San José, 02 ago (elmundo.cr) – El director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad e investigador de George Washington University, Jaime Ordóñez, defendió la decisión de la Sala Constitucional de prorrogar temporalmente los nombramientos de magistrados suplentes, en medio del conflicto entre la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, y cuestionó las críticas lanzadas desde el Gobierno contra el máximo tribunal constitucional.
En una publicación difundida este sábado 01 de agosto en sus redes sociales, Ordóñez afirmó que la Sala IV “tenía pleno derecho” y, además, “la obligación” de intervenir para resolver el impasse generado por la falta de nombramiento de magistrados suplentes.
El jurista fundamentó su posición en el artículo 10 de la Constitución Política, que establece entre las competencias de la Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia la de “dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, así como con las demás entidades u órganos que indique la ley”.
La controversia se originó luego de que la Asamblea Legislativa no lograra concretar el nombramiento de los nueve magistrados suplentes requeridos por la Sala Constitucional. El proceso se ha mantenido entrabado durante meses, en medio de la oposición de la fracción oficialista de Pueblo Soberano a los candidatos propuestos. La Sala había advertido sobre los riesgos que esta situación podía representar para el funcionamiento de la jurisdicción constitucional.
Ante este escenario, la Sala Constitucional resolvió prorrogar temporalmente los nombramientos existentes, mientras la Asamblea Legislativa cumple con su responsabilidad de designar a los nuevos magistrados suplentes. La decisión provocó una fuerte reacción del oficialismo y de la presidenta Laura Fernández, quien calificó la actuación de los magistrados como un “golpe de Estado”. La tensión también escaló con el anuncio de una querella por prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional.
Para Ordóñez, sin embargo, la resolución respondió a una necesidad institucional y ciudadana.
“Los ciudadanos son el bien último y lo que más importa en un sistema jurídico democrático”, sostuvo, al considerar que la Sala IV actuó para destrabar un “punto muerto jurídico” y garantizar la continuidad de la justicia constitucional.
El académico enumeró cinco principios del derecho constitucional que, a su criterio, respaldan la actuación de la Sala.
El primero es el principio de continuidad del servicio público de justicia, debido a que la ausencia de magistrados suplentes podría afectar el funcionamiento de la Sala Constitucional y, con ello, la resolución de recursos de amparo y hábeas corpus relacionados con asuntos como salud, listas de espera, acceso al agua y protección de poblaciones vulnerables, entre otros.
Según Ordóñez, la Sala no realizó nuevos nombramientos, sino que se limitó a prorrogar temporalmente los anteriores para evitar una interrupción del servicio de justicia.
Los otros cuatro principios que menciona son la integración constitucional frente a omisiones de otros órganos del Estado, la plenitud del ordenamiento jurídico, la prohibición del vacío de tutela constitucional y la figura de la inconstitucionalidad por omisión.
Ordóñez también recurrió al derecho comparado para respaldar su interpretación. Señaló que tribunales constitucionales de países como Alemania, Italia y España han desarrollado mecanismos de integración del ordenamiento jurídico ante situaciones en las que la inacción de otros órganos del Estado puede generar vacíos que afecten derechos ciudadanos o el funcionamiento institucional.
En su criterio, la Sala IV actuó precisamente en esa línea al buscar una salida temporal al conflicto entre el Legislativo y el Poder Judicial.
Ordóñez cuestiona críticas del oficialismo
El investigador también cuestionó las declaraciones de representantes del oficialismo que han calificado de “ilegal” la resolución de la Sala Constitucional.
“Jamás una resolución de un Tribunal Constitucional puede ser ilegal. Por esencia”, afirmó Ordóñez, quien sostuvo que las resoluciones de la Sala Constitucional se encuentran en un nivel jerárquico superior a la legislación ordinaria y que corresponde a ese órgano interpretar la Constitución y determinar la constitucionalidad de las normas y actuaciones sometidas a su conocimiento.
Ordóñez cuestionó además que desde sectores políticos se plantee la posibilidad de desconocer las decisiones de la Sala IV y calificó de “lamentable” que algunos medios de comunicación reproduzcan, según su criterio, argumentos jurídicamente incorrectos.
La disputa por los magistrados suplentes se suma a una creciente confrontación entre el Poder Ejecutivo, el oficialismo legislativo y el Poder Judicial. La presidenta Laura Fernández ha elevado el tono de sus críticas contra la Sala Constitucional, mientras sectores de oposición y representantes del Poder Judicial han defendido la independencia de los órganos constitucionales y el principio de separación de poderes.
La controversia plantea así un debate de fondo sobre los límites y competencias de cada poder del Estado y sobre la forma en que debe resolverse un eventual vacío institucional cuando la Asamblea Legislativa no logra cumplir con el nombramiento de funcionarios necesarios para garantizar el funcionamiento de un órgano constitucional.
Para Ordóñez, la respuesta de la Sala IV debe entenderse precisamente dentro de esa lógica: garantizar la continuidad del orden constitucional y evitar que un conflicto entre instituciones termine afectando directamente a los ciudadanos.
