En este ambiente electoral donde nos encontramos todo es tan incierto, debido a la apatía social y falta de información de la población que nos pone a debatir y gastar fuerzas en temas tan incongruentes como la inexistente “ideología de género”. Arma usada por los conservadores y religiosos para atacar a todo aquello que no vaya con su moral.
Y para muestra de esto vemos acciones como la del Concejo Municipal de Pérez Zeledón quien el jueves anterior en una sesión extraordinaria aprobó un dictamen de comisión donde se le solicita al Consejo Superior de Educación y al Ministerio de Educación Pública el retiro de las guías sexuales del plan de estudios.
Sí, dicha sesión fue convocada a petición del Comité Cívico por la familia de Pérez Zeledón quienes llevaron a algunos especialistas para debatir sobre las guías sexuales; pero resulta que no fue un debate puesto que no dejaron hablar a otras personas, sino que solo los convocados por el comité cívico.
Entre ellos destacan, una psicóloga llamada Fressy quien dijo solapadamente que las personas LGBTI+ somos pedófilos y zoófilos, y si no lo somos pues lo apoyamos, además insistió en que tenemos un trastorno mental que se puede tratar. Llegó también un sacerdote y hasta Monseñor. ¡Imagínese usted!
Dicho concejo municipal integrado por fracciones del PUSC, PLN, PAC, PRN y PNG de los cuales 7 son hombres y 2 mujeres y donde todos y todas superan los 35 años de edad tomaron el acuerdo en un ambiente donde la sesión municipal se convirtió prácticamente en una celebración religiosa.
Pero hay dos cosas que me preocupan bastante, primero el hecho de que el concejo se refiera a temas que le corresponden directamente al Poder Ejecutivo, dicho dictamen aprobado no es vinculante en ninguna forma y no tiene ningún respaldo legal. Se desperdició una sesión pagada con impuestos de todas y todos en una actividad que muy adentro escondía intereses electorales.
Y segundo; me resulta repugnante el hecho de que desde el concejo municipal se invitara a las madres y a los padres de familia a no enviar a sus hijos e hijas a los centros educativos como medida de presión para que MEP retire las guías sexuales. Esto, violando claramente el derecho a la educación de la niñez y la adolescencia contemplada en la Ley de Educación Pública y la Convención Internacional de los derechos del niño y la niña.
Pero resulta más irónico que justamente un par de días antes de la sesión, el Hospital Escalante Pradilla lanzó una alerta por el aumento de casos atendidos por enfermedades de transmisión sexual como el Papiloma humano y el VIH, y en un cantón donde las cifras de embarazos en adolescentes no son nada atractivas y ni qué decir de los casos de violencia intrafamiliar y violencia de género.
Creemos que la educación sexual, laica e integral es indispensable para la reducción de riesgos de la niñez y la adolescencia, y si la educación en los hogares no es efectiva, le corresponde al Estado asumir dicha responsabilidad.
Aclaramos que desde el Movimiento Social Proyecto Somos Más impugnaremos el acuerdo vía contencioso administrativo para revocar el dictamen de comisión y así garantizar el derecho a la educación de todas y todos.
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