El escenario político nacional e internacional proporcionó muchos temas (de ellos algunos inesperados) en esta semana que recién termina.
Vimos con mucho agradado la excelente participación de nuestra señora presidente de la República en la XXX Cumbre Iberoamericana realizada en Madrid, España. Doña Laura fue contundente en sus espacios discursivos e intervenciones, sino que lo digan todas las autoridades que asistieron a dicho Foro, a quienes aún les “resuena el eco” de su frase más llamativa: “El valor de los foros internacionales no se mide con discursos, se mide con resultados”.
Propios y extraños están señalando que nuestra Mandataria dejó una excelente impresión ante los ojos empresariales. Recordemos que, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano congregó a líderes del sector privado pertenecientes a las 22 nacionalidades que conforman la Comunidad Iberoamericana.
Además, durante este encuentro de jefes de Estado y de Gobierno, la señora presidente Laura Fernández Delgado expuso la ya muy reconocida y firme política de seguridad que implementa Costa Rica. Así es estimado lector, nuestro país sobresalió en este encuentro; guste o no a las “almas oscuras instrumentalizadas por los hábiles y detestables adoctrinadores de la izquierda comunista”. Sí, esos que parecen estar motivados por la vieja ilusión de “trotar persiguiendo una zanahoria”. O, como bien dijo el pastor protestante alemán Dietrich Bonhoeffer en su famosa teoría de la “estupidez”: “es una renuncia voluntaria al pensamiento crítico y a la independencia interior”.
Es necesario hacer énfasis que, en la declaración final de dicha Cumbre, los países de Argentina, Colombia, Costa Rica y Paraguay se disociaron del 4to párrafo que textualmente se lee: “Rechazamos la coerción y la aplicación de medidas contrarias al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas que obstaculicen la capacidad de los Estados para hacer frente a sus necesidades y prioridades en materia de desarrollo”. Este servidor hubiese seguido el ejemplo argentino, separándose también de, al menos, un par de párrafos más.
Hablando de la hermana República del Paraguay, el pasado jueves 5 de noviembre recibió un lamentable ¨sismo político¨ que aún emite réplicas.
A pesar del sólido capital político con el que inauguró su mandato, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, se vio forzado a dimitir acorralado por el inminente fantasma de un juicio político y una fulminante crisis financiera.
Los medios internacionales describen así lo sucedido: “El detonante de este colapso institucional fue la quiebra e intervención de Ueno Bank, una entidad privada en la que Peña ostentó acciones hasta 2025, desatando un escándalo mayúsculo de presunto conflicto de intereses. La indignación ciudadana y de la oposición radica en un esquema de beneficio cruzado éticamente insostenible: bajo su administración, el banco fue favorecido con la inyección de más de 850 millones de dólares provenientes de fondos públicos, incluyendo los recursos jubilatorios del Instituto de Previsión Social. Al desplomarse la solvencia de la firma y congelarse los ahorros de casi tres millones de personas —prácticamente la mitad de la población adulta del país—, la calle estalló. La gravedad del desfalco y la sospecha sistémica de haber moldeado la regulación financiera para proteger sus propios intereses corporativos le costaron a Peña el blindaje de su propio partido, forzando una salida dramática que buscó, de forma tardía, contener un incendio social ingobernable.
Es un episodio muy triste para la población paraguaya que merece un profundo análisis, ya que, bajo la administración de Peña y solo como ejemplo, el desempleo empezaba a disminuir. La tasa de desempleo en Paraguay se sitúa en el 4,1 % para el tercer trimestre de 2026, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el año 2022 esta cifra era del 8.5%. Un extracto de su mensaje a la ciudadanía es: “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República… Lo hago con absoluto respeto a nuestra Constitución Nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que nos hemos dado…Pero hoy mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero… Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay…Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos”.
Volviendo a nuestro país, la problemática del manejo de los residuos sólidos y la basura son también foco de análisis.
El actual ministro de la Presidencia, Hacienda y expresidente de la República don Rodrigo Chaves Robles, representantes de la Municipalidad de Alajuela, ministro de Obras Publicas y Transportes, ministro de Salud, y personeros de Ambiente y Energía asistieron a un conversatorio en el Liceo de Turrúcares para exponer el escenario actual de la negativa por parte de la Municipalidad de Alajuela para frenar el proceso legal y entregar los permisos respectivos para que la empresa EBI, gestora del proyecto, pueda iniciar las obras. De lo contrario, el país enfrentaría una demanda más. Se invitó al alcalde de Alajuela, pero no asistió. La sana intención de conciliar y concientizar a la comunidad de la urgente necesidad del Parque de Tecnología Ambiental en Turrúcares, lamentablemente se vio obstaculizada por la falta de objetividad y el patriotismo en algunas autoridades municipales y vecinos de la zona. Los instamos observar el “vídeo” de la transmisión en vivo que se realizó de la actividad.
Este hecho nos “devuelve el cassette” a los años 90, cuando Esparza perdió la oportunidad de establecer un relleno sanitario con muchas ventajas para la región, incluso mantendría muy activo el Tren al Pacífico.
La decisión del Gobierno de adelantar las obras en Turrúcares se justificó como una medida para mitigar el riesgo financiero del país. El señor ministro y expresidente Chaves explicó que el Estado enfrenta una demanda internacional de aproximadamente $150 millones por parte de inversionistas vinculados a EBI, quienes reclaman el bloqueo local a sus proyectos. Bajo esta premisa, el exmandatario sostuvo que resolver el conflicto de forma anticipada ahorraría al país $4 millones en costos de defensa jurídica, recursos que podrían destinarse a obras comunales. ¿Veremos una condena más de pago para nuestro país? ¿Aprovechará Costa Rica esta oportunidad para mitigar el problema de los desechos sólidos? ¿Cómo se afectará la política exterior de Trump con el triunfo demócrata de medio período? De lo anterior y más, hablaremos la próxima semana, Dios primero.
__________________
El autor es Licenciado en Relaciones Internacionales. Analista político internacional. Además elabora procesos de capacitación política, desarrollo comunal y administración. maumazu208@gmail.com.
