Costa Rica enfrenta una crisis en la disposición final de sus residuos sólidos. El país cuenta con apenas siete rellenos sanitarios autorizados, y los dos que han atendido la mayor parte de los residuos de la Gran Área Metropolitana han llegado al límite de su vida útil o se aproximan a él.
Desde una perspectiva técnica, el problema tenderá a agravarse: la generación sigue creciendo, y trasladar los residuos a otras regiones solo desplaza la presión, encarece el servicio y acelera la saturación de los sitios restantes.
La raíz del problema no es únicamente la falta de terrenos. Más de la mitad de los residuos ordinarios del país es materia orgánica y cerca de un tercio corresponde a materiales valorizables; aun así, las estimaciones oficiales de recuperación oscilan entre el 4 % y el 12 %. Seguimos enterrando lo que podría aprovecharse, y eso es lo que agota los rellenos y genera metano, un gas de efecto invernadero de alto impacto.
El país seguirá necesitando capacidad de disposición final, pero construir nuevos rellenos no basta. En la Unión Europea, la proporción de residuos municipales enviada a relleno bajó de 61 % en 1995 a 22 % en 2023. Existen alternativas técnicamente viables, como la separación en la fuente, el compostaje, la digestión anaerobia con aprovechamiento de biogás, el tratamiento mecánico-biológico y, bajo estrictos controles de emisión, la valorización energética del rechazo. Cada una debe evaluarse según su escala, la composición del residuo y su costo de operación.
Un relleno sanitario es una obra de ingeniería que debe aislar los residuos del ambiente durante décadas, incluso después de su cierre. Por eso, la aptitud de un terreno depende de condiciones verificables: la estabilidad geológica, la baja permeabilidad del subsuelo, la profundidad y vulnerabilidad de los acuíferos, la distancia a pozos, nacientes y cuerpos de agua, la ausencia de fallas activas y zonas de inundación, la compatibilidad con el uso del suelo y las comunidades vecinas, así como la idoneidad de los procesos y operaciones utilizados en la gestión del sitio.
Cuando un relleno se diseña u opera de forma inadecuada, los riesgos son concretos: lixiviados que contaminan aguas superficiales y subterráneas, acumulación de biogás con riesgo de incendio o explosión, malos olores, proliferación de vectores, inestabilidad de taludes y afectación a la salud de las comunidades vecinas, efectos que pueden persistir por años.
En la discusión pública sobre nuevos sitios, como los proyectos propuestos en San Miguel de Turrúcares, en Alajuela, y en Picagres, en Mora, el Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines (CIQPA) no se pronuncia a favor ni en contra de ninguno, pues ambos se encuentran en discusión administrativa o judicial.
Sí advierte que comparten una condición que exige atención: sus viabilidades ambientales se otorgaron hace una década o más. Por ello, considera indispensable que, antes de cualquier decisión, se verifiquen y actualicen los estudios que las sustentan: la caracterización hidrogeológica y la vulnerabilidad de los acuíferos, el inventario de pozos y nacientes en el área de influencia, los estudios geotécnicos y de amenazas naturales, el diseño de impermeabilización y tratamiento de lixiviados, el manejo del biogás y el programa de monitoreo.
Estos estudios deben ser públicos y contar con el criterio de las instituciones competentes en materia de aguas. Asimismo, en el ámbito de sus competencias, el CIQPA estará vigilante del cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a la presentación de diagramas de flujo, balances de masa y energía y demás requerimientos técnicos exigibles en virtud de los procesos y operaciones unitarias propios de estas actividades, así como de que dicha documentación sea elaborada y respaldada por profesionales debidamente incorporados.
Costa Rica dispone de un marco normativo para la gestión de residuos y la operación de rellenos sanitarios. Su principal debilidad no está en el papel, sino en su aplicación: la fiscalización de la operación diaria, la verificación independiente del monitoreo ambiental y el acceso público a sus resultados deben fortalecerse.
Por ello, el CIQPA hace un llamado a las autoridades para que las decisiones sobre disposición final se fundamenten en evidencia técnica. En el corto plazo, se requiere un plan de contingencia regional que garantice la continuidad del servicio y programas inmediatos de separación y tratamiento de residuos orgánicos. En el mediano plazo, el país necesita metas nacionales de reducción de residuos enviados a relleno, infraestructura de tratamiento a escala regional, requisitos de monitoreo más exigentes y un sistema de información pública y confiable.
El Colegio pone a disposición de las autoridades, las municipalidades y las comunidades el conocimiento de sus agremiados para acompañar técnica y científicamente estos procesos. La pregunta que debemos responder como país no es solo dónde enterrar los residuos, sino cuánto podemos dejar de enterrar.
