De la misma manera en la que existe estrategia de comunicación política y esta puede hacer que la balanza de la opinión pública se haga hacia un lado u otro, y entendiendo que, en ese espectro de la comunicación, no siempre impera el honor de la verdad sino el del correcto uso de la narrativa, hoy quedó contundentemente claro que la estrategia en comunicación jurídica es igual de importante, y el colmillo y los años de tablas hacen la diferencia.
Así quedó evidenciado durante la comparecencia de hoy ante la comisión especial que analiza el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.
Podemos debatir que si es cierto o es mentira, que si lo hizo o no lo hizo, que si es culpable o no, que si nos cae bien o nos cae mal, pero lo que no es debatible fue la cátedra de manejo de comunicación jurídica y, por ende, apropiación de la narrativa, que el señor José Miguel Villalobos hizo hoy en su interpelación en defensa del presidente.
En lo absoluto tomo partido en este caso, pero la realidad de que el correcto uso o la correcta manipulación de la narrativa (cada uno juzgará cuál de las dos es) es imperativo, nos recuerda que en el mundo moderno la percepción pesa tanto como la verdad misma, y que quien domina la narrativa, domina también gran parte del desenlace.
De igual manera, en la economía de la comunicación política, el afán de dominar la narrativa a través de la persecución y el constante esfuerzo por debilitar la imagen pública de un contrincante se ha convertido en una moneda de altísimo valor, que genera interés compuesto a corto plazo… pero no para quien ataca, sino para quien es atacado. Al final, esa deuda termina cobrándose en contra del agresor, dejándolo endeudado y en la lona, mientras el perseguido capitaliza la victimización y fortalece su posición. Así, cada embestida contra el presidente no solo le suma oxígeno político, sino que erosiona todavía más a quienes insisten en una estrategia que, lejos de desgastarlo, se les revierte como un boomerang inevitable.
Aunque se pretenda argumentar que no se trata de un juicio político, o que la fiscalía lo presente como un proceso estrictamente jurídico, la realidad de tiempo y espacio lo hace prácticamente imposible: la percepción generalizada será siempre la de un juicio político. Y precisamente por eso, los 3 diputados que lideran la comisión cargan con una enorme responsabilidad: si no quieren perder credibilidad, deben conducirse con absoluta transparencia, rigor técnico y altura política, porque cualquier paso en falso no se leerá como un error procesal, sino como una jugada más en la arena del poder. La justicia no se debe usar como un arma electoral.
Hoy fue un antes y un después en la historia política de Costa Rica, y este caso será estudiado por años.
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El autor es consultor y estratega en comunicación y branding político.
