Como abogado y miembro del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, considero oportuno hacer un respetuoso llamado a todos aquellos profesionales en Derecho que hoy desempeñan una función pública, independientemente del cargo que ocupen o del Poder de la República al que pertenezcan.
El ejercicio de la abogacía no se suspende cuando se asume una función pública. Por el contrario, la formación jurídica y el compromiso ético que adquirimos al incorporarnos al Colegio nos imponen el deber permanente de actuar con apego a la Constitución, la ley, los principios del Estado Social y Democrático de Derecho y los valores que dignifican nuestra profesión.
La investidura pública exige que las decisiones, manifestaciones y actuaciones estén guiadas por la objetividad, la prudencia, el respeto institucional y la defensa del ordenamiento jurídico, dejando de lado intereses coyunturales, discursos que debiliten la confianza ciudadana o expresiones que puedan menoscabar la credibilidad de las instituciones democráticas.
El conocimiento del Derecho implica una responsabilidad superior. Quien ha sido formado para interpretar y aplicar las normas jurídicas está llamado a contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad, al respeto por la separación de poderes y a la resolución de las diferencias dentro de los cauces que el propio ordenamiento establece.
Por ello, invito a todos los abogados y abogadas que hoy sirven al país desde la función pública a honrar el juramento profesional que un día realizaron, ejerciendo sus cargos con independencia de criterio, mesura, responsabilidad y estricto apego a los principios éticos que rigen nuestra profesión.
Costa Rica necesita servidores públicos que comprendan que la fortaleza de nuestra democracia no depende de la confrontación entre instituciones, sino del respeto mutuo, de la observancia del Derecho y del compromiso permanente con la legalidad. La ética profesional no constituye una exigencia exclusiva del ejercicio liberal de la profesión; es un deber que acompaña al abogado durante toda su vida profesional y que debe reflejarse, con mayor razón, cuando se ostenta una alta responsabilidad pública.
