En estos últimos días, han abundado opiniones acerca de la guerra en curso en Gaza, muchas de las cuales acusan con suma ligereza a Israel de violar el Derecho Internacional, atribuyéndole presuntos “crímenes de guerra” y “crímenes de lesa humanidad”. Lamentablemente, estas acusaciones no se derivan de un verdadero análisis de legalidad, a pesar de provenir algunas de profesionales en la materia. En su lugar, repiten criterios políticos e ideológicos, algunos de ellos respetables y otros cargados de prejuicios discriminatorios.
Estas infundadas acusaciones generan confusión sobre la forma en que el Derecho Internacional se debe aplicar a este caso. Por ello, y con la intención de ofrecer alguna claridad sobre el tema, en los siguientes párrafos me propongo analizar las actuales operaciones militares de Israel desde una perspectiva estrictamente del Derecho, para demostrar que se ajustan a la legalidad.
Este examen no abordará las atrocidades cometidas por Hamás el 7 de octubre pasado, ya que estas acciones no requieren análisis legal alguno. No existe justificación imaginable para tales actos criminales, terroristas e inhumanos, que persisten debido al secuestro de rehenes por parte de Hamás. Algunos recurren a malabares mentales para evitar condenar estas indescriptibles acciones, otros las pretenden excusar con argumentos absurdos, y hay quienes incluso llegaron a celebrarlas. Todos ellos están contribuyendo a la difusión de discursos de odio, revelando su verdadera inclinación hacia el antisemitismo y su desprecio por la humanidad en general. Por tanto, nos enfocaremos en las operaciones militares actualmente llevadas a cabo por las partes en conflicto.
El Derecho Internacional reconoce que los conflictos armados son una triste realidad, y establece reglas específicas para la guerra. El propósito primordial de estas normas es la protección de la población civil. Reconociendo que civiles inocentes sufrirán las consecuencias del conflicto, se busca reducir dicho sufrimiento hasta donde se pueda. Para ello, se desarrolló lo que se conoce como “derecho de la guerra” o “derecho internacional de los conflictos armados”, que procedemos a resumir y aplicar a este caso:
- Derecho de Defensa: Nadie está obligado por el Derecho Internacional a aceptar pasivamente un ataque. El derecho de legítima defensa permite utilizar la fuerza para rechazar o evitar un ataque, siendo irrelevante si la fuente del ataque es un sujeto estatal o no estatal. Israel, al contrario de lo que se le acusa, no está “vengando” a sus muertos ni impone castigos colectivos. El desmantelamiento de la organización terrorista que ha controlado Gaza durante los últimos 16 años, cuya bajeza moral y capacidad de perpetrar acciones atroces son ampliamente conocidos, es un acto legítimo de autodefensa.
- Objetivo legítimo: Para ser legales, las operaciones militares deben perseguir un objetivo legítimo. En este caso, el objetivo de Israel es liberar a los rehenes que mantiene Hamás (se estima que son cerca de 200), y además desmantelar a esta organización criminal y terrorista que controla y gobierna Gaza. Este es claramente un objetivo legítimo. Por el contrario, el propósito de Hamás según su propia Carta Fundacional es la destrucción de Israel y de todo aquel que no comparta su muy particular versión del Islam.
- Separación de civiles: Otro principio básico es la separación entre civiles y militares. Para ello se deben tomar precauciones razonables para evitar hasta donde sea posible daños a civiles y a instalaciones de uso civil. También conlleva la obligación de no construir bases e instalaciones militares en edificaciones de uso civil o en sitios densamente poblados. Israel actúa conforme con este principio, notificando con anticipación sus ataques e incluso ha retrasado su incursión a Gaza para dar tiempo a la población civil de alejarse de las zonas en conflicto.
Asimismo, de acuerdo con informes difundidos por medios de comunicación internacionales, las áreas que han sido blanco de ataques aéreos no presentan el grado de devastación que se esperaría en caso de bombardeos indiscriminados; más bien, los efectos de dichos ataques parecen estar orientados hacia objetivos específicos.
Contrario a Israel, que hace enormes esfuerzos por proteger a la población civil (propia y de Gaza) Hamás infringe este principio de varias formas distintas. Por un lado, mantiene cerca de 200 civiles secuestrados y lanza cohetes deliberadamente dirigidos a poblaciones civiles en Israel. Como si esto fuera poco, intenta bloquear los medios de evacuación de sus propios civiles, a quienes usa de escudos humanos para buscar una trillada simpatía mediática.
Al operar desde casas, escuelas, hospitales y mezquitas Hamás convierte a estas edificaciones en blancos militares legítimos. Por supuesto, esto no quiere decir que Israel pueda bombardear ciudades indiscriminadamente. Pero sí significa que las desafortunadas bajas civiles que allí ocurran, no obstante las medidas razonables tomadas por Israel, serán responsabilidad única y exclusiva de Hamás.
- Facilitar ayuda humanitaria: Las leyes de los conflictos armados también prevén la obligación de permitir y facilitar la ayuda humanitaria a civiles. En este caso, Israel anunció su intención de concentrar operaciones en el norte de Gaza para que la población civil se traslade al sur y reciba allí asistencia. Esta asistencia podría perfectamente provenir de Egipto, con quien Gaza comparte una frontera que a hoy se mantiene cerrada.
Hamás, por el contrario, ha impedido a la Cruz Roja verificar el estado de salud de los casi 200 secuestrados. Además, interfiere activamente con la ayuda humanitaria en Gaza, bloqueando el desplazamiento de la población a zonas alejadas del conflicto, y robando combustibles, alimentos y medicamentos para usarlos en sus acciones terroristas.
- Proporcionalidad: Otro principio general aplicable a los conflictos es el de proporcionalidad, que se ha tergiversado en diversas discusiones sobre el tema. Quienes acusan a Israel de violar este principio frecuentemente hacen un recuento de las bajas civiles de uno u otro lado, insinuando que si los números fueran más “equilibrados” entonces Israel estaría a derecho. Esta es una idea equivocada (y además macabra por sus implicaciones).
Según la Convención de Ginebra, el principio de proporcionalidad prohíbe ataques en los que se pueda prever que causarán incidentalmente muertos y heridos civiles que sean excesivos en relación con la ventaja militar prevista. Así, para verificar si se cumple o no este principio se debe comparar el objetivo militar que se pretende una operación con el daño incidental (muerte o lesiones a civiles o destrucción de objetos civiles) que se podría esperar de ésta. Quienes acusan a Israel de actuar de forma desproporcionada lo hacen sin ningún análisis sobre los objetivos militares que buscan sus operaciones, dejando estas acusaciones sin sustento. Las acciones de Hamás, sobra decir, no podrían nunca ser proporcionales. Sus intenciones genocidas de destruir el Estado de Israel no admiten ninguna justificación válida.
- Estados de sitio: Otra de las acusaciones recientes contra Israel versa sobre el establecimiento de un asedio (o sitio) sobre Gaza. Quienes formulan esta acusación desconocen (o deliberadamente “olvidan”) que el Derecho Internacional no prohíbe el asedio, sino que establece reglas especiales sobre cómo debe ejecutarse. Es decir, están “acusando” a Israel de hacer algo que la Ley permite.
En esencia, la Convención de Ginebra señala que la parte asediante puede atacar a las fuerzas enemigas y otros objetivos militares en las zonas sitiadas, así como limitar los suministros que entran y salen de ella. Esto, por supuesto, sujeto a ciertos límites que se alinean a los principios mencionados arriba.
En este caso el asedio de Gaza está plenamente justificado conforme a los objetivos de la operación militar. Es razonable y proporcional evitar que Hamás saque los rehenes de Gaza y que se abastezca para extender sus ataques a Israel.
Finalmente, se acusa a Israel de interrumpir el suministro de electricidad y agua a Gaza. Esta es otra acusación calumniosa. No existe legalmente ninguna obligación de suministrar servicios al enemigo, mucho menos cuando Israel dejó de controlar Gaza hace más de 18 años. No olvidemos, además, que fue el propio Hamás quien destruyó su infraestructura de servicios públicos desde hace varios años, sin ningún intento de reconstruirla.
Las guerras nunca son deseables. En cualquier conflicto armado, lamentablemente, se producirán víctimas inocentes. Sin embargo, Israel está tratando de poner a los civiles a salvo, mientras que Hamas está tratando de ponerlos en peligro.