San José, 20 ago (elmundo.cr) – La diputada Kattia Calvo, junto a la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), presentó este jueves el proyecto de ley bajo el expediente número 25.733, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a la institución en la conformación de alianzas con entes públicos y privados para la prestación de servicios de telecomunicaciones.
La propuesta legislativa surge como una respuesta directa a la reciente controversia con la Contraloría General de la República (CGR), la cual ordenó al Instituto cesar el uso de alianzas estratégicas con privados para ejecutar contratos adjudicados directamente por otras entidades estatales.
Según argumentan los proponentes, si bien la Ley N.º 8660 faculta al ICE para realizar estas alianzas en el marco de la apertura del mercado de telecomunicaciones, el criterio del órgano contralor ha limitado la flexibilidad y competitividad del Instituto.
Esta situación, según la entidad, pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales como el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los proyectos de conectividad en centros educativos del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Respaldo judicial temporal
La presentación del proyecto ocurre apenas un día después de que el Tribunal Contencioso Administrativo acogiera una medida cautelar provisionalísima solicitada por el ICE. Dicha resolución, emitida el pasado 19 de agosto, ordena mantener la vigencia y ejecución de los contratos actuales suscritos bajo esta modalidad, permitiendo que el Instituto continúe operando mientras se resuelve el fondo del conflicto legal.
El ICE, que presentó un recurso de revocatoria y apelación contra las órdenes de la Contraloría a principios de agosto, sostiene que las disposiciones del ente contralor reducen su papel a una mera “intermediación comercial”, ignorando las competencias técnicas que la ley le otorga para competir en el mercado abierto.
Con este expediente 25.733, la bancada oficialista busca zanjar la disputa legal mediante una reforma que clarifique el alcance de las alianzas estratégicas, permitiendo al ICE mantener su capacidad operativa y estratégica frente a las exigencias de modernización tecnológica del Estado costarricense.
