San José, 24 ago (elmundo.cr) – La Corte Plena acordó este lunes autorizar a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para emprender acciones administrativas y legales con el objetivo de frenar el recorte presupuestario que el Ministerio de Hacienda pretende aplicar al Poder Judicial.
La rebaja, planteada a través de un presupuesto extraordinario que deberá ser discutido en la Asamblea Legislativa, asciende a ₡23.722 millones para el cierre del ejercicio 2026. Según detalló la institución, estos recursos son fundamentales para la operación corriente de los próximos meses.
El impacto más severo recaería sobre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entidad a la que se le pretende reducir ₡9.536,3 millones, lo que representa un 40% del total del recorte propuesto.
Estudio técnico cuestiona viabilidad de la rebaja
Un análisis técnico realizado por el Poder Judicial reveló inconsistencias en la propuesta del Ejecutivo. El estudio determinó que 56 de las 85 subpartidas seleccionadas por el Ministerio de Hacienda presentan un saldo disponible inferior al monto que se pretende recortar.
En la práctica, esto significa que los fondos que el Ministerio de Hacienda considera como “disponibles” para rebajar no existen en la magnitud proyectada, lo que comprometería la ejecución presupuestaria de diversas áreas operativas.
Rechazo unánime y advertencias
Durante la sesión de Corte Plena, diversas magistraturas expresaron su profunda preocupación por las repercusiones de esta medida. Los jerarcas judiciales alertaron que el recorte no solo afectaría la lucha contra la delincuencia, sino que también frenaría los esfuerzos para reducir el rezago judicial y la atención oportuna a los usuarios del sistema.
Asimismo, se enfatizó que el simple hecho de que el tema se encuentre en discusión en el Congreso genera un impacto negativo, ya que el Poder Judicial se ve imposibilitado de disponer de esos recursos mientras el proceso legislativo se mantiene abierto.
Cabe destacar que las magistraturas de la Sala Constitucional decidieron abstenerse de participar en la votación, argumentando que el conflicto podría llegar a ser conocido por dicho Tribunal en el futuro, preservando así su imparcialidad.
