de desarrollo”. Este servidor hubiese seguido el ejemplo argentino, separándose también de, al menos, un par de párrafos más.
Hablando de la hermana República del Paraguay, el pasado jueves 5 de noviembre recibió un lamentable ¨sismo político¨ que aún emite réplicas.
A pesar del sólido capital político con el que inauguró su mandato, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, se vio forzado a dimitir acorralado por el inminente fantasma de un juicio político y una fulminante crisis financiera.
Los medios internacionales describen así lo sucedido: “El detonante de este colapso institucional fue la quiebra e intervención de Ueno Bank, una entidad privada en la que Peña ostentó acciones hasta 2025, desatando un escándalo mayúsculo de presunto conflicto de intereses. La indignación ciudadana y de la oposición radica en un esquema de beneficio cruzado éticamente insostenible: bajo su administración, el banco fue favorecido con la inyección de más de 850 millones de dólares provenientes de fondos públicos, incluyendo los recursos jubilatorios del Instituto de Previsión Social. Al desplomarse la solvencia de la firma y congelarse los ahorros de casi tres millones de personas —prácticamente la mitad de la población adulta del país—, la calle estalló. La gravedad del desfalco y la sospecha sistémica de haber moldeado la regulación financiera para proteger sus propios intereses corporativos le costaron a Peña el blindaje de su propio partido, forzando una salida dramática que buscó, de forma tardía, contener un incendio social ingobernable.
Es un episodio muy triste para la población paraguaya que merece un profundo análisis, ya que, bajo la administración de Peña y solo como ejemplo, el desempleo empezaba a disminuir. La tasa de desempleo en Paraguay se sitúa en el 4,1 % para el tercer trimestre de 2026, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el año 2022 esta cifra era del 8.5%. Un extracto de su mensaje a la ciudadanía es: “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República… Lo hago con absoluto respeto a nuestra Constitución Nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que nos hemos dado…Pero hoy mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero… Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay…Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos”.
Volviendo a nuestro país, la problemática del manejo de los residuos sólidos y la basura son también foco de análisis.
El actual ministro de la Presidencia, Hacienda y expresidente de la República don Rodrigo Chaves Robles, representantes de la Municipalidad de Alajuela, ministro de Obras Publicas y Transportes, ministro de Salud, y personeros de Ambiente y Energía asistieron a un conversatorio en el Liceo de Turrúcares para exponer el escenario actual de la negativa por parte de la Municipalidad de Alajuela para frenar el proceso legal y entregar los permisos respectivos para que la empresa EBI, gestora del proyecto, pueda iniciar las obras. De lo contrario, el país enfrentaría una demanda más. Se invitó al alcalde de Alajuela, pero no asistió. La sana intención de conciliar y concientizar a la comunidad de la urgente necesidad del Parque de Tecnología Ambiental en Turrúcares, lamentablemente se vio obstaculizada por la falta de objetividad y el patriotismo en algunas autoridades municipales y vecinos de la zona. Los instamos observar el “vídeo” de la transmisión en vivo que se realizó de la actividad.
Este hecho nos “devuelve el cassette” a los años 90, cuando Esparza perdió la oportunidad de establecer un relleno sanitario con muchas ventajas para la región, incluso mantendría muy activo el Tren al Pacífico.
La decisión del Gobierno de adelantar las obras en Turrúcares se justificó como una medida para mitigar el riesgo financiero del país. El señor ministro y expresidente Chaves explicó que el Estado enfrenta una demanda internacional de aproximadamente $150 millones por parte de inversionistas vinculados a EBI, quienes reclaman el bloqueo local a sus proyectos. Bajo esta premisa, el exmandatario sostuvo que resolver el conflicto de forma anticipada ahorraría al país $4 millones en costos de defensa jurídica, recursos que podrían destinarse a obras comunales. ¿Veremos una condena más de pago para nuestro país? ¿Aprovechará Costa Rica esta oportunidad para mitigar el problema de los desechos sólidos? ¿Cómo se afectará la política exterior de Trump con el triunfo demócrata de medio período? De lo anterior y más, hablaremos la próxima semana, Dios primero.
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El autor es Licenciado en Relaciones Internacionales. Analista político internacional. Además elabora procesos de capacitación política, desarrollo comunal y administración. maumazu208@gmail.com.
San José, 05 nov (elmundo.cr) – La diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, la emprendió contra el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, luego de que condicionó una serie de inversiones públicas en Turrúcares, a que la Municipalidad de Alajuela desista de sus procesos judiciales contra los permisos otorgados para construir un relleno sanitario en la finca Bajo Pita.
Segura señaló que “las necesidades de una comunidad no son moneda de cambio para favorecer negocios privados. ¿Qué está ocurriendo en Turrúcares? Este conflicto viene del 2011, cuando comenzaron los cuestionamientos sobre los permisos de uso de suelo otorgados para la instalación de un relleno sanitario por parte de la empresa canadiense EBI en Turrúcares”.
“Esos terrenos están justo al lado del corredor biológico Garcimuñoz, que brinda agua, aire limpio y biodiversidad a las comunidades. Eso lo constatamos justamente en una visita que realizamos el pasado 25 de septiembre a Turrúcares”, agregó.
La frenteamplista comentó que “quizá si el ministro Chaves hubiera tomado el tiempo de ir previamente a visitar a la comunidad, hablar con la gente y escuchar antes de imponer, no hubiera ido a hacer el ridículo el día de ayer”.
“Ayer llegó Rodrigo Chaves a Turrúcares a condicionar carreteras, puentes, colegios, centros de cuido y obras comunales a cambio de un basurero. Incluso cuando el ministro de Educación propone avanzar con la valoración de un terreno para construir un colegio técnico, Chaves lo frena. Le dice que no mande a nadie hasta que la municipalidad haga lo que él quiere, que la municipalidad retire los procesos judiciales contra el proyecto de EBI”, manifestó.
Segura insistió que “si quieren colegio, primero basurero. Si quieren carreteras, primero basurero. Si quieren centros de cuido, primero basurero. ¿Acaso no merece Turrúcares todas esas cosas? Qué curioso, resulta que para este gobierno los derechos y necesidades de una comunidad tienen fecha de vencimiento y condiciones. Y si no aceptan lo que el flamante ministro quiere, le retira la oferta. Eso tiene un nombre y es chantaje”.
“¿Por qué le urge tanto al ministro Chaves este basurero? ¿Qué compromisos tiene? ¿Acaso le debe cariñitos a alguien? Ahí anda diciendo el señor que el pueblo costarricense es su jefe. Pero entonces cuando el jefe Chaves, que es el pueblo, le dice que no, él insiste, chantajea y matonea. Bueno, un comportamiento muy típico de un agresor”, aseguró.
La diputada preguntó: “¿Quién es la empresa que el gobierno está defendiendo con semejante entusiasmo? EBI. Bueno, en enero de este año se hizo público que Juan Carlos Obando Umaña, el gerente de la empresa EBI, donó varios millones de colones a la campaña de Laura Fernández, de Pueblo Soberano. Antes de eso, don Juan Carlos fue condenado por cohecho propio, por darle cariñitos a un alcalde condenado por gestiones relacionadas con el relleno sanitario de EBI en Aserrí”.
“Es decir, don Juan Carlos fue condenado por cohecho propio, por darle cariñitos a un alcalde. Aún así fue invitado a la fiesta de Pueblo Soberano. Y como si fuera poco, don Juan Carlos también fue gerente de Relaciones Corporativas de Costa Rica en Infinito Gold, la empresa canadiense que empezó el desastre en Crucitas. O sea, eso son Crucitas, pero en Turrúcares. Entonces, tenemos más que razones suficientes para exigir explicaciones sobre el tráfico de influencias y abuso de autoridad del señor ministro”, dijo.
La legisladora cuestionó: “¿A quién está favoreciendo el gobierno? ¿Está favoreciendo a un financista de campaña de Pueblo Soberano? ¿Está favoreciendo a un viejo amigo que también está detrás de Crucitas? ¿A quién está favoreciendo? Porque evidentemente a la comunidad de Turrúcares no”.
“Señor Chaves. Turrúcares no necesita un tecito de tilo para calmarse. Necesita respeto. Necesita que se respete su territorio, su agua, su ambiente, su derecho a decidir sin amenazas ni chantajes. Las carreteras, los colegios, los centros de cuido no son regalos del gobierno. Son obras que se construyen con la plata de todos los costarricenses. Turrúcares no está a la venta y Costa Rica tampoco”, concluyó.
San José, 05 nov (elmundo.cr) – El jefe de fracción de Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, la emprendió contra el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, luego de que condicionó una serie de inversiones públicas en Turrúcares, a que la Municipalidad de Alajuela desista de sus procesos judiciales contra los permisos otorgados para construir un relleno sanitario en la finca Bajo Pita.
Ramírez señaló que “ayer los costarricenses presenciamos con asombro e indignación una nueva versión del circo político chavista en Turrúcares, en Alajuela. Lo que el gobierno presentó como un diálogo con la comunidad de Turrúcares terminó convirtiéndose en un ejercicio de chantaje y extorsión política inaceptable”.
“El ministro de la Presidencia fue a defender obras en un tema que no son de su competencia, pero que además pertenecen a una empresa privada, pretendiendo presionar a la gente con obras comunales en las cuales el gobierno tiene la responsabilidad de invertir”, agregó.
El liberacionista recalcó que “las carreteras, los puentes, las escuelas, los Ebais, los parques y las demás obras no son favores, ni del ministro de la Presidencia ni de ningún funcionario público. Tampoco pueden ser moneda de cambio para negociar la voluntad de los ciudadanos. Son obligaciones del Estado, financiadas con impuestos de todos los costarricenses”.
“El argumento de que existe un arbitraje internacional no puede utilizarse para obligar a una comunidad a aceptar un proyecto que consideran dañino. Costa Rica ha enfrentado controversias internacionales en el pasado y cuenta con los mecanismos jurídicos para defender adecuadamente sus actuaciones cuando se fundamentan en el interés público”, manifestó.
Ramírez insistió en que “el ministro pretende presionar a los regidores del cantón para retirar ese proceso judicial y aunque eso se hiciera, esto no autoriza automáticamente la construcción del relleno sanitario, lo cual también evidentemente es falso”.
“El gobierno debe responder con claridad a una pregunta sencilla: ¿Están defendiendo realmente los intereses de la salud y el bienestar de todos los costarricenses y de la comunidad en particular, o están actuando en beneficio de una empresa privada?”, cuestionó.
Ramírez recordó que “la crisis de los residuos en Costa Rica es el resultado de la inacción del gobierno, precisamente del gobierno Rodrigo Chaves. La falta de decisión, la escasa capacidad de diálogo y el atraso en diseño y soluciones son la verdadera causa de la crisis de los residuos que está por estallar”.
“No se vale responsabilizar a una comunidad de la inoperancia de un gobierno. Urge abordar este tema con responsabilidad participando a las municipalidades y a los demás actores interesados. Para ello debe haber un diálogo respetuoso, no un chantaje político. Las comunidades no están en venta. Ningún puente, ninguna carretera, ninguna obra pública justifican que se pretenda comprar la voluntad de los ciudadanos, y mucho menos en un acto lleno de respeto y de faltas a las personas, a la dignidad de las personas que estaban en ese recinto”, concluyó.
Alajuela, 05 nov (elmundo.cr) – El alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, calificó de “inapropiada e irrespetuosa” la propuesta del Gobierno de condicionar la ejecución de obras públicas en el distrito de Turrúcares al retiro de los procesos judiciales contra el relleno sanitario que pretende desarrollar la empresa EBI en la zona.
Durante un conversatorio realizado este miércoles en el Liceo de Turrúcares, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, ofreció inversiones valoradas en cerca de ¢6.000 millones —que incluyen mejoras viales, un Colegio Técnico Profesional y centros de cuido— a cambio de que la Municipalidad desista de las acciones legales de lesividad interpuestas contra el proyecto.
Ante esto, Thompson fue enfático en su postura: “Quiero decirle que yo he estado, estoy y voy a estar en contra de la instalación del basurero de Turrúcares”.
El alcalde recordó que su oposición se basa en una resolución emitida por su administración en 2016, la cual declaró la nulidad de los usos de suelo otorgados a la empresa por contravenir el Plan Regulador Urbano de Alajuela.
“Me parece, cuando menos inapropiado e irrespetuosa la forma en que el Gobierno planteó un trueque, la manera en que se condicionan una serie de obras que son muy importantes para el distrito, al cambio de decisión por parte del Concejo Municipal”, puntualizó el jerarca municipal.
Chaves, por su parte, advirtió durante la actividad que la oferta tiene fecha de caducidad, señalando que el Gobierno debe evitar el desembolso de recursos para la defensa del Estado en un eventual arbitraje internacional, el cual, según trascendió, podría ascender a los $150 millones.
“Son 11 regidores los que tienen que utilizar el juicio, las hormonas y la sabiduría para hacer lo mejor por el pueblo, primero de Alajuela cantón central y, después, de Costa Rica”, declaró Chaves, instando al Concejo Municipal a tomar una decisión definitiva antes del 2 de diciembre.
Thompson, quien no asistió al conversatorio por no haber recibido una invitación formal, reiteró que la decisión final sobre los procesos judiciales recae en el Concejo Municipal y aseguró que continuará acompañando a los vecinos de Turrúcares en su lucha contra el relleno sanitario.
“Vamos a seguir acompañando a la gente de Turrúcares en esta pelea”, advirtió el alcalde.
Alajuela, 05 nov (elmundo.cr) – El Frente Amplio manifestó su rotundo rechazo ante lo que califican como un intento de condicionar el desarrollo integral del distrito de Turrúcares a la instalación de un relleno sanitario, proyecto que será desarrollado por la empresa EBI.
La denuncia surge tras una reciente visita del ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, al distrito alajuelense, donde, según la agrupación política, tanto el mandatario como el regidor Bernal Soto habrían condicionado la atención de necesidades básicas en educación, salud, transporte y agua a la resolución de los conflictos legales que mantiene la empresa con el Estado.
“El desarrollo integral de Turrúcares no puede condicionarse a la instalación de un basurero”, sentenció el Frente Amplio, subrayando que la comunidad ha expresado su rechazo a la construcción del proyecto, denominado por la empresa como “Parque de Tecnología Ambiental”.
La organización política enfatizó que “no vamos a permitir que la desinformación ponga a la comunidad a escoger entre solventar sus necesidades actuales a cambio de aprobar la instalación de un botadero de basura”.
Asimismo, cuestionaron los vínculos de la empresa con el financiamiento de campañas políticas, señalando que “tampoco permitiremos que condicionen la infraestructura vial a la participación de EBI”.
Contexto del conflicto
La disputa legal se remonta a 2011, cuando se otorgaron certificados de uso de suelo que posteriormente fueron cuestionados por la Municipalidad de Alajuela mediante procesos de lesividad, al considerar que contravenían el plan regulador cantonal.
Ante la imposibilidad de avanzar administrativamente, la empresa canadiense Berthier EBI inició un arbitraje internacional contra el Estado costarricense ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
La compañía alega que las acciones municipales han afectado sus derechos adquiridos y reclama posibles pérdidas superiores a los 125 millones de dólares.
Por su parte, el Frente Amplio reafirmó su respaldo a las comunidades de Turrúcares en su “derecho a un ambiente sano, a la protección del Corredor Biológico Garcimuñoz y a la atención oportuna de las necesidades de la comunidad”, concluyendo con la consigna: “¡La voluntad de Turrúcares no se vende!”.
Alajuela, 05 nov (elmundo.cr) – El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, condicionó una serie de inversiones públicas en infraestructura vial, educación, servicios de salud y atención de personas adultas mayores en Turrúcares, a que la Municipalidad de Alajuela desista de sus procesos judiciales contra los permisos otorgados para construir un relleno sanitario en la finca Bajo Pita.
El proyecto, impulsado por la empresa EBI bajo el nombre de Parque de Tecnología Ambiental, enfrenta una fuerte oposición de sectores comunales desde hace más de una década. El ofrecimiento del jerarca ocurrió este miércoles 4 de noviembre, durante un conversatorio en el Liceo de Turrúcares, donde estuvieron presentes ministros, integrantes del Concejo Municipal de Alajuela y representantes de organizaciones locales.
Chaves fue enfático al señalar que las inversiones solo se tramitarán si el gobierno local permite el avance del relleno. Incluso, cuando el ministro de Educación Pública, José Leonardo Sánchez Hernández, propuso enviar personal la próxima semana para valorar la compra de un terreno para un colegio técnico profesional, Chaves le ordenó suspender la gestión:
“No lo mande la próxima semana, no lo mande la próxima semana porque nosotros no vamos a desperdiciar plata si la municipalidad no hace lo que tiene que hacer. ¿Pa’ qué vamos a mandar evaluaciones, carreteras, empezar diseños si después salen con un domingo siete?”.
El ministro estableció un plazo para que el Concejo Municipal adopte una decisión, advirtiendo que la oferta será retirada una vez que Hacienda deba desembolsar cerca de $4 millones (aproximadamente ₡2000 millones) para la defensa del Estado frente a un arbitraje internacional interpuesto por la empresa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
“En el momento que el ministro de Hacienda tenga que depositar 2000 millones de colones para ir a defender un litigio internacional producto de chorizo, estupidez o lo que sea, en ese momento la oferta se retira de la mesa”, sentenció Chaves.
Según indicó el jerarca, el desembolso solicitado por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) debe realizarse antes del 2 de diciembre, por lo que los regidores cuentan con un periodo de entre 15 y 22 días para definir su postura.
El conflicto legal se remonta a 2011, cuando se otorgaron certificados de uso de suelo que posteriormente fueron cuestionados por la Municipalidad de Alajuela mediante procesos de lesividad, al considerar que contravenían el plan regulador del cantón.
La empresa canadiense Berthier EBI, propietaria del proyecto, alega que estas acciones municipales han afectado sus derechos adquiridos, lo que derivó en el arbitraje internacional donde el Estado costarricense enfrenta un riesgo económico estimado en $150 millones.
San José, 8 de abril. – La Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense le presentará este jueves a su afición la propuesta de lo que será el nuevo estadio, siempre que la asamblea de Socios conozca la propuesta con más detalles y se apruebe por medio de una votación.
La Liga le planteó esto a sus asociados en el año 2018, en aquella asamblea brotaron algunas dudas sobre el financiamiento de la obra, sobre todo porque el club tenía muchas obligaciones con diferentes entidades bancarias y muchos dólares también se tenían que destinar a diferentes pagos.
Por otro lado, un sector de los Socios también dejaron ver su romanticismo por el actual Morera Soto.
Algunas personas plantearon la opción de tratar de remodelar La Catedral, por ejemplo. Ante tantos puntos de vista, la Junta Directiva le propuso a la asamblea conformar una comisión de estadio, donde allí se estudiaran diferentes opciones.
Así sucedió.
Se recibieron propuestas de diferentes propietarios de terrenos de grandes extensiones a lo largo del cantón central de Alajuela. Por ejemplo, en La Guácima, propiamente en Parque Viva, en El Coyol, Villa Bonita y en Pueblo Nuevo, para citar solo algunos lugares.
Sin embargo, las dos opciones muy reales fueron en Parque Viva, en La Guácima, y una propiedad aledaña al terreno donde está ubicado el Centro de Alto Rendimiento, en Siquiares, en el distrito de Turrúcares, Alajuela.
Esa es la propiedad elegida por parte de la Junta Directiva luego de la recomendación de la Comisión de estadio y respaldada por la Municipalidad de Alajuela.
¿Por qué en Siquiares? Los manudos tendrían su epicentro en Siquiares, Turrúcares, Alajuela. La decisión final obedece a estos puntos: una propiedad de al menos seis hectáreas a un precio muy accesible, la zona tiene mejores accesos viales que los que se presentan en La Guácima, no hay zonas habitacionales cercanas de gran densidad y tener toda la operación rojinegra a pocos metros de distancia también fue un punto a valorar.
Según conoce Mundo Deportes, por fuentes cercanas al gobierno local, el municipio alajuelense recomendó no tomar la opción en Parque Viva por el caos vial que se presenta en la zona a la hora de efectuarse un evento masivo. Además, los vecinos de la zona tienen “llena” la municipalidad de quejas por diversos factores, entre ellos contaminación sónica y temas viales.
Otro punto es que a nivel municipal existe un proyecto entre planes para llevar un mayor desarrollo a la zona, por lo que buscarían empatar ambas iniciativas.
Es importante aclarar, que el ayuntamiento local no invertirá dinero en la construcción del nuevo estadio y tampoco comprará el Alejandro Morera Soto como se comentó en algún momento entre las posibilidades.
San José, 8 de abril. – La Junta Directiva de Alajuelense reveló, hace poco más de dos años, un diseño preliminar de lo que podría ser su nuevo estadio.
Un inmueble que tendría una capacidad que rondaría los 22 mil o 24 mil espectadores. Una estructura de primer nivel pero con una capacidad menor a la del Estadio Nacional.
Muchos se preguntarán el por qué un estadio con un aforo mayor, si el estadio Alejandro Morera Soto tiene espacio para 17.900 personas y solo se llena para juegos semifinales, finales o partidos internacionales. Además, en los clásicos ante el Deportivo Saprissa.
En el seno del club, consideran que el estadio actual “desencanta” a un sector de la afición porque el hecho de ingresar al casco central de Alajuela pone a pensar a más de uno. Presas enormes y la búsqueda de parqueos hace que muchos piensen quedarse en la casa para observar el partido.
En el seno de la dirigencia manuda se considera que el hecho de construir el estadio en Siquiares, en el distrito de Turrúcares, la feligresía rojinegra tiene mayores vías de acceso, se podría llegar por la Ruta 27 y por la autopista Bernardo Soto.
Inclusive, aficionados de otros lugares cercanos como El Coyol, San Antonio del Tejar y La Guácima tienen diferentes maneras de asistir.
También aficionados de Atenas, La Garita, Orotina y sectores cercanos al Pacífico Central tendrían el estadio a una distancia relativamente corta.
El inmueble también tiene contemplada la existencia de parqueos dentro de la misma construcción, por lo que el aficionado no tendría que buscar otros lugares para estacionar su vehículo.
Según conoce Mundo Deportes, el diseño de lo que podría ser el nuevo estadio rojinegro, no dista mucho de las imágenes que la dirigencia le reveló a sus socios a la afición a finales del año 2018.
Financiamiento. Alajuelense le dio a sus aficionados la buena noticia que el club quedaba libre deudas con entidades financieras, luego de una negociación con Representación Televisiva Repretel por los derechos de transmisión.
Así, los rojinegros liberaron el Morera Soto del fideicomiso hipotecario que pesaba sobre el inmueble.
Además, se liberaba de un pago mensual que rondaba los $94 mil por concepto de pagos a diferentes acreedores.
Con esto, cualquiera podría pensar que Alajuelense podría solventar la nueva construcción, pero no es así.
Los erizos tendrían el apoyo de un banco privado que les permita iniciar la construcción del nuevo estadio.
Además, la venta de palcos generaría un ingreso importante para echar andar la construcción del estadio.
Obras en las que se tardarían al menos 24 meses. Por esta razón, los manudos conservarán el Morera Soto.
En el año 2018 se informó por parte de la Comisión de Estadio que este proyecto implicaría una inversión de $26 millones, tomando en cuenta los costos indirectos que contemplan los planos, los permisos, el financiamiento, el costo del financiamiento, entre otros rubros.
Sin embargo, en aquel entonces se contempló que esa cifra puede bajar, pues va a depender de si el estadio lleva media cubierta o si se la hacen completa.
“En la asamblea anterior habíamos dicho que el monto de la construcción eran $22 millones, había otra alternativa sin una parte de la cubierta que andaba en $17 millones y lo que aumenta a $26 millones son todos los costos indirectos que nosotros hicimos en el análisis, que se requieren, para poder construir el proyecto”, apuntó Rodrigo van der Laat hace tres años cuando se hizo público el tema.
Van der Laat es socio y actual asesor de la Junta Directiva encabezada por Fernando Ocampo, también fue dirigente en la época de Raúl Pinto Odio.
“Hay elementos tecnológicos que son caros y que podríamos nosotros en una primera etapa no tenernos, o podríamos quitar una parte de la cubierta y poner esos dispositivos tecnológicos. Yo siento que lo mejor es colocar de una vez la cubierta del techo completa y poco a poco en el tiempo complementarlo con toda la tecnología que requiere el estadio”, manifestó hace poco más de dos años van der Laat.
