En las últimas semanas se han estado observando una serie de hechos relacionados con el transporte público que considero importante empezar a analizar, pero en especial ver el punto de vista de los usuarios, ante lo que perece una desaparición del representante de este sector en el Concejo de Transporte Público (CTP).
Como ejemplo vamos a tomar el tema que está ocurriendo con las Busetas Heredianas y una medida provisionalísima que es dictada, según mi criterio, en contraposición a lo que dispone la ley 7600 artículo 46.
Resulta que esta acción tomada por un Juez de la República, según como lo veo, se constituye en prevaricato ya que los funcionarios públicos no pueden dictar actos o resoluciones que sean contrarias a la ley y menos alguien que ostenta ese cargo.
La medida emitida por este administrador de justicia es la respuesta a una petición que hace la empresa que ya perdió la concesión y que pretende continuar explotando el servicio con autobuses que no califican.
Fallo irresponsable a como lo veo, porque el CTP como ente regulador y fiscalizador ya canceló la concesión y lo que queda es únicamente nombrar una nueva empresa, lo que ignora esa medida provisionalísima y que van en contra de los usuarios.
La empresa Buseta Heredianas perdió la concesión desde el 2018 por incumplimientos y afectar a la población adulta mayor. Sumado a este hecho recientemente uno de los socios se llevó sin más ni más 14 unidades diezmando la flota.
La compañía experimenta un embargo de 12 autobuses que ordenó juez laboral, que sin dudar esto impacto el servicio, pues ya suman 26 unidades menos. Esta situación negativa es exclusiva de la empresa y no del CTP o los usuarios quienes no tienen responsabilidad alguna de esta acción irregular.
Los motivos anteriores obligaron al CTP a dictar medida cautelar sobre esta ruta y nombrar un nuevo operador, luego del debido proceso el concurso se cerró y en estos momentos existe una oferta en análisis.
Como si esto fuera poco, los buses del 2007 hacia abajo no cuentan con permiso del CTP para operar en rutas regulares por tanto las unidades tampoco cuentan con póliza de seguro responsabilidad civil a y tampoco con la respectiva revisión técnica.
En el caso de las Busetas Amarillas el juez con esta medida provisionalísima, lo que hace es no solo entorpeces las acciones que realizan los técnicos y expone al usuario a un inminente peligro ante un accidente, toda vez que no hay cobertura ni garantías, si no que también podrían establecer un antecedente, para que los demás autobuseros puedan utilizan unidades con fechas ya caducas.
Con este panorama me nacen las siguientes preguntas: ¿De ocurrir un accidente la responsabilidad recae sobre el juez? ¿Este juez habrá estudiado el caso? ¿Será este fallo un delito si está en contra de la Ley? ¿Qué motivó al juzgador para tomar una resolución tan peligrosa?
Según algunas versiones, indican que supuestamente los autobuses que están utilizando se encuentran en muy mal estado, lo que va directamente en contra de los usuarios. A criterio de muchos, la empresa está colapsada y es obligación del CTP terminar el proceso y adjudicar, actuar en contrario es una irresponsabilidad, lo que deja al juez de marras por fuera.
Sobre la vida útil de las unidades, dicha empresa tuvo 15 años para sustituirlas y no lo hizo. Entonces la lógica debería ser que el CTP retire el permiso de operación que es del Estado, lo que parece que olvidó la empresa y el señor Juez quienes están poniendo en peligro a los usuarios.
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