El sistema educativo costarricense puede ser comparado con un restaurante, dado que requiere de capital, un local para brindar sus servicios, un administrador o gerente, que en teoría debería ser de la más alta calidad profesional y humana, dado que debe lidiar con un sinfín de problemas administrativos, pero además debe atender con el mayor de los esmeros a sus clientes, un excelente chef, que pueda ofrecer la mejor calidad en sus platillos, unos asistentes extremadamente eficientes, unos meseros igualmente eficientes, dado que son ellos la cara del restaurante, quienes deben explicar los platos, servirlos sin errores y servirlos a quienes los pidieron, siempre con un buen servicio y amabilidad y un menú actualizado con variedad pero sin excederse en la oferta y calidad en el producto utilizado, en la ejecución y finalmente en la presentación.
No obstante, es posible que el restaurante tenga un mal administrador y que el siguiente sea aún peor, un chef que no sepa realizar una excelente preparación de los platillos y que además tenga malos asistentes, que el local sea deplorable y que los meseros, además, de mal pagados, deban laborar largos turnos para llegar a fin de mes. Finalmente, puede que su clientela no los aprecie y solo vayan porque la comida es extremadamente barata, aunque carezca de al menos un poco de sabor.
El Ministerio de Educación Pública es como un restaurante con capital, pero con ese mal administrador o gerente (el Ministro o Ministra de turno), no uno, sino tres chefs (los viceministros académicos, de planificación y administrativo) que no se ponen de acuerdo y cada uno resuelve como puede, con asistentes (personal administrativo de oficinas centrales y regionales), que si bien no son malos, tampoco tienen las herramientas para ser mejores, y finalmente los meseros, que serían los docentes, con excesivas cargas de trabajo y mala paga, que desemboca en clientes (estudiantes, padres y representantes legales) completamente molestos, pero que saben que ese establecimiento (usualmente en condiciones de regulares a malas) es lo único que tienen.
¿Qué se puede hacer?
Decía la actual directora de infraestructura educativa en la Asamblea Legislativa que hay 849 órdenes sanitarias y que se requieren más de 498.000 millones de colones para solventar los problemas, pero que su presupuesto anual es de aproximadamente 29.000 millones; es decir, si todo se mantuviera igual (ceteris paribus) requeriría de 17.17 años para solventar el problema de infraestructura, pero es claro, los centros educativos todos los días requieren mantenimiento y las infraestructuras se desgastan con el tiempo, por lo que al llegar a esos 17 años, el estado del resto de las edificaciones estaría en malas condiciones. En caso de que el gobierno central lograra obtener los 498.000 millones señalados, tampoco podrían ejecutarlo, dado que no cuentan con el personal ni con la normativa para gestionar los procesos constructivos (véase el ejemplo de los recursos de FONATEL). En resumen, ese no es el camino.
Lo primero que se debe hacer es cambiar la estructura del sistema educativo, que como manda la Constitución Política, sea el Consejo Superior de Educación el que dicte las políticas educativas; que el Ministro o Ministra de turno deje de ser quien lo presida y que a su vez deje de nombrar dos ex ministros, dado que esto ha llevado a los antojos del gobierno de turno, como la eliminación de las pruebas faro, la implementación del sistema de adelantamiento (mal llamado arrastre), entre otras, sin Políticas de Estado en el área de educación que permitan el desarrollo socioeconómico del país.
Lo segundo, aunque de alguna forma ya lo mencioné, debe ser una reforma legal integral al sistema educativo, un Código de Educación actualizado, que abarque, desde las competencias de los jerarcas hasta los elementos más básicos de la educación. A manera de ejemplo, el Código de Educación fue promulgado en 1944, La Ley Fundamental de Educación de Costa Rica en 1957 y la Ley Orgánica del MEP en 1965. Por otra parte, para que el Ministerio de Educación Pública pueda ejecutar sus tareas debe revisar y atender más de cuarenta normas de todo tipo, desde normas como las aquí citadas como las normas referentes a contratación administrativa y de ejecución presupuestaria, lo que le genera unos grilletes administrativos excesivamente pesados.
Lo tercero es eliminar absurdos, como los doscientos días lectivos establecido en el Convenio Centroamericano sobre la Unificación Básica de la Educación, capítulo III, artículo 25, sección 7, donde se dispone que los Estados signatarios decidan fijar “un mínimo de doscientos días anuales de clase efectiva, con una jornada diaria no inferior a cinco horas”, o normas de ejecución presupuestaria que impiden la ejecución eficiente de los recursos económicos o las regulaciones del Ministerio de Hacienda, que permiten otorgar recargos (los que sean necesarios) para centros educativos que ya cuentan con personal, pero que impiden crear nuevas plazas en centros educativos que no tienen funcionarios.
La cuarta, no es otra que revisar los planes de estudio y las ofertas educativas, completamente obsoletos y con el riesgo de retroceso, para que sean planes que permitan el desarrollo de las habilidades de los estudiantes, lo que significa un cambio de paradigma. Dejar de pensar en que ser bueno en matemáticas, estudios sociales, español o ciencias es indispensable para un desarrollo socio económico, para entender que todos los estudiantes pueden ser brillantes en alguna actividad, siendo que esa actividad puede ser lucrativa, siguiendo ejemplos de países como Uruguay en el fútbol, Jamaica en el atletismo, Puerto Rico en la música, y ejemplos individuales como Keylor Navas, en fútbol, Jorge Jiménez de Heredia en escultura, desde Gilberto Santarosa hasta Bad Bunny en la música, escritores como JK Rowling, con Harry Potter, Ken Follet, Isabel Allende, entre otros, o actividades como la comunicación clásica o los actuales youtubers.
La quinta, revisar la cantidad de centros educativos en todo el país -aproximadamente 4500-; y la cantidad de ofertas que se brindan, pues finalmente el MEP no las atiende como corresponde, ya sea por el volumen o por temas presupuestarios. Volviendo a la analogía del restaurante, es como tener 10 restaurantes con el personal para cinco y con 100 platillos en el menú sin tener los ingredientes para prepararlos.
Finalmente, se requiere diseñar un sistema de contratación pública diferenciado, que tenga tres aspectos a considerar, el primero, las necesidades esenciales de los centros educativos, el segundo las reparaciones o mantenimientos y el tercero la construcción de obra nueva. En cuanto a las necesidades esenciales, debería establecerse un sistema sencillo, de muy fácil ejecución para las juntas de educación o administrativas; en cuanto a las reparaciones o mantenimiento, podría analizarse un sistema de precalificación, con oferentes debidamente inscritos en SICOP; y en cuanto al proceso de construcción debería establecerse un único procedimiento de contratación, que sea robusto para reducir al máximo las posibilidades de que se cometan actos de corrupción, pero que también permita ejecutar los proyectos de manera más ágil y expedita.
El trabajo no es nada sencillo, pero alguien realmente debe intentarlo.
