San José, 2 mar (elmundo.cr) – El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera decidió mantener en la junta interventora del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) a los representantes del Gobierno y ordenó remplazar a los representantes del sector cooperativo.
Este jueves salió publicado en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto Ejecutivo que firmó el Mandatario y con el cual, los miembros directivos de INFOCOOP del sector cooperativo quedarán fuera de la institución durante el tiempo que dure la intervención.
De acuerdo con el texto del decreto, los directivos de las cooperativas seguirán percibiendo sus dietas aunque estén alejados del cargo, mientras que los miembros interventores no percibirán remuneración alguna.
El Presidente decidió mantener en sus puestos a Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura; Luis Emilio Cuenca del Ministerio de Trabajo y a Édgar Quirós Nuñez, representante del Banco Nacional de Costa Rica en INFOCOOP.
Quienes quedarán fuera son Álvaro Gómez Ferreto, Franklin Salazar Guzmán, Geovanni Villalobos Guzmán y Luis Ángel Delgado González. A ellos los reemplazarán Elías Calderón Monge, Omar Bolaños Morera, Nidia Solano Brenes y Ana Luisa Calvo Monney.
Ayer en la Asamblea Legislativa un grupo de diputados censuró al Gobierno por dejar a sus fichas en la junta interventora del INFOCOOP, ya que afirman que hacerlo implica que no se trata de una intervención completa.
El decreto de intervención establece que los que ahora estarán al mando de INFOCOOP de forma temporal, deberán presentar informes cada dos meses al Consejo de Gobierno y formular el Plan Estratégico 2018-2022, para alinear los objetivos de planificación con la misión legal de la institución.
Además, el Presidente ordenó a los interventores “investigar y denunciar las actuaciones irregulares que encuentren”, pese a que estas podrían incluso involucrar a sus representantes.
El Consejo de Gobierno acordó la intervención del INFOCOOP ante problemas financieros reiterados que no se han solucionado, especialmente por la mala gestión de riesgo, así como el incumplimiento a las advertencias hechas por la Contraloría General de la República sobre “serios desórdenes” y “debilidades de control”.
