La semana anterior presenté el proyecto de Ley 20929 que busca agilizar el desarrollo de obra pública a través de un modelo eficiente de financiamiento de la infraestructura que requiere el país. Dicha iniciativa surge a partir de las deficiencias que posee Costa Rica en torno al tema de infraestructura. Cabe destacar, que a pesar de que nos ubicamos en la posición 47 de 137 en el Índice de Competitividad Global 2017-2018 y sólo es superado por Chile (33) en América Latina; los números no nos favorecen cuando nos centramos en el rubro de infraestructura. Costa Rica se ubica 98 en calidad de puertos marítimos, 64 en infraestructura aeroportuaria y la posición más preocupante la ocupa en carreteras al ser 123 a nivel mundial.
Por tanto, Costa Rica debe realizar significativas inversiones que no sólo busquen la construcción de las obras sino también provean un óptimo servicio y una programación de mantenimiento y gestión de riesgos que garanticen la calidad de la infraestructura en el largo plazo. En el caso del sector transportes, el Plan Nacional de Transportes 2011-2035 estima que Costa Rica debería invertir anualmente al menos 3.66% del PIB (2.45% del PIB en la fase 1 de 2011 a 2018 y 4.0% del PIB en la fase 2 de 2019 a 2035). Estas proyecciones toman en cuenta la reconstrucción y mantenimiento del “stock” actual de infraestructura, así como nuevos proyectos para expandir la capacidad del sistema. Sin embargo, actualmente Costa Rica destina menos del 1% del PIB al desarrollo de infraestructura de transporte, lo que pone al país frente a una brecha anual de casi 3% del PIB.
Antes bien, para lograr dichas inversiones, el país debe cambiar la metodología utilizada para invertir en obra pública. Tradicionalmente Costa Rica ha recurrido al esquema de obra pública convencional, catalogado por algunos como “proyectos en manos del Estado”, el cual no ha sido el más eficiente a la hora del desarrollo de infraestructura pública.
Por tanto, Costa Rica requiere del impulso de mecanismos innovadores de financiamiento y gestión que permitan la atracción de recursos y experiencia del sector privado. Dicha solución se encuentra en la participación público privada (PPP), en sus diversas modalidades, el cual es el esquema internacionalmente empleado para la atracción de capital privado al desarrollo de proyectos de infraestructura. A través de este tipo de contratos, la parte privada asume riesgos significativos, así como responsabilidades de gestión, con un marco de remuneración basado en resultados. En estos modelos, el financiamiento es privado, mientras las fuentes de fondeo (es decir quien paga) pueden provenir tanto del Estado como del usuario. Por consiguiente, Costa Rica debe optar por mejorar la reglamentación con el fin de incentivar esta metodología de financiamiento en aras de buscar el desarrollo de mejor infraestructura.
En síntesis, ante las necesidades de inversión en obra pública, el país necesita de un mecanismo eficiente para su financiamiento. Dicha solución se encuentra en las Asociaciones Público Privadas, las cuales dotan al Estado de opciones eficientes para la inversión sin recurrir a mayor endeudamiento, y a su vez, con una mejor gestión de riesgos. No obstante, desde la creación de la Ley de Concesiones hace 20 años, únicamente se han desarrollado 4 obras bajo este esquema (Ruta 27 San José-Caldera; Terminal Granelera Puerto Caldera; Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de Liberia y Terminal de Contenedores de Moín) por lo que resulta urgente realizar reformas a dicha ley con el fin de generar mejores mecanismos de financiamiento de obra pública. Así, el Proyecto de Ley presentado plantea pensar no sólo en la construcción sino en su mantenimiento, es decir, en tener una visión de largo plazo, que permita a los y las costarricenses disfrutar de un país que avanza hacia el desarrollo.
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