San José, 24 ago (elmundo.cr) – El fiscal general de la República, Carlo Díaz, advirtió que los recortes presupuestarios planteados para el Poder Judicial tendrán un impacto principalmente operativo y podrían obligar al Ministerio Público a cerrar oficinas, limitar el acceso a la justicia y concentrarse únicamente en atender los casos más urgentes.
Díaz defendió el trabajo que realizan el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en materia de seguridad y aseguró que ambas instituciones han asumido incluso funciones que no les corresponden directamente.
“La afectación va a ser sobre todo operativa”, afirmó el fiscal general, quien señaló que el Ministerio Público realiza un trabajo “bastante fuerte” en el ámbito de la seguridad del país.
Según Díaz, esta labor también responde al compromiso de los funcionarios públicos y de las instituciones con la ciudadanía.
“No queremos que en este país reine el caos”, manifestó.
El fiscal general relacionó además la discusión presupuestaria con los resultados recientes en materia de homicidios. Señaló que el país ha observado una disminución en estos delitos respecto al mismo periodo del año anterior, pero advirtió que una reducción de recursos podría afectar la capacidad operativa necesaria para mantener esos resultados.
“Esta disminución que hemos visto en los homicidios no queremos que de un pronto a otro nos exceda actualmente”, expresó.
Díaz cuestionó también los cambios presupuestarios que, según dijo, han reducido la capacidad operativa del Ministerio Público.
“A raíz de todos estos cambios presupuestarios intempestivos y perversos que vienen, incluso por parte del Ministerio de Hacienda, ha disminuido nuestra capacidad operativa”, aseguró.
Advierte cierre de oficinas y limitaciones en el acceso a la justicia
El fiscal general sostuvo que el Ministerio Público ya trabaja con una carencia de recursos y que un nuevo recorte agravaría la situación.
“Las afectaciones que va a tener el Ministerio Público son enormes y son visibles porque nosotros estamos funcionando con carencia de recursos”, afirmó.
Díaz fue más allá y señaló que una reducción adicional podría tener consecuencias directas sobre los servicios que reciben las personas.
“Vamos a tener que cerrar oficinas”, advirtió.
También indicó que la institución tendría que restringir parte de sus servicios y priorizar únicamente los casos considerados urgentes.
“Vamos a tener que limitar el acceso a la justicia a las poblaciones vulnerables y dedicarnos a atender prácticamente los asuntos simplemente urgentes”, declaró.
Cuestiona supuesto debilitamiento del Poder Judicial
Durante su intervención, Díaz también cuestionó lo que considera una estrategia para reducir las capacidades del Ministerio Público, el OIJ y, posteriormente, del Poder Judicial en general.
Afirmó que el debilitamiento de estas instituciones podría ser utilizado posteriormente para cuestionar su funcionamiento y calificarlas de ineficientes.
“Lo que se pretende es disminuir las capacidades del Ministerio Público, del OIJ y, por supuesto, del Poder Judicial”, sostuvo.
El fiscal general agregó que, a su criterio, posteriormente podría incrementarse la crítica contra el Poder Judicial bajo el argumento de que sus instituciones “no funcionan” o son “ineficientes”.
Díaz calificó el origen inmediato de esta situación como un asunto presupuestario, pero aseguró que las consecuencias podrían trascender las finanzas institucionales.
“Vamos a trabajar aunque sea con las uñas”
Pese al escenario que planteó, el fiscal general aseguró que el Ministerio Público y el OIJ mantendrán su compromiso con la ciudadanía.
“Vamos a trabajar aunque sea con las uñas”, expresó, utilizando una frase coloquial para describir el esfuerzo que, aseguró, realizarán los funcionarios ante la falta de recursos.
Finalmente, Díaz insistió en que las instituciones no permitirán que la situación de seguridad se deteriore.
“No vamos a permitir que el caos reine y, sobre todo, vamos a fortalecer nuestra democracia”, concluyó.
