Necesitamos por fin, que todas las instituciones públicas hagan lo que se supone tienen que hacer

La gran mayoría de los problemas de Costa Rica se resolverían muy fácilmente si todas las auditorías internas, contralorías y demás instituciones de control de gasto público, por fin comprendieran que su trabajo es muy importante y necesario para nuestro país, aunque sus salarios y privilegios sean pagados por cada institución pública, porque de lo contrario, nunca van a alcanzar ni todos los impuestos ni la enorme e inmanejable deuda pública para cubrir tantas y tantas fallas en el control de los gastos. Con más eficiencia no se perderían miles de millones de las bóvedas de un banco nacional. Con más eficiencia no habría tanta facilidad para evadir los controles en las adjudicaciones de tantas licitaciones públicas. Con más eficiencia los expedientes judiciales no estarían compitiendo en tardanza, con las listas de espera de la CCSS, etc, etc, etc.

No puede ser que todas las sanciones que hay que ejecutar para defender al Estado y por ende a sus habitantes, a todos los demás costarricenses, tarden años y años y hasta prescriben: la trocha, el cementazo, el caso cochinilla, el caso diamante, los privilegios de las convenciones colectivas del sector público, el combustible de los diputados y otros funcionarios públicos, las pensiones de lujo, el salario escolar, los pagos de más dizque por errores en las planillas del ministerio de educación y otras instituciones públicas, la platina, las repúblicas independientes, el abandono de la educación pública primaria y secundaria por privilegiar al FEES, carreteras y hospitales en lento proceso, en fin.

Muy importante el tema este de defender la institucionalidad de nuestro país.Pero también es muy necesario fortalecer los controles internos y externos para que todas nuestras instituciones públicas sigan cumpliendo con sus objetivos, propósitos y metas para las que fueron creadas, en beneficio de todos los costarricenses. Hace muchos años todas las instituciones públicas se preocuparon por definir y poner por escrito, la visión y la misión de cada institución. Ojala que tanto esa visión como la misión sean objeto de actualización, seguimiento y evaluación de cumplimiento, por lo menos anualmente.

No podemos seguir con los mismos procesos electorales de hace 200 años. Los procesos electorales tienen mucho que mejorar para proveer, más y mejores políticos y funcionarios públicos, con más y mayores deseos de servir a la Patria. También se prevendrían y se evitarían muchos otros problemas, si la Sala IV por fin tuviera entre sus prioridades, estar actualizando diariamente todo lo relativo a nuestra Constitución Política: la interpretación única y correcta y, las mejoras necesarias de artículos como los relativos a las convenciones colectivas y al 8% del PIB para financiar a la educación pública, por ejemplo. Ya hace varios años se permitió la innecesaria reelección presidencial, así que sí se puede modificar todo lo que sea necesario, para beneficio del Estado y de todos los demás costarricenses.

Desde la antigüedad siempre se nos ha insistido con el cuento de que la justicia es ciega. La verdad es que en la actualidad y con tantos avances en todos los campos de las ciencias y las tecnologías, ya no se justifica que la justicia siga siendo ciega y, menos en un pequeñísimo país como Costa Rica, de escasísimos recursos económicos. No puede ser que Costa Rica ocupe el último lugar de la OCDE en desarrollo digital del sector público.
También se prevendrían y se evitarían muchos otros problemas si el TSE por fin tuviera entre sus prioridades, estar actualizando diariamente todos lo relativo a nuestros procesos electorales: no más reelección de diputados ni de ningún funcionario público, no más candidatos con doble postulación para presidente y para diputado, disminuir la cantidad de diputados, establecer y exigir más y mejores requisitos a los candidatos, a los partidos, en fin., etc, etc, etc.

Qué maravilla la internet y todas las redes sociales actuales para enterarnos de inmediato de todo lo que hacen y no hacen los gobiernos de turno. Antes había que depender de periódicos y noticieros apenas para medio enterarse, semanas, meses y años después, de lo que ya se había hecho y que de por sí, ya nada podíamos hacer. También es muy importante la participación cada vez, de más y más costarricenses por medio de todas las redes sociales, ahora que están de moda, para ayudar finalmente a conseguir por fin, una Costa Rica bien administrada o bien gobernada. Usando el término que sea. De suerte que ahora con la existencia de las redes sociales, todos los costarricenses podemos participar de este cuarto poder ampliado de las democracias, para que más pronto que tarde, todos los costarricenses tengamos más y mejores beneficios, de esta nuestra democracia del pura vida.

Aniversario de la abolición del ejército

De los éxitos de la Segunda República, los costarricenses continuamos celebrando aniversarios de la decisión ejemplar, como aporte de Costa Rica a las democracias del mundo, de la abolición del ejército. Está claro que sí podemos seguir haciendo aportes a la democracia como sistema de gobierno y ahora, con la novedad de las redes sociales, todos los costarricenses podemos seguir participando de este cuarto poder ampliado de las democracias, cuarto poder que antes se refería solo al periodismo, pero ahora incluye además a toda la opinión pública. Sin embargo, segundo año de este nuevo gobierno y hasta ahora, solo hemos tenido períodos muy poco productivos de sesiones legislativas, complementado con unos cuantos decretos difíciles de entender provenientes del poder ejecutivo y, reelecciones inconvenientes e innecesarias de hasta 8 años en el poder judicial, cuando hay otros miles de costarricenses que también podrían hacer más y mejores cosas y en períodos de 4 años y sin innecesarias e inconvenientes reelecciones. Y ahora resulta, que estamos en medio período de sesiones extraordinarias y el Poder Ejecutivo, como está establecido en nuestra Constitución Política, envía, pero luego manda a retirar, los proyectos necesarios para la seguridad ciudadana. No hay nada ejemplar ni útil en esa contradicción.

Desde hace muchos años hemos sido testigos de que nuestro Poder Judicial es ineficiente. Desde esos mismos muchos años nos enteramos por las noticias que la policía siempre ha hecho bien su trabajo, arriesgando sus vidas, enfrentando y deteniendo maleantes de todo tipo, pero los niveles superiores los liberan rápidamente. Ahora resulta que Costa Rica está superando hasta la fecha, en este 2023, la cantidad de homicidios de años anteriores. Hasta se cambió de ministro de seguridad hace ya varios meses, pero no parece que hayamos mejorado gran cosa desde entonces. Desde la antigüedad siempre se nos ha insistido con el cuento de que la justicia es ciega. La verdad es que en la actualidad y con tantos avances en todos los campos de las ciencias y las tecnologías, ya no se justifica que la justicia siga siendo ciega e ineficiente y, menos se justifica en un pequeñísimo país como Costa Rica, de escasísimos recursos económicos, en la que la mayoría de todos los dineros públicos se van en salarios y privilegios, pero no se resuelve nada. Ahora las listas de casos sin resolver en el poder Judicial, compiten con las listas de espera sin fin de la CCSS: el cementazo, la trocha, el caso cochinilla, el caso diamante, etc, etc y, ahora narcotraficantes, carteles, sicarios, etc, etc.

No puede ser que todos los procedimientos y todas las sanciones que hay que ejecutar para defender al Estado y por ende a sus habitantes, a todos los demás costarricenses, tarden años y años y hasta prescriben: la trocha, el cementazo, el caso cochinilla, el caso diamante, los privilegios de las convenciones colectivas del sector público, el combustible de los diputados y otros funcionarios públicos, las pensiones de lujo, el salario escolar, los pagos de más por errores en las planillas del ministerio de educación y otras instituciones públicas, las repúblicas independientes, los recursos ilimitados, sin control y sin fin para el FEES, etc, etc, etc..

En la Asamblea Legislativa, los diputados tienen mucho que hacer, mucho que arreglar, mucho que corregir. Empezando por recordar que según el TSE, los diputados electos, representan a las diferentes comunidades del país, excepto los mal llamados diputados nacionales, que son escogidos a dedo por el candidato presidencial, que antes era uno y ahora el PUSC quiere que sean dos. Lo importante es que tengamos trabajo productivo en beneficio de nuestro país y en beneficio de todos los costarricenses. Sin embargo, pasan los años y no ha habido forma de controlar y enderezar el rumbo de la clase política, básicamente porque la Defensoría, el TSE y la Sala IV ayudan demasiado poquito a Costa Rica. Está fácil. Sólo hay que desarrollar los temas prioritarios de reactivación económica, que estamos esperando provengan del nuevo gobierno. Para eso es un nuevo gobierno. Pero es que el nuevo gobierno de turno no es solo el nuevo presidente. Todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, son también parte del nuevo gobierno de turno. Con 500 litros de combustible gratis que según la ley son para sus viajes a las comunidades que representan, pero no existe ningún control sobre tales viajes. Algunos diputados no tienen ni vehículo y otros han renunciado a ese beneficio dizque para dar un buen ejemplo.

Ahora resulta que de acuerdo con las últimas noticias y por medio de una de las diputadas actuales, es posible que tengamos elecciones y democracia, sin partidos políticos, porque los candidatos pueden ser cada costarricense, solo con un poco de firmas. Con el nuevo presidente, se empezó gobernando desde el Poder Ejecutivo, solo con decretos, sin necesidad de la existencia del Poder Legislativo ni del Ministerio de la Presidencia. Así las cosas, debimos haber aprovechado de una vez la oportunidad para depurar al Poder Legislativo, empezando por reducir la cantidad excesiva de diputados a la mitad, a un máximo de 29, por decreto o por referéndum. así como economizarnos la existencia del Ministerio de la Presidencia.

Necesitamos más y mejores ideas y más y mejores decisiones para que los procesos electorales también sean reflejo de una democracia moderna y no la misma Costa Rica de hace 200 años con autosalarios y autoprivilegios burocráticos desproporcionados para lo poquito que ayudan a nuestro país. A casi dos años de este nuevo gobierno, el Poder Ejecutivo debería sacarle provecho a su popularidad, que dicen las encuestas, pero que ya está decayendo, y tal vez con una mejor asesoría legal y constitucional, puedan funcionar estos novedosos aportes de Costa Rica a la democracia, el aporte de gobernar con buenos y sabios decretos que por lo menos pasen el filtro de la Sala IV y, ahora este posible proyecto de tener mejores elecciones y mejor democracia sin partidos políticos.

En fin, sí podemos seguir disfrutando de nuestra democracia a la tica, de nuestra democracia del pura vida, para beneficio de todos los costarricenses, haciendo también aportes a la democracia en general y, sobre todo debido a la cada vez mayor participación de más y más costarricenses, fortaleciendo la opinión pública de Costa Rica, por medio de todas las redes sociales.

Diputados encuentran posibles vínculos con Caso Cochinilla en atrasos de la Florencio del Castillo

San José, 03 oct (elmundo.cr) – Las diputaciones que integran la Comisión Especial para la provincia de Cartago recomendarán al Plenario Legislativo entregar al Ministerio Público el informe con la investigación sobre los atrasos en las obras de la Florencio del Castillo.

Así lo confirmó el legislador Antonio Ortega, quien forma parte de ese órgano, y fue el que propuso su apertura de la investigación, la cual contó con el apoyo de todas las diputaciones de la provincia de Cartago.

“Encontramos posibles vínculos con el caso Cochinilla, el exministro Rodolfo Méndez Mata pasó de apoyar la obra por fideicomiso, una propuesta del Frente Amplio aprobado por ley, a considerar la concesión para buscar beneficiar a H Solís y a Meco”, alertó el legislador
frenteamplista.

Ortega lamentó que dicha decisión de partir en dos la carretera para un posible beneficio de dos empresas, cuestionadas que están en investigación judicial, le ha costado millones de colones de más a la provincia y al país.

Además de elevar el informe a la Fiscalía la Comisión de Cartago también pidió enviarlo a la Contraloría y que el Congreso haga una reforma urgente a la Ley de Expropiaciones, así como una revisión integral de la Ley de Concesiones.

Pidió además “dar pronta tramitación y debido trámite al proyecto de ley N° 23196 Ley para Fortalecer los Sistemas de Control de Obra Pública del MOPT, que se encuentra en corriente legislativa”.

A Presidencia le exige “asumir la responsabilidad política, valorar otras formas de construir obra pública y a convocar una mesa de diálogo con los gobiernos locales afectados y que quieren colaborar”.

De igual forma al MOPT, solicitó encarecidamente “aplicar las sanciones económicas correspondientes por los atrasos a H Solís-La Estrella, documentar las cláusulas abusivas y acatar las recomendaciones del informe del LANAMME”.

Ortega recordó que “la Florencio del Castillo es la segunda carretera más importante del país, es parte de la Interamericana, conecta con Cartago, Los Santos y el Caribe, y es por donde circulan la mayor parte de las exportaciones e importaciones del país”.

Previsión o sanciones

Siempre nos enteramos de las mismas noticias en Costa Rica, son normales en todos los gobiernos de turno:

Que han habido dizque errores y se hicieron pagos de más por miles de millones de colones, siempre, en las planillas del Ministerio de Educación, en las licitaciones públicas, el caso cochinilla, el caso diamante, abusos en las convenciones colectivas, en fin, ahora nos informan de pagos de más en las pensiones que paga el Gobierno.

Se supone que existe la previsión, para eso son las leyes, pero ya sabemos que las leyes se cumplen a medias. Las leyes en nuestro país son muy complicadas y siempre tienen muchos portillos y hasta cualquier cantidad de interpretaciones.

¿Y las sanciones?, se supone que también están previstas en las leyes, pero como la justicia continúa siendo ciega aún en este siglo XXI, a pesar de tantos y tantos avances en la ciencia y la tecnología, al final del día, resulta hasta difícil recuperar algo de todo lo pagado de más, en algunos casos, porque hasta se alega que ya son derechos adquiridos.

Ojalá y por fin, todas las auditorías internas, contralorías y demás instituciones encargadas del control de los fondos públicos, recuerden que su trabajo es muy importante y necesario para Costa Rica, de lo contrario nunca van a alcanzar todos los impuestos ni los préstamos internacionales, que cada vez engrosan más y más la enorme e impagable deuda pública, para evitar tantas y tantas fugas de los recursos públicos.

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Renuncia auditora del MOPT, cuestionada por Comisión que investigó caso Cochinilla

San José, 09 ago (elmundo.cr) – La auditora general del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Irma Gómez Vargas, dejó el cargo el pasado 1º de agosto tras más de 22 años de ejercer funciones.

Gómez se acogió a la jubilación a partir de ese día y el 4 de agosto, Luis Amador Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes anunció que Antonio Guasch Aguilar, subauditor general, asumirá la jefatura del departamento.

Para seleccionar al nuevo auditor, la cartera abrirá un concurso público y se espera que en los próximos días el nombramiento esté listo, dio a conocer CRHoy.

Gómez, de 63 años, llegó a la institución desde el año 2000 para asumir el cargo.

Cabe recordar que, a mediados de 2021, la hoy exfuncionaria fue ampliamente cuestionada por los diputados de la comisión que investigó presuntos actos de corrupción a raíz del caso “Cochinilla”.

Tras realizar un careo entre Irma Gómez Vargas, auditora del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Reynaldo Vargas Soto, auditor del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), los diputados de la Comisión Especial que Investiga al Conavi, reafirmaron su preocupación por la falta de coordinación para investigar la falta de controles y fiscalización en obras viales cuestionadas.

Diputados cuestionan falta de coordinación entre auditorias del MOPT y Conavi

Para los legisladores de ese foro, quienes formaron parte del período 2018-2022, existieron falencias tanto en el MOPT como el Conavi para detectar y denunciar las presuntas irregularidades internas cometidas por funcionarios en beneficio de ciertas empresas constructoras.

Asimismo, en marzo de este 2022, la Contraloría General de la República (CGR) publicó un informe de fiscalización en el que señaló numerosas deficiencias en la operación de la Auditoría General del ministerio

Carlos Cerdas entró al programa de protección de testigos por amenazas que recibió en la cárcel

San José, 28 jun (elmundo.cr) – El dueño de la constructora Meco, Carlos Cerdas, uno de los investigados por el Caso Cochinilla, entró al programa de protección de testigos por amenazas que recibió en la cárcel.

Según señaló, Alonso Salazar, abogado de Carlos Cerdas, este “corrió serio peligro cuando estuvo en prisión y no solo en prisión, ha seguido corriendo porque este tipo de amenazas se proyectan extra muros, la amenaza es mientras esta en prisión y después por no haber satisfecho las pretensiones de los grupos que amenazan”.

Al respecto, este lunes inició la audiencia donde se definirá sin Mélida Solís y Carlos Cerdas continúan con el arresto domiciliario o si por el contrario regresan a prisión preventiva, esto porque la fiscalía apeló las medidas dictadas el 25 de marzo por el juzgado penal de hacienda que cambió la privación de libertad en un centro penitenciario al arresto domiciliario.

Al dueño de la constructora MECO, imputado en el escándalo de presunta corrupción en contratos de obra pública, incluso se le traslada por “medios especiales”, lo que incluye, por ejemplo, el uso de chaleco antibalas y escolta, detalló el abogado la tarde de este lunes a su salida de una audiencia en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, que tiene su sede en Goicoechea.

El sospechoso incluso tuvo un acceso diferenciado respecto a otros encartados en la causa 19-000025-1218-PE, en el tanto que fue llevado a la sala de juicio 3 por las vías internas del edificio.

“Obviamente eso solo sucede cuando hay situaciones particulares. El problema que tenemos aquí es que la Ley de Protección de Víctimas y Testigos no permite revelar información de ninguna naturaleza a personas que se encuentren en el programa. Entonces no podría darles el detalle”, señaló Alonso Salazar, su defensor.

Mi paso por la función pública ha sido íntegra, asegura Rodolfo Méndez Mata

San José, 22 abr (elmundo.cr) – El ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Rodolfo Méndez Mata, aseguró que “mi paso por la función pública ha sido íntegra y sólo ha tenido el interés público como objetivo”, ante el informe de mayoría sobre el Caso Cochinilla.

Asimismo, señaló que la decisión dictaminada en el informe por 33 diputados que recomiendan su destitución inmediata “es un circo político”.

En el informe se pide al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, destituir al ministro del MOPT debido a que, según los legisladores, la “red de corrupción creada por las empresas privadas en el Conavi, pudo actuar por la inacción, omisión, complacencia y negligencia del jerarca”.

“Del informe de mayoría aprobado este jueves en el plenario legislativo me quedo con lo que dice la página 97 (segundo párrafo). Que mis actuaciones en la tramitación de los presupuestos del Conavi son actos propios de mi cargo. Además, me quedo con que no se encontraron vicios de una participación mía en los actos denunciados”, acotó el jerarca.

“A su vez, reafirmo lo que ya ha sido respaldado por documentación del Conavi, de que este Ministro instruyó al entonces Director Ejecutivo del Conavi para buscar el apoyo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en noviembre del 2018, para investigar los actos de corrupción de los que se sospechaba en aquel momento, de ahí el origen de la investigación del caso denominado Cochinilla”, agregó.

“De Rodolfo Méndez jamás se podrá probar un acto de corrupción porque mi paso por la función pública ha sido íntegra y sólo ha tenido el interés público como objetivo”, concluyó.

Informe de Caso Cochinilla busca responsabilizar al ministro Méndez Mata sin pruebas ni sustento, asevera Sánchez

San José, 22 abr (elmundo.cr) – El diputado del Partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez, aseveró que el informe de la Comisión investigadora del Caso Cochinilla, busca responsabilizar al ministro Rodolfo Méndez Mata “sin pruebas ni sustento”.

Según el legislador “el informe de la Comisión investigadora del Caso Cochinilla iba a ser unánime. Estábamos de acuerdo en la gran mayoría de elementos de la investigación, sobre la presencia de redes de corrupción en la construcción de obra pública y las recomendaciones para combatirla y mejorar la eficiencia”.

“Sin embargo, a última hora se agregaron elementos que no son coherentes con el informe de mayoría en su totalidad, que buscan responsabilizar, sin pruebas ni sustento, al Ministro Rodolfo Méndez Mata. Este tema provocó que generáramos un informe de minoría. El informe de mayoría se contradice. Por ejemplo, en la página 96, contiene frases como: “No hubo constancia de hechos que registraran un actuar doloso y activo por parte del Ministro que lo vinculen como un miembro reclutado por la red””, sostiene.

De igual forma agregó “otro ejemplo, en la página 97, indica: “No se percibe preliminarmente apariencia de criminalidad en las acciones ordenadas y producidas por el ministro tendientes a recuperar la liquidez económica del Conavi […] Incluso el lobby desarrollado en la Asamblea para la aprobación de presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias, parecen ser propios de su rol como ministro y jerarca del Conavi, ya que esas actividades son propias de su cargo””.

“A pesar de eso, inconsistente con lo anterior, en las conclusiones plantearon una sanción “política y moral”, que consiste en inhabilitar al ministro Méndez Mata para el ejercicio de cargos públicos, por 4 años, y la solicitud a los partidos políticos de no postularlo a cargos de elección pública, por 8 años”, resaltó.

Para el parlamentario “eso pareciera explicarse solo por politiquería y por deseos de tener “un trofeo” populista, pues no hay sustento alguno. Pero además, es inconstitucional. Ya la Sala dijo, en múltiples ocasiones, que la Asamblea no puede “inhabilitar” ni quitarle derechos políticos a ninguna persona. Eso le toca al Poder Judicial y no entenderlo, es no entender la independencia de poderes”.

“Estamos de acuerdo en que hay debilidades en materia de tráfico de influencias, de control, de “puertas giratorias”, en que hay una red de corrupción enquistada en materia de construcción de obra pública. Pero no estamos de acuerdo en recurrir al populismo de establecer una sanción inconstitucional y lejos de la realidad que se demostró en la Comisión”, concluyó.

“Fui víctima de un show mediático”, señala Johnny Araya, ante Comisión que investiga caso Diamante

San José, 7 abr (elmundo.cr) – El alcalde de San José Johnny Araya Monge aseguró ante la Comisión Especial que investiga el Conavi, que fue víctima de un show mediático.

Araya señaló que “con el respeto que me merece, esta comisión legislativa y las señoras y señores diputados que la integran, debo decirles que voy a limitarme a hacer una breve declaración y por imposibilidad legal no responderé las preguntas que ustedes me formulen”.

Según manifestó el político “las razones de esta decisión tomada por convicción propia y validada por mis abogados tiene que ver con el hecho de que yo soy imputado en un proceso penal, que está siendo conocido en Sede Judicial y en el que ni siquiera he podido rendir de forma amplia mi declaración indagatoria, esto porque al día de hoy y desde el innecesarios show que se generó con nuestras detenciones el expediente ha estado en instancias de apelación en despachos distintos a la Fiscalía”.

Araya recordó que “tanto nuestra Constitución Política, como la Convención Americana de Derechos Humanos, como nuestro Código Procesal Penal, garantiza el derecho de abstenerse de declarar a toda persona sometida a un proceso penal, esto es así porque el imputado debe contar con la posibilidad de presentar sus descargos una vez que la investigación haya avanzado”.

Entonces “no es correcto ni recomendable, en el ejercicio de la defensa técnica y material ventilar en el seno de este órgano político, los argumentos, los razonamientos o las pruebas que presentaré en la instancia judicial correspondiente”, aseveró.

No obstante, hizo hincapié en que “sí les puedo decir, de manera categórica, como lo he hecho desde el inicio de este doloroso episodio de mi vida, que rechazó de forma contundente los cargos que se me han hecho, en Sede Judicial, se me atribuyen supuestos delitos que no he cometido y estoy preparado para demostrarlo en las instancias pertinentes”.

Para Araya, “se ha producido un escándalo mediático, con la divulgación de hechos des-contextuados, mal intencionados e ilegalmente divulgados, violentando una y otra vez el artículo 295 el Código Procesal Penal, que protege la privacidad, de las investigaciones, frente a terceros, se ha dañado seria y groseramente el principio de inocencia garantizado en nuestra Constitución Política lesionando el derecho a la intimidad de los ciudadanos que figuran en procesos penales”, lamentó.

Igualmente, manifestó que “con absoluta convicción que no existe fundamento, ni pruebas de que yo haya sido parte de hecho ilícito, alguno, esta afirmación que hago en el seno de esta Comisión deberá ser verificada y comprobada en una instancia judicial y no política”.

“Veo con preocupación que en nuestro país crece como una amenaza a nuestra democracia y a nuestro régimen de derecho una tendencia, una peligrosa tendencia a la judicialización de la política y por otro lado a la politización de la justicia, en este caso en el que se me ha involucrado, se han puesto de manifiesto ambas tendencias”, aseguró.

Según manifestó el alcalde, “particularmente yo fui víctima como ya dije de un show mediático, un verdadero circo, cuando mi casa fue allanada el pasado 15 de noviembre; el OIJ y el Ministerio público desplegaron un operativo absolutamente desproporcionado, más de 50 oficiales del OIJ, algunos de ellos con pasamontañas y fuertemente armados, el famoso camión conocido con el nombre de la Bestia, como si se tratara del allanamiento de un bunker del narcotráfico o de la morada de un capo de una mafia criminal”.

“El despliegue policial que se realizó en los alrededores de mi casa, daba la impresión que se presumía que iban a tener una respuesta armada de mi parte, o de algún miembro de mi familia, nada más alejado de la realidad y por supuesto toda la prensa nacional presente con anterioridad al allanamiento”, recordó.

“¿Cómo se explica la forma en que se llevó a cabo este operativo, que motivaciones tuvieron los que tomaron la decisión de hacerla de esa manera?”, cuestionó.

“A mí me sacaron al igual que el resto de los alcaldes esposado, una decisión incomprensible y sin ninguna congruencia con lo que ocurrió posteriormente, pues fue evidente que la Fiscalía ya tenía la decisión de que no iba a gestionar en mi contra, ni en ninguno de los alcaldes prisión preventiva contrario a la lógica y a la normativa, esa detención fue absolutamente innecesaria e ilegal al igual que lo fueron las 2 noches que nos tuvieron encerrados en una celda judicial”, sentenció.

Además Araya, reseñó que “si la representación del Ministerio Público, sabe que no va a pedir prisión preventiva la detención es arbitraria, si tenían que allanar mi casa, que lo hicieran, pero no en medio de ese show y de ese desproporcionado despliegue de fuerzas policiales, no tenían por qué sacarme esposado y los mismos oficiales del OIJ, tomando fotografías desde el interior de mi casa en el momento en que yo era trasladado a la patrulla de la Policía Judicial, fotografías que casi de manera inmediata empezaron a circular en la prensa nacional”.

Ante lo cual manifestó que “actuaciones tan desproporcionadas como las que se llevaron a cabo en mi casa de habitación el 15 de noviembre, me han causado un daño personal y a mi familia prácticamente irreparable, porque se promueve un juicio mediático que lo que menos considera y respeta es el principio de inocencia y se dictan además medidas cautelares que son prácticamente un castigo anticipado”.

“En este momento están pendientes de resolverse varias apelaciones contra la declaratoria del proceso como crimen organizado, contra las intervenciones telefónicas por vicios como el que les comenté y todo esto convertiría una declaración en este momento y en este foro en un absoluto irrespeto para el proceso y para las autoridades judiciales; son muchas las diligencias pendientes entre ellas la recepción de una gran cantidad de prueba que mis abogados han solicitado para probar mi inocencia”, destacó.

Araya aseguró que “quiero concluir diciendo que tengo mi conciencia tranquila y confío plenamente que voy a demostrar, que no he cometido ningún hecho delictivo, ni formó parte de una banda de crimen organizado, en este momento estoy sometido a un proceso en Sede Judicial y consideró que esa esa instancia y no un foro político al que le corresponde examinar y comprobar la veracidad de mis afirmaciones”.

“Por lo dicho, no voy a realizar ninguna manifestación adicional y no podre por incompatibilidad con el proceso judicial, responder a sus preguntas”, concluyó.

Comisión especial que investiga Caso Cochinilla recomienda destitución del ministro del MOPT

San José 24 mar (elmundo.cr) – La Comisión Especial que estudió la presunta red de corrupción en la construcción de obra vial por parte de altos mandos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), recomendó la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos, por un plazo de cuatro años, al ministro de MOPT, Rodolfo Méndez Mata y otros funcionarios.

El expediente fue aprobado con un total de 6 a favor y solo el congresista Enrique Sánchez Carballo en contra, quien especificó que presentará un informe de minoría ya que no comparte la conclusión de señalar responsabilidad moral al ministro Méndez Mata.

“Vimos como estas empresas fueron creciendo con el tiempo dejando de lado o desapareciendo otras que pudieron haberse constituido en su competencia e igual no paso nada, ver que el 90% del presupuesto de mantenimiento del CONAVI esta en manos de dos empresas y nunca nadie vio eso”, mencionó la diputada Paola Valladares.

De acuerdo con lo informado por el presidente de la Comisión, el diputado Abarca Mora, a partir de ahora se dedicarán de lleno a concluir con el caso Diamante para lo cual realizarán una sesión extraordinaria el próximo martes y recibirán en audiencia al Alberto Cole, alcalde de Osa.