La mala administración de las empresas estatales y los déficits en la provisión de servicios impulsaron a la mayoría de los países latinoamericanos a emprender procesos de privatizaciones, cuyo alcance en términos geográficos y sectoriales fue muy desigual.
No obstante la razón fundamental para el fracaso de la empresa estatal es el conflicto entre los objetivos económicos y los políticos. Sus gerentes deben responder a objetivos políticos, que fácilmente pueden producir daños económicos a la empresa. La interferencia política en la dirección de las compañías estatales genera un exceso de empleo, induce inversiones ineficientes y da lugar a una selección precaria de productos y mercados.
Por mucho tiempo las empresas estatales llegaron a tener un exceso de personal ya que los gobiernos las usaban para generar y mantener el empleo. Protegidas de la competencia, las empresas del Estado recibían a menudo órdenes de mantener sus precios por debajo del nivel de recuperación de costos, lo que acarreó pérdidas económicas cada vez mayores.
Esto, a su vez, nos ha llevado a dificultades fiscales, como la actual coyuntura de poner nuestra soberanía financiera en manos del Fondo Monetario (FMI) que probablemente condicionará el préstamo a la toma de algunas medidas entre ellas: el aumento de impuestos, reducción del gasto público, y venta de activos para sanear las finanzas públicas.
Está claro que las empresas estatales tuvieron y siguen teniendo un desempeño deslucido. Con contadas excepciones, resultaron ineficientes, produjeron bienes y servicios de baja calidad y generaron más deudas que ganancias.
En este contexto cabe destacar que los activos del Estado no tienen dueño, son del pueblo, porque se han hecho a partir del pago de los impuestos, y no son los más poderosos quienes más aportan al pago de impuestos, en Costa Rica, los principales ingresos tributarios los aportan los asalariados e indirectamente los consumidores.
El problema en Costa Rica es que los ricos no quieren pagar impuestos y el peso de la recaudación recae sobre la clase media, lo que contribuye a una espiral destructiva para el Estado del bienestar.
Si asumimos como natural que las multinacionales y los multimillonarios no pagan impuestos, o pagan proporcionalmente menos que las pequeñas empresas y los trabajadores, todo el papel del sector público se ve desdibujado, desde su capacidad redistributiva hasta su capacidad de proveer bienes públicos necesarios para el crecimiento y su capacidad de gestión anticíclica.
Por último el resultado de este proceso son sociedades más desiguales y estados menguantes, endeudados e ineficaces. La venta activos no condujo a mejoras en el comportamiento de las finanzas públicas, pues los efectos que se tuvieron fueron tan sólo de corto plazo, con el agravante de regresar a una situación similar en condiciones de desventaja y menor cantidad de activos.
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