San José, 23 may (elmundo.cr) – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el subsidio al gas, búnker y emulsiones asfálticas, cargado a los combustibles.
Así consta en el Sistema de Gestión en Línea del Poder Judicial, al consultar sobre el estado del caso presentado por el diputado limonense Luis Vásquez Castro.
El fallo fue emitido el pasado 19 de mayo y de acuerdo con la consulta en línea, la acción fue rechazada de plano por parte de la mayoría de los Magistrados.
“Se rechaza de plano la acción. Los Magistrados Jinesta Lobo, Salazar Alvarado y Hernández Gutiérez salvan el voto y ordenan dar curso a la acción”, dice el por tanto.
EL MUNDO intentó ahondar en la fundamentación de los Magistrados de la Sala Constitucional para denegar la acción presentada por el congresista, sin embargo, en la oficina de prensa indicaron que el fallo aún no está disponible para su publicación.
El diputado Luis Vásquez pretendía traerse abajo un Decreto Ejecutivo y una resolución de ARESEP que dio pie a cargar un subsidio en los combustibles, de ocho colones por litro, para mantener establece el precio del búnker, gas licuado de petróleo y emulsiones asfálticas.
Empresarios, quienes son en su mayoría los beneficiados por el subsidio, celebraron la decisión de la Sala Constitucional.
De haberse anulado el subsidio, el precio del gas se habría disparado un 72% y el búnker un 35%.
“Recordemos que en Costa Rica el gas licuado de petróleo es el más caro de toda la región y de tener éxito una gestión como la que planteaban estos diputados, tendríamos la fuente energética más cara del planeta; por lo tanto, nuestra solicitud para los estimables Diputados, es que se eviten acciones de este tipo que ponen bajo seria amenaza la competitividad de todo el sector industrial costarricense”, dijo José Manuel Hernando, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA).
Por su parte, Enrique Egloff, Presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica afirmó que la sentencia “derrota una vez más al fantasma del aumento desmedido y desproporcionado de los precios de los combustibles que usa nuestra industria para competir en el mundo y con el mundo”.
Finalmente, Franco Arturo Pacheco, presidente de UCCAEP manifestó que celebran la decisión “porque viene a reafirmar la seguridad jurídica que merecen los inversionistas en nuestro país; las empresas podrán continuar con sus operaciones sin poner en riesgo la estabilidad de sus trabajadores; mantener los precios actuales, generará mayores opciones para que más empresas sigan invirtiendo en Costa Rica”.
San José, 11 may (elmundo.cr) – El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Luis Vásquez Castro se defendió de lo señalamientos que hizo la Cámara de Industrias de Costa Rica por haber impugnado en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el subsidio oculto cargado en los combustibles, que abarata el búnker, gas y emulsiones asfálticas a decenas de empresas privadas.
Dicho subsidio implica una carga de ¢9 colones por litro en los combustibles y el Diésel. Anteriormente, Vásquez junto a casi todos los diputados denunció ese rubro ante la Sala Constitucional con un recurso de amparo, pero los Magistrados le dijeron que debía presentar una acción de inconstitucionalidad.
“El diputado Vásquez quiere traerse abajo uno de los principales logros de la Administración Solís Rivera para el sector empresarial. La Sala IV ya había estado a favor de la sensatez. No entendemos cómo el diputado Vásquez no se da cuenta que con sus acciones está atentando contra el empleo en el país, generando caos e incertidumbre que frenan la inversión. Todavía tiene tiempo de rectificar”, dijo Ricardo Solera, primer vicepresidente de la Cámara de Industrias.
El legislador limonense se defendió en el Plenario de la Asamblea Legislativa, alegando que el calificativo de “enemigo de la industria y de los trabajadores” impuesto por los Industriales es un “ataque gratuito, falso y tendencioso, que solo muestra, a lo que hoy debemos enfrentarnos”.
“El argumento que utiliza la cámara que el bunker y el gas LPG es más caro en Costa Rica que a nivel internacional, puede ser cierto, pero la gasolina y el diésel también lo son y no por ello, debe cargarse, aún más, con un “subsidio oculto” para que se beneficien unos pocos, a quienes los costarricenses les transferimos más de ₡2.500 millones de colones por mes”, dijo el diputado.
Para el legislador, los beneficios que reciben las empresas por el subsidio solo significan que estas no tienen la productividad suficiente para garantizar su propia subsistencia, y que beneficios de ese tipo solamente pueden hacerse cuando un proyecto de Ley técnica y jurídicamente justificado, pase por la Asamblea Legislativa.
“Las empresas subsidiadas no son lo suficientemente productivas para mantenerse sin ayuda, los subsidios aliviaran su situación, pero no solucionarán el problema de la baja productividad, y al contrario, pueden acentuarlo. Si un negocio no es productivo, por más dinero que el estado le inyecte, seguirá siendo improductivo, puesto que los ingresos generados por el negocio no alcanzan para cubrir los costos y gastos del mismo, de modo que la solución no es subsidiarlos, sino reestructurarlos para que encuentren la forma de ser autosuficientes”, dijo Vásquez.
El legislador descartó que vaya a dar marcha atrás con su decisión de impugnar la constitucionalidad del subsidio.
“Este comunicado de prensa de la Cámara de Industrias, solo demuestra el hecho de que, subsidiar una empresa o industria que no es competitiva, hace que sus propietarios o socios, se preocupen más por conseguir o mantener los subsidios, que por solucionar las causas de su improductividad”, concluyó.
Luis Guillermo Solís, Presidente de la República. Foto: Luis Madrigal / El Mundo CR
San José, 16 feb (elmundo.cr) – El Gobierno y más de una decena de cámaras y asociaciones empresariales se darán cita hoy en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para defender ante los Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un subsidio cargado en los combustibles que mantiene abaratado el precio del búnker, emulsiones asfálticas y el gas licuado de petróleo.
A las 9:00 am empezarán las audiencias, empezando con uno de los promotores del recurso de amparo: el diputado Luis Vásquez Castro del PUSC.
Seguidamente intervendrán el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro y el Ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez. Adicionalmente deberán apersonarse el Regulador General de ARESEP, Roberto Jiménez Gómez y la Presidenta Ejecutiva de RECOPE, Sara Salazar.
Finalmente, los Magistrados darán audiencia a la Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica, la Cámara de Exportadores, la de Exportadores de la Industria Textil, la Cámara Textil Costarricense, la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines, la de Industria Alimentaria, la Norteamericana de Comercio, la Asociación Consejo de Desarrollo Inmobiliario, de Zonas Francas, la Cámara Costarricense de Construcción y la Cámara de Transportistas Unitarios.
El subsidio impugnado fue creado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), para mantener estable el precio del búnker, gas licuado de petróleo y emulsiones asfálticas, ante la amenaza de un súbito aumento en esos precios, golpeando al sector privado. Representa alrededor de ¢8 colones en las tarifas de los combustibles.
Los congresistas afirman que dicho subsidio violenta una Ley que expresamente dice que para crear subsidios de ese tipo, se necesitan aprobar leyes desde la Asamblea Legislativa que así lo dispongan.
Datos de RECOPE apuntan a que las 90 empresas subsidiadas se benefician con cerca de 2500 millones de colones al mes.
Consultado ayer sobre este tema, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís anunció que su Gobierno defenderá el subsidio en la audiencia.
“Vamos a continuar defendiendo el subsidio. Es importante porque permite mantener a miles de trabajadores y particularmente en el sector privado en sus puestos de trabajo, en segundo lugar porque el no subsidio afectaría a miles y miles y miles de familias de bajos ingresos, es una una tesis que yo creo que se defiende por si sola”, manifestó Solís Rivera.
Y agregó: que “Muchos servicios de salud utilizan el gas para para poder brindar servicios. Vamos a continuar apoyando (el subsidio) porque es de una enorme prioridad para el país y su eliminación podría tener graves consecuencias, como lo digo, en el orden social”.
San José, 11 nov (elmundo.cr) – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia empezará a hacer audiencias para determinar la legalidad del subsidio oculto en los combustibles, que encarece el precio de los mismos en unos ¢8 colones.
Dicho subsidio fue creado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), para mantener estable el precio del búnker, gas licuado de petróleo y emulsiones asfálticas, ante la amenaza de un súbito aumento en esos precios, golpeando al sector privado.
Un grupo de más de 30 diputados interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, con el fin de traerse abajo dicho subsidio, pues alegan que violenta una Ley que expresamente dice que para crear subsidios de ese tipo, se necesitan aprobar leyes desde la Asamblea Legislativa que así lo dispongan.
Luis Vásquez, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), anunció la tarde de este jueves durante la sesión del Plenario que los Magistrados de la Sala IV citaron a los legisladores que interpusieron el recurso, para el 1 de diciembre de este año a las 9:00 am.
El caso se lleva en el expediente 16-010651-0007-CO y de ser ganado por los diputados, los precios de los combustibles bajarían unos ¢8 colones, con el consecuente incremento del precio en otros productos.
Datos de RECOPE apuntan a que las 90 empresas subsidiadas se benefician con cerca de 2500 millones de colones al mes.
San José, 19 set (elmundo.cr) – Dos empresas beneficiadas del subsidio al gas, búnker y emulsiones asfálticas que se recarga en las tarifas de los combustibles adeudan varios millones a la Seguridad Social.
Así se desprende de un comparativo hecho de la lista de empresas beneficiadas entregada por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE S.A.) y la base de datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Se trata de Costa Rican Cocoa Products Company, S.A. y Blue Flame Fuel Technology Corporation, S.A.. Ambas se benefician del subsidio recargado en los combustibles, estando morosas con la Caja Costarricense del Seguro Social.
La primera de esas empresas adeuda 9,11 millones por concepto de cuotas obrero-patronales y la segunda más de 5,59 millones de colones.
La revelación la hizo el “Cobrador de la Caja”, Roberto Mora Salazar en agosto pasado y quien remitió a Sara Salazar, presidenta ejecutiva de RECOPE una carta poniéndola al tanto de la situación.
Roberto Mora recordó que el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social establece que para “el disfrute de cualquier régimen de exoneración e incentivos fiscales”, el beneficiado debe estar al día en el pago de sus obligaciones con la seguridad social y que es causal de pérdida de ese beneficio el incumplimiento de esas obligaciones.
Dicho artículo dicta que la verificación del cumplimiento de esa obligación es competencia de cada una de las instancias administrativas en las que debe efectuarse el trámite respectivo.
Mora pidió a Sara Salazar girar instrucciones a sus subalternos, para que cada vez que esas empresas se presenten a retirar los productos subsidiados se les exija estar al día con sus obligaciones con la Seguridad Social.
Sin embargo, la Presidenta de RECOPE le respondió al “Cobrador de la Caja” que la verificación de cumplimiento de obligaciones con la CCSS para aquellas empresas beneficiadas con el subsidio, no aplica en estos casos ya que el subsidio “no se trata de un régimen de exoneración, ni de un incentivo fiscal”.
“RECOPE no define ni autoriza subsidio alguno a los precios de los combustibles, toda vez que no es competencia de RECOPE fijar los precios de los productos derivados de hidrocarburos que expende, ni define tampoco las políticas sectoriales que al efecto se dictan en la materia”, dice la respuesta de la Presidenta de RECOPE al Cobrador de la Caja, según él mismo la reveló.
San José, 6 set (elmundo.cr) – Doce cámaras empresariales del sector privado solicitaron a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (conocida como la Sala IV), declarar sin lugar un recurso de amparo que pretende traerse abajo el subsidio al gas, búnker y emulsiones asfálticas que pagan todos los consumidores de combustibles.
Se trata de la Cámara de Industrias de Costa Rica, la Asociación Nacional de Exportadores de la Industria Textil (ANEIT), la Cámara Textil Costarricense (CATECO), la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), la Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios (CCTU), la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM), la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), el Consejo de Desarrollo Inmobiliario de Costa Rica (CODI), la Cámara de Comercio Costarricense-Norteamericana (AMCHAM), la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (CACORE), la Asociación de Empresas de Zonas Francas (AZOFRAS) y la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC).
Los empresarios afirman que dejar sin efecto el subsidio generaría un alza del 72% en el precio del gas y de un 35% en el costo del búnker, lo que generará despidos en el sector privado ante el incremento en los costos.
La Cámara de Industrias de Costa Rica, que fue la que promovió la acción de los empresarios, afirmó que deja en evidencia el peligro de eliminar ese decreto, pues traería graves consecuencias para los costarricenses en aspectos como el desempleo, la inversión, las exportaciones, las finanzas públicas, la obra pública, las cargas sociales, entre muchos otros.
“Debemos aclarar que los Diputados no contemplaron que de darse un aumento desproporcionado en los combustibles de uso industrial, enfrentaríamos una importante pérdida de empleos a raíz del cierre de empresas”, dijo Enrique Egloff, Presidente de la CICR en un comunicado de prensa.
“Un incremento del 72% en el gas licuado de petróleo (GLP), utilizado por casi medio millón de familias para cocinar, daría también un duro golpe a los costarricenses, especialmente los de más bajos recursos, así como también para las pequeñas y medianas empresas que lo utilizan, poniendo en riego su existencia”, agregó Egloff.
Los costarricenses pagan 10 colones más por cada litro de combustibles, producto de un subsidio que abarata el costo del gas, búnker, asfalto y emulsiones asfálticas.
San José, 22 ago (elmundo.cr) – Diputados, empresarios y la población en general están a la espera de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, determine si el subsidio cargado en los combustibles puede sostenerse o no.
Un total de cuarenta legisladores suscribieron un recurso de amparo que estudian los magistrados, contra un Decreto Ejecutivo emitido por el Gobierno de Luis Guillermo Solís.
La polémica se incrementó en los últimos meses, a raíz de diversas declaraciones de funcionarios y publicaciones de organizaciones de la sociedad civil molestas por el precio de los combustibles.
EL MUNDO explica a continuación a la población costarricense en qué consiste el decreto que emitió el Poder Ejecutivo, a quienes beneficia y cuáles podrían ser los posibles fallos de la Sala Constitucional con respecto al tema.
¿QUÉ DICE EL DECRETO EMITIDO POR EL GOBIERNO?
El 12 de enero de 2016, el Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera y su ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez Espeleta emitieron el Decreto Ejecutivo 39437-MINAE, el cual es señalado como la norma responsable de haber creado el subsidio al gas, búnker, asfalto y productos similares.
Los diputados impugnaron ese decreto en la Sala Constitucional afirmando que violenta los artículos 45, 46, 121 inciso 13, 140 inciso 3 y 149 inciso 6 de la Constitución Política.
Dichos artículos hablan sobre la inviolabilidad de la propiedad, el derecho a la protección de sus intereses económicos, a la libertad de elección y a un trato equitativo, los cuales según los legisladores el subsidio violenta. También se afirma que lesiona la reserva de Ley, que tiene la creación de impuestos y subsidios.
Fue una investigación hecha por el equipo Data del diario La Nación el que encontró ese subsidio oculto, el cual encarece las gasolinas con el fin de abaratar el gas, el combustible búnker, el asfalto y las emulsiones de ese producto.
Posterior a la revelación de esa investigación, la ARESEP tomó la decisión de poner en discusión una nueva metodología que eliminaría dicho subsidio oculto. La primera audiencia para poner en discusión dicha metodología se llevaría a cabo el día 14 de enero.
El decreto se emitió dos días antes de que el ente regulador llevara a cabo dicha audiencia.
La investigación reveló que el subsidio se implantó en el año 2008, cuando la ARESEP estaba al mando de Fernando Herrero, quien fue ministro de Hacienda en los Gobiernos de José María Figueres y Laura Chinchilla.
Para setiembre del año 2014, los costarricenses que consumieron diésel desde el año 2009 pagaron por ese subsidio escondido un total de 73.500 millones de colones, los cuales generaron un ahorro a los consumidores de gas por 33.270 millones de colones.
Las empresas que usaban asfalto y emulsión asfáltica pagaron 11.600 millones menos por el producto, gracias al subsidio que pagaron los consumidores de gasolina súper y regular, que en ese periodo de tiempo llegó a los 29.500 millones.
¿POR QUÉ EMITIERON ESE DECRETO?
El gas iba a aumentar su precio un 72% de eliminarse el subsidio que estaba vigente desde 2008.
Esto pues la metodología eliminaba el subsidio oculto que se había creado en el 2008, afirmando que el mismo no tiene relación con el servicio que presta la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y que por tanto, no debe recargarse en las tarifas.
Ese fue el mismo criterio que la ARESEP usó para no recargarle a los usuarios durante varios meses, la convención colectiva de RECOPE, ya que la Ley de ARESEP la faculta a rechazar el reconocimiento de costos que no tienen relación con la prestación del servicio.
En resumen, la nueva metodología bajaría en un 2% las tarifas de los combustibles, pero subiría considerablemente el precio de productos usados por la gran mayoría de empresas privadas en el país.
La legalidad del Decreto Ejecutivo emitido por el Poder Ejecutivo a inicios de este 2016 está siendo analizada en la Sala Constitucional, sin embargo hay dos opiniones diferentes sobre dicho decreto.
Quienes lo adversan afirman que este crea un subsidio ilegal y oculto que se recarga en los combustibles, en perjuicio de los consumidores de diésel, gasolina súper y regular, encareciendo el precio de dichos productos en casi 10 colones por litro.
La base que usan quienes piden anular este decreto, es que la Ley 6588 que regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo, vigente desde 1981, establece en su transitorio número cuatro que a partir de la vigencia de dicha Ley, no pueden crearse nuevos subsidios ni aumentar los que existieran en ese entonces, a menos de que la Asamblea Legislativa aprobara un proyecto de Ley para ello.
El subsidio que se aplicó en el 2008 no se creó mediante una Ley, tampoco el subsidio que está vigente desde enero de 2016, por tanto, si se usa como base la Ley de RECOPE, el subsidio sería inconstitucional por violentar la reserva de Ley, que tiene la creación de nuevos subsidios según el transitorio cuatro de esa norma.
Quienes respaldan el Decreto Ejecutivo usan como base el texto del mismo. Y es que de una lectura de este se desprende que el subsidio no fue creado mediante esa herramienta, sino que lo que hizo el Poder Ejecutivo, fue emitir una política sectorial, a la cual la ARESEP debe apegarse según la Ley, a pesar de ser una institución autónoma.
Precisamente, el nombre del decreto que emitió el Presidente de la República y su Ministro de Ambiente se titula “Política Sectorial para los precios de gas licuado de petróleo, búnker, asfalto y emulsión asfáltica” y consta solo de cuatro artículos.
El primero de ellos declara de interés público dicha política sectorial, el segundo dicta que los precios de venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP), búnker, asfalto y emulsión asfáltica deberán tener, a partir del año 2016, un precio similar al que estaba vigente en el período 2008-2015, “mientras tanto no exista disponibilidad de combustibles alternativos más limpios a precios competitivos y no haya capacidad de suministro de los mismos a nivel nacional”.
El artículo tercero dice que la política emitida mediante ese decreto “tiene el propósito de servir como herramienta de consulta permanente, que proporciona información técnica, pautas y directrices uniformes de utilidad para el sector público, privado, empresarial y otros sectores que coadyuven con el financiamiento para su implantación, así como de la ciudadanía en general”.
Finalmente el artículo cuarto establece que su vigencia será a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
En ninguno de los cuatro artículos del decreto se establece que la forma en la que el gas, el combustible búnker, el asfalto y la emulsión de este producto, mantendrán los precios del periodo 2008-2015, será mediante un subsidio que se recargará en los combustibles.
ARESEP no está sujeta a los lineamientos del Gobierno, pero sí a lo que diga el Plan Nacional de Desarrollo, planes sectoriales y las políticas sectoriales que dicte el Poder Ejecutivo, como lo es esta política para mantener estable el precio de esos productos.
Por ello debió acatar lo que el Gobierno dispuso en esa política: garantizar que esos productos mantendrán precios similares a los del periodo 2008-2015 y optó por cumplir con ello, mediante un subsidio recargado en los combustibles de casi 10 colones por litro.
En caso de que la Sala Constitucional fallase en el sentido de que el subsidio es ilegal por violentar la reserva de Ley, la condena recaería en el acto administrativo que la ARESEP cometió al establecer, que la forma en la que cumpliría con esa política sectorial, era encareciendo el precio de los combustibles al implantar un subsidio.
¿A QUIENES BENEFICIA EL SUBSIDIO?
La empresa CEMEX es una de las que se beneficia del subsidio al combustible tipo búnker.
Datos oficiales remitidos por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) revelan que un total de 22 empresas privadas y seis entidades públicas se ven beneficiadas con el actual subsidio, al abaratar el precio del asfalto.
Entre las empresas privadas que disfrutan del subsidio al asfalto están la empresa Autopistas del Sol S.A., concesionaria de la Ruta 27 San José-Caldera, las constructoras Guarco S.A., El Bajo del León S.A., Hernán Solís S.R.L., Herrera S.A. y Meco S.A.
Entre las públicas están el Instituto Costarricense de Electricidad, varias municipalidades y el propio Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Del subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP) se benefician 14 empresas, entre las que figuran la propia Gas Zeta, CVG Aluminios Nacionales, Gas Tomza de Costa Rica y Vidriera Centroamericana (VICESA). Esta última advirtió que de caerse el subsidio, abandonará el país dejando sin trabajo a centenares de personas.
En el caso del búnker son 54 las empresas que se benefician del subsidio recargado en los combustibles. Entre ellas figura la cementera Cemex Costa Rica, Coca Cola, Dos Pinos, Gerber, VICESA y Ticofrut.
Precisamente que haya empresas grandes, -que inclusive reciben millonarios contratos con el Estado-, entre las que figuran como beneficiadas del subsidio es lo que genera un mayor malestar en los consumidores de gasolinas.
Luis Vásquez, diputado del PUSC y quien promovió el recurso de amparo contra el subsidio, así como una denuncia ante la Contraloría General de la República en contra de los jerarcas de RECOPE, ARESEP, Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el MINAE, afirma que existe la probabilidad de que empresas que están recibiendo subsidios, estén vendiendo dicho producto subsidiado a otras empresas.
Asimismo, señaló discrepancias sobre a cuál de las instituciones -RECOPE o MINAE- le corresponde velar porque ello no ocurra.
La denuncia ante la Contraloría pretende que se determinen las sanciones administrativas contra los funcionarios responsables de firmar y redactar el decreto, para luego usarlo como prueba ante una denuncia en el Ministerio Público.
Luis Vasquez, diputado del PUSC presentó hoy ante la prensa la denuncia presentada por los diputados.
San José, 28 jul (elmundo.cr) – Un total de 25 diputados presentaron ante la Contraloría General de la República (CGR), una denuncia por el otorgamiento de un subsidio al gas licuado de petróleo, asfalto, búnker y emulsión asfáltica.
Dicho subsidio es recargado a los costarricenses consumidores de los combustibles, incrementando de 9 a 10 colones el precio por litro.
La denuncia recae contra los jerarcas de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Luis Vasquez, diputado limonense del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) explicó en conferencia de prensa este jueves, que el subsidio, que se aplica a 90 empresas asciende a 2550 millones de colones cada mes.
Los legisladores cuestionan la forma en la que fue emitido el Decreto Ejecutivo 39437-MINAE, el pasado 12 de enero de 2016. Dicho decreto se emitió en ese momento, según informó el Gobierno, para evitar un brusco aumento en el precio del gas, de hasta 2000 colones.
Sin embargo, ahora los diputados han descubierto que la Ley de RECOPE establece que no se pueden otorgar subsidios, a menos de que así lo apruebe la Asamblea Legislativa, situación que nunca ocurrió.
La denuncia pretende que la Contraloría determine las sanciones administrativas contra los funcionarios responsables de firmar el decreto, para luego usarlo como prueba ante la denuncia en el Ministerio Público.
Ante consulta de EL MUNDO sobre por qué no se interpone una acción de inconstitucionalidad, en vista de que el decreto contradice lo establecido por la Ley de RECOPE, sobre la reserva de Ley para crear subsidios, Vásquez manifestó que lo harán próximamente.
El diputado denunció además que existe la probabilidad de que empresas que están recibiendo subsidios mediante este decreto, estén vendiendo dicho producto subsidiado a otras empresas.
Asimismo, señaló discrepancias sobre a cuál de las instituciones -RECOPE o MINAE- le corresponde velar porque ello no ocurra.
