Redacción, 11 ene (elmundo.cr)- De llegar Fabricio Alvarado a la presidencia, Costa Rica sería el tercer país en salirse del Sistema Interamericano, solo precedido por el régimen de Venezuela y Trinidad y Tobago.
Los pronunciamientos del candidato presidencial se deben a la respuesta vinculante emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el pasado 9 de enero, que pidió al Estado costarricense reconocer matrimonio igualitario e identidad de género.
Alvarado, quien aseguró que todo fue un “compadre hablado” entre el Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís y el organismo internacional, hoy insiste en que la opinión consultiva no es vinculante.
“No tengo nada que acatar porque no es un fallo ni es una resolución, ni es una sentencia, es una opinión provocada por este gobierno representado hoy por Carlos Alvarado, que envió la opinión consultiva a la Corte sabiendo cuál iba a hacer la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, agregó.
Cabe destacar que Tribunales de la más alta jerarquía en la región, tales como la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, el Tribunal Constitucional de Bolivia, la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, el Tribunal Constitucional del Perú, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, la Corte Constitucional de Colombia, la Suprema Corte de la Nación de México y la Corte Suprema de Panamá se han referido y han aplicado el control de convencionalidad teniendo en cuenta interpretaciones efectuadas por la Corte Interamericana.
Larissa Arroyo, abogada y especialista en derechos humanos, expresó que pareciera que a un sector le molesta que otras personas tengan derechos, y que salirse de la Corte IDH sería contradictorio, pues Costa Rica criticó fuertemente cuando Venezuela lo hizo. “Si queremos tener una dictadura, claro que un presidente podría salirse del Sistema Interamericano”.
Caso Trinidad y Tobago
Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, por comunicación dirigida al Secretario General de la OEA, el 26 de mayo de 1998, después de importantes sentencias de la Corte Interamericana respecto de la aplicación de la pena de muerte en dicho país.
Esta denuncia entró en vigor el 26 de mayo de 1999. La Corte continuó conociendo casos sobre dicho país, a la luz de lo establecido en el artículo 78 de la Convención y el artículo 62.1 del mismo instrumento, en relación con violaciones a los derechos humanos ocurridas en el mismo, durante el tiempo en que era Estado parte.
Caso Venezuela
Venezuela denunció dicha Convención el 10 de septiembre de 2012, mediante el mismo mecanismo que el caso anterior: el secretario de la OEA.
De conformidad con lo establecido en el artículo 78.1 de la Convención Americana, la denuncia surtió efecto a partir del 10 de septiembre de 2013, cumplido el preaviso de un año contemplado en dicho artículo, por lo que a partir de esa fecha, el país sureño salió del Sistema Interamericano.
El mandatario Nicolás Maduro alegó que la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estaban “capturadas” y sirvían “al imperio” para torpedear a Venezuela y a “los gobiernos progresistas”.
