San José, 05 nov (elmundo.cr) – El jefe de fracción de Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, la emprendió contra el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, luego de que condicionó una serie de inversiones públicas en Turrúcares, a que la Municipalidad de Alajuela desista de sus procesos judiciales contra los permisos otorgados para construir un relleno sanitario en la finca Bajo Pita.
Ramírez señaló que “ayer los costarricenses presenciamos con asombro e indignación una nueva versión del circo político chavista en Turrúcares, en Alajuela. Lo que el gobierno presentó como un diálogo con la comunidad de Turrúcares terminó convirtiéndose en un ejercicio de chantaje y extorsión política inaceptable”.
“El ministro de la Presidencia fue a defender obras en un tema que no son de su competencia, pero que además pertenecen a una empresa privada, pretendiendo presionar a la gente con obras comunales en las cuales el gobierno tiene la responsabilidad de invertir”, agregó.
El liberacionista recalcó que “las carreteras, los puentes, las escuelas, los Ebais, los parques y las demás obras no son favores, ni del ministro de la Presidencia ni de ningún funcionario público. Tampoco pueden ser moneda de cambio para negociar la voluntad de los ciudadanos. Son obligaciones del Estado, financiadas con impuestos de todos los costarricenses”.
“El argumento de que existe un arbitraje internacional no puede utilizarse para obligar a una comunidad a aceptar un proyecto que consideran dañino. Costa Rica ha enfrentado controversias internacionales en el pasado y cuenta con los mecanismos jurídicos para defender adecuadamente sus actuaciones cuando se fundamentan en el interés público”, manifestó.
Ramírez insistió en que “el ministro pretende presionar a los regidores del cantón para retirar ese proceso judicial y aunque eso se hiciera, esto no autoriza automáticamente la construcción del relleno sanitario, lo cual también evidentemente es falso”.
“El gobierno debe responder con claridad a una pregunta sencilla: ¿Están defendiendo realmente los intereses de la salud y el bienestar de todos los costarricenses y de la comunidad en particular, o están actuando en beneficio de una empresa privada?”, cuestionó.
Ramírez recordó que “la crisis de los residuos en Costa Rica es el resultado de la inacción del gobierno, precisamente del gobierno Rodrigo Chaves. La falta de decisión, la escasa capacidad de diálogo y el atraso en diseño y soluciones son la verdadera causa de la crisis de los residuos que está por estallar”.
“No se vale responsabilizar a una comunidad de la inoperancia de un gobierno. Urge abordar este tema con responsabilidad participando a las municipalidades y a los demás actores interesados. Para ello debe haber un diálogo respetuoso, no un chantaje político. Las comunidades no están en venta. Ningún puente, ninguna carretera, ninguna obra pública justifican que se pretenda comprar la voluntad de los ciudadanos, y mucho menos en un acto lleno de respeto y de faltas a las personas, a la dignidad de las personas que estaban en ese recinto”, concluyó.
