San José, 09 nov (elmundo.cr) – La diputada del Frente Amplio, María Eugenia Román, manifestó su rechazo a que la Asamblea Legislativa continúe con la discusión del Presupuesto Nacional 2027, pese a la medida cautelar dictada por la Sala Constitucional, y anunció que participaría en el debate bajo protesta.
«Voy a hacer uso de la palabra para la discusión del segundo debate del presupuesto ordinario para el 2027 y lo hago bajo protesta. Lo hago bajo protesta por una mayoría insensata que hoy nos obliga a iniciar la discusión de este presupuesto», expresó la legisladora.
Román cuestionó la decisión de la presidencia del Congreso de permitir que continúe la discusión del proyecto, luego de que la Sala Constitucional ordenara abstenerse de darle segundo debate antes del 29 de noviembre, con el fin de resolver tres consultas de constitucionalidad relacionadas con su trámite.
Uno de los principales cuestionamientos de la diputada se relaciona con la falta de consulta al Poder Judicial sobre las normas de ejecución presupuestaria que afectan su organización y funcionamiento.
Según sostuvo, la Corte Suprema de Justicia había advertido sobre posibles inconstitucionalidades y señalado que esas disposiciones requerían una aprobación legislativa con 38 votos.
«Aquí nadie se puede parar en una falta para eximirse de sus responsabilidades y aquí la presidenta de la Asamblea lo hizo», afirmó Román, al cuestionar los argumentos utilizados para justificar que no se requería esa cantidad de votos.
La legisladora también advirtió sobre las consecuencias que, a su criterio, tendría el presupuesto para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Mencionó recortes que afectarían al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el programa de víctimas y testigos y los tribunales que atienden asuntos de familia, pensiones alimentarias, materia penal y laboral.
En su intervención, señaló que las universidades públicas también enfrentarían consecuencias por la reducción de recursos.
«Lo que afecta y obliga la matrícula para el otro año de nuevos cupos, afecta la continuidad de carreras en zonas regionales, afecta la atención de infraestructura», manifestó.
Román criticó además que el presupuesto destinado a educación represente un 4,8% y aseguró que los recortes repercutirían en programas sociales, ayudas económicas para estudiantes y recursos destinados a vivienda.
También cuestionó las reducciones presupuestarias en programas de atención a poblaciones vulnerables y mencionó que, según indicó durante su intervención, 4.700 niños y niñas se encontraban en lista de espera para recibir ayudas económicas.
La diputada reiteró que, desde su perspectiva, el proyecto presenta vicios de procedimiento y cuestionó que el Plenario continúe con su discusión mientras la Sala Constitucional analiza las consultas presentadas.
«Este proyecto es absolutamente inconstitucional y tiene un vicio sustancial de procedimiento», concluyó.
