San José, 12 nov (elmundo.cr) – La diputada María Isabel Camareno, del partido Pueblo Soberano, defendió este jueves la compra de ambulancias para el Benemérito Cuerpo de Bomberos y denunció que algunos sectores convierten “una necesidad nacional en una oportunidad para atacar políticamente”.
En su intervención, Camareno señaló que la necesidad de ambulancias para fortalecer la atención prehospitalaria “lo sabe todo el país” y que “alguien tiene que hacerse cargo de las personas que sufren accidentes, de pacientes críticos y de comunidades que necesitan una respuesta oportuna”. Por ello, sostuvo que “esa necesidad merece algo más que consignas y acusaciones”.
La legisladora explicó que la instrucción presidencial fue fortalecer la atención prehospitalaria, y que la cantidad de ambulancias, su equipamiento y el procedimiento de compra “fueron decisiones técnicas de Bomberos”. Al respecto, advirtió: “No se vale convertir una instrucción de fortalecer un servicio público en una supuesta orden de adjudicarle a una empresa determinada”.
Camareno detalló que el proceso inició con un estudio de mercado con cotizaciones de tres empresas y que luego se invitó a un único oferente mediante el procedimiento especial de urgencia, contemplado en el artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública. “No es un invento. Es un procedimiento que la ley permite y que se justificó por escrito y puede ser fiscalizado”, afirmó.
La diputada también cuestionó la selectividad de quienes critican esta contratación. Mencionó el caso de una empresa cuya totalidad del capital social pertenece a una sociedad constituida en las Islas Vírgenes, y cuyo beneficiario final sería Esteban Guardia, hijo de Fernán Guardia, quien fue tesorero y financista del Partido Unidad Social Cristiana. “Sin embargo, no observo en ese caso la misma vehemencia con la que algunos sectores de la oposición atacan la compra de las ambulancias”, señaló.
“¿Cuál es el criterio que están aplicando? ¿Los vínculos políticos de un empresario son relevantes únicamente cuando permiten atacar al gobierno?”, preguntó. Y agregó: “Vamos a revisar todas las contrataciones con la misma exigencia, o vamos a escoger cuáles indignan según los apellidos y las cercanías familiares”.
En cuanto al precio, Camareno explicó que el estudio de mercado consideró los plazos de entrega: dos empresas ofrecían 240 días naturales y una tercera 100 días, además de otros elementos de la justificación institucional. “Debe explicarse por qué se escogió una opción más cara, por supuesto que sí, pero presentar únicamente el dato que alimenta una acusación y omitir el resto de la justificación tampoco es informar”, sostuvo.
La legisladora también se refirió a las publicaciones de La Nación y emplazó directamente al medio: “Si existe una resolución que haya rechazado este incidente por extemporáneo, identifíquenla y muéstrenla. Si no pueden respaldar esa afirmación, rectifíquenla con claridad y con una visibilidad proporcional a la publicación original”.
Según Camareno, los documentos muestran algo distinto: el oficio CBCR-0387-46-2026-DGB-01-7-49 del 28 de septiembre, firmado por el director general Héctor Chávez León, concedió a AutoStar 10 días hábiles para aclarar parte de su solicitud, y concluía señalando que “una vez atendida la prevención se continuará con el trámite y análisis en derecho corresponda”.
“Publicar como hecho un rechazo sin mostrar el acto que lo sustenta es una falta gravísima. Mantener esa versión sería una afrenta frente a los lectores”, afirmó.
Finalmente, Camareno insistió en que la Fiscalía debe llevar la investigación hasta el final y que la Contraloría debe fiscalizar a Bomberos y facilitar toda la documentación. “Si se demuestra una irregularidad, deberán adoptarse las medidas correspondientes sin proteger a nadie. Pero tampoco vamos a aceptar que una investigación se utilice como pretexto para desacreditar de antemano todas las adquisiciones o para hacer desaparecer del debate la necesidad de mejorar la atención prehospitalaria”, concluyó.
