“Nada es verdad, nada es mentira,
todo es según el medio de comunicación que lo diga”
(Anónimo)
El artículo 13 de la Convención Americana (Libertad de Pensamiento y de Expresión), engloba el derecho a la libertad de información, y supone preliminarmente para su ejercicio una opinión pública libre, necesaria para la participación democrática en asuntos públicos y en las decisiones que afectan a la colectividad.
La Sala Constitucional en la resolución N° 3074-2002, resalta que ese derecho es social y tutelado por el Estado; tratándose de la facultad de recibir información, señaló que implica “… referirse a hechos con trascendencia pública y ser conformes con la realidad, asequible por igual a todos, debiendo referirse a hechos relevantes cuyo conocimiento esté dirigido a formar opinión y a fomentar la participación del ciudadano, siendo requisito esencial que la información sea completa y veraz…”.
Así, la libertad de expresión y el derecho a la información son inherentes a la funcionalidad democrática, que sería impensable sin la comunicación social producida por empresas y personas, y en este contexto los medios de comunicación tienen capacidad de incidir en el curso de los acontecimientos y en la opinión pública, formándola e intentando delimitar el campo de acción de un gobierno, y del mismo modo determinar el discurso y la acción de la oposición a él, sea desde el Legislativo o a través de alianzas -no siempre claras- con grupos de interés durante el debate y defensa de agendas que comparten.
Entonces, los medios de comunicación son intermediarios entre hechos noticiosos y los públicos a los que se dirigen, porque el acceso y tratamiento de la información y su comunicación los coloca como actores en el escenario social y político. Ciertamente no sustituyen a la escuela ni a los partidos políticos, pero los medios sí influyen en la cultura democrática de un país.
Afirma Grossi en: Casero, Andreu (2009), que dicho poder de los medios “…ordena la prioridad y sanciona la importancia de los temas y eventos socialmente relevantes. Juega un rol primario a la hora de orientar la atención de los ciudadanos hacia determinadas cuestiones de la vida política en detrimento de otras. Esta capacidad otorga una influencia decisiva a los aparatos mediáticos en la articulación de la realidad política y en la formación de la opinión pública…”.
Para evitar que durante esa mediación, los hechos noticiosos y contenidos difundidos por los medios y sus plataformas pierdan su “pureza”, o alteren la realidad de la que se sirven, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) en su Congreso Mundial N°30 de 2019, adoptó la Carta de Ética para Periodistas declarando que su principal obligación es “…respetar la verdad de los hechos y el derecho del público a conocerla…”. Es decir, para ser creíbles, leídos, vistos y escuchados, los medios podrían revisar sus filiaciones, balance y fobias, para satisfacer el derecho humano a información cierta, verificada, objetiva e imparcial.
Actualmente, para algunos la agenda se centra en el conteo diario de homicidios subsidiado por encuestas que reiteran el problema de la inseguridad, insumo de altisonantes discursos de control político, pero ese esfuerzo noticioso omite otras formas de criminalidad, así como el análisis de la mora judicial, la impunidad y de la tardanza en la aprobación de legislación criminal, de ahí que a favor del derecho a la información balanceada, ese menú de contenidos podría ampliarse si se considera, por ejemplo, lo que la Presidenta del TSE con motivo de la Convocatoria a Elecciones Municipales, definió como un servicio cívico de la prensa, que consistiría en abundar en información y amplia cobertura de los programas de gobierno local y de las candidaturas.
Ese mensaje del discurso presidencial es oportuno al ver la pobre participación en esas elecciones, ya que según las propias estadísticas del sufragio del TSE, en 2002 el abstencionismo total fue de 77.2%, y dieciocho años después, en el 2020, la ausencia en las urnas aunque disminuyó al 63.7%, continúa siendo muy alta, determinando inversamente una baja legitimidad para muchas de las autoridades electas de los gobiernos locales, cuyos graves e históricos problemas de gobernabilidad y gobernanza, ha evidenciado la Contraloría General de la República en los múltiples índices que miden el desempeño municipal.
