San José, 09 nov (elmundo.cr) – La Sala Constitucional ordenó este lunes a la Asamblea Legislativa abstenerse de someter a segundo debate el Presupuesto Ordinario de la República para 2027, en una medida cautelar “urgentísima” solicitada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González.
La decisión impide que el Congreso complete la aprobación definitiva del presupuesto antes del 29 de noviembre, mientras la Sala analiza una consulta de constitucionalidad.
La orden fue dictada por el magistrado Fernando Cruz Castro, presidente a. i. de la Sala Constitucional, y afecta el expediente 25.754, correspondiente al proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2027.
El presupuesto quedó detenido
La medida no declara inconstitucional el presupuesto ni lo anula. Lo que hace es suspender el segundo debate, la etapa en la que la Asamblea aprueba definitivamente el proyecto antes de enviarlo al Poder Ejecutivo.
La Sala ordenó que los diputados no sometan el presupuesto a segunda votación antes del 29 de noviembre, mientras resuelve la consulta planteada por la Corte Suprema.
El plazo es crucial: si el 29 de noviembre no hay quórum para realizar el segundo debate, el presupuesto aprobado en primer debate se considera aprobado y pasa al Poder Ejecutivo.
Corte denuncia “asfixia financiera”
La presidenta de la Corte Suprema, Patricia Vargas, solicitó la medida al advertir que la aprobación del presupuesto sin el dictamen de la Sala Constitucional podría provocar una “paralización parcial” del Poder Judicial desde el 1 de enero de 2027.
Según la Corte, el proyecto contiene restricciones que condicionarían el uso de aproximadamente 30 mil millones de colones —unos 65 millones de dólares— del presupuesto judicial para 2027.
La presidenta de la Corte sostuvo que esas restricciones podrían afectar el funcionamiento de despachos judiciales y poner en riesgo empleos. Medios reportaron que la medida busca evitar una posible “asfixia financiera” del Poder Judicial, que podría llevar al despido de más de 2.400 funcionarios.
Un precedente excepcional
La Sala Constitucional ha utilizado medidas cautelares para suspender trámites legislativos, una facultad prevista en la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Sin embargo, que la Sala ordene frenar específicamente el segundo debate del Presupuesto Nacional parece un precedente poco frecuente. En las fuentes públicas consultadas no aparece un antecedente idéntico de una orden similar.
La diferencia central es que la Sala no suspende una ley ya vigente ni una disposición aislada: bloquea la aprobación final de una ley de aprobación obligatoria, con fecha límite constitucional.
Choque entre poderes
El caso abre un conflicto directo entre los tres poderes del Estado. La Corte Suprema solicitó la medida; la Sala Constitucional la dictó; y la Asamblea Legislativa queda impedida de cerrar el trámite presupuestario dentro del plazo legal.
El presupuesto debe ser aprobado antes del 30 de noviembre. Si la Asamblea no logra realizar el segundo debate antes del 29, el texto aprobado en primer debate pasa automáticamente al Ejecutivo.
Eso significa que la Sala no “cerró” el Congreso, pero sí paralizó el cierre del presupuesto, una de las funciones más sensibles y de mayor impacto político de la Asamblea.
Qué sigue
La Sala Constitucional deberá emitir su dictamen sobre la consulta de constitucionalidad antes del 29 de noviembre, fecha límite para que la Asamblea pueda realizar el segundo debate.
Si la Sala declara inconstitucionales las disposiciones cuestionadas, el presupuesto deberá modificarse antes de su aprobación definitiva. Si las valida, la Asamblea podrá avanzar con la segunda votación.
La presidenta Laura Fernández anunció que el Gobierno revisará las restricciones al presupuesto judicial, tras reunirse con la presidenta de la Corte Suprema.
Lectura política
El caso marca un punto de tensión institucional inusual: por primera vez en el período reciente, la Sala Constitucional frena la aprobación definitiva del presupuesto nacional a solicitud de la presidenta de la Corte Suprema.
La medida deja al Congreso ante un dilema: o espera el dictamen de la Sala y arriesga el plazo constitucional, o busca una salida política antes del 29 de noviembre.
La resolución de la Sala será determinante no solo para el presupuesto de 2027, sino también para definir los límites del poder del Congreso frente al Poder Judicial en materia de financiamiento estatal.
