El reciente ruido político por la elección de magistrados suplentes tiene varias aristas. En primer lugar, es una lucha entre dos carteles políticos. Unos luchan por el viejo régimen, heredero del bipartidismo que sueña con regresar al PAC a Zapote. Otros son los que denominaba el expresidente don Ricardo Jiménez Oreamuno (q.e.p.d.) los “amigos de la presidencia de la República”, que hoy confluyen en el chavismo e irán con don Rodrigo Chaves en procura de sus intereses mientras haya cuotas de poder. Puede decirse que buscan establecer un nuevo régimen, con exmilitantes del PLN, PUSC y PAC, en una especie de ornitorrinco político.
La virtud de la presidente doña Laura Fernández y de don Rodrigo Chaves es su dominio de la comunicación social y su imagen sostenida por una maquinaria en redes sociales y que saben que mediante la confrontación obtienen réditos políticos. Es una estrategia política evidente y efectiva. Además, es notoria la activación de tácticas de “guerra política inducida” y un ejército de troles que transmiten de forma coordinada y patrocinada un mensaje que tiene eco especialmente en los estratos pobres y en las provincias costeras. El discurso chavista es disruptivo y eficaz y lo coloca como opción para no volver al pasado, que tanto dolor representó para los costarricenses.
Por otro lado, algunos magistrados no han percibido la celada o trampa en que fueron inducidos a caer, porque es evidente la habilidad de Zapote para traerlos al terreno hostil con el fin de evidenciarlos y hasta ridiculizarlos. Eso va en contra de la institucionalidad y más allá de un conflicto de poderes, es un socavamiento del orden público para colocar una nueva élite en el poder. Recordemos la cercanía del chavismo con Bukele, y qué hizo el salvadoreño para tener el poder para su modelo, en 2021, mandó desde la Asamblea Legislativa a destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña y luego siguió el fiscal general. Es un camino que don Rodrigo Chaves cantó cuando dijo que quería 38 diputados en las elecciones pasadas.
Entendiendo que la oligarquía es una forma de gobierno elitista, donde el poder supremo se concentra en unas pocas personas. En Costa Rica, la oligarquía cafetalera pasó a controlar el estado con un dominio solapado de las opciones políticas y además de las instituciones. Con el añejo bipartidismo se disfrazó de democracia la elección a dedo de personas serviles a las élites de los partidos, lo que popularmente se conoce como “la argolla”.
En herencia tenemos hoy la maquinaria estatal nacional que está plagada de puestos de confianza, nombramientos a dedo, concursos externos e internos “simulados o amañados” y casos de familias que traspasan el poder y sus beneficios como si fueran de sangre real, al estilo de las aristocracias o monarquías. El ejemplo más claro, es lo que se conoce como los “pensionados de lujo”, herederos de las rancias prácticas de los gamonales del siglo XIX que manejaban a placer la finca y que miraban con desprecio a sus trabajadores, lo que hoy llamaríamos pueblo o como diría con sarcasmo un exministro del PAC “los costarricenses de a pie”.
En el 48, después de la Guerra Civil, José Figueres Ferrer y la Junta Fundadora de la Segunda República prácticamente anularon la Corte, declararon interinos a sus empleados y además establecieron los denominados “Tribunal de Probidad y el Tribunal de sanciones inmediatas” que según la escritora Claudia Quirós Vargas fueron medidas para desestabilizar el poder económico y el prestigio de la oligarquía recién desplazada. Por lo tanto, el ejercicio del poder está en quién impone justicia y de qué forma.
La actual criminalización de la protesta social, la inseguridad jurídica y ciudadana y la mora judicial guardan relación con la forma en que se eligen los magistrados. El viejo sistema heredero del bipartidismo aún piensa como aceptable los nombramientos a dedo, pero la ciudadanía está cansada de eso y considera que es corrupción. Hechos como la judicialización de la política han impactado a la Sala Constitucional que hoy es acusada de “golpe de estado” por la presidente doña Laura Fernández y los representantes legislativos del partido gobernante.
Recordemos el denominado “bazucazo a la democracia” frase acuñada al expresidente don Luis Alberto Monge (q.e.p.d.) quien dijo que era un “golpe de estado técnico” el controversial fallo de la Sala Constitucional que permitió a don Oscar Arias reelegirse como presidente pasando por encima de una reforma constitucional hecha por la Asamblea Legislativa. Otra anécdota que causó miles de críticas a esa Sala, fue cuando en 2018 la prensa informó que el actual magistrado constitucional don Fernando Cruz tenía un salario de aproximadamente 8 millones de colones al mes y que él se percibía de “clase media”. Y es que de facto, en Costa Rica la Sala fue convertida en una especie de senado, donde los políticos piden fallos a su conveniencia que son aplaudidos por éstos cuando son a su favor y reprochados cuando son en su contra.
Por lo tanto, qué viene, pues la polarización es una peligrosa arma que usan los políticos para obtener cuotas de poder, pero un cambio basado en la manipulación y la desinformación no conviene a nuestro país. Ojalá que impere el diálogo franco entre los grupos de poder y que se tomen decisiones llenas de patriotismo y de una visión de país en que el beneficio común sea una prioridad. Finalmente, la renuncia voluntaria de personas que llevan en sus cargos y privilegios 20, 30, 40 años es una opción que daría paso a nuevos liderazgos e ideas que contribuyan al país. El cambio es imperativo y estoy seguro que en el Poder Judicial hay muchas personas honestas y buenas esperando una oportunidad para aportar al país desde las magistraturas.
