San José, 09 nov (elmundo.cr) -La magistrada de la Sala Constitucional, Ingrid Hess Herrera, dictó este lunes 9 de noviembre una segunda medida cautelar relacionada con el trámite del Presupuesto Nacional 2027, mediante la cual ordenó a la Asamblea Legislativa abstenerse tanto de discutir como de aprobar el proyecto en segundo debate antes del 29 de noviembre.
La resolución, emitida a las 6:00 p. m. dentro del expediente constitucional 26-040155-0007-CO, acogió una solicitud presentada por doce diputados de oposición que cuestionan el recorte de ₡8.048.128.252 al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), incluido en el
En la parte resolutiva, Hess dispuso que «el Plenario de la Asamblea Legislativa deberá abstenerse de discutir y aprobar en segundo debate al proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo número 25.754, antes del 29 de noviembre de 2026».
La magistrada fundamentó la decisión en la necesidad de preservar el control preventivo de constitucionalidad y el principio de supremacía constitucional.
«Ante la dimensión de la situación planteada y teniendo presente el respeto al principio de supremacía constitucional, cuya defensa se reclama en este procedimiento de control preventivo de constitucionalidad de las leyes, lo que corresponde es acoger la solicitud de medida cautelar urgentísima solicitada por los consultantes», señala la resolución dada a conocer por el medio Delfino.cr.
Al fundamentar la medida, Hess recordó que el presupuesto fue aprobado en primer debate el jueves 5 de noviembre y que su discusión definitiva ya estaba convocada, pese a que la Sala Constitucional todavía tenía pendiente pronunciarse sobre los cuestionamientos presentados.
La magistrada también señaló una demora atribuible a la Asamblea Legislativa en la remisión del expediente presupuestario. Según la resolución, la Sala había solicitado ese documento desde el 27 de octubre y tuvo que reiterar el requerimiento el 4 de noviembre.
El recorte al FEES
La resolución tomó en consideración los cuestionamientos relacionados con la reducción de ₡8.048 millones al presupuesto de las universidades públicas.
Según los argumentos presentados por los diputados, esa disminución podría comprometer el cronograma de reintegro de recursos postergados y la planificación de inversiones universitarias.
Entre las posibles consecuencias señaladas en la consulta figuran dificultades para ampliar los cupos académicos y ejecutar inversiones en sedes regionales de Nicoya, Liberia, la región Brunca, Sarapiquí, Paraíso y Limón.
No obstante, la resolución reconoce que las afectaciones específicas planteadas por los legisladores todavía requieren acreditación.
Hess consideró necesario preservar la posibilidad de que la Sala complete el control previo de constitucionalidad antes de que el Congreso adopte una decisión definitiva sobre el proyecto.
La suspensión tiene como límite el 29 de noviembre, debido a que el artículo 178 de la Constitución Política establece que el presupuesto ordinario de la República debe quedar definitivamente aprobado antes del 30 de noviembre.
Con esta segunda medida cautelar, la orden judicial es expresa: el Congreso no puede continuar con la discusión de fondo ni aprobar el Presupuesto Nacional 2027 en segundo debate antes de la fecha señalada.
