San José, 30 jul (elmundo.cr) – La fracción de la Unidad Social Cristiana presentó a la corriente legislativa el proyecto 24.464, Ley para promover el desarrollo de la infraestructura estatal.
Esto a raíz de que la Sala Constitucional evacúo la consulta de constitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) al expediente legislativo 24.364. denominado “Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”. Los magistrados encontraron vicios de constitucionalidad en todos los artículos consultados.
Los socialcristianos reconocen que “la compra y arrendamiento de bienes por parte del Estado, es una necesidad imperante en la prestación de servicios por parte del Estado, en donde, se deben de contar con los espacios para albergar las diferentes instituciones para el servicio de los costarricenses, no obstante, esta figura se ha prestado para diferentes interoperaciones dentro del marco de la Ley General de Contratación Pública, que han hecho que la misma no se utilice con la celeridad, necesidad, y eficiencia que debería, cuando de utilizarse, en óptimas condiciones y bajo parámetros de legalidad claros, generaría inclusive, un ahorro para todos los administrados”.
“La agilidad en los contratos de la administración es esencial para responder de manera oportuna a las necesidades de la población. La burocracia y los procesos excesivamente formales pueden retrasar la implementación de proyectos vitales, afectando la calidad de los servicios públicos”, agregan.
De igual forma, los diputados recalcaron que “la modernización de los procedimientos de contratación puede contribuir a una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. Al reducir los tiempos de espera y simplificar los procesos, se optimiza la gestión administrativa y se minimizan los costos operativos. Esto no solo beneficia a la administración pública, sino también a los proveedores y contratistas, que pueden planificar y ejecutar sus proyectos de manera más efectiva y con menor incertidumbre”.
Los socialcristianos hacen hincapié en que “la Contraloría General de la República (CGR) desempeña un papel fundamental en la supervisión y control de los recursos públicos en Costa Rica”.
“Cualquier cambio en la Ley General de Contratación Pública que busque agilizar los contratos de la administración debe respetar y fortalecer las competencias de la CGR, ya que su rol es crucial para garantizar la transparencia, la legalidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos”, aseguran.
Para los legisladores “resulta necesario realizar la reforma citada, con la finalidad y el objetivo de agilizar procesos, actualizar la legislación y mantener los controles necesarios para garantizar la calidad y transparencia de los contratos del Estado, al mismo tiempo que se aclaran las competencias de la CGR inclusive en relación con el control interno y su papel de fiscalizador de la hacienda pública”.
“Por lo anterior, se hace necesario una reforma, a los procedimientos de compra y arrendamiento de bienes inmuebles por parte del Estado y una reforma a la Ley Orgánica de la CGR y Ley de Régimen Interno, pero que cumpla con los estándares y disposiciones constitucionales, que respete las garantías señaladas en la Constitución Política y que no menoscabe la fiscalización pero permita el avance y desarrollo de obras de interés nacional”, aseguran.
