San José, 22 abr (elmundo.cr) – El diputado del Partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez, aseveró que el informe de la Comisión investigadora del Caso Cochinilla, busca responsabilizar al ministro Rodolfo Méndez Mata “sin pruebas ni sustento”.
Según el legislador “el informe de la Comisión investigadora del Caso Cochinilla iba a ser unánime. Estábamos de acuerdo en la gran mayoría de elementos de la investigación, sobre la presencia de redes de corrupción en la construcción de obra pública y las recomendaciones para combatirla y mejorar la eficiencia”.
“Sin embargo, a última hora se agregaron elementos que no son coherentes con el informe de mayoría en su totalidad, que buscan responsabilizar, sin pruebas ni sustento, al Ministro Rodolfo Méndez Mata. Este tema provocó que generáramos un informe de minoría. El informe de mayoría se contradice. Por ejemplo, en la página 96, contiene frases como: “No hubo constancia de hechos que registraran un actuar doloso y activo por parte del Ministro que lo vinculen como un miembro reclutado por la red””, sostiene.
De igual forma agregó “otro ejemplo, en la página 97, indica: “No se percibe preliminarmente apariencia de criminalidad en las acciones ordenadas y producidas por el ministro tendientes a recuperar la liquidez económica del Conavi […] Incluso el lobby desarrollado en la Asamblea para la aprobación de presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias, parecen ser propios de su rol como ministro y jerarca del Conavi, ya que esas actividades son propias de su cargo””.
“A pesar de eso, inconsistente con lo anterior, en las conclusiones plantearon una sanción “política y moral”, que consiste en inhabilitar al ministro Méndez Mata para el ejercicio de cargos públicos, por 4 años, y la solicitud a los partidos políticos de no postularlo a cargos de elección pública, por 8 años”, resaltó.
Para el parlamentario “eso pareciera explicarse solo por politiquería y por deseos de tener “un trofeo” populista, pues no hay sustento alguno. Pero además, es inconstitucional. Ya la Sala dijo, en múltiples ocasiones, que la Asamblea no puede “inhabilitar” ni quitarle derechos políticos a ninguna persona. Eso le toca al Poder Judicial y no entenderlo, es no entender la independencia de poderes”.
“Estamos de acuerdo en que hay debilidades en materia de tráfico de influencias, de control, de “puertas giratorias”, en que hay una red de corrupción enquistada en materia de construcción de obra pública. Pero no estamos de acuerdo en recurrir al populismo de establecer una sanción inconstitucional y lejos de la realidad que se demostró en la Comisión”, concluyó.
